CUARTA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO
por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del
artículo 89 de
CONSIDERANDO
Que
Que de conformidad
con el marco constitucional y legal que sirve de sustento al Sistema Nacional
de Planeación Democrática, corresponde al Ejecutivo Federal conducir la
planeación nacional del desarrollo, mediante la ordenación racional y
sistemática de las acciones que buscan lograr un desarrollo equitativo que
proporcione mejores niveles de vida para todos;
Que el conocimiento
de las aspiraciones de los ciudadanos ha sido decisivo para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; por ello se realizó en todo el país un
amplio programa de consulta popular con los diversos grupos de la sociedad,
incluyendo a las comunidades indígenas, los tres órdenes de gobierno y la
población en general, por medio del cual se recogieron sus demandas y
propuestas;
Que, con base en lo
anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se sustenta en cinco ejes
rectores: estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de
empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental, y democracia
efectiva y política exterior responsable;
Que, asimismo, el
Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable,
como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que
permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio
de las generaciones futuras, y
Que el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para
avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre
todo, responsables, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los objetivos nacionales,
estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 regirán la actuación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en la
Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables y en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal elaborarán y ejecutarán los programas sectoriales, regionales,
especiales e institucionales que correspondan, tendentes al logro de los
objetivos de dicho Plan.
ARTÍCULO CUARTO.- Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal establecerán los mecanismos necesarios para la
coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la concertación con los
diversos grupos sociales y de los particulares, con la finalidad de promover su
participación amplia y responsable en la consecución de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal deberán ajustarse a los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para la
aplicación de los instrumentos de política económica y social que promuevan la
inducción de acciones de los diversos grupos sociales y de los particulares.
ARTÍCULO QUINTO.- Para cumplir con los objetivos nacionales,
estrategias, prioridades y programas previstos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal harán las previsiones necesarias para el financiamiento y la asignación
de los recursos correspondientes, al integrar los anteproyectos de sus presupuestos
de egresos.
ARTÍCULO SEXTO.- Las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal evaluarán en forma periódica y con base en
indicadores los resultados de sus acciones en relación con los objetivos
nacionales, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
y de los programas que del mismo se deriven, e informarán al respecto a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las unidades
administrativas que señale el Ejecutivo Federal, con el propósito de que el
propio Presidente de la República informe por escrito al Congreso de la Unión
los resultados de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
y la Ley de Planeación.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en
PLAN Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de
Este Plan Nacional de
Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las
estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán
regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una
dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con
los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es
condición indispensable para un buen gobierno. El Plan establece los objetivos
y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales,
especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.
Elaboración del Plan
De acuerdo al art. 12 de
En apego a ello se realizó un
proceso de consulta en la que participaron ciudadanos, legisladores, partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades
indígenas, gobiernos municipales y estatales, entre otros, quienes, a través de
distintas vías expresaron sus opiniones para la planeación del desarrollo del
país.
La consulta se llevó a cabo
mediante mesas de diálogo con integrantes de diferentes comisiones de
Las propuestas, ideas,
expectativas, opiniones, preocupaciones y sugerencias expresadas por los
ciudadanos participantes en esta consulta han sido uno de los elementos
fundamentales en la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo.
Es preciso destacar que 51,997
personas participaron a través de 205 foros de consulta popular entre ellas
4,334 miembros de comunidades indígenas en foros realizados en 57 comunidades;
79,921 participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por
distintas vías. Además de la información recabada directamente en los diálogos
realizados con legisladores y partidos políticos, se recibieron 41 documentos
de propuestas por parte de los mismos.
Una descripción más específica
del proceso y los resultados aparece en el anexo de este documento.
Estructura del Plan
En el primer capítulo de este
documento se define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para
el desarrollo integral del país, así como los objetivos y las prioridades
nacionales que habrán de regir la presente Administración. La segunda parte,
consta de cinco capítulos que corresponden a los cinco ejes de política pública
de este Plan:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad ambiental
5. Democracia efectiva y política exterior responsable
En cada uno de estos ejes se
presenta información relevante de la situación del país en el aspecto
correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y
estrategias.
Como se explicará más adelante,
este Plan propone una estrategia integral donde estos cinco ejes están estrechamente
relacionados. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque
de este tipo, se observará que entre los distintos ejes hay estrategias que se
comparten. Dicho de otra forma, a lo largo de los cinco ejes el lector
encontrará estrategias similares, que aunque específicamente hacen referencia
al tema central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo largo de
los capítulos.
Desarrollo Humano Sustentable
En el Siglo XXI, México
enfrenta desafíos importantes. La constante evolución del entorno mundial y el
cambio tecnológico acelerado implican nuevos retos y oportunidades. A partir
de nuestra riqueza histórica y cultural, enfrentamos el desafío de hacer
realidad el anhelo de muchos mexicanos ante las profundas transformaciones que
vivimos: un México más justo y más equitativo, competitivo y generador de
empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno de los mexicanos
seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a todos los
que formamos parte de esta nación.
El Desarrollo Humano
Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que el
propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan
aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las
generaciones presentes y futuras[1].
El Plan Nacional de Desarrollo
considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la
columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas
públicas.
Se propone al Desarrollo Humano
Sustentable como visión transformadora de México en el futuro, y al mismo
tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.
Ello significa asegurar para
los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la
educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus
derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones
actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el
de las siguientes generaciones.
Significa que es necesario que
la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de generar los empleos que
México y los mexicanos demandamos. Una política económica sólida, en las
condiciones que ha heredado nuestro país, no sería suficiente para propiciar el
desarrollo armónico y pleno de la sociedad, por lo que debe complementarse con
una estrategia eficaz de superación de la pobreza y la marginación.
La estrategia integral
propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de acción, permitirá
avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. El Estado de Derecho y la
seguridad son indispensables para que los ciudadanos puedan disfrutar del
fruto de su esfuerzo y se genere además un ambiente propicio para la inversión.
Una mayor competitividad de la economía nacional también contribuirá al
incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que permitan a los
individuos elevar sus niveles de bienestar económico.
La igualdad de oportunidades
educativas, profesionales y de salud son necesarias para que todos los
mexicanos puedan vivir mejor y participar plenamente en las actividades
productivas. Para que el desarrollo planteado sea sustentable, requiere la
protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el bienestar de
las generaciones futuras.
Por otra parte, la
gobernabilidad democrática es premisa básica para que el país se beneficie de
la riqueza de su pluralidad y se alcancen los acuerdos necesarios para transformar
la realidad y promover el desarrollo nacional. Por último, una política
exterior responsable y activa será la base para afrontar los desafíos y
aprovechar las ventajas que brinda el entorno globalizado en que vivimos.
Los problemas sociales,
políticos y económicos de nuestro país están íntimamente relacionados. Por
ello, los grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son
complementarios para resolver los problemas de pobreza, marginación y falta de
oportunidades en todos los ámbitos. En la ejecución de este Plan, se utilizarán
todos los instrumentos del Estado para avanzar simultáneamente en los cinco
ejes de acción, y para alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable que queremos
para los mexicanos de hoy y los de las nuevas generaciones por venir.
De
Para hacer realidad esta visión
de futuro es fundamental que México realice los ajustes y cambios que necesita
a fin de encaminarse en la trayectoria correcta. En este sentido, resulta
primordial que los resultados que se obtengan en los próximos seis años respondan
al México que quieren los ciudadanos en el año 2030.
Por eso, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 se imprime un enfoque de largo plazo a los objetivos
nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo. Con
ello, se busca que al final de esta Administración, en el año 2012, el país
avance en tiempo y forma hacia el porvenir que los mexicanos visualizan.
Un requisito indispensable para
cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es contar con el
compromiso y la colaboración de todos. Se requiere la participación
corresponsable de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los
gobiernos federal, estatales y municipales; de los partidos políticos, las
organizaciones sociales y los sindicatos; del sector privado, el educativo y,
sobre todo, de los ciudadanos.
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Visión México 2030 Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México
como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio están
seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos;
un país con una economía altamente competitiva que crece de manera dinámica
y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un país con
igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente
sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un
desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y
conservación del medio ambiente; una nación plenamente democrática en donde
los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los
actores políticos trabajan de forma corresponsable y construyen acuerdos
para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación que ha
consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, y que
ejerce un liderazgo en América Latina. |
Para hacer realidad esta Visión
México 2030 y atender a las prioridades nacionales, el Plan Nacional de
Desarrollo propone el cumplimiento de los siguientes objetivos nacionales:
Objetivos nacionales
1. Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.
2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.
3. Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
5. Reducir la pobreza
extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades
para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece
6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.
7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
9. Consolidar un régimen
democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de
10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.
Estrategia integral de política pública
En primer lugar, este Plan
Nacional de Desarrollo plantea una estrategia integral de política pública al
reconocer que los retos que enfrenta nuestro país son multidimensionales.
Avanzar en sólo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria
complementariedad entre las políticas públicas, es una estrategia condenada a
un desarrollo desequilibrado e insuficiente.
Garantizar la igualdad de
oportunidades requiere que los individuos puedan contar con capacidades plenas.
Es preciso lograr condiciones de salud básicas para que exista una verdadera
calidad de vida. Aún más, sólo teniendo condiciones básicas de salud, las
personas en situación más vulnerable podrán aprovechar los sistemas de
educación y de empleo. Es necesario, en forma concomitante, lograr una
educación de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo
productivo en todos los niveles de formación y que cada vez alcance a más
mexicanos.
La transformación social
requiere de una transformación económica profunda. En efecto, sólo el
crecimiento económico, la competitividad de la economía y el fortalecimiento
de las capacidades fiscales del Estado harán posible la provisión adecuada de
programas sociales de desarrollo humano. Ello se logrará en un entorno
económico en el que se multipliquen las oportunidades de empleo remunerado y
productivo para un número cada vez mayor de mexicanos.
En segundo lugar, el Desarrollo
Humano Sustentable establece puntualmente que la igualdad de oportunidades y la
fortaleza del sistema económico no se traducirán en armonía social si no se
logra también la transformación política del país. Ella precisa de la
consolidación de la democracia y el logro de un genuino Estado de Derecho, en
el que la democracia suponga el ejercicio de la libertad política con
responsabilidad social. En otras palabras, las instituciones de
Ello permitirá que, a partir
del cumplimiento del Estado de Derecho, la democracia sea no sólo un sistema
de representación política, sino una forma de vida para todos. El desarrollo
humano ha de fundamentarse en un orden político en el que existan incentivos
para que los partidos generen los acuerdos necesarios que exigen las reformas y
legislaciones de un país atractivo a la inversión interna y externa, todo ello
a partir de una cultura de responsabilidad. Se trata de un orden en el que las
fuerzas políticas acuerden leyes orientadas a la transparencia y a la rendición
de cuentas. Se trata de sustentar la democracia en
En tercer lugar, el Desarrollo
Humano Sustentable también procura el desarrollo de manera integral, pues
plantea el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política
que, a su vez, en forma sustantiva, promueva la formación y la realización de
las personas. El desarrollo humano tiene como premisa fundamental el proceso
formativo de capacidades para la vida que se da en la familia. Éste es el punto
de partida de cualquier forma de solidaridad social y de toda capacidad afectiva,
moral y profesional.
La nación se hace más fuerte
cada vez que las familias se fortalecen, formando personas más aptas, más
responsables y más generosas para enfrentar los retos de la vida. Es por ello
que el desarrollo humano ha de apoyarse en políticas que de manera transversal
contribuyan a la fortaleza de las familias en el orden de la salud, la
alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte.
Finalmente, el Desarrollo
Humano Sustentable promueve la modernización integral de México porque
permitirá que las generaciones futuras puedan beneficiarse del medio ambiente
gracias a las acciones responsables del mexicano de hoy para emplearlo y
preservarlo. No lograremos respetar ni conservar los recursos naturales de
nuestro país, ni la extraordinaria biodiversidad de nuestro entorno ecológico
si no transformamos significativamente la cultura ambiental de nuestra
sociedad.
Es, pues, necesario que toda
política pública que se diseñe e instrumente en nuestro país incluya de manera
efectiva el elemento ecológico para que se propicie un medio ambiente sano en
todo el territorio, así como el equilibrio de las reservas de la biosfera con
que contamos. Sólo de esa manera lograremos que las políticas de hoy aseguren
el sustento ecológico del mañana.
En suma, el Plan Nacional de
Desarrollo postula al Desarrollo Humano Sustentable para que el proyecto de
nación sea viable y su destino, promisorio; postula que sólo puede concretarse
como proceso social continuo para cada persona, en cada familia y en cada comunidad
de México.
Es sustentable a lo largo y
ancho de nuestro país porque propone una relación integral entre los tres
órdenes de gobierno, con énfasis en promover el desarrollo de regiones que no
se han visto beneficiadas en la misma medida por los cambios que se han
realizado en el entorno nacional e internacional.
Es sustentable en el tiempo
porque exige que, en el presente y en el futuro, la solidaridad de los
mexicanos se refleje en un desarrollo decisivo e incluyente de todos y cada
uno de los grupos sociales.
El Desarrollo Humano
Sustentable parte del principio de que el bien común es producto del esfuerzo
solidario de los integrantes de la sociedad y del apoyo del Estado, siempre
que el objeto de la acción pública sea propiciar el perfeccionamiento de las
capacidades humanas, así como su realización libre y responsable.
Antecedentes
Desde hace por lo menos tres
décadas, los mexicanos han librado una lucha por el cambio político y social.
A lo largo de estos años, la ciudadanía ha ejercido la libertad de sufragio,
sujetando el sistema de partidos políticos a la disciplina del voto efectivo.
Al mismo tiempo, los ciudadanos se han esforzado por ejercer y hacer cumplir
sus derechos ante un entorno social cambiante y difícil.
Los mexicanos han sabido
enfrentar una etapa de duros embates en la vida económica. Ello ha tenido
consecuencias determinantes en la evolución de una compleja estructura social,
inmersa en el funcionamiento de instituciones viejas y nuevas, y de un orden
político cada vez más libre y plural. Es gracias a la libertad y pluralidad
políticas alcanzadas en el México de hoy, junto con la transparencia y la
rendición de cuentas, que la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad de
avanzar en la perspectiva integral del Desarrollo Humano Sustentable. Es
importante entender este momento de nuestra historia a la luz de lo que pasó
en México durante casi un tercio de siglo de difíciles y complicadas
condiciones de vida y de profunda transformación económica.
Aproximadamente a principios de
los años setenta, la economía, que durante varias décadas había registrado
altas tasas de crecimiento y estabilidad de precios, empezó a encontrar los
límites propios de un sistema económico protegido. Por años, habrían de
vivirse las dificultades de una economía sometida a desequilibrios que se
originaron en el exterior, tras vertiginosos cambios ocurridos en los mercados
de bienes energéticos y de capitales.
La abundancia de divisas por
exportación petrolera con que contó el país en los años que precedieron a la
crisis de 1982 tuvo un impacto limitado en la creación de infraestructura para
el desarrollo o en una base sustentable de programas sociales. En cambio, en
un entorno de crédito internacional abundante, el país se endeudó
significativamente, lo cual agravó nuestra vulnerabilidad y nos llevó, junto
con otros factores asociados a los desequilibrios de la balanza de pagos, a
crisis económicas recurrentes.
Por más de una década, los
mexicanos vieron caer el poder adquisitivo de sus salarios. Muchas familias
vieron canceladas sus posibilidades de movilidad social; otras retrocedieron a
la subsistencia precaria y emigraron a los Estados Unidos, o se incorporaron
al sector informal, que presentaba un crecimiento acelerado en las ciudades.
Muchas más simplemente se vieron atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza
en sus regiones de origen, comúnmente apartadas y aisladas de los centros
urbanos. La esperanza de una vida mejor se desvanecía para la mayor parte de
los mexicanos. El desarrollo económico que se había procurado tenía límites
claros en su falta de sustentabilidad financiera y en su estructura económica
poco competitiva.
En este contexto, en México
prevaleció una visión de corto plazo en materia ambiental; se descuidó, por
tanto, el equilibrio del medio ambiente y se explotaron en forma irracional
diversos recursos como el agua, los bosques, las selvas y el petróleo. En las
ciudades y en las cuencas acuíferas se desecharon residuos tóxicos, mientras
que se llegó a altos niveles de contaminación del aire en unos cuantos años.
Si bien es cierto que en la
década de los ochenta el Gobierno Federal estaba plenamente consciente de que
muchos mexicanos carecían de servicios básicos, y de que no estaban protegidos
bajo seguridad social alguna, también lo es que ha tomado lustros construir un
sector de servicios públicos que beneficie a la población desfavorecida que no
es derechohabiente. A pesar de que las políticas sociales de fines de los años
ochenta y principios de los noventa no siempre obedecieron a criterios
adecuados de focalización, o simplemente los criterios de provisión de los
programas no alcanzaron a la verdadera población objetivo, debemos reconocer
que a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte se lograron avances
importantes en la cobertura y calidad de los servicios de educación, salud,
alimentación e infraestructura básica.
No menos importantes han sido,
tras cada crisis entre 1982 y 1994, los límites al desarrollo humano en la esfera
de las familias mexicanas, que han luchado entre la subsistencia y el acceso a
oportunidades precarias de formación y realización. Se distinguen dos efectos
sobre la vida familiar de la mayor parte de la población: primero, las condiciones
de vida conducentes al desarrollo de las capacidades de los integrantes de la
familia sólo se deterioraron más en cada nuevo embate inflacionario y
recesivo; segundo, muchas familias se vieron obligadas a incrementar el número
de perceptores de ingreso para salir adelante, aunque ello significara
interrumpir la educación de niños y jóvenes. En cualquier caso, el desarrollo
humano de la mayoría de los mexicanos, desde el núcleo familiar, se vio
severamente limitado.
Las crisis económicas
recurrentes, que se expresaron en fuertes devaluaciones y/o en caídas
importantes del producto interno bruto, cancelaron las posibilidades de una
vida mejor a varias generaciones de ciudadanos. Dicho proceso limitó
drásticamente los espacios de formación y realización personales en las
esferas de la educación, el trabajo y la puesta en marcha de negocios pequeños
y medianos, por mencionar sólo algunos de los ámbitos más relevantes del
desarrollo humano.
Sin embargo, a pesar de las
circunstancias difíciles que las crisis económicas han representado para el
bienestar de las familias y para el desarrollo del sector productivo, los
mexicanos una y otra vez hemos superado estos retos.
Debemos reconocer que, a lo
largo de estos años, también surgió una participación decidida de diversos
actores sociales y políticos que estuvieron comprometidos con un cambio de
rumbo para el país. En la última década, y en diferentes frentes de la acción
pública, se hizo un esfuerzo considerable para que los programas sociales
llegaran a más mexicanos y a muchas comunidades pequeñas y remotas.
También es importante destacar
que los mexicanos, a pesar de los problemas enfrentados, hemos sido capaces de
conservar un conjunto de valores que nos han fortalecido a lo largo del tiempo.
Aun y cuando la estructura familiar ha evolucionado y responde a necesidades y
tendencias muy distintas de las de décadas anteriores, ésta sigue siendo
valorada como el espacio de convivencia, formación y crecimiento de las
personas. A pesar de las crisis, la solidaridad entre los mexicanos en miles de
comunidades del país ha sido un rasgo distintivo de nuestra vida y una de las
fortalezas para salir adelante. Los mexicanos conservamos una riqueza cultural
e histórica que nos enorgullece, y cuyas raíces siguen siendo fundamentales en
la vida de individuos y comunidades.
Somos un pueblo orgulloso de
nuestro pasado y abierto al mundo. Somos una nación con profundas raíces
históricas que se manifiestan de muchas formas en el acontecer cotidiano.
Somos una nueva generación de mexicanos, con un pasado que da sentido a nuestra
proyección hacia el futuro. Somos un país con un inmenso capital en recursos
naturales. Somos, a fin de cuentas, una nación que, ante los retos de la
globalización y los cambios en el mundo, cuenta con todo lo necesario para
alcanzar un mejor y más alto nivel de desarrollo que nos permita elevar la
calidad de vida y tener una economía competitiva y generadora de empleos, sin
perder nuestra esencia cultural y nuestro patrimonio social y natural.
México tiene ante sí un
horizonte diferente al que tenía hace tan sólo una década o un lustro. Los
mexicanos vivimos día con día un proceso de cambio que, lejos de agotarse, da
visos de alcanzar mayores alturas de transformación propiamente humana, social
e institucional. Las transformaciones sociales y políticas no deben detener su
marcha o siquiera ver disminuida su intensidad. Al contrario, el cambio de
México en el siglo XXI debe ampliarse y profundizarse.
El reto de los mexicanos no es
otro que el de modernizar la vida de la nación en todas sus áreas para
construir un país próspero, justo y plenamente democrático. Se trata de lograr
la seguridad de todos los mexicanos y de su patrimonio; de abrir paso a una
sociedad que, en absoluta libertad, deje atrás cualquier complejo o prejuicio y
entierre de una buena vez la confrontación y la recriminación entre
conciudadanos. Se trata de superar de forma definitiva los obstáculos para
crear más oportunidades de formación educativa, así como más y mejores empleos.
Se trata de crear en el país las oportunidades para que el talento de un número
cada vez mayor de mexicanos florezca en nuestra sociedad y alcance el máximo
de su realización.
Es necesario actuar
decisivamente para enfocar el proceso de cambio de nuestro país hacia
objetivos claros y metas definidas que unan a todos los mexicanos en un
propósito común de superación nacional.
Dirigir nuestras acciones hacia
el Desarrollo Humano Sustentable implica apoyar y confiar en las personas,
respetando sus derechos y ampliando el espacio de sus capacidades. Propondremos
para ello un conjunto de políticas diseñadas para coadyuvar a que cada mexicano
pueda ser dueño de su propio destino, y que propicie a su vez el
engrandecimiento del destino de su comunidad.
El Desarrollo Humano
Sustentable parte del reconocimiento y la protección de los derechos
universales. Al hacerlo, busca consolidar tanto la democracia como la
justicia, dando vigencia y nuevo sentido a la libertad de cada mexicano, dando
dimensión real a la responsabilidad que compartimos todos respecto a nuestra
sociedad. Postula igualmente que México es un integrante destacado dentro de
una comunidad internacional que se esfuerza por lograr mejores niveles de vida
para las personas. De tal suerte, asume un compromiso claro con los objetivos
de desarrollo establecidos por
Descripción de los cinco ejes
Los ejes de política pública
sobre los que se articula este Plan Nacional de Desarrollo establecen acciones
transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental,
y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a
sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales.
Este Plan, partiendo de un diagnóstico
de nuestra realidad, articula un conjunto de objetivos y estrategias en torno a
cinco ejes:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.
Cada eje establece el camino
para actuar sobre un amplio capítulo de vida de la nación. Es por ello que
este Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la actuación de toda la sociedad
y el Gobierno es necesaria para lograr el Desarrollo Humano Sustentable. Aún
más, es responsabilidad del Gobierno actuar para promover la participación de
la sociedad en las tareas que implican estos ejes de política pública. De tal
suerte, el Gobierno propone un plan de acción conjunta respecto a la sociedad
y, al hacerlo, acepta un compromiso indeclinable.
Eje 1. Estado de Derecho y seguridad
El primer eje de este Plan
Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de Derecho y la seguridad. Una
premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas
necesitan garantías de seguridad para su Desarrollo Humano Sustentable. De
otra manera, las personas no podrían actuar y desarrollarse en forma libre y
segura. En definitiva, los mexicanos deben contar con la tranquilidad de que,
en el futuro, no perderán los logros que son frutos de su esfuerzo.
El Gobierno es el primer
obligado a cumplir y hacer cumplir la ley de modo que exista un auténtico
Estado de Derecho en México. Sólo garantizando que la vida, el patrimonio, las
libertades y los derechos de todos los mexicanos están debidamente protegidos
se proveerá de una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de
la población. Se requerirá, de igual forma, que los ciudadanos cumplan con sus
obligaciones legales.
Es crucial advertir que la
vigencia de las leyes es absolutamente necesaria, independientemente de que en
determinados casos requieran ser modificadas o reformadas. De esta primera
obligación del Gobierno parte la vigencia, en sí misma, del Estado de Derecho
como un todo. Cumplida esta condición, podrá plantearse la reforma a la ley de
acuerdo con los términos que planteen los ciudadanos y los actores políticos en
general, o lo que dicte el interés superior de la nación dentro del marco de la
división de poderes.
La función del Gobierno debe
ser ejemplar para la ciudadanía. Si éste se compromete claramente con el
cumplimiento de la ley, entonces se generarán los incentivos correctos para que
los ciudadanos ordenen su convivencia. De tal suerte, ha de generarse un
círculo virtuoso entre vigencia cabal de la ley y una convivencia social
ordenada, pacífica y propia para el desarrollo de la participación social y
política.
Sólo en un orden social de
tales características es que la libertad y la responsabilidad de todos se
encontrarán cada vez más vinculadas, apoyándose la una en la otra. Sólo de esta
forma es que se respetará la integridad física y el patrimonio de las
familias, así como el libre tránsito de personas, bienes, servicios y
capitales. En correspondencia con lo anterior, la ciudadanía sabe y confía en
un marco legal que es respaldado por instituciones imparciales y sólidas.
Claramente, el Estado de
Derecho logra que los procesos sociales en todos los ámbitos de la vida se
desenvuelvan con eficacia. Ejemplo de ello son las actividades y los procesos
que tienen lugar en la esfera económica: cuando se cumple el principio de
certidumbre sobre los derechos de propiedad, toda la actividad económica se
beneficia, ya que los actores económicos tienen incentivos a emprender e
invertir.
La seguridad pública y el
Estado de Derecho forman un binomio esencial para hacer realidad el Desarrollo
Humano Sustentable. El Gobierno debe ser capaz de sancionar con objetividad e
imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a
fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la propia ciudadanía
la que proporciona información clave sobre la manifestación pública del
fenómeno delictivo. Bajo esa inteligencia, este plan propone integrar la
participación de la ciudadanía al sistema de seguridad.
Una primera perspectiva para el
avance de la seguridad consiste en aplicar el principio de prevención. En
efecto, en la medida en que se establezcan condiciones de vida digna para más mexicanos
y se protejan los derechos del ciudadano, la prevención del crimen avanzará
considerablemente, al tiempo que se consolidará el goce pleno de los derechos y
las libertades individuales.
Una segunda perspectiva supone
combatir y sancionar activamente la comisión de delitos mediante la mejora de
los instrumentos con que cuentan las policías, los ministerios públicos y los
peritos investigadores, así como la capacidad del sistema penitenciario. Es
necesario establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e
internacional con la finalidad de mejorar el combate al crimen organizado,
particularmente el tráfico de drogas, de personas y de mercancía, delitos que
afectan considerablemente al desarrollo humano.
Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos
El segundo eje se relaciona con
el desempeño de nuestra economía, en el sentido de lograr mayores niveles de
competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo que es
fundamental para el Desarrollo Humano Sustentable. Del alcance de este objetivo
depende que los individuos cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y
que México se inserte eficazmente en la economía global, a través de mayores
niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso.
El crecimiento económico
resulta de la interacción de varios elementos como: las instituciones, la
población, los recursos naturales, la dotación de capital físico, las
capacidades de los ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la
tecnología disponibles. Para que el desarrollo sea sustentable, la sociedad
debe invertir suficientemente en todos estos factores del sistema económico y
social.
La sustentabilidad de una
economía que crece a tasas elevadas se encuentra en la inversión en activos
físicos y en las capacidades de la población, así como en el crecimiento de la
productividad. Cabe enfatizar que la inversión en educación y salud tiene alta
rentabilidad social y contribuye significativamente al crecimiento económico.
Como lo demuestra nuestro
devenir económico en las últimas décadas, la estabilidad macroeconómica es
fundamental para generar inversión. Bajos niveles de tasas de interés,
inflación, endeudamiento y orden en las finanzas públicas son indispensables
para que sea posible traducir la actividad económica en fuentes de empleo.
Debido a la transición
demográfica, el aumento de la población en edad de trabajar representa una
gran oportunidad. Es necesario elevar la competitividad y lograr mayores niveles
de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan crear los empleos que
demanda este sector de la población. Ello redundará en un círculo virtuoso de
mayor ahorro e inversión relacionado con el ciclo de vida, ya que son los
individuos en edad de trabajar los que realizan el mayor ahorro.
Según establece este Plan, sólo
aprovechando esta situación con la debida oportunidad podremos mantener una
vida digna que enfrente adecuadamente el reto que representa un incremento de
la proporción de la población en edades avanzadas. Es evidente que el llamado
bono demográfico, que disfrutaremos por unos años más, debe aprovecharse como
palanca para el desarrollo.
Una estructura eficiente de
derechos de propiedad es condición necesaria para una economía vigorosa. Por
ello es indispensable que las leyes, normas y reglamentaciones que afectan de
distintas maneras la actividad económica estén diseñadas para fomentar la
productividad en México. Es igualmente necesario que exista la certeza de que
la normatividad correspondiente será aplicada por igual a todos los
ciudadanos, sin excepción.
La delimitación clara de la
participación económica del Estado, la garantía por parte de las autoridades
regulatorias de que el terreno de juego es parejo para todos los actores, así
como la acción expedita y efectiva del Gobierno para atender, dentro del
ámbito de sus atribuciones, cuestiones de la actividad económica de los
particulares, son elementos fundamentales de un entorno de competencia sana y
conducente a la inversión y a la actividad emprendedora en todos los niveles.
En ese ámbito, es clave el papel del Estado para garantizar la competencia
económica. La competencia se traduce en menores precios de los insumos y de los
bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de las familias.
La infraestructura constituye
un insumo fundamental para la actividad económica de un país. Esta es un
determinante esencial del acceso a los mercados, del costo de los insumos y de
los bienes finales. Asimismo, existen sectores que, por su importancia en el
ámbito de desarrollo regional y de generación de empleos, son fundamentales,
como el sector primario, las pequeñas y medianas empresas, la vivienda y el
sector turismo.
Finalmente, hay que mencionar
que el sistema financiero tiene un papel básico como interfase para el ahorro
y los proyectos de los emprendedores mexicanos. El proceso mediante el cual se
logra canalizar recursos a proyectos innovadores y se reducen costos de
transacción entre agentes económicos es otra forma de sustentabilidad del
sistema económico.
Este Plan considera estratégico
establecer condiciones para que México se inserte en la vanguardia
tecnológica. Ello es esencial para promover el desarrollo integral del país de
forma sustentable. Las nuevas tecnologías han abierto oportunidades enormes de
mejoramiento personal mediante mayor acceso a la información, han llevado a
avances médicos significativos, permiten mayor eficiencia en los procesos tanto
productivos como gubernamentales, y han permitido una mayor producción de bienes
y servicios empleando nuevos métodos de producción en todos los sectores de la
actividad económica. No aprovechar las nuevas tecnologías ni contribuir al
desarrollo de las mismas, no sólo implicaría dejar de lado una fuente
significativa de avance estructural, sino que repercutiría en una pérdida de
competitividad de la economía mexicana.
Eje 3. Igualdad de oportunidades
El tercer eje del Plan Nacional
de Desarrollo está relacionado con la igualdad de oportunidades. Cada mexicano,
sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a
genuinas oportunidades de formación y de realización. Esa es la esencia de la
igualdad de oportunidades y sólo mediante ella puede verificarse la ampliación
de capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos que más
lo requieren. El Desarrollo Humano Sustentable encuentra en dichos procesos la
base personal, familiar y comunitaria de su realización social.
Uno de los grandes retos a los
que se enfrenta una estrategia integral de desarrollo en un país como México
es eliminar el determinismo representado para muchos por sus condiciones al
nacer. Es decir, las políticas públicas en materia social deben responder al
problema de la pobreza como un proceso transgeneracional. La ruptura de este
ciclo constituye el punto de inflexión que se busca mediante el esfuerzo de
política pública que propone este Plan.
Lo anterior es aún más claro
cuando reconocemos que las desigualdades sociales son una realidad ancestral
en México: uno de cada cinco mexicanos no tiene asegurada la alimentación de
cada día. El hecho de que en nuestro país subsista una estructura económica y
social, en donde gran parte de la riqueza está en manos de unos cuantos,
expresa crudamente la inaccesibilidad de los beneficios del desarrollo para una
gran mayoría de la población, y es la realidad a la que el Estado deberá
responder con acciones que aseguren la igualdad de oportunidades. Ello entonces
deberá llevar a que los beneficios de una economía competitiva y generadora de
empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo mucho mayor de mexicanos.
Ante ello, es necesario que
podamos garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los
mexicanos tengan una vida digna. Esto supone que todos puedan tener acceso al
agua, a una alimentación suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda
digna, a la recreación y a todos aquellos servicios que constituyan el
bienestar de las personas y de las comunidades.
La igualdad de oportunidades
requiere de una planeación territorial que garantice un desarrollo
equilibrado. De igual manera, es necesario que cada mexicano tenga certeza
sobre la propiedad de la tierra y encuentre, consecuentemente, oportunidades
para tener una vida digna.
Una pieza importante de la ecuación
social la constituye el logro de una educación de calidad. Ésta formará el
talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y a su vez promoverá
el crecimiento económico.
Una educación de calidad debe
formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos
y técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la
capacidad de manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores. De esta
manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y una fortaleza personal
que les permita enfrentar y no caer en los problemas de fenómenos como las
drogas, las adicciones y la cultura de la violencia.
Se trata de formar ciudadanos
perseverantes, éticos y con capacidades suficientes para integrarse al mercado
de trabajo y para participar libre y responsablemente en nuestra democracia
mediante el cultivo de valores como la libertad, la justicia y la capacidad de
diálogo.
Finalmente, una mayor igualdad
de oportunidades tiene que ver también con políticas que permitan a una mayor
parte de la población urbana insertarse con éxito a la vida económica y social
de las ciudades en los años por venir. En efecto, los patrones de crecimiento y
de la migración implican que la proporción de población urbana continuará incrementándose,
así como lo ha hecho en el pasado, tanto en nuestro país, como en otras
naciones, a lo largo del proceso de desarrollo. Para garantizar que esto
suceda de manera ordenada y sin dislocaciones sociales se requiere de una coordinación
efectiva entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.
Eje 4. Sustentabilidad ambiental
Los recursos naturales son la
base de la sobrevivencia y la vida digna de las personas. Es por ello que la
sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una estrategia integral de
desarrollo humano. En primer término, una administración responsable e
inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para contar
con políticas públicas que efectivamente promuevan la sustentabilidad del
medio ambiente. Al mejorar las condiciones actuales de vida de la población
mediante el uso racional de los recursos naturales, aseguraremos el patrimonio
de las generaciones futuras.
La variedad de ecosistemas que
coexisten en el territorio nacional alberga una biodiversidad única en el
planeta. Es necesario reconocer que la depredación del medio ambiente en
México ha sido extremadamente grave en términos de su profundidad y consecuencias
sobre las condiciones de vida y las posibilidades de verdadero desarrollo del
país.
Este Plan Nacional de
Desarrollo propone que un primer elemento en el nivel de las políticas
públicas para preservar el medio ambiente sea la transversalidad. Ésta es
imprescindible para que una efectiva coordinación interinstitucional, así como
una verdadera integración entre sectores de gobierno, permitan llegar a
producir resultados cuantificables.
El objetivo de detener el
deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de aprovechar los
recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera. Avanzar en esa
dirección supone que se realicen análisis de impacto ambiental y que se
invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y
tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con
lo mismos recursos humanos, naturales y de capital se logre una mayor
productividad.
Para que México logre una
verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que se concilie el medio
ambiente con otras dos grandes áreas de sustentabilidad del desarrollo humano.
Éstas son la productividad y la competitividad de la economía como un todo.
Existen varias formas de lograr esa conciliación: una de ellas es la
realización de proyectos productivos que se vinculen a la restitución de áreas
naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios ambientales y
que permitan detener la pérdida de fuentes acuíferas, así como el avance de la
desertificación de nuestro territorio.
Otras acciones que propone este
Plan Nacional de Desarrollo bajo esta perspectiva tienen que ver con la
valuación económica de los recursos naturales, los apoyos económicos a los
dueños de bosques y selvas, el manejo racional del agua, el control efectivo de
los incendios forestales y la promoción del ecoturismo.
Finalmente, este Plan Nacional
de Desarrollo establece que la sustentabilidad ambiental exige que México se
sume con toda eficacia y con toda responsabilidad a los esfuerzos internacionales
por evitar que el planeta llegue a sufrir dislocaciones ambientales sin remedio,
como el calentamiento global. El desarrollo humano sustentable exige que
nuestro país, junto con las naciones del mundo, comparta plenamente el
principio de que los recursos naturales y la estabilidad climática representan
un bien público para toda la humanidad, ya que no se puede excluir a nadie de
su disfrute en ningún momento, y por lo mismo han de ser preservados con toda
efectividad.
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable
Un último eje de política
pública que propone este Plan Nacional de Desarrollo es el que abarca las
acciones en materia de democracia efectiva y política exterior. Es preciso
garantizar que los mexicanos vivan la democracia no sólo como procedimiento,
sino también como forma de vida. También es necesaria una política exterior
que, tanto en sus definiciones como en sus posiciones activas, logre
posicionar a México como un auténtico promotor del desarrollo humano.
Es fundamental que la realidad
tangible del sufragio efectivo en la vida de los mexicanos pase a constituir
una democracia efectiva, de modo que se reduzca la brecha que separa a los
ciudadanos y a sus representantes. Dicho de otra forma, aunque es sano y
necesario que la política nacional muestre la participación de los partidos y
las organizaciones políticas, México debe pasar ya a la ciudadanización de la
política. Sólo verificando esa condición de nuestra vida política se promueve
la rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos. Lo anterior
fortalecerá, en forma sustantiva, a la joven democracia mexicana.
Es imprescindible no perder de
vista que, aunque las políticas públicas y las instituciones obedezcan a
diseños y a programas novedosos, sólo un fortalecimiento de la vida democrática
que vitalice la participación de la sociedad en los asuntos públicos y en la
esfera política ampliamente considerada, logrará promover el verdadero
desarrollo.
Este Plan propone que el
ejercicio consciente de una ciudadanía participativa debe corresponderse con
una política exterior responsable, definida y activa que procure el desarrollo
humano de los mexicanos y de otros pueblos. Al mismo tiempo, es necesario que
México aproveche al máximo las ventajas que se derivan de tratados internacionales
suscritos en diversas materias.
En primer término, una política
exterior definida y activa debe ir más allá de los tratados comerciales.
Actualmente, un fenómeno de enorme relevancia entre las naciones es el que
tiene que ver no sólo con el intercambio de bienes y servicios, sino con el que
apunta directamente al flujo de personas por distintas razones.
De este último tema se
desprende una nueva agenda que es fundamental entender a la luz de la lógica
que describen las relaciones internacionales hoy día. El intenso proceso de
migración de personas, que pasan por todo tipo de peligros y vicisitudes para
llegar a su destino allende las fronteras mexicanas, es un enorme reto para
nuestra política exterior.
Es por ello que nuestra
política exterior debe esgrimir decididamente la defensa de los derechos de todas
las personas, independientemente de su estatus migratorio. El desarrollo de
los mexicanos, involucrados en cualquier actividad legítima y en pleno uso de
sus libertades, ha de ser correspondido con el mismo planteamiento respecto de
otros pueblos. Este Plan articulará estrategias y acciones específicas en la
búsqueda de defender y promover el interés nacional, definido como el interés
de todos los mexicanos, y considerará el desarrollo humano de los pueblos como
principio congruente y como postura estratégica de la política de México en el
ámbito internacional.
Sin embargo, la política
exterior no debe de circunscribirse sólo a la migración. La política exterior
debe contemplar un contexto internacional tan complejo como el nacional. Para
hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional, la
política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la
cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de
la paz entre las naciones.
Como se apuntó anteriormente,
la estrategia integral propuesta en este Plan está basada en grandes objetivos
nacionales y ejes de acción que guiarán la actuación de
Los recursos que serán
asignados para el logro de los objetivos nacionales, siguiendo las estrategias
y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contenidos en este
Plan, estarán determinados, en cumplimiento de
A este respecto, el documento
Criterios Generales de Política Económica para
Las proyecciones de recursos
tendrán ajustes anualmente de acuerdo con la evolución puntual que tenga la
economía mexicana, que por su naturaleza es imposible prever de manera exacta.
Asimismo, las proyecciones también se actualizarán en la medida que se
materialicen las acciones propuestas en este Plan y las que propongan otros
actores como los partidos políticos, los otros poderes federales, los
gobiernos locales y la sociedad en su conjunto. Dichos ajustes, en su caso,
tendrán que reflejarse en las estrategias y prioridades para el logro de los
objetivos nacionales contenidos en el Plan.
Eje 1. Estado de Derecho y seguridad
El progreso de toda nación se
funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho. El desarrollo
humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su
aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida,
participar libre y responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y
un patrimonio seguros. Ningún Estado democrático puede lograrse sin la plena
vigencia de la legalidad.
Además de ser un elemento
fundamental en la convivencia armónica de la sociedad, el respeto a la ley
constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. La vigencia
plena del Estado de Derecho favorece el crecimiento económico, pues disminuye
costos de transacción y, en general, mejora las posibilidades de atraer las
inversiones necesarias para la creación de empleos de calidad. A su vez, esto
permite elevar el nivel de vida de los ciudadanos y contribuye a reducir la
brecha de desigualdad, lo que es indispensable para alcanzar un desarrollo de
la población de manera sostenida.
La vigencia del Estado de
Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su
gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación
íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la
certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán
el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también
obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea
justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté
convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al
margen de ella.
México ha dado pasos importantes
para la consolidación de un auténtico régimen de libertades producto de la
democracia, pero queda aún pendiente la enorme tarea de garantizar a todos los
mexicanos la misma seguridad en sus personas y en sus bienes. También es
imperativo garantizar el acceso efectivo a la justicia y que ésta se aplique a
todos por igual. Ello resulta indispensable para la consolidación de una
verdadera cultura de la legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y
forme parte integral de la vida cotidiana.
La sociedad quiere un México en
el que haya leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que normen de
manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que la ley se
cumpla y se haga cumplir. En suma, la sociedad exige un Estado democrático de
derecho, con una sólida cultura de la legalidad, con certeza jurídica y
seguridad para todos.
En ese sentido, es necesario
impulsar la consolidación de una administración ética y eficaz, transparente y
responsable, que sea transparente y rinda cuentas, que combata y castigue la
arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la
participación ciudadana y amplíe los espacios de escrutinio social.
Es inaplazable fomentar la
cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el apego de los
servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan.
Hoy es tiempo de responder al
histórico reclamo de los mexicanos por una justicia real y expedita. Para ello
se debe impulsar una reforma que fortalezca los cimientos del Estado de
Derecho, que permita ampliar el impacto social del Poder Judicial, mejorando
sus respuestas a las demandas de los ciudadanos y aumentando la eficiencia y
eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia.
El Gobierno de
En este primer eje de política
pública, el Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos y estrategias para
garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, lo que es necesario para
proteger cabalmente la integridad y los derechos de las personas, así como para
propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo integral de México.
Estado de Derecho
Diagnóstico
La impunidad, la corrupción y
la simulación han sido obstáculos para el desarrollo del país a lo largo de su
historia. Esta distorsión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en
un ejercicio discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad
respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades.
De acuerdo con Transparencia
Internacional, en su Índice de Percepción de
Se requiere cohesión en los
esfuerzos y persistencia en las acciones para revertir estas tendencias
nocivas, así como la articulación de las medidas y reformas necesarias para
garantizar la plena probidad en el ejercicio del poder y el apego a la
legalidad en los ciudadanos.
Por otro lado, es necesario que
el sistema jurídico responda a las realidades sociales, económicas y políticas
del país. En particular, se requiere fortalecer la persecución del delito y la
impartición de justicia, brindando al Poder Judicial mejores elementos para hacer
más eficiente su labor, al introducir factores de equilibrio entre los poderes
de
El sistema de procuración e
impartición de justicia se ha ido modernizando a través de los años, principalmente
en lo referente a la independencia del Poder Judicial. Permanecen, sin
embargo, graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña, y que se
traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones
encargadas de protegerlos.
La percepción de la población a
la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha
deteriorado a través del tiempo.
De acuerdo con un estudio
especializado, las procuradurías de justicia en México se encuentran entre las
instituciones de menor prestigio ante los ciudadanos, lo cual está relacionado
con las cifras de efectividad: de cada 100 averiguaciones previas que se
levantan, sólo en 23 se concluyen las investigaciones; de éstas 23, menos de 12
se consignan ante un juez, y sólo en 3 de estos casos se dicta sentencia5.
Todo esto se refleja en el
incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la
disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante la comisión de
un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será
sancionado por la autoridad.
Otro aspecto destacable con
respecto al problema del marco jurídico es el relativo al Sistema
Penitenciario Federal. La ausencia de un marco constitucional y legal adecuado
se manifiesta en muchos casos en el abuso de la prisión preventiva de reos en
proceso de sentencia, así como la ausencia de métodos y procedimientos legales
para operar eficazmente un sistema retributivo de penas. En los centros
penitenciarios del país hay un número importante de internos cuyos casos
todavía están en proceso.
Las consecuencias de este
problema son un sistema carcelario que en muchos casos, lejos de ofrecer un
espacio de detención digno y respetuoso de los derechos humanos, son lugares
de corrupción e incluso centros de operación del crimen organizado.
El narcotráfico es una de las
manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los
altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que representa
a la salud física, emocional y moral de un importante número de mexicanos. De
acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones6,
del total de la población del país entre los 12 y 65 años de edad, el 5.03% ha
consumido drogas alguna vez en su vida, lo que equivale a más de tres y medio
millones de personas.
Es probable que dicho número
subestime la magnitud de la población que se ha visto afectada por este
problema, sobre todo considerando las acciones de los narcotraficantes en
colonias, parques y escuelas para inducir a más niños, jóvenes y adultos al
consumo de las drogas. El número de adictos a alguna droga o al alcohol en el
país se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Nadie duda del
gran daño y deterioro social que genera no sólo el tráfico, sino también el
consumo de drogas en México.
Junto a los altos niveles de
violencia y fragmentación social que genera, el narcotráfico es una industria
de alto valor económico. Ello simplemente convierte a la producción y
distribución de narcóticos en un negocio muy rentable para quienes están
involucrados. Ante ello, el Estado mexicano no puede ni debe renunciar a
combatir este problema con todos los recursos a su alcance.
Una modalidad reciente para la
comercialización de drogas es el narcomenudeo. Este método implica atomizar
los puntos de venta y el contacto directo con los consumidores. El narcotráfico
busca diversificar los canales de distribución y ampliar el número potencial de
adictos, además de invadir espacios públicos como escuelas, parques y lugares de
recreo.
La desarticulación de bandas
dedicadas al narcotráfico muestra un incremento importante en años recientes,
según la información proporcionada por
La información especializada en
la materia no fluye con la facilidad que debería entre las instituciones que la
requieren. Actualmente los diversos sistemas y bases de datos que conforman el
Sistema Único de Información Criminal del Sistema Nacional de Seguridad Pública
carecen de interconexión y de metodologías para el uso y explotación de la
información necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. Eliminar
duplicidades e ineficacias en el tema es una prioridad para el objetivo de
garantizar la seguridad.
La modernización de los
instrumentos con los que se cuenta para hacer efectivo el respeto a la ley y a
los derechos de víctimas y delincuentes es impostergable.
1.1 Certeza jurídica
Un sistema jurídico con
principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones
como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones o en
procedimientos largos y complejos, impacta negativamente en los niveles de
certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los ciudadanos de que las
leyes se cumplen.
Lo anterior genera no sólo
espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, sino la
falta de atención social a la legalidad al generar una percepción de aplicación
selectiva de la ley. Ello, a su vez, se traduce en obstáculos para el
desarrollo nacional. La certeza jurídica, a pesar de los diversos esfuerzos
realizados en el pasado, dista de ser óptima.
Resulta entonces fundamental
que el Gobierno Federal establezca estándares que permitan no sólo fomentar la
certeza jurídica, sino hacer predecible la aplicación de la ley mediante
estrategias que incidan en la reducción de la discrecionalidad de la autoridad
administrativa judicial, fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la calidad
del sistema de justicia y del ejercicio profesional de los abogados y, en
general, eleven la confianza ciudadana en las instituciones y fomenten una
cultura de la legalidad.
OBJETIVO 1
Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la
ley para toda la población.
ESTRATEGIA 1.1 Reducir
la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la
aplicación de las normas.
El fundamento básico para que
haya certeza jurídica y sea predecible la aplicación de la ley radica en que
los ciudadanos tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que
éstos conozcan los criterios básicos bajo los cuales se aplicará. Esto implica
que ni la autoridad administrativa ni la judicial puedan hacer distinciones en
atención a cuestiones personales, políticas o económicas. Para ello se
propondrán reformas sustantivas y procesales, algunas de ellas mencionadas más
adelante.
OBJETIVO 2
Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia
eficaz.
ESTRATEGIA 2.1 Hacer
más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento, profesionalización,
eficacia y transparencia de la defensoría de oficio, así como extender su
cobertura.
Las personas que menos recursos
económicos poseen son quienes en muchas ocasiones más resienten el peso de una
mala defensa o representación legal, ante la imposibilidad de pagar honorarios
a un abogado particular. Esto los sitúa en desventaja en la defensa de sus
intereses y derechos. El Estado tiene la responsabilidad de defender y
representar a quienes se encuentran en tales condiciones, bajo principios de
excelencia, profesionalismo, eficacia y honradez. Por ello, se fortalecerá y
extenderá la cobertura de la defensoría de oficio en su organización, funcionamiento
y presencia para que, en las diversas ramas procesales, se responda a los
propósitos de una verdadera justicia. Asimismo, se trabajará en la
profesionalización de los servidores públicos encargados de prestar este
servicio y en la actualización del marco jurídico que regula su función.
ESTRATEGIA 2.2
Combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición de justicia,
para ofrecer condiciones equitativas en la resolución de disputas.
Una de las múltiples
consecuencias negativas de la corrupción es que impide el acceso de todas las
personas a la protección de la ley en condiciones de igualdad. A lo largo del
proceso de impartición de justicia, hay espacios de discrecionalidad en los
que las personas ofrecen o se ven obligadas a dar sobornos para conseguir sus
fines, dañando la confianza en nuestras instituciones y condicionando para
quién la ley es aplicable o no. Es necesario erradicar estas prácticas para
avanzar en el acceso real y efectivo a la justicia.
OBJETIVO 3
Garantizar la protección a los derechos de propiedad.
Uno de los pilares del
desarrollo de un país y de la seguridad de los ciudadanos es la protección a
los derechos de propiedad. La ley debe garantizar a las personas, familias,
comunidades y empresas que las posesiones que han obtenido legítimamente no
habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio beneficio.
ESTRATEGIA 3.1 Mejorar
la regulación que protege los derechos de propiedad.
Se efectuará una mejora
normativa y se adoptarán nuevos estándares que aseguren un irrestricto respeto
a los derechos de propiedad. Lo anterior incluye materias como la
expropiación, la tenencia de la tierra, la propiedad intelectual, el
cumplimiento de contratos, así como los registros públicos de la propiedad y
del comercio.
La modernización y homologación
de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales y
rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades
inmuebles, son fundamentales para ofrecer la certidumbre jurídica que
necesitan las familias en aspectos tan relevantes como potenciar el valor de su
patrimonio, garantizar que pueda ser heredado o se pueda transmitir su dominio
sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que pueda apoyar
su mejor calidad de vida.
ESTRATEGIA 3.2
Proteger la propiedad intelectual.
Un delito extendido es la
violación a los derechos de propiedad intelectual mediante la piratería. Esto
desincentiva la innovación y destruye la motivación de emprendedores actuales
y potenciales. Se harán cumplir las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales en la protección de los derechos de autor y de las patentes, mediante
aseguramientos de mercancía y acciones de carácter preventivo en las aduanas,
para impedir el ingreso de productos ilegales al país.
1.2 Procuración e impartición de justicia
México necesita leyes que
ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes, para que los encargados de
hacer valer el Estado de Derecho actúen con firmeza y con honradez, sin
permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Es impostergable la
modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición
de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.
OBJETIVO 4
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
Distintos componentes integran
el proceso de transformación que requiere nuestro sistema penal. Entre los
principales elementos está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio
mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento
de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público,
principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de
expedientes.
ESTRATEGIA 4.1 Hacer
más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios
públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar
el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.
La procuración de justicia
requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con procedimientos
claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y especialización
de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales.
Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la ética y la
calidad con la que se desempeñan.
La iniciativa de reforma
constitucional que presentó el Ejecutivo recientemente, busca redefinir a la
policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que esté
facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos
relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de
facultades entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una
investigación más científica, objetiva y profesional, que jurídicamente
seguiría a cargo del Ministerio Público, pero que contaría con la
participación autónoma, en términos técnicos y funcionales, de la policía.
ESTRATEGIA 4.2
Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los
delitos asociados con la delincuencia organizada.
El reto que implica el
crecimiento y expansión del crimen organizado exige que las leyes e
instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la
realidad. Entre otras cosas, se implementarán nuevas medidas de investigación
y redistribución de las facultades entre los órganos judiciales y el Ministerio
Público, para que el sistema de procuración e impartición de justicia pueda
perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia organizada.
La propuesta de reforma al
sistema penal prevé como herramientas especiales en materia de investigaciones
de la delincuencia organizada las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de
comunicaciones privadas, que durante la investigación podrán ser autorizadas
por el Ministerio Público, de tal forma que estos instrumentos puedan ser
utilizados de manera oportuna. También se propone el establecimiento de un
mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, de manera oficiosa,
revise la legalidad de las intervenciones y los cateos.
Asimismo, se promoverá que las
conductas tipificadas como delincuencia organizada sean consideradas siempre
graves, para que den lugar a prisión preventiva.
ESTRATEGIA 4.3
Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las
víctimas de los delitos.
En la medida en que no se
garantizan los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia,
específicamente el resguardo de su identidad cuando denuncian, se inhibe la necesaria
participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la delincuencia. En
la red de telecomunicaciones para las instituciones de seguridad, conocida como
Plataforma México, se introducirá una línea especializada para la recepción de
denuncias anónimas. En un ambiente de inseguridad y desconfianza como el que
ahora se vive, la denuncia anónima constituye un aliciente para la colaboración
de la ciudadanía en el combate a la delincuencia. Tan importante como recibir
las denuncias, desde luego, será tener un sistema eficiente de seguimiento y
atención oportuna de las mismas.
Es una obligación del Estado
proteger a las víctimas y, desde luego, garantizar las mejores condiciones para
los ciudadanos que pueden declarar en los casos más delicados, más relevantes y
más peligrosos. Para ello se ha propuesto establecer la reserva de los datos de
las personas que denuncian hechos relacionados con el crimen organizado.
ESTRATEGIA 4.4
Promover la implementación gradual de juicios orales.
La impartición de justicia en
México se da a través de un proceso lento, ineficiente e impersonal basado en
la integración de expedientes escritos que daña los intereses y derechos tanto
de quien comete un delito como de quien lo padece. La oralidad en los juicios
ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias directas con los jueces
para conocer, presentar o contradecir las pruebas y argumentos del caso. Esto
reduce significativamente la duración de un litigio y con ello, su costo, que
muchas veces es determinante en la decisión de presentar o no una denuncia.
Asimismo, se reducen los espacios de opacidad en los que pueden ocurrir actos
de corrupción o discrecionalidad, lo que fortalece la confianza de los
ciudadanos en las instituciones y en actores encargados de la aplicación de la
ley.
ESTRATEGIA 4.5
Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la
justicia.
Actualmente, los términos y
plazos procesales, así como el número de instancias por las que se puede pasar
durante un litigio, hace muy tardada la impartición de justicia, lo cual genera
incertidumbre en los ciudadanos. Por lo tanto, se propondrán reformas que
permitan agilizar los tiempos de resolución de controversias ante los órganos
jurisdiccionales. La adopción de juicios orales y de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos están asociados a esta estrategia.
Otro mecanismo propuesto es que
la prueba confesional se rinda con toda la información sobre sus
consecuencias, de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el
pleno respeto a los derechos fundamentales. Mediante un examen judicial sobre
la veracidad y legalidad del reconocimiento de responsabilidad, se podrá
impartir justicia con mayor celeridad.
ESTRATEGIA 4.6
Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios
alternativos de resolución de conflictos.
Los litigios representan un
costo económico y social elevado para el Estado, así como para los
particulares. Para reducirlos, se promoverán y adoptarán medios alternativos
para solución de controversias como eje toral del sistema de justicia en
general, que permitirán además crear una conciencia y una actitud de diálogo y
conciliación, más que de confrontación, entre la sociedad. En muchos casos,
estos métodos resultan más apropiados, para los fines de la justicia, que la
imposición de una pena de prisión, al resarcir al agraviado el pleno goce de
sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la
restitución y no de la represión.
Estos mecanismos permiten que
el Estado centre sus capacidades institucionales en la persecución de aquellos
delitos que verdaderamente atentan contra el orden y la paz públicos. De manera
paralela, sirven para despresurizar el sistema judicial, cuya saturación es un
claro obstáculo para la impartición de justicia pronta y expedita.
ESTRATEGIA 4.7
Promover el Código Penal Único.
En México contamos con un
código penal y un código procesal penal por cada entidad federativa, más el
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Tal
diversidad legislativa resulta en contradicciones y vacíos legales que abren
espacios para la impunidad.
Por ello, la iniciativa de
reforma al sistema de justicia penal presentada por el Ejecutivo propone la
unificación legislativa, tanto en la tipificación de las conductas delictivas y
sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación y
ejecución. La adopción de tipos penales únicos para todo el país impacta
positivamente en la certeza jurídica.
La soberanía de los estados y
la vigencia del federalismo no se verán violentadas, pues la ley determinará
las competencias correspondientes y la facultad de organizar las instituciones
de procuración y administración de justicia se mantendrá como una facultad
reservada a las entidades federativas.
OBJETIVO 5
Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia
delictiva.
Es necesario que la sociedad
tenga la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea,
se impondrá una sanción proporcional a la conducta. Vivir en medio de la
violencia, ver como natural la impune comisión de los delitos no debe ser
parte de la cotidianidad. Si no se hace valer la ley a través de instrumentos
eficaces, los potenciales delincuentes perciben que el riesgo de recibir una
represalia es muy bajo, y la decisión de cometer un acto ilícito se vuelve
menos costosa, lo que aumenta los niveles de criminalidad.
ESTRATEGIA 5.1
Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno
para combatir la delincuencia.
Por mucho, la mayor incidencia
de delitos corresponde a los del orden común, cuya prevención y castigo están
a cargo de las autoridades locales. Vigorosamente, y con un sentido de
urgencia, se compartirán esfuerzos con los gobiernos de los estados y los
municipios en el marco de los organismos que para ello existen.
Esta estrategia de
corresponsabilidad será la clave para enfrentar con eficacia y contundencia a
la criminalidad. En el marco de un auténtico federalismo, se deberá establecer
una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar al Sistema
Nacional de Seguridad Pública la dimensión y proyección que motivaron su creación.
Por tanto, se establecerán mecanismos de coordinación efectiva con las
autoridades de las entidades federativas y de los municipios.
Todo ello se realizará con
absoluto respeto a las atribuciones de cada orden de gobierno, focalizando los
esfuerzos para restablecer la seguridad pública en todo el país y fortalecer
la presencia del Estado en las ciudades y poblaciones donde existe mayor
inseguridad.
El Sistema Nacional de
Seguridad Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora
de todas las autoridades, del Gobierno Federal, de estados y municipios, en su
esfuerzo conjunto para combatir a la criminalidad. Los esfuerzos y acciones
que el gobierno realice en materia de seguridad, además de reducir los índices
de delincuencia, deben verse reflejados en la percepción de la ciudadanía sobre
la seguridad, de modo que en 2012 la mayoría de la población declare que se
siente segura en su comunidad.
ESTRATEGIA 5.2
Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas
del combate a la delincuencia.
En materia de impunidad debe
ponerse especial cuidado para que los delincuentes que son capturados no
compren su libertad mediante sobornos, y que las investigaciones que estén en
curso no se detengan por negociaciones ilícitas.
ESTRATEGIA 5.3 Enfocar
el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, garantizando en
todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad.
Además de la eficacia y
honestidad de las instituciones públicas, sin la participación comprometida de
los denunciantes no se podrán abatir los niveles de impunidad. Se deben ofrecer
nuevas garantías a la integridad y a la seguridad de las víctimas de un delito
y acabar con su situación de franca indefensión.
En pocas ocasiones la víctima
tiene oportunidad de que se le resarza el daño o de contar con garantías que la
hagan partícipe de una justicia a la que tiene derecho. Esta situación debe
revertirse. También es necesario que las víctimas puedan actuar en los procesos
penales y defenderse contra resoluciones que pudieran lesionar sus intereses.
Se buscará la simplificación de los mecanismos para la presentación de denuncias
y querellas en cuanto a tiempos, trámites, requisitos y documentación.
Se implementarán medidas
cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas durante el proceso
penal. Si bien estas medidas ya son parte del ordenamiento jurídico, es
indispensable ampliarlas para proteger a la sociedad y evitarle un perjuicio
mayor. Se propone privilegiar la aplicación del arraigo, la prohibición de
salir de una demarcación territorial, la prohibición de acercarse a una o
varias personas, la restitución provisional de los derechos de las víctimas y
ofendidos, la vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones, el
aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito, la protección
de la integridad física y moral de las víctimas u ofendidos, los actos para garantizar
la reparación del daño y la caución para proteger los derechos de las víctimas.
Para garantizar la legalidad en
la aplicación de estas medidas, se otorgarán facultades a un órgano
jurisdiccional, cuyas características principales serán la independencia, la
imparcialidad, la legalidad y la objetividad en sus decisiones.
ESTRATEGIA 5.4
Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género.
En México aún existe una
cultura que discrimina a la mujer y que favorece el entorno de acoso y de
violencia que padecen millones de mujeres. En el marco de la aplicación de
Con esta ley, se harán valer
compromisos internacionales signados por México a través de ordenamientos como
OBJETIVO 6
Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar
la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.
ESTRATEGIA 6.1
Modernizar el sistema penitenciario.
Se recuperará el sentido
original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos
responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para
asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice
la seguridad al interior de los mismos.
Se establecerá tanto la figura
de juez de ejecución de sentencia, como la reorganización estructural y
territorial de los centros penitenciarios, vía el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Asimismo, se adoptarán lineamientos y metodologías
operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil
criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a
partir de una efectiva vigilancia de los internos. Se promoverán también los
convenios necesarios para que los sentenciados cumplan sus penas en centros
penitenciarios de otro fuero, pues actualmente los sentenciados del orden
común pueden compurgar sus penas en centros federales, pero no a la inversa.
Frecuentemente se olvida que
junto con el castigo por la comisión de delitos, la confinación en penales debe
tener el propósito de propiciar en los reos la recuperación de valores éticos,
su formación integral y su reintegración a la sociedad una vez cumplida la
pena. Resulta necesario el compromiso de los tres órdenes de gobierno para
trabajar de manera coordinada en el perfeccionamiento de los mecanismos de
readaptación y rehabilitación de los delincuentes.
ESTRATEGIA 6.2
Combatir la corrupción al interior de los centros de readaptación social.
Se combatirá la corrupción en
las instalaciones penitenciarias federales y locales, para terminar con los
privilegios que disfrutan algunos de los reclusos y que van en perjuicio del
resto. Se reforzará la vigilancia para detectar y eliminar los mecanismos
mediante los cuales los criminales continúan operando sus redes de delincuencia
desde el interior de los centros penitenciarios. Esto incluye vigilar el
comportamiento del personal encargado de la seguridad, para castigar a quienes
se corrompen y facilitan la operación delictiva intramuros.
En el caso de la delincuencia
organizada, se propone que se exceptúe el derecho consistente en solicitar que
la pena se compurgue cerca del domicilio del reo, lo que responde a la
necesidad de que los miembros de grupos de crimen organizado sean recluidos en
centros penitenciarios que cuenten con la seguridad y las instalaciones
necesarias para la protección de su integridad y para la disminución de los
riesgos de fuga o violencia interna.
ESTRATEGIA 6.3
Reconstruir los mecanismos de caución y readaptación social.
La sobrepoblación en los
centros de reclusión es un obstáculo para la aplicación de la ley en su interior
y para garantizar condiciones dignas a los reclusos. Además de las estrategias
encaminadas a reducir el tiempo necesario para dictar sentencia, se diseñará y
aplicará un nuevo esquema de prisión preventiva, y se facultará al juez para
imponer medidas cautelares durante el desarrollo del proceso. Se analizará la
pertinencia de medidas alternativas como la vigilancia electrónica, el arraigo
territorial, la caución, la vigilancia a cargo de determinada gente o instituciones,
y el sometimiento a instituciones de educación, entre otras.
1.3. Información e inteligencia
Ante el reto de preservar la
seguridad del país, se requiere articular un sistema de homologación de
información para el intercambio, en tiempo real, de datos de audio, video y
texto sobre el crimen, estadísticas delictivas y registro del personal de
seguridad pública. Lamentablemente, en México aún no se cuenta con sistemas homologados
a lo largo del territorio nacional y entre los distintos órdenes de gobierno.
El intercambio fluido y oportuno
de información entre los cuerpos de policía es indispensable para una eficaz
prevención del delito y una adecuada coordinación de esfuerzos en su combate.
Interrelacionar e interconectar los sistemas de información y de
telecomunicaciones de las corporaciones policiales en los tres órdenes de
gobierno, para generar métodos uniformes de actuación, información, reporte y
archivo localizados en bases de datos de acceso común, facilitará las
investigaciones, operativos conjuntos y generación de inteligencia policial
compartida.
OBJETIVO 7
Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente
las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la
disponibilidad de información confiable y oportuna.
ESTRATEGIA 7.1 Desarrollar
e implementar sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para
el combate a la delincuencia.
Se consolidará el Sistema Único
de Información Criminal para concentrar y compartir datos relevantes del
fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como los registros
de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de operación. Se
desarrollará también una red de interconexión que permita la transmisión de
datos, voz e imagen para que esta información pueda compartirse oportunamente.
Ello será clave para integrar a los gobiernos federal, estatal y municipal en
un solo frente en la lucha contra la delincuencia. Será muy importante disponer
de sistemas de comunicación avanzados con plataformas tecnológicas compatibles.
Igualmente importante será el compromiso por parte de las autoridades de los
tres órdenes del gobierno para actualizar permanentemente las bases de datos de
inteligencia policial.
ESTRATEGIA 7.2
Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de inteligencia en el Gobierno
Federal
Las herramientas tecnológicas
que se desarrollarán en materia de información, serán base para que las
diferentes instituciones avancen en su labor de generar inteligencia. El
Gobierno Federal promoverá el fortalecimiento de los centros y sistemas de
inteligencia para que apoyen la profesionalización de la investigación en el
combate a la delincuencia y el crimen organizado, así como en la mejora de la
averiguación previa del proceso penal.
1.4. Crimen organizado
No se debe permitir que ningún
estado de
Los recursos producto del
narcotráfico dan a las bandas criminales un poder enorme para la adquisición
de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de
comunicación, así como equipamiento que con gran frecuencia supera al de los
cuerpos policíacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos
asociados a dicha actividad. Por eso es necesaria la colaboración de las
Fuerzas Armadas en esta lucha.
OBJETIVO 8
Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social
mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del
crimen organizado.
ESTRATEGIA 8.1 Aplicar
la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que
han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras
organizaciones delictivas.
El Gobierno está determinado a
reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y
posteriormente eliminar los plantíos de enervantes e interceptar cargamentos de
droga por tierra, mar y aire. Se destinarán los recursos necesarios para
modernizar
ESTRATEGIA 8.2
Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres
órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo.
Cada delincuente que se
captura, cada sembradío que se erradica, cada red de narcomenudeo que se
desintegra es una posibilidad más de desarrollo para los jóvenes de México. Se
implementarán operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes de
gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, así como un
sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribución
de drogas y laboratorios clandestinos.
ESTRATEGIA 8.3
Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y
combate al lavado de dinero de procedencia ilícita.
La capacidad económica del
crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la
justicia. Una de las estrategias más efectivas en la lucha contra esta perniciosa
actividad es la que se orienta a golpearla en su abastecimiento de recursos
económicos. Se intensificarán las acciones específicas en contra del lavado de
dinero en México.
ESTRATEGIA 8.4 Desarticulación
de cadenas delictivas mediante la destrucción de los nodos de creación de
valor.
Se propiciará la
desarticulación de organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza
económica de sus actividades mediante la destrucción de los elementos que les
permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano.
1.5 Confianza en las instituciones públicas
La corrupción y la ineficacia
de las instituciones generan impunidad y lesionan la credibilidad y la
confianza ciudadana en el gobierno. Toda actuación de la autoridad fuera del
orden legal lesiona los derechos ciudadanos, ya sea por el abuso en el
ejercicio del poder público, o bien, por la omisión en la aplicación de la ley.
México necesita que sus
ciudadanos confíen plenamente en el sistema jurídico y en el desempeño de las
instituciones de justicia y de gobierno. Ello es fundamental para reforzar la
alianza entre el gobierno y la sociedad en la lucha contra la impunidad y la
corrupción.
OBJETIVO 9
Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas,
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia.
ESTRATEGIA 9.1
Impulsar la vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas en
todos los ámbitos de la actividad nacional.
El marco jurídico vigente debe
mejorarse a efecto de permitir el desarrollo de la sociedad, por la vía del
respeto, la armonía y la productividad. Adicionalmente urge su transformación
como punto de partida para recuperar la confianza social, ya que la ciudadanía
sólo cambiará su percepción si advierte que las leyes se modernizan en su
favor.
Para alcanzar este objetivo, el
Gobierno Federal impulsará las reformas necesarias para dar certeza, claridad
y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan ante las
instancias de
ESTRATEGIA 9.2
Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos que reciben
los ciudadanos.
Al ser éste el nivel más
directo de interacción entre ciudadanos y gobierno, debe ser el que brinde
resultados más claros en materia de transparencia. Se identificarán los
trámites en los que más frecuentemente se dan sobornos o se paga por la ayuda
de un intermediario, y se implementarán mecanismos de monitoreo y asesoría a
los ciudadanos para que todas las personas reciban servicios de calidad sin
distinción alguna y sin espacio para la corrupción. Sólo de esta forma podrá
recuperarse verdaderamente la confianza ciudadana en la acción gubernamental.
ESTRATEGIA 9.3
Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y difundir de
manera oportuna la información pública gubernamental.
La expedición de
El compromiso es no sólo
responder a las solicitudes de acceso a la información. Es necesario también
emprender acciones para dar a conocer aquélla que sea de interés general,
mediante campañas de difusión y divulgación, que sean ajenas a intereses
personales o partidistas.
ESTRATEGIA 9.4
Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética
profesional de los servidores públicos.
Se fortalecerá la
profesionalización de los servidores públicos para que además de los conocimientos
y la ética necesarios, tengan un claro compromiso institucional de servicio que
garantice la atención adecuada de los ciudadanos.
Se promoverá el valor del
servicio público como una función que antepone los intereses de la comunidad a
los intereses particulares y personales. Se trabajará en el mejoramiento del
diseño curricular de la función pública, para garantizar que ingresen a ésta
únicamente aquellos candidatos que, además de las competencias profesionales,
demuestren su probidad y guíen sus acciones estrictamente en el marco de la
legalidad.
ESTRATEGIA 9.5
Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin excepción, los
servidores públicos cumplan la ley.
Existe plena conciencia de que
algunos servidores públicos aprovechan su función para buscar beneficios
indebidos. Las prácticas del nepotismo, amiguismo y compadrazgo permiten
mantener en el servicio público a personas que carecen del perfil necesario
para desempeñar los cargos que les son asignados. Se procederá con equidad y
con toda firmeza, para impedir estas prácticas a través de la consolidación
del servicio de carrera, de mejorar los procesos de selección de servidores
públicos de confianza y de la construcción de acuerdos con los organismos
gremiales de los trabajadores sindicalizados.
ESTRATEGIA 9.6
Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de
cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los
recursos federales.
Crear los mecanismos y
propiciar las reformas legales necesarias para que tanto las administraciones
estatales como las municipales estén obligadas a explicar puntualmente cómo
invierten los recursos que reciben por parte de
OBJETIVO 10
Combatir a la corrupción de forma frontal.
ESTRATEGIA 10.1
Promover una cultura anti-corrupción.
El Gobierno Federal
implementará todos los programas, estrategias y acciones necesarias, coordinándose
con las instancias internacionales y nacionales, públicas, privadas y sociales
que quieran apoyar la campaña en favor de la honestidad en el servicio
público. Es imperativo que la transparencia se vuelva parte integrante de la
cultura cívica, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y
comportamientos de empresarios, sociedad civil, partidos políticos,
organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.
La cultura de la transparencia
debe fomentarse desde la familia y en el ámbito educativo para impulsar la
formación de una ética en los niños y jóvenes.
ESTRATEGIA 10.2
Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en
comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social.
Uno de los beneficios de la
transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades
responsables de la sanción de las malas prácticas de los servidores públicos
efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o delictiva, de manera que la
ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la
corrupción.
Por disposición de la ley, no
todas las sanciones incluyen la destitución del servidor público, por lo cual
los empleados sancionados pueden seguir laborando en ocasiones protegidos por
el propio marco jurídico o sus organismos gremiales. Se ampliará la difusión de
las sanciones administrativas y penales que las autoridades competentes
impongan a los malos servidores públicos, como ejercicio de rendición de
cuentas y estrategia disuasoria de nuevas conductas ilícitas.
ESTRATEGIA 10.3
Reducir los trámites burocráticos con la finalidad de abatir la discrecionalidad.
Según Transparencia Mexicana, en
su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005-2006, los hogares
mexicanos que declararon haber pagado sobornos o mordidas, gastaron en
promedio 177 pesos cada uno, lo que implica poco más de 19 mil millones de
pesos anuales en pérdidas para las familias, por lo que es innegable la
necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas para
inhibir actos de corrupción y mejorar los servicios públicos.
Los procedimientos
administrativos, que incluyen multitud de trámites a realizar por los
particulares, son confusos y en ocasiones los ciudadanos tienen que realizarlos
en oficinas diversas y alejadas unas de otras. Esto implica altos costos para
el interesado, motivo por el cual se propicia la corrupción y la
improductividad, por la pérdida de miles de horas hombre.
La existencia de procedimientos
complejos abre espacio para intermediarios que simplifican los procesos a
cambio de una remuneración económica. Es por esto que se ampliarán los programas
de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la administración
pública, procurando que los cambios tengan un impacto directo en el combate a
la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción.
ESTRATEGIA 10.4
Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de control para
disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.
Los órganos de inspección,
verificación y control no han consolidado los objetivos anti-corrupción que se
les han asignado, ya que no han desarrollado de manera suficiente su capacidad
para prevenir conductas irregulares y orientar a los servidores públicos para
reducir las faltas por ignorancia. Ciertamente, los citados órganos no tienen,
en ocasiones, los recursos suficientes para el eficaz desempeño de su función. Por
ello se deben buscar las mejores prácticas para un óptimo aprovechamiento de
los recursos y expandir su actividad a los aspectos sustantivos de la
operación de las dependencias y entidades de la administración.
Al mismo tiempo, debe
consolidarse un sistema preventivo de actos de corrupción en los propios
órganos de control, situación previsible si se considera la relevancia de sus
funciones y su presencia en todos los ámbitos del quehacer gubernamental. De
esta forma, deberá instrumentarse un procedimiento riguroso de rotación de los
titulares de las áreas correspondientes.
ESTRATEGIA 10.5
Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción.
El costo de la corrupción
existente en el país es muy alto, tanto en términos económicos como en el daño
que causa a los valores y principios éticos de las personas y las instituciones.
Es correcta la apreciación ciudadana respecto de la corrupción que subsiste en
una proporción significativa de la actividad pública y privada.
Lo anterior se entiende si se
advierte que los mecanismos e instancias de control existentes no están
orientados a detectar específicamente prácticas de corrupción, y se abocan
primordialmente a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad. Los
mecanismos que permitirían controlar y mejorar sistemáticamente los procesos
de trabajo y organizacionales para transparentar y hacer eficiente la
prestación de los servicios públicos son deficientes, además de que subsiste
el enfoque correctivo, lo que sigue ocasionando grandes pérdidas de recursos.
El Gobierno Federal no sólo
continuará con mayor rigor los sistemas preventivos y correctivos que han
mostrado su eficiencia, sino que se ampliarán las estrategias y acciones para
abatir los índices de corrupción y generalizar el apego a la legalidad en el
ejercicio del servicio público. Asimismo, propiciará la colaboración de la ciudadanía
para evitar y, en su caso, sancionar las conductas ilegales.
ESTRATEGIA 10.6 Crear
y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que
incurran en prácticas ilícitas.
Aun cuando la participación
ciudadana se ha incrementado por medio de mecanismos como los sistemas de
quejas y denuncias, éstos han sido insuficientes y limitados para atender
debidamente los intereses de la población.
Se facilitará a la ciudadanía
la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y
electrónicos, e incluso de forma anónima, otorgándole seguridad y, en su caso, protección
personal a los testigos que permitan la sanción de servidores públicos
corruptos.
Las facilidades que el Gobierno
Federal dará a la ciudadanía para la formulación de quejas, denuncias e
inconformidades, también incluirán estímulos materiales y reconocimientos
cuando se aporten las pruebas suficientes para la sanción de los responsables.
1.6 Cultura de la legalidad
El Estado de Derecho de un país
se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la
legalidad en la sociedad. El respeto a la ley es un valor que se debe fomentar
en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia
social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Si la idea
del Estado de Derecho no se traduce en un sistema normativo de cuya aplicación
se deriven beneficios o costos tangibles, es difícil que la propia cultura de
la legalidad llegue a permear en la conciencia de las personas y de las
comunidades.
Para los ciudadanos, la cultura
de la legalidad significa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones
que la ley les impone para garantizar la convivencia social y, por otra parte,
que el ejercicio de sus derechos se realice en apego a las disposiciones
legales.
Además, la cultura de la
legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las autoridades
el cumplimiento puntual de la ley; esto es, denunciar las irregularidades,
abusos y actos ilícitos.
OBJETIVO 11
Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.
ESTRATEGIA 11.1
Reforzar el diseño e impartición de programas educativos para la población,
orientados a reforzar la cultura cívica, el apego a la legalidad y el
conocimiento del derecho.
La frecuencia y gravedad de las
violaciones a la ley han minado los valores de responsabilidad social y civismo
entre la ciudadanía.
Lo más lamentable es que este
abandono del principio de apego a la ley, afecta la conciencia de niños y
jóvenes acerca de los valores esenciales de la convivencia humana, lo cual pone
en riesgo la esperanza de una real vigencia del Estado de Derecho en los años
por venir.
Por eso, se emprenderán
acciones decididas para recuperar y fortalecer la enseñanza del civismo, la
historia nacional y el derecho en la educación de la niñez y la juventud.
Asimismo, se convocará a las familias, las organizaciones civiles, laborales,
gremiales y religiosas, los partidos políticos, y especialmente a los medios de
comunicación, a emprender y respaldar una campaña permanente de revalorización
de la cultura de la legalidad, de la que el Gobierno de
ESTRATEGIA 11.2
Promover una mayor profesionalización de los abogados.
Se estima que cualquier
proyecto de mejora sustantiva y procesal del actual orden jurídico debe pasar
forzosamente por la mejora en la educación y ética de los profesionales del
derecho, tanto al servicio de los particulares como del gobierno. Por lo tanto,
se adoptarán estándares que permitan la profesionalización de los abogados,
como la colegiación obligatoria y el seguimiento de códigos de ética y de conducta,
entre otros.
Un gobierno que pretende
garantizar una irrestricta aplicación de la ley necesita de profesionales del
derecho con la mejor formación posible y con un estricto apego a códigos de
conducta ética. Se determinarán estándares mínimos para la selección y
capacitación de los abogados que integran
1.7. Derechos humanos
México participa en el objetivo
universal de difundir y proteger el pleno goce de los derechos humanos. Por eso
ha promovido la creación de organismos que se encargan de velar por ellos,
tanto en el orden federal como en los estados de
Asegurar el respeto a los
derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución
en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea
posible prevenir su violación.
Ello requiere, en consecuencia,
tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares
internacionales en la materia.
OBJETIVO 12
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su
promoción y defensa.
ESTRATEGIA 12.1 Actualizar
el marco normativo para responder a las demandas y necesidades de una sociedad
cada vez más preocupada por el respeto a los derechos fundamentales de los
individuos.
El Gobierno de
ESTRATEGIA 12.2
Establecer un programa en
Se debe asegurar el respeto a
los derechos humanos en toda
Se identificarán las
violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de los servidores
públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las recomendaciones, con
el fin de priorizar las acciones de las dependencias en este sentido.
ESTRATEGIA 12.3
Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus
derechos humanos.
Modificar el enfoque de las
políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, superando la
visión que pretende únicamente restituir el goce de los mismos, para privilegiar
un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. Esta nueva orientación
resulta particularmente importante en el caso de miembros de grupos
vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los
enfermos y cualquier otro grupo social que, por sus características, se
encuentre expuesto a la violación de sus derechos humanos.
ESTRATEGIA 12.4
Promover campañas para difundir el alcance de los derechos humanos, de manera
que todos los ciudadanos los conozcan y exijan su respeto.
Realizar campañas informativas
que den a conocer los derechos fundamentales y prevengan a la población acerca
de los actos que constituyen una violación a los mismos, así como los
mecanismos y órganos existentes para su denuncia y sanción.
Estas campañas harán hincapié
en la no discriminación, el respeto y la aceptación de la diversidad, así como
la tolerancia y la pluralidad.
Seguridad nacional
Diagnóstico
Salvaguardar la integridad del
territorio y preservar la soberanía de la nación es objetivo y obligación
irrenunciable del Estado mexicano. La larga lucha por erigirnos en una nación
libre, en una nación de derecho no puede entenderse sin las Fuerzas Armadas.
México ha depositado en las
instituciones militares la enorme responsabilidad y el gran privilegio de ser
garantes de la seguridad, de la soberanía nacional y de la protección de los
intereses de la nación. Los retos que hoy enfrenta el país son grandes y
exigen la entrega de quienes tienen el honor y la gran responsabilidad de servir
al pueblo de México.
Las Fuerzas Armadas representan
una de las instituciones más admiradas y respetadas por los ciudadanos. Son
también una fuerza para la estabilidad y el progreso de México. Defienden y
salvaguardan los valores supremos de la patria: la paz, la unidad, la
justicia, la seguridad, la libertad y la soberanía. En mediciones sistemáticas
sobre confianza en las instituciones, las Fuerzas Armadas han sido calificadas
muy positivamente de manera permanente7.
La credibilidad que se ha
ganado se refleja en el respaldo ciudadano a su intervención en la lucha
contra el narcotráfico. Casi el 90% de la población está de acuerdo en que el
ejército tome parte en esta batalla8. Actualmente, la economía de los cárteles se
ha visto afectada por los cambios estructurales en el mercado internacional de
las drogas, lo que explica, en parte, el reciente aumento de la violencia
relacionada con el narcotráfico. Dada esta coyuntura, recuperar la normalidad
en el respeto a la ley y la convivencia social ordenada, requiere que el Estado
emplee los recursos con los que cuenta para combatir al narcotráfico, y la
participación de las Fuerzas Armadas es uno de los más valiosos.
Sin embargo, la confianza
ciudadana necesita resultados claros para consolidarse. Estas instituciones
deben responder, dentro del marco de sus facultades, a su compromiso como
garantes de la seguridad nacional, defensa del territorio y, en materia de
combate al narcotráfico, con pleno apego a los derechos humanos.
Una condición fundamental en la
política de seguridad nacional consiste en garantizar el orden y la legalidad
de los flujos migratorios, comerciales o de cualquier tipo, en los más de
Las tendencias a nivel global
en las últimas décadas indican un creciente dinamismo en el desplazamiento de
bienes, servicios y personas a lo largo de la geografía del orbe, y por la
aparición de nuevas tendencias sociales que representan presión para las
franjas fronterizas de México. Esto ha propiciado que estas zonas se conviertan
en un escenario de transgresiones a la ley, y en un amplio campo de acción para
el crimen organizado nacional e internacional.
En la frontera sur, los flujos
migratorios indocumentados son una constante, lo que representa un mercado de
ganancias enorme para los traficantes de personas. Durante el año 2006 se
aseguraron a más de 182 mil extranjeros sin documentación en todo el país, de
los cuales el 62% se localizó en los estados de Chiapas y Tabasco9.
Asimismo, existe en la región la presencia de pandillas delictivas juveniles y
cárteles del narcotráfico que, aprovechando la extensión y porosidad de la
frontera, generan violencia e inseguridad.
A los problemas de traficantes
de personas, en la frontera norte se agregan con intensidad las organizaciones
criminales del narcotráfico y el contrabando de armas. La mayor parte de las
armas que circulan en el país de manera ilegal ingresan por la frontera con
Estados Unidos.
Entre 2001 y 2006, en la
seguridad de la frontera norte se emplearon más de 1,900 miembros del ejército
al año, mientras más de 1,700 se ubicaron en la frontera sur anualmente.
Desafortunadamente, esto no ha sido suficiente para evitar que los límites
territoriales se vean violados por el contrabando y el narcotráfico.
1.8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio
Garantizar la integridad del
territorio nacional es fundamental para el progreso de México. Las fronteras,
mares y costas del país no deben ser una ruta para la acción de los criminales.
No se debe permitir que el territorio nacional sea utilizado para consumar
acciones que atentan contra la vida, la salud, la integridad física y el
patrimonio de los mexicanos.
Por otro lado, la conformación
geológica del territorio y las condiciones climáticas de las distintas
regiones, así como los fenómenos naturales como terremotos, tormentas,
ciclones, inundaciones e incendios forestales representan un riesgo permanente
a la seguridad de la población. Se trabajará para minimizar la vulnerabilidad
de la población ante estos fenómenos.
OBJETIVO 13
Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el
patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.
ESTRATEGIA 13.1
Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante la actualización,
el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin de garantizar el
resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las fronteras terrestres
y marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.
Como ya se ha hecho desde el
principio de este gobierno, se brindará apoyo a las Fuerzas Armadas para
disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de
capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de
sus misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite acceder
al mercado negro de armas y a la compra de información, entre otras cosas. Hoy
la tarea es impedir que las Fuerzas del Estado sean rebasadas en este aspecto.
ESTRATEGIA 13.2 En el
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, fortalecer la concurrencia de
las Fuerzas Armadas y de los gobiernos estatales y municipales en la preparación,
ejecución y conducción de los planes de auxilio correspondientes.
En corresponsabilidad con los
gobiernos locales, el Gobierno Federal seguirá dando prioridad a los programas
del Sistema Nacional de Protección Civil, como el Plan DN-III y el Plan
Marina, entre otros, para acudir con la mayor celeridad a los lugares azotados
por las fuerzas de la naturaleza. Se revisarán cuidadosamente los
procedimientos para asignar los recursos del FONDEN a las autoridades
correspondientes y la entrega de apoyos a la población con la agilidad que esta
materia requiere. Se trata de una esfera en la que se debe acabar con
cualquier forma de burocratismo que obstaculice la ayuda a la que por ley
tienen derecho los ciudadanos afectados por estos fenómenos. De forma complementaria,
se mejorará el registro y la divulgación oportuna de información sobre los fenómenos
meteorológicos, con el fin de alertar a la población y evitar la pérdida de
vidas humanas.
1.9. Seguridad fronteriza
Se atenderá especialmente el
reordenamiento de las fronteras para hacer de estas regiones lugares más
prósperos y más seguros. Las fronteras deben ser puertas para el desarrollo,
no para la delincuencia.
La situación en la frontera sur
requiere especial atención, ya que el menor desarrollo económico en esa región
crea situaciones proclives a la comisión de actos ilícitos. Se buscará que
esta zona sea un ejemplo de cumplimiento de la ley, al tiempo que se respeten
íntegramente los derechos humanos de todos.
OBJETIVO 14
Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el
respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de
los migrantes.
ESTRATEGIA 14.1
Integrar unidades mixtas de policía compuestas por
La problemática de las
fronteras en materia de seguridad requiere de la acción coordinada de los
diferentes cuerpos policíacos que operan en la zona, para tener una cobertura
más amplia de vigilancia y mayor capacidad de respuesta, y eliminar
duplicidades. Las estrategias de seguridad fronteriza se deben enfocar a la
protección de los migrantes y de la población de estas zonas, que está expuesta
a grupos de contrabandistas y traficantes de personas y de drogas.
ESTRATEGIA 14.2 Crear
canales para el intercambio de información y de estrategias en materia de
seguridad fronteriza.
Con los países vecinos del
norte y del sur se trabajará conjuntamente para afinar mecanismos de
intercambio de información que permitan controlar adecuadamente el tránsito de
personas entre un país y otro, para proteger los derechos de los migrantes y,
al mismo tiempo, para cerrar el paso a la delincuencia y el terrorismo
internacionales.
1.10. Cooperación internacional
La seguridad, la lucha contra
el terrorismo y la delincuencia organizada son temas que adquieren cada vez
más relevancia en la agenda de los países. México mantendrá su disposición a
la cooperación con otros países para el impulso a la seguridad, privilegiando
en todo momento el respeto al derecho internacional, la libre determinación de
los pueblos y la soberanía de los estados.
OBJETIVO 15
Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos
nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.
ESTRATEGIA 15.1
Promover la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia
organizada, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la
igualdad jurídica de los estados.
La seguridad de las naciones es
vulnerada por el constante tráfico de armas, drogas y personas, así como por
quienes expresan mediante la violencia sus desacuerdos ideológicos. Siendo la
seguridad un valor que debe ser procurado sin descanso, el Estado mexicano
privilegiará la colaboración con otras naciones en esta materia.
ESTRATEGIA 15.2
Promover esfuerzos de colaboración e intercambio de información para combatir
al tráfico y consumo de drogas con los países que tienen una alta demanda de
estupefacientes.
Por mucho tiempo, la lucha
internacional contra el narcotráfico ha privilegiado la represión de su
producción y transporte, con un enfoque dirigido principalmente a los países
donde se producen las drogas. La creciente vitalidad de las organizaciones
internacionales de narcotraficantes y su arrojo para enfrentar incluso al
poder de los Estados ponen en evidencia que la estrategia ha sido
insuficiente. Hace falta intensificar el combate contra el tráfico y consumo de
drogas en los países que tienen más demanda. La ubicación fronteriza de México
con el mercado más grande de drogas ilícitas del mundo incrementa el valor
estratégico del territorio para el crimen organizado. Al tiempo que México
reitera su compromiso de seguir cumpliendo la parte que le corresponde, impulsará
el fortalecimiento al combate del tráfico de estupefacientes mediante la
participación responsable de los países involucrados en toda la cadena, desde
la producción hasta el consumo. El intercambio de información será parte
esencial de este esquema de cooperación.
ESTRATEGIA 15.3
Establecer acuerdos de colaboración en materia de combate al tráfico de armas
con los países de origen.
La delincuencia organizada se
distingue por tener a su alcance equipo y armamento sofisticados para llevar a
cabo sus fines. De ahí la importancia de trabajar, en el marco del derecho
internacional, en el establecimiento de mecanismos de cooperación para
controlar la producción, circulación y venta de armas en los países fabricantes.
En cuanto a la responsabilidad
de México, se debe integrar un padrón confiable y actualizado de armas de
fuego en el país, disminuir el número de artefactos provenientes del contrabando
y retirarlos de circulación. Esto implica transparentar el registro de armas
del gobierno y crear una normatividad que comprometa a las autoridades
estatales a facilitar la inspección de armamento. Asimismo, se requiere la
coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que la población entregue
armas provenientes del mercado negro e instrumentar un programa permanente
para la destrucción inmediata de equipo decomisado.
ESTRATEGIA 15.4
Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y el
tráfico de personas.
El traslado ilegal de personas
a través de las fronteras, la contratación no reglamentada, la prostitución, la
pederastia y la pornografía infantil han dado lugar a modernas versiones de la
esclavitud y la deshumanización, a partir de las cuales grupos de delincuentes
ponen en peligro la seguridad y la integridad de los seres humanos. La
convicción de los ciudadanos por el respeto a los derechos y libertades de las
personas impulsa a nuestra política exterior a seguir abriendo espacios de
colaboración entre las naciones para compartir esfuerzos en este sentido.
ESTRATEGIA 15.5
Establecer programas en coordinación con otros países para atender el problema
de las pandillas delictivas trasnacionales.
El crecimiento de las pandillas
delictivas en zonas fronterizas, como el caso de los llamados maras, debe
atenderse mediante acciones de inteligencia, en coordinación con las
autoridades de la región centroamericana. Se creará un registro de los
integrantes de estas organizaciones que hayan estado en prisión, y se
implementarán políticas públicas preventivas en centros educativos y
comunidades para evitar que surjan más adeptos o imitadores de estos grupos.
ESTRATEGIA 15.6
Promover la armonización entre la legislación nacional y los tratados internacionales
firmados por México, de manera que puedan ser aplicados eficazmente para el
combate a la delincuencia organizada.
El acatamiento del derecho
internacional es el instrumento por excelencia para procurar la convivencia
armónica de las naciones y la unión de esfuerzos para superar desafíos comunes.
Por eso México seguirá inscribiendo su lucha contra el narcotráfico, la
corrupción y el crimen organizado en el marco de los tratados internacionales.
El Gobierno Federal pondrá especial empeño en alinear la legislación nacional a
los tratados internacionales de que México es parte, para contribuir con mayor
eficacia en la lucha contra los transgresores del derecho y del orden.
ESTRATEGIA 15.7
Fortalecer los mecanismos en materia de extradición, a fin de eliminar lagunas
jurídicas y espacios de impunidad para quienes infrinjan la ley.
El territorio nacional no será
un refugio para quienes delinquen en otros países, ni se tolerará que quienes
son perseguidos por la justicia mexicana se escondan en el extranjero. El
recurso legal de la extradición será aplicado para asegurar que la justicia se
aplique, sin importar las fronteras entre países.
Seguridad pública
Diagnóstico
El primer deber del Estado, e
incluso la justificación misma que el Estado tiene para reservarse el monopolio
de la fuerza, es salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
La ley y las instituciones no
pueden quedar rebasadas por el fenómeno delictivo. Es deber del Gobierno
Federal actuar eficazmente y sin titubeos para brindar la seguridad que
demandan los mexicanos.
Durante muchos años, la falta
de seguridad ha minado, hasta un punto verdaderamente preocupante, la calidad
de vida de los mexicanos y la capacidad de desarrollo del país.
En la última década, el mercado
de la seguridad privada creció aproximadamente un 400%11. La inseguridad ha hecho que prolifere la contratación de servicios
privados de protección en industrias, hotelería, comercios, escuelas, centros
hospitalarios y transporte de mercancías y valores.
Se mejorará sustancialmente la
calidad de la seguridad pública iniciando con la modernización y
fortalecimiento de los cuerpos policiales.
Aunque cada vez se aplican más
los procesos de control de confianza en los cuerpos policiales, aún no es una
práctica generalizada en el país y no hay criterios homogéneos en la selección,
el ingreso la promoción y la permanencia de los policías.
Pese a que existen sistemas de
profesionalización diseñados con estrategias específicas para combatir la
corrupción, depurar y dignificar a las corporaciones policiales, las encuestas
aplicadas a los ciudadanos indican que el 81% de los encuestados considera que
en la policía existe corrupción12.
En México existen alrededor de
350 mil elementos de policía que forman parte de 1,661 corporaciones en los
tres órdenes de gobierno. El 89.3% de los cuerpos policiales preventivos a
nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los que
tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación
representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional.
Con la creación de
Los esfuerzos en materia de capacitación han sido dispersos. Esto
refleja la falta de una política integral de profesionalización de los cuerpos
policiales y la heterogeneidad de criterios en la aplicación del proceso de su
formación. Un factor que inhibe el servicio de carrera es el sistema de
salarios y de compensaciones, que muestra una alta varianza en los distintos
estados del país
En cuanto a la tecnología disponible en estas instituciones, debemos
mencionar que la red nacional de telecomunicaciones no opera de manera integral
por carencias de interconexión y porque no existe un proceso de uniformidad
tecnológica que haga compatibles las distintas plataformas que soportan a las
diversas bases de datos de las corporaciones policiales de los tres niveles de
gobierno. Esto se traduce en incapacidad para consultar, investigar, analizar
y producir información y conocimiento útil a la función policial.
En consecuencia, la tecnología que es vital para el trabajo policial no
ha sido explotada adecuada o suficientemente, y por lo tanto el trabajo
conjunto se dificulta por la carencia de información confiable y oportuna.
En materia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, es
necesario que la concurrencia de facultades constitucionales en lo que se
refiere a la seguridad pública deje de mirarse con recelo, temiendo por el
respeto de las soberanías estatales y de las autonomías municipales, pues sólo
la actuación conjunta potenciará las capacidades del Estado para prevenir y
combatir el delito.
1.11 Prevención del delito
La política preventiva es parte sustancial del combate contra el
crimen. Por esto es necesario dar impulso a programas y acciones integrales a
nivel nacional, regional, estatal, municipal y delegacional, a fin de evitar
que haya más mexicanos que se conviertan en delincuentes, que sufran violación
a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de
drogas.
La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas
que puedan llevar a un joven a delinquir. En la medida en que se vayan abriendo
mejores y más eficaces oportunidades para la educación, la capacitación y el
empleo, y se extiendan entre la población los valores de respeto a la legalidad
y el derecho, habrá de ser menos frecuente la tentación de buscar beneficios
económicos fuera de la ley, o de procurar la justicia por propia mano.
OBJETIVO 16
Fomentar un mayor nivel de desarrollo y
mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las
comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce
de sus derechos y libertades.
El riesgo de integrarse a una pandilla o de caer en la delincuencia es
agravado por un entorno de violencia, desintegración familiar, criminalidad y
falta de oportunidades de desarrollo. La vinculación entre la política social y
las estrategias en materia de seguridad es una herramienta fundamental en la
prevención del delito. Los programas que implementan
ESTRATEGIA 16.1 Fortalecer la cultura de legalidad y el
combate al narcotráfico y al narcomenudeo a través del fortalecimiento del
tejido social.
Es necesaria la participación de la sociedad en su conjunto, para
defender la integridad familiar amenazada por el crimen y las adicciones. En
materia de adicciones, se intensificarán las acciones en el sistema educativo
para generar conciencia mediante el conocimiento de los efectos perniciosos de las
drogas en la salud física y mental de quienes las consumen. Se emprenderán
también campañas de difusión para la población en general en el mismo sentido.
Se mejorarán las oportunidades de rehabilitación para quienes deciden alejarse
de las adicciones, y se brindará información oportuna a las familias y
comunidades para que sepan cómo ayudar a un adicto a superar su condición.
ESTRATEGIA 16.2 Establecer mecanismos de coordinación con la
sociedad civil para rescatar los espacios públicos y garantizar que sean
espacios para los ciudadanos.
Se redoblarán esfuerzos para la detección anticipada de grupos proclives
al delito y se llevarán a cabo programas educativos y medidas de prevención
entre la población. Todo ello se hará para inhibir la formación de pandillas
que se dediquen a delinquir y a invadir los espacios públicos.
Los espacios públicos deben ser para los ciudadanos y no para los
delincuentes. Los criminales deben ser aprehendidos y consignados para que
haya tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas, en
los centros de trabajo y en donde viven las familias. De esta manera, se
fomenta también la convivencia comunitaria, que ayuda a crear redes y generar
capital social.
ESTRATEGIA 16.3 Reforzar la seguridad y la cultura de
prevención en las escuelas, con la participación de maestros, padres de familia
y la comunidad, a fin de lograr escuelas seguras sin la amenaza de las drogas,
priorizando las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo.
Esta estrategia tendrá la
operación de los Consejos Escolares de Participación Social como el órgano
estratégico articulador de la acción de profesores, alumnos y padres de
familia. A través de talleres sobre prevención del delito, se capacitará a las
maestras y a los maestros, así como a los padres de familia para que tengan los
conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar el problema de las adicciones.
Se empezará por las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo.
Adicionalmente, se van a
distribuir materiales de capacitación y de información, para que la sociedad
en su conjunto participe en la construcción de un entorno seguro en la
escuela. Las acciones se vincularán a la difusión educativa sobre la
centralidad de los valores humanos, la ética, el diálogo, la tolerancia y la
honestidad; con todo ello se fomentará la cultura de la legalidad, de la
denuncia y de la participación social.
ESTRATEGIA 16.4
Fortalecer las capacidades de las dependencias responsables de la aplicación
de
El tráfico ilegal de armas es
una actividad delictiva que se ha incrementado. La vinculación que tiene con
el narcotráfico, las actividades con recursos de procedencia ilícita y la
corrupción, entre otros delitos, demanda la aplicación de medidas conjuntas,
coherentes, objetivas e integrales para hacerle frente, y garantizar a la
sociedad un entorno que les dé tranquilidad.
Para ello, se modernizarán y
mejorarán los procedimientos en la aplicación de
1.12 Cuerpos policíacos
La falta de resultados
contundentes y el fenómeno de la corrupción han arrojado como saldo la
desconfianza y el descrédito ciudadano en los policías, ministerios públicos,
peritos y autoridades del sistema de justicia penal.
Actualmente, a pesar de la existencia
de más de mil corporaciones de policía en todo el país, incluidas las
federales, estatales y municipales, la falta de coordinación y unidad de
mando, así como las asimetrías en sus salarios, requisitos de ingreso,
procedimientos de reclutamiento y selección, hacen que la sociedad no pueda
tener confianza en la efectividad de la actuación policíaca y que,
simultáneamente, la delincuencia encuentre espacios sociales propicios de
acción.
Aunque entre las más de 1,600
corporaciones de policía que funcionan en el país sin duda existen numerosos
oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la
ciudadanía, la eficacia de la policía se ha visto minada por la corrupción, la
insuficiente preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la
delincuencia organizada, así como por la dispersión de esfuerzos y los recursos
limitados de que disponen las corporaciones para cumplir su importante labor.
El propósito es que todas las policías en México cumplan con estándares unificados
que las hagan confiables a los ojos de la ciudadanía.
OBJETIVO 17
Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca
éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos
humanos.
ESTRATEGIA 17.1
Establecer un mando único policial que abra y mantenga un canal de información
eficiente, y que facilite la coordinación y colaboración entre todas las
corporaciones de policía del país.
La coordinación insuficiente
entre los cuerpos de policía federales, estatales y municipales es aprovechada
por los delincuentes para escapar de la acción de la justicia, movilizándose
por el territorio nacional. Por ello se constituirá una coordinación central
de todas las policías del país, con funciones de autoridad, para conformar un
frente único contra la delincuencia.
ESTRATEGIA 17.2 Modernizar
y homologar los sistemas de administración y supervisión del personal de los
cuerpos policíacos.
Se definirán criterios
homogéneos para la administración del personal policiaco en las diferentes
etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se propone la creación de un
Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Con ello se regulará el ingreso,
selección, permanencia, profesionalización, promoción, remoción, separación,
sanción y reconocimiento de sus miembros. Se pondrá especial atención en el
perfil de quienes ingresan a los cuerpos de policía, para detectar a quienes
carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente y valores éticos. Es
necesario, sobre todo, para impedir la infiltración de delincuentes y el
reclutamiento de elementos viciados que por su comportamiento hayan sido
expulsados de otras corporaciones.
ESTRATEGIA 17.3 Desarrollar
sistemas efectivos de formación y entrenamiento del personal de la policía.
La sociedad necesita contar con
policías altamente capacitados para enfrentar con éxito a la delincuencia. El
combate eficaz al crimen exige un trabajo minucioso y detallado de policías,
investigadores y peritos. Cada acción de la delincuencia debe ser combatida de
manera profesional y especializada, desde la prevención hasta la disuasión,
sometimiento y confinamiento de los criminales, mirando siempre por el respeto
a los derechos humanos.
A partir de programas piloto y
en coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno, se
buscará uniformar las distintas capacitaciones que hoy reciben los policías
mexicanos en labores de resguardo, vigilancia, periciales y de inteligencia
para todas las corporaciones.
ESTRATEGIA 17.4
Promover la revalorización social del trabajo de los cuerpos de seguridad
pública.
El desprestigio de los cuerpos
policíacos impide la colaboración con la sociedad y dificulta la formación de
una identidad institucional que los fortalezca. Con base en resultados, los
ciudadanos deben sentir que no se encuentran solos ante la delincuencia, que
las instituciones y el gobierno están, precisamente, para respaldarlos; que los
policías, los marinos y los soldados cumplen eficazmente con el deber de
protegerlos.
A través de la depuración y
profesionalización de los cuerpos policíacos se avanzará en el combate a la
corrupción y en la construcción de un proyecto de vida y desarrollo profesional
que dignifique su labor ante la sociedad.
ESTRATEGIA 17.5 Dotar
a los cuerpos policíacos con mejor equipo y con una plataforma tecnológica
actualizada.
Se destinarán mayores recursos
para el equipamiento y capacitación de las policías y para desarrollar la
infraestructura necesaria para realizar sus labores. Asimismo, se fortalecerán
las relaciones de cooperación técnica e intercambio de información con otros
países y organismos internacionales en cuanto a capacitación de la policía
investigadora y servidores públicos, así como en técnicas y tecnología
utilizada para la investigación de delitos. Esto con el propósito de adaptar y
aplicar los modelos más útiles.
1.13. Participación ciudadana
El principio del combate al
delito es la detección temprana de la criminalidad por parte de la sociedad.
Se impulsará la participación
ciudadana como el fundamento para consolidar una verdadera cultura de
legalidad que impacte positivamente en la prevención del delito.
OBJETIVO 18
Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del
delito.
ESTRATEGIA 18.1
Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.
Entre los instrumentos
primordiales que tiene la ciudadanía para contribuir en el combate a la
delincuencia están el rechazo social a la ilegalidad y, de manera más directa,
la presentación de denuncias. Los esfuerzos realizados para proteger los
derechos de las víctimas y hacer más eficiente la procuración e impartición de
justicia, deben verse capitalizados en un incremento significativo en el
número de denuncias presentadas. Se promoverá la cultura de la denuncia y la
corresponsabilidad el compromiso ciudadano con las instituciones.
ESTRATEGIA 18.2 Crear
canales para la participación ciudadana en materia de prevención y combate del
delito.
Se dará un impulso renovado a
la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de políticas en
materia de seguridad y procuración de justicia. Se instrumentarán programas
que fortalezcan los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y propicien la
formación de nuevos lazos de colaboración entre la autoridad y la sociedad
civil; así como la participación de ésta en el diseño, planeación y supervisión
de políticas integrales y medidas concretas en materia de seguridad y
justicia, bajo criterios nacionales, estatales, regionales y comunitarios, que
además, estén alineados con las necesidades y demandas de la sociedad.
De manera paralela, se
promoverá la cultura de la denuncia, de manera que los esfuerzos realizados
para proteger los derechos de las víctimas y hacer más eficiente la
procuración e impartición de justicia, tengan como respuesta de los ciudadanos,
un incremento significativo en el número de denuncias presentadas.
ESTRATEGIA 18.3
Garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las instituciones y
cuerpos de seguridad pública y justicia.
Se evaluará la actuación y el desempeño
de la autoridad policial, con base en indicadores capaces de generar
condiciones de credibilidad y confianza en la sociedad civil, de manera que los
ciudadanos tengan parámetros claros para calificar los resultados obtenidos y
señalar las áreas donde no sean satisfactorios.
Eje 2.
Economía competitiva y generadora de empleos
La finalidad de la política
económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido
más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de
vida de todos los mexicanos. Mejorar las condiciones de vida y las
oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, es
un imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos y la marginación
impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación plena de
los ciudadanos en los ámbitos político, social, económico y cultural. Sin
oportunidades de empleo y de participación plena en la marcha económica del
país, no es posible alcanzar un desarrollo humano integral. La creación de
empleos favorece la estabilidad, la seguridad pública y la interacción social
respetuosa de los derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento
económico debe darse sin sacrificar los recursos naturales, respetando al medio
ambiente y sin comprometer el bienestar de generaciones futuras.
La estrategia integral
propuesta en este Plan, basada en cinco grandes objetivos y ejes de acción,
busca alcanzar un mejor desempeño económico. Cada eje de acción del Plan está
interrelacionado con el crecimiento y el empleo. El fortalecimiento del Estado
de Derecho y de la seguridad pública permitirá que los ciudadanos disfruten con
tranquilidad de los resultados de su esfuerzo. Una economía nacional más
competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de
empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar
económico. La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud es
necesaria para que todos los mexicanos puedan participar plenamente en las
actividades productivas. La estrategia de desarrollo económico cuidará el
acervo natural del país y con ello evitará comprometer el bienestar de
generaciones futuras. La estrategia de desarrollo requiere también de una
gobernabilidad democrática que permita la convivencia de todos, de forma que se
den resultados positivos para transformar la realidad económica del país.
Finalmente, una política exterior responsable permitirá al país aprovechar las
ventajas que brinda el entorno global para alcanzar mayores niveles de crecimiento
y bienestar.
Los problemas sociales,
políticos y económicos del país están íntimamente relacionados. Por ello, los
grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son
complementarios para contribuir a la superación de los retos en materia de
pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los ámbitos. De
progresar en todos los frentes, se podrá crear un círculo virtuoso: el mayor
crecimiento económico generará mejores oportunidades de empleo y mayor
desarrollo humano, mientras que los avances en el desarrollo social
incrementarán la productividad de las personas. Asimismo, la reducción de la
pobreza y la creación de oportunidades contribuirán a una mayor participación
y estabilidad política y social así como respeto por el medio ambiente. Por
ello, se utilizarán todos los instrumentos del Estado, avanzando simultáneamente
en los cinco ejes de acción definidos en este Plan, con el fin de promover un
crecimiento económico sostenido y más acelerado, una elevada creación de
empleos, y un desarrollo humano pleno para todos los mexicanos.
Diagnóstico
En los últimos años, el
crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir
los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. Ante esta situación
es necesario generar nuevas condiciones para lograr que el producto y el
empleo tengan un crecimiento mayor al observado durante las últimas dos
décadas. Como resultado de los esfuerzos para fortalecer la economía del país
esperamos lograr un crecimiento anual del PIB del 5% al final del sexenio.
En ausencia de cambios
importantes, el crecimiento de la economía mexicana será, en promedio, de
alrededor de 3.5 % por año, lo que implica un incremento per cápita cercano a
2.4%. De mantenerse esta situación, tomaría 30 años duplicar el nivel de
ingreso por habitante. Una comparación con países como Chile, China, Corea del
Sur y Singapur deja claro que se puede acelerar el crecimiento económico a
partir de la implementación de políticas públicas adecuadas. Al mismo tiempo,
la competencia internacional implica que se necesitan acciones decididas para
mantener la competitividad: la pasividad sólo llevaría a un mayor rezago. Las
estrategias delineadas en este Plan buscan un crecimiento del PIB per cápita
de por lo menos 20% de 2006 al 2012.
Para crecer a una tasa mayor,
el país necesita incrementar la inversión y la productividad. En México, el
crecimiento de la productividad durante los últimos 45 años ha sido la mitad
del observado en Chile y una cuarta parte del observado en Corea del Sur,
Irlanda y Singapur. Asimismo, la inversión en México ha sido sustancialmente
menor a la registrada en estos tres países durante el mismo lapso, y a la
experimentada en Chile en los últimos quince años, cuando ese país alcanzó un
mayor crecimiento.
El diagnóstico anterior indica
que, dada la prioridad de contar con una economía que se encuentre, en 2012,
entre las treinta más competitivas del mundo de acuerdo al Foro Económico
Mundial, con mayor crecimiento y capacidad para generar empleos, es imperativo
seguir una estrategia en tres vertientes:
Inversión en capital físico: fomentar una mayor inversión física, para lo cual se requieren condiciones económicas más competitivas. Las políticas públicas serán conducentes a aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción en territorio nacional promover la inversión en infraestructura, y limitar el riesgo al que están sujetas las inversiones.
Capacidades de las personas: la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud y educación y el combate a la marginación son los elementos que permitirán a más mexicanos contar con un trabajo redituable y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades productivas.
Crecimiento elevado de la productividad: para alcanzar un mayor crecimiento de la productividad se requiere una mayor competencia económica y condiciones más favorables para la adopción y el desarrollo tecnológico. La competencia económica crea incentivos para la innovación por parte de las empresas, reduce los costos de los insumos y los productos finales, incrementa la competitividad de la economía y mejora la distribución del ingreso. Por su parte, la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías permite producir nuevos bienes y servicios, incursionar en mercados internacionales y desarrollar procesos más eficientes. Esto redituará en una mayor producción y en ingresos más elevados.
Inversión en capital físico
Al incrementar la inversión se
promoverá una mayor tasa de crecimiento económico y una creación de empleos
más dinámica. Para ello, se necesita que los proyectos sean más rentables, que
estén sujetos a menores riesgos, y que se disponga de recursos para realizarlos.
Es pertinente aclarar que, en la actualidad, la mayor restricción consiste en
que la rentabilidad de la inversión es insuficiente, debido en parte a factores
que elevan los costos de producción en el país. La situación es diferente a la
de hace seis años, cuando la ausencia de recursos era una limitante sustancial.
Hoy en día, si bien no todos cuentan con acceso adecuado al financiamiento, la
disponibilidad de recursos para la inversión se ha incrementado de manera
importante. Por ello, es imperativo proceder con acciones para contribuir a
elevar la rentabilidad de las inversiones y reducir el riesgo de los proyectos
productivos. También se debe continuar con la profundización del sistema
financiero, para que toda la población tenga acceso a los recursos que les
permitan participar en las actividades económicas.
Rentabilidad y riesgo de la inversión
La mejor forma de incrementar
la rentabilidad de la inversión en toda la economía es reduciendo los costos.
Ello hace a las empresas mexicanas más competitivas y asegura una mayor oferta
de bienes a menores precios, con lo que las familias mexicanas también se benefician.
A menor riesgo, menor es el retorno requerido por los inversionistas para
realizar un proyecto. Un riesgo más bajo contribuye positivamente al nivel de
inversión ya que, en un ambiente de competencia, un riesgo más bajo se traduce
en menores precios. Las estrategias orientadas a alcanzar una mayor
rentabilidad y reducir el riesgo de la inversión se instrumentarán con base en
los siguientes lineamientos:
Fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, garantizando certidumbre legal y jurídica a las personas y a la propiedad. La incertidumbre legal y jurídica es un obstáculo importante para las actividades empresariales: abre la posibilidad de que se cambien las reglas del juego y pone en duda que se respeten la propiedad, los contratos y cualquier tipo de convenios. De igual forma, la ausencia de seguridad pública hace dudar a los individuos sobre la capacidad misma de disfrutar del producto de su esfuerzo. Por ello, las oportunidades de inversión existentes se podrán aprovechar plenamente con derechos de propiedad bien definidos y a través del respeto a los contratos, la certidumbre jurídica y la mejora de los niveles de seguridad.
Mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas. La incertidumbre macroeconómica y financiera es otra fuente importante de riesgo. Fluctuaciones extremas de la producción, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio pueden poner en duda la viabilidad de cualquier proyecto. Al respecto, la vulnerabilidad que aún existe en las finanzas públicas derivada de la volatilidad de los ingresos petroleros implica que todavía existen acciones importantes por realizar en este ámbito.
Promover la competencia. La competencia económica permite que se reduzcan los precios de los insumos y facilita que los consumidores tengan acceso a más bienes a menores costos, incrementando el bienestar material de las familias.
Simplificación administrativa y regulatoria. Por un lado, es necesario reducir los costos de transacción a los que se enfrentan las personas para llevar a cabo todas sus actividades, incluyendo avances adicionales en la facilidad de abrir un negocio y en el registro de la propiedad. Por otro lado, la regulación gubernamental debe evolucionar para permitir mayor innovación, ingreso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevas actividades.
Simplificación y estabilidad tributaria. Aunque las tasas de los impuestos directos en México se han reducido de forma importante, la complejidad para cumplir con las obligaciones fiscales colocan al país en seria desventaja con respecto a otras naciones. Asimismo, las modificaciones continuas en las disposiciones fiscales son una fuente importante de incertidumbre. Por tanto, es necesario establecer un régimen tributario competitivo, sencillo y estable.
Fomentar la productividad en las relaciones laborales. Esto es clave para una mayor creación de empleos formales y para hacer frente a la creciente competencia mundial. De esta forma se generará una mayor demanda de trabajo en el sector formal de la economía, derivada de un crecimiento dinámico que se traduzca en mayores ingresos de los trabajadores.
Promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor fundamental en la determinación de los costos de logística, así como para contar con una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para la producción. De ahí la necesidad de impulsar una mayor inversión pública y privada en el sector.
Continuar con la apertura comercial así como reducir el costo y los trámites de las operaciones de comercio exterior. Esto permitirá la obtención de insumos a menores precios, así como un menor costo para los exportadores mexicanos.
Asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la disponibilidad de recursos crediticios para la producción. Esto se logrará promoviendo mayor competencia en el sector, fortaleciendo el marco legal e impulsando una política activa de la banca de desarrollo.
Facilitar el manejo de riesgo. Será necesario incentivar el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que permitan a las personas y empresas diversificar y reasignar sus riesgos.
Transformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y, de esta forma, obtener menores costos de producción de insumos estratégicos.
Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexicana. Para reducir la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones de la economía de los Estados Unidos, y asegurar un crecimiento más balanceado, es necesario continuar con políticas que contribuyan al crecimiento de la demanda interna, en particular de las pequeñas y medianas empresas, los sectores de vivienda, servicios, turismo y agropecuario y del consumo doméstico.
Disponibilidad de recursos
La disponibilidad agregada de
recursos no es la restricción inmediata más importante para la inversión.
Prueba de ello es que el ahorro interno se ha incrementado sustancialmente y
ha sustituido al ahorro externo en un contexto de niveles de riesgo país y
tasas de interés domésticas y externas ubicadas en mínimos históricos. Al
mismo tiempo que la inversión extranjera directa se ha mantenido en niveles
elevados, se ha dado un fenómeno de desendeudamiento neto con el exterior.
Finalmente, el ahorro financiero y el crédito al sector privado han mostrado
una recuperación importante en los últimos años. Sin embargo, es necesario
sostener el dinamismo de la inversión para asegurar que en el futuro existan
los recursos suficientes y que todos los sectores de la población y de la
actividad productiva cuenten con un acceso adecuado a los servicios
financieros. Por lo anterior, es necesario continuar mejorando las condiciones
de acceso y oferta de servicios financieros para las pequeñas y medianas
empresas, las familias de menores recursos, el sector agropecuario, y los
proyectos de infraestructura.
Mediante la aprobación por el
Congreso de
Garantizar finanzas públicas sanas, ya que de no ser así se reducirían los recursos disponibles para la inversión de las empresas y el crédito a las familias, incluyendo el de vivienda.
Contar con un sistema financiero profundo y eficiente, que otorgue un retorno apropiado a los ahorradores, atienda a los sectores que no cuentan con un acceso adecuado, y desarrolle nuevos productos y servicios. Elementos claves de la estrategia son la mayor competencia de los servicios financieros y el fortalecimiento de la banca de desarrollo.
En conclusión, la estrategia de
reducir costos y riesgo, así como incrementar la disponibilidad de recursos, es
fundamental para aumentar la viabilidad de los proyectos de inversión y el
crecimiento económico. Los efectos sobre el bienestar son dobles: el mayor
crecimiento se traduce en más empleos y mejores salarios, mientras que los menores
costos y una mayor competencia hacen que se reduzcan los precios para los
consumidores y se mejore la distribución del ingreso.
Capacidades de las personas
La ampliación de las
capacidades de los individuos contribuye directamente al crecimiento, al bienestar
y al desarrollo social. A su vez, promover la igualdad de oportunidades es un
imperativo social. Sólo así será posible lograr que más mexicanos tengan una
vida digna y satisfactoria. Por ello, el apoyo del Estado se centrará en
combatir directamente la pobreza y en facilitar que los individuos desarrollen
sus capacidades para que mejoren sus condiciones de vida mediante un esfuerzo
compartido. Para participar plenamente en las actividades productivas los
ciudadanos deben contar con un nivel mínimo de bienestar. Una educación de
calidad y equitativa facilita a los individuos que su esfuerzo se traduzca en
mayores ingresos y les permite una mayor libertad de elección. Sin lugar a
dudas, la salud es también una condición necesaria para una vida satisfactoria,
personal y profesionalmente.
El diagnóstico sobre los problemas
y limitantes existentes en la ampliación de capacidades, así como las políticas
a seguir para promover la igualdad de oportunidades se describen en mayor
detalle en la siguiente sección del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo,
es relevante enfatizar que las acciones para mejorar las condiciones sociales
son parte de una estrategia integral que permitirá a la economía mexicana
incrementar su competitividad y con ello llevar a una mayor creación de empleos
y oportunidades.
Crecimiento elevado de la productividad
El nivel de adopción y
desarrollo de tecnología depende, entre otros factores, de la rentabilidad de
los proyectos de inversión y del nivel educativo de las personas. Sólo tiene
sentido adquirir la maquinaria y equipo más avanzados si puede recuperarse la
inversión y ésta puede ser utilizada por individuos suficientemente
capacitados y flexibles. Asimismo, para desarrollar nuevas tecnologías es
necesario contar con científicos e ingenieros capaces de descubrir lo nunca
antes imaginado. La adquisición y desarrollo de la tecnología de punta permite
a las empresas mantener su competitividad tanto a nivel nacional como
internacional.
Además de las acciones
necesarias para lograr una mayor rentabilidad de la inversión e incrementar el
nivel de educación, es necesario seguir estrategias y líneas de política
específicas para promover el avance tecnológico. Las estrategias orientadas a
alcanzar un mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico se instrumentarán
con base en los siguientes lineamientos:
Continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión extranjera directa. Aranceles más bajos permiten adquirir maquinaria y equipo avanzados a menores costos, mientras que la inversión extranjera directa transfiere al país aquellas tecnologías que no están a la venta. Dado que tomará tiempo alcanzar niveles de innovación propia comparables con los de los países más industrializados, la adopción de tecnologías avanzadas es un primer paso para cerrar esta brecha.
Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un entorno propicio.
Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial. Sólo así podrán plasmarse exitosamente los nuevos conocimientos en procesos productivos. Cabe notar que, en muchos países, el sector privado juega un papel tanto o más importante que el sector público en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas.
Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. Para ello no basta el financiamiento público. Un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.
Economía y finanzas públicas
2.1 Política hacendaria para la competitividad
La sección anterior describe
las prioridades para incrementar la competitividad de la economía nacional,
detonar el crecimiento sostenido y la creación de empleos. A continuación se
describen con mayor detalle los objetivos y las estrategias a seguir para
lograr el fin último de la política económica: la promoción de un desarrollo
humano integral y sustentable.
Una política fiscal responsable
y eficiente, y el manejo adecuado de la deuda son componentes medulares de la
estrategia de desarrollo. Sólo así puede mantenerse la estabilidad y asegurarse
que los recursos públicos se obtengan de la manera más justa y eficiente
posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto social.
Aun cuando las finanzas
públicas se han manejado de forma prudente durante los últimos años, éstas
continúan enfrentando retos importantes. Por décadas, México ha registrado una
baja recaudación fiscal como proporción del producto interno bruto en
comparación con países con un grado de desarrollo similar, a pesar de que en algunos
periodos se han observado elevadas tasas impositivas.
Asimismo, los ingresos
petroleros constituyen parte importante de los ingresos presupuestarios
totales, lo cual implica que los ingresos del sector público están sujetos a un
elevado grado de incertidumbre. El empleo de fondos de estabilización permite
suavizar el gasto frente a fluctuaciones en los precios internacionales de los
hidrocarburos, pero es necesario complementar los mismos mediante fuentes más
estables de ingresos. Asimismo, el proceso de declinación del campo de
Cantarell representa un reto importante para las finanzas públicas y el sector
energético. Aun cuando se espera que el agotamiento de este importante
yacimiento sea compensado con el desarrollo de nuevos campos, es previsible que
los costos de extracción se incrementen, llevando a menores márgenes de la
explotación del hidrocarburo.
Por el lado del gasto público,
los requerimientos en los próximos años son considerables. Es necesario
incrementar los recursos destinados a mejorar los servicios de educación y
salud asociados a la transición demográfica y a la cambiante estructura de los
asentamientos humanos, al gasto social para el abatimiento de la pobreza y el
desarrollo de capacidades a la inversión pública, especialmente en
infraestructura, a la seguridad, la mejoría de los servicios públicos, la
protección al medio ambiente y para el apoyo a los fondos de pensiones de los
trabajadores.
Se requiere de un cambio
hacendario en todos los órdenes para hacer frente a la volatilidad en los
ingresos públicos, la reducida recaudación, las necesidades de erogaciones y el
objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, la cual es condición
necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.
Un primer paso para reforzar
las finanzas públicas es la reforma del sistema de pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, la reforma asegura la solvencia
de las pensiones de los nuevos trabajadores, facilita el desarrollo de los
mercados financieros y la movilidad de los trabajadores entre el sector público
y privado. Sin embargo, los ahorros sustantivos derivados de esta primera
acción deben complementarse con una agenda integral de reforma de las finanzas
públicas.
OBJETIVO 1
Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que
promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
Para lograr una política fiscal
responsable y eficiente que promueva el desarrollo se implementarán cinco
estrategias:
ESTRATEGIA 1.1 Mejorar
la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago
de impuestos y reduciendo la evasión fiscal.
La recaudación tributaria se ve
dificultada por un padrón de contribuyentes aún incompleto e insuficientemente
actualizado. En el proceso se pueden destacar los siguientes factores:
elevados costos de cumplimiento para el contribuyente, tanto en tiempo como en
dinero; un marco legal complejo, que dificulta tanto el cumplimiento del
contribuyente como el control de la autoridad; información no integrada y
esquemas de fiscalización aún en desarrollo; y un comercio exterior muy dinámico
en que la globalización, la innovación tecnológica y la creciente diversidad de
productos representan mayor complejidad para el control aduanero.
Para facilitar el cumplimiento
voluntario, reducir la evasión a niveles similares a los de países
desarrollados, así como para limitar el contrabando y la informalidad, las
líneas de política serán las siguientes:
o Continuar con las mejoras en la operación tributaria en todos sus ámbitos, incluyendo en infraestructura, en procesos y en el personal.
o Impulsar modificaciones en el marco jurídico que faciliten el cumplimiento mediante reglas claras y permanentes y contribuyan al combate a la evasión, el contrabando y la informalidad eliminando canales de elusión y racionalizando los gastos fiscales.
o Estrechar los lazos de colaboración con los gobiernos locales, a fin de presentar un frente común a la informalidad, compartiendo información de registros y bases de datos, mejorando los esquemas de colaboración administrativa en todos los aspectos, y construyendo una cultura contributiva entre los ciudadanos que potencie el efecto de las diversas iniciativas de las autoridades fiscales.
ESTRATEGIA 1.2
Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la
competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos, así
como hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico
que tiene el país.
El sistema fiscal mexicano debe
cumplir con las siguientes características:
o La eficiencia económica, reduciendo en lo posible el costo que los impuestos tienen sobre el bienestar y las decisiones de las familias y la iniciativa privada.
o La simplificación de los impuestos, limitando los costos administrativos del sistema fiscal y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
o La flexibilidad del sistema, brindando la capacidad de ajustarse rápida y adecuadamente a cambios en las condiciones económicas.
o La transparencia, fomentando un diseño para la fácil y rápida identificación de las obligaciones fiscales, tanto para los contribuyentes como para las autoridades.
o La equidad, dando un mismo trato fiscal a personas físicas y morales que están en condiciones económicas semejantes.
Por ello, el objetivo de la
política tributaria del país será contar con los instrumentos más flexibles y
neutrales posibles, capaces de ajustarse a las necesidades de recursos con
efectividad y que respondan a condiciones de equidad y proporcionalidad.
En la actualidad, el sistema
tributario está lejos de contar con las características descritas
anteriormente. En varios impuestos existe un tratamiento especial a ciertos
sectores, y un gran número de exenciones. Asimismo, la complejidad en el pago
de los impuestos, derivada de las diferentes exenciones y tratamientos
especiales, dificulta a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones,
estimula la elusión y la evasión fiscal y eleva considerablemente los gastos de
la administración del sistema tributario.
Debido a lo anterior, es
necesario adoptar una política tributaria que facilite el cumplimiento,
promueva la equidad y la eficiencia, e incremente la competitividad del país.
Para ello, se seguirán estas líneas:
o Establecer tasas impositivas comparables a las que prevalecen en los países que compiten con México en los mercados internacionales, permitiendo una integración más exitosa de la economía mexicana a los mercados financieros y a los mercados de bienes y servicios globales.
o Simplificar el sistema tributario, facilitando el cumplimiento, reduciendo la capacidad de evasión y elusión fiscal, y llevando a mayor equidad.
o Desarrollar instrumentos tributarios para promover una mayor inversión productiva, sin distorsionar el costo del capital en el presente contexto de competitividad global.
o Privilegiar al gasto público, antes que al sistema tributario, como el instrumento para otorgar apoyo a diferentes grupos de la población y sectores económicos.
o Orientar el apoyo mediante instrumentos focalizados que permitan incidir directamente sobre el bienestar de la población con mayores necesidades a través de la dotación de educación, salud y atención a grupos vulnerables, así como enfocar las actividades de fomento en aquellos sectores altamente creadores de empleo.
ESTRATEGIA 1.3
Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público
para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para
destinar más recursos al desarrollo social y económico.
El Gobierno Federal buscará que
el uso eficiente de los recursos públicos incentive el desarrollo económico,
contribuya a mejorar la distribución del ingreso y genere mayores beneficios a
la sociedad. Por ello, la política de gasto público para el periodo 2007-2012
garantizará que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se
realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Ello permitirá destinar mayores
recursos al desarrollo social, inversión en infraestructura y seguridad
pública.
Para estar en posibilidad de
responder satisfactoriamente a esos retos, se adoptarán las siguientes líneas:
o Mejorar la calidad del
gasto público mediante un Presupuesto Basado en Resultados y un permanente
Sistema de Evaluación del Desempeño en toda
o Incrementar el gasto social y en infraestructura. El Sistema de Evaluación del Desempeño permitirá canalizar más recursos a los programas que brinden mayor bienestar social, contribuyan a la creación de empleos y al combate a la pobreza. Adicionalmente, se destinarán recursos para impulsar mayor inversión en infraestructura carretera, hidráulica, energética, turística, de educación y salud.
o Fortalecer la planeación, coordinación y asignación de recursos en proyectos de inversión de alta rentabilidad social y económica. Se establecerán mejores mecanismos para seleccionar y determinar prioridades en los proyectos de inversión en infraestructura, sectores económicos y regiones del país, impulsando criterios estrictos de rentabilidad socio-económica y maximizando el impacto de los proyectos en el desarrollo nacional.
o Reforzar la rendición de cuentas y la transparencia promoviendo que la cuenta pública y la correspondiente fiscalización se realice de forma más oportuna y con mayor eficiencia y eficacia. Asimismo, se adoptarán políticas de rendición de cuentas con un enfoque por resultados que contribuyan a transparentar la mejora en la provisión de bienes y servicios para la sociedad.
ESTRATEGIA 1.4 Restablecer
sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las
entidades federativas.
La naturaleza y conformación
del pacto fiscal en un sistema federalista es de fundamental importancia para
la estabilidad macroeconómica y para sentar las bases de un crecimiento equilibrado
que se traduzca en metas de desarrollo social para alcanzar una mejor calidad
de vida y combatir la pobreza y la marginación. Adicionalmente, en el pacto
fiscal entre órdenes de gobierno, se reflejan los valores y ejes rectores del
federalismo. Su adecuación debe surgir siempre, por su naturaleza, del consenso
y diálogo entre sus integrantes, reflejando las preferencias de los ciudadanos
y ajustándose a las realidades políticas, económicas y sociales del país,
tanto a nivel federal, estatal y municipal.
México debe entrar a una nueva
etapa de federalismo fiscal basada en una mayor corresponsabilidad entre los
tres órdenes de gobierno para la consecución de una política fiscal moderna,
responsable, de innovación en la provisión de servicios y de una mayor
rendición de cuentas. El objetivo es que el país cuente con unas nuevas bases
federalistas sólidas, que se fundamenten en la realidad nacional actual y
fortalezcan, así, el pacto federal.
Para que México cuente con un
federalismo fiscal asentado sobre bases más firmes se seguirán los siguientes
lineamientos:
o Redefinir el pacto fiscal en una labor conjunta con los estados y municipios, las instituciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y la sociedad en su conjunto. Un nuevo pacto fiscal debe ser responsable, preservando el equilibrio de las finanzas públicas federales y debe ser redistributivo, reconociendo que el desarrollo nacional será mayor conforme se reduzcan las grandes desigualdades regionales, locales e individuales.
o En cuanto a las transferencias federales, se propondrá que las participaciones federales se encuentren más asociadas a los incrementos recaudatorios de las entidades. Por el lado de las aportaciones federales, se sugerirá su relación con indicadores de necesidad en los sectores específicos de cada fondo de aportaciones, y con mejores resultados en los sectores apoyados.
o Se buscará transparentar la ejecución del gasto en los tres órdenes de gobierno, así como avanzar en la armonización de la contabilidad gubernamental de las haciendas públicas.
o Se planteará dotar de nuevas potestades tributarias a los gobiernos locales mediante un nuevo pacto fiscal federalista que reconozca su madurez institucional. Los estados y municipios deben contar con instrumentos fiscales flexibles para poder lograr incrementar sus ingresos propios, permitiéndoles ajustar sus ingresos a sus necesidades de gasto, decididas a su vez por las preferencias y demandas de sus ciudadanos y sus circunstancias locales.
ESTRATEGIA 1.5
Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la
estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo
de los mercados financieros.
La disciplina fiscal y una
administración responsable y cautelosa de la deuda pública han permitido la
mejora significativa en la situación financiera del sector público durante los
últimos años. Se han disminuido los pasivos del sector público como proporción
del PIB, mejorando la composición de la deuda a favor de fuentes internas de
financiamiento y desarrollando un mercado de deuda local de largo plazo. Esto
se ha traducido en una mayor estabilidad macroeconómica y financiera.
Sin embargo, se debe continuar
fortaleciendo la situación financiera del sector público, mejorando las
condiciones de financiamiento que éste enfrenta. Para desarrollar esta
estrategia, se adoptarán los siguientes lineamientos:
o Satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, al mismo tiempo que se asegura la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros nacionales.
o Administrar de forma eficiente y cuidadosa los pasivos públicos para asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera.
o En el ámbito interno, promover la liquidez y eficiencia de los mercados de deuda en pesos, limitando los riesgos de las finanzas públicas ante perturbaciones en los mercados nacionales e internacionales.
o Fomentar el desarrollo de nuevos productos que aumenten las posibilidades de acceso de la población al sistema financiero y con ello mejoren su bienestar.
o En lo que se refiere a la política de deuda externa, se promoverá una presencia regular en los mercados financieros internacionales que mantenga el acceso a los mismos y que garantice una diversificación adecuada de los pasivos públicos y mantenga el acceso a los mercados financieros internacionales. Esto permitirá contar con un vehículo eficiente para acceder al ahorro extranjero en condiciones competitivas y, a la vez, que la presencia del sector público en los mercados financieros globales pueda ser utilizada como referencia para las transacciones por parte del sector privado. La intención es que la deuda externa se mantenga como una valiosa fuente alterna de financiamiento y que México aproveche su buena reputación en los mercados internacionales de capital.
2.2 Sistema financiero eficiente
Una economía con un sistema
financiero eficiente cuenta con una mayor capacidad de crecimiento,1
ya que, entre otras cosas, facilita la canalización de recursos hacia proyectos
productivos. Más importante aun es el impacto que puede tener la inclusión de
todos los estratos de la población en el proceso de desarrollo económico,
permitiendo un ahorro bien remunerado, el acceso al crédito y la posibilidad de
enfrentar con éxito los diferentes riesgos.
En un sistema financiero
eficiente, el financiamiento se asigna a los mejores proyectos, sin importar
su tamaño. También abre la posibilidad de acceder a créditos para la educación,
lo que mejorará las capacidades e igualará las oportunidades de aquellos
individuos que se encuentran en condiciones económicas desfavorables. Un ejemplo
claro del impacto positivo que tiene el financiamiento sobre las condiciones de
vida de las familias es la mejora en el equipamiento de los hogares asociado
con la reciente recuperación del crédito en México.
Como resultado de la crisis
económica y financiera de finales de 1994, el Gobierno Federal se enfocó
principalmente a construir un marco de regulación prudencial que reestableciera
la operación y garantizara la solidez y solvencia del sistema financiero. Esta
visión, junto con el ambiente de estabilidad macroeconómica de los últimos
años, ha hecho posible que al día de hoy el sistema financiero mexicano se
ubique como una industria más sólida y solvente que opera bajo prácticas sanas.
Una vez alcanzada la solvencia
del sistema, en los últimos años el sistema financiero mexicano ha logrado
altas tasas de crecimiento. Por ejemplo, el crédito total al sector privado se
incrementó en 258,608 millones de pesos en los últimos doce meses.
Pese a lo anterior, el nivel de
intermediación financiera en México es bajo al compararlo con los niveles
alcanzados en otros países con un grado de desarrollo similar. Por ello, es
imprescindible continuar el proceso de modernización del sistema para alcanzar
niveles de intermediación adecuados. Esto es evidente en los segmentos de
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y a infraestructura,
los cuales se han mantenido relativamente estables en los últimos años.
La carencia de recursos en
estos sectores deteriora significativamente el desarrollo regional, ya que las
empresas pequeñas son la fuente primordial de empleo en las zonas más pobres y
la falta de infraestructura inhibe la inversión en zonas apartadas limitando su
crecimiento económico.
La falta de penetración del
sistema financiero también es patente por el gran número de familias que no
tienen acceso a este tipo de instrumentos, ya sea para depositar sus ahorros o
bien para obtener créditos o seguros. Hay que recordar que las familias de
menores ingresos son también las más vulnerables, debido a la fragilidad de
sus ingresos y a que éstos y su patrimonio suelen afectarse más por eventos
climáticos extremos. Contar con instrumentos financieros diseñados para las
necesidades de estos segmentos desatendidos de la población conlleva a mejoras
en el bienestar, la equidad e incluso el crecimiento económico.
OBJETIVO 2
Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.
Para lograr este objetivo se
desarrollarán cuatro estrategias generales:
ESTRATEGIA 2.1
Fortalecer la protección de los derechos de propiedad, el gobierno corporativo
y reducir los costos de transacción que encarecen e inhiben el desarrollo de
los mercados financieros.
Esta estrategia contribuirá a
proteger los ahorros de los mexicanos y a que un mayor número de personas y
empresas sean sujetos de crédito. La falta de certidumbre jurídica en la
recuperación de los financiamientos, ya sea por medio de créditos directos o
instrumentos financieros, genera resultados como una menor oferta de recursos
crediticios, mayores tasas de interés y racionamiento. Debe recordarse que la
mayor parte, cerca del 90 %, de los recursos con que se financian los préstamos
otorgados por las instituciones financieras son propiedad de los ahorradores
que les confiaron su administración y custodia. Asimismo, deben fortalecerse
los registros públicos de la propiedad con objeto de contar con un sistema de
garantías que funcione con certidumbre y eficiencia.
ESTRATEGIA 2.2 Promover
la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos
participantes, la promoción de una mayor diversidad de productos, vehículos y
servicios financieros, enfatizando la información y la transparencia como
medios para que los usuarios de la banca puedan tomar decisiones con toda la
información necesaria, así como la promoción de la educación financiera de los
segmentos de la población que han accedido más recientemente a los servicios
bancarios.
Los beneficios que se derivan
de un mercado competitivo son diversos: menores costos, mejores servicios y
mayor cobertura. Por ello, es necesario facilitar la entrada de nuevos
participantes, así como ampliar las operaciones de los existentes. Al contar
con mayor número y diversidad de instituciones se logrará facilitar a la
población el acceso a nuevos servicios y atender las necesidades de un mayor
universo de la población.
Asimismo, se requiere la
generación de nuevos instrumentos que contribuyan a canalizar los recursos
financieros a proyectos productivos a través del mercado de valores. Esto
permitirá democratizar el acceso a recursos financieros, incrementar la
rentabilidad de los portafolios y reducir el riesgo para todos los
inversionistas.
La educación financiera y la
transparencia en la información son componentes clave para promover la
competencia. Así, las personas pueden comparar diferentes productos y precios,
escogiendo aquellos que mejor reflejen sus necesidades bajo las mejores
condiciones. Lo anterior inducirá a los intermediarios financieros a ajustar
las condiciones de sus productos para competir por una base más exigente de
usuarios.
La competencia llevará a que
los intermediarios financieros busquen nuevas oportunidades de negocios, lo
cual se traducirá en una mayor atención a aquellas familias, regiones y
sectores de actividad que hoy en día cuentan con acceso limitado a los recursos
financieros.
Una mayor competencia también
permitirá que el costo de envío de remesas continúe reduciéndose y favorecerá
la introducción de instrumentos que faciliten su empleo para el financiamiento
del desarrollo de las regiones receptoras a través de inversión productiva.
ESTRATEGIA 2.3 Promover
una regulación que mantenga la solidez del sistema y evite nuevas crisis
financieras.
Al incrementarse el número de
participantes en el sector, resulta más importante contar con una regulación
que evite las crisis financieras y provea incentivos para la disciplina. Como
parte de esta estrategia se promoverá e impulsará el sano desarrollo del sector
financiero popular a través del fortalecimiento del marco regulatorio y
prudencial que lo rige, con objeto de que un sector cada vez más grande de la
población cuente con acceso a los servicios financieros.
ESTRATEGIA 2.4 Enfocar
las acciones de
Entre 2000 y 2006 se concluyó
el saneamiento financiero de los bancos de desarrollo, con un esfuerzo
encaminado a preservar el capital de las instituciones, a modernizar la
operación del Sistema Público de Fomento y a generar productos que cubrieran
las necesidades identificadas en ese momento. Asimismo, se crearon
instituciones nuevas que se han enfocado claramente en su población objetivo
como
Asimismo, se potenciarán los
flujos de crédito mediante la liberación de los recursos que hoy se canalizan
a población con acceso al mercado financiero. Esto se hará a través de esquemas
tales como la bursatilización y el financiamiento, mismo que impulsa la banca
de desarrollo a través de esquemas de seguros de crédito y garantías
financieras que operan con intermediarios financieros privados.
2.3 Sistema nacional de pensiones
En materia de pensiones y
seguridad social es necesario incrementar la cobertura y crear un sistema más
equitativo. Existen cerca de 3 millones de trabajadores afiliados a sistemas de
pensiones públicos de reparto --es decir, sistemas en los que los trabajadores
en activo financian con sus ingresos las pensiones de los trabajadores
retirados-- que no cuentan con portabilidad entre ellos ni con los sistemas de
pensiones basados en cuentas individuales. Como consecuencia, aquellos
trabajadores que cambian de empleador antes de cumplir con un cierto número de
años laborados pierden por completo sus beneficios pensionarios y de atención
médica. Un sistema de este tipo genera grandes inequidades, ya que trabajadores
con carreras laborales largas, pero en diferentes sistemas pensionarios, no son
sujetos de los beneficios y quedan completamente desprotegidos.
Para enfrentar estas carencias
se buscará consolidar un sistema nacional de pensiones. Este sistema se irá
construyendo mediante la incorporación de trabajadores independientes y la
transformación de los sistemas de reparto públicos en sistemas de cuentas
individuales con portabilidad entre los sistemas ya reformados. La reciente
reforma a
Junto con la reforma a
OBJETIVO 3
Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor
cobertura.
Para lograr este objetivo,
además de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE concluida en los
primeros meses de la presente Administración, la agenda se enfocará en dos
estrategias generales:
ESTRATEGIA 3.1
Reforzar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Un sistema de pensiones basado
en cuentas individuales da certidumbre y propiedad al trabajador respecto de
sus beneficios pensionarios. Al ligar la pensión a los recursos mantenidos en
la cuenta individual es fundamental que la inversión de éstos siempre esté orientada
hacia la obtención de mayor rendimiento, a la vez que se garantice su
seguridad. Para lograr esto, se continuará monitoreando al sistema para
garantizar que la reciente reforma cumpla con el cometido planteado de mejorar
la pensión que recibirán los trabajadores a su retiro. Al avanzar en esta
dirección resultará más atractivo para los trabajadores pertenecientes a otros
sistemas la transformación a un régimen de cuentas individuales que les dé el
derecho de mantener sus recursos ahorrados si deciden cambiar de trabajo. Lo
mismo aplicaría al incentivar la inscripción de trabajadores independientes al
sistema.
ESTRATEGIA 3.2 Contribuir
a la transformación de los sistemas pensionarios de reparto que existen en la
actualidad.
Los primeros pasos para la
construcción de un sistema nacional de pensiones consisten en hacer
compatibles los diversos sistemas públicos que coexisten actualmente y que no
reconocen la antigüedad de los trabajadores en sistemas diferentes al propio.
Esta estructura no sólo resulta injusta e inequitativa, sino que genera
fricciones muy importantes en el mercado laboral. Al ir transformando los
distintos planes de pensiones, incorporándolos al sistema hoy formado por el
ISSSTE y el IMSS, se dará una mayor movilidad laboral.
Al considerar el incremento que
se dará en el ahorro financiero por esta vía y la demanda por instrumentos
financieros que esto implica, resulta crucial el desarrollo de proyectos productivos
y de instrumentos financieros para lograr que estos recursos sean canalizados a
financiar proyectos prioritarios, tales como de infraestructura, de vivienda y
de PyMEs. De esta forma, las acciones mencionadas anteriormente en materia del
mercado de valores complementarán a las estrategias en materia de seguridad
social y sistemas de pensiones.
2.4 Promoción del empleo y la paz laboral
En un mundo globalizado, el
Estado debe promover las condiciones necesarias para la inclusión de un México
competitivo en el nuevo orden económico mundial. Por lo anterior, se debe generar
una economía cada vez más competitiva para atraer las inversiones que, en
consecuencia, se traducirán en empleos formales, dignos y con la previsión y
seguridad social requeridas.
En 2006, 19.2 millones de
personas laboraban en condiciones de informalidad. Durante este sexenio se
buscará promover condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo
de llegar en
Es preciso fomentar esquemas de
productividad y competitividad, así como modernizar las relaciones laborales
para hacer de éstas un vehículo eficaz y no un obstáculo para la instalación y
permanencia de nuevas industrias y negocios. De igual forma, se deben generar
las condiciones que faciliten el acceso de la población activa a los mercados
laborales.
Asimismo, es necesario
procurar, conjuntamente con el sector empresarial, la inclusión en el mercado
laboral de los grupos sociales vulnerables y mejorar sus condiciones de
trabajo.
Todo lo anterior sólo será
posible al preservar la paz laboral a partir de un adecuado equilibrio entre
los factores de la producción que, al tiempo de fomentar la transparencia y la
libertad sindical, asegure el pleno respeto de los derechos individuales y
colectivos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123 de
Es por ello que la política
laboral de esta Administración sustentará su actuación en la promoción, la
conciliación y la legalidad, como ejes rectores.
OBJETIVO 4
Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector
formal.
Para lograr este objetivo es
necesario implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 4.1
Promover las políticas de Estado que fomenten la productividad en las
relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de
atraer inversiones y generar empleos formales y de calidad.
La estrategia anterior se
encontrará sustentada en las siguientes líneas de política:
o A nivel nacional, se coordinarán todos los programas de apoyo al empleo y capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo y se facilitará la posibilidad de colocación en el mercado laboral de los participantes.
o Implementar programas que faciliten el ingreso de los trabajadores y sus familias a la sociedad de la información y del conocimiento, mediante esquemas de crédito y capacitación para el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.
o Crear un portal del empleo en el que, a través de internet, se reúna toda la información en el tema laboral para el uso de buscadores de empleo, empresas, gobiernos e investigadores. Será éste un instrumento permanente, único y virtual que facilitará el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel nacional para los sectores público y privado.
o Para la creación de empleos será esencial promover el diálogo entre los sectores laboral y empresarial, a fin de definir estrategias y líneas de acción que impulsen la generación de empleos y la productividad.
o Propiciar la transparencia en la información a fin de facilitar la libertad sindical a través de la publicación y actualización de los documentos de carácter público que obren en poder de las autoridades federales del trabajo.
ESTRATEGIA 4.2
Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a
través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado,
con capacitación, seguridad y salud.
La anterior estrategia se
sustentará en desarrollar políticas y adecuar la normatividad para la no
discriminación e igualdad de oportunidades de las personas, así como los
criterios, políticas y normas que sigue
Asimismo, se otorgará atención
prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas
focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de
grupos migratorios.
Finalmente, se establecerá como
una de las principales prioridades de la política laboral la prevención de
riesgos de trabajo, mediante la elaboración e instrumentación de una política
pública de seguridad y salud en el trabajo.
ESTRATEGIA 4.3
Incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal.
Esta estrategia se apoyará en
programas y acciones que incentiven a los empleadores a crear nuevos puestos de
trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral formal. El Programa
de Primer Empleo, que se puso en marcha al inicio de
ESTRATEGIA 4.4
Conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y
empresarial a través de la legalidad, la conciliación y el diálogo en las
revisiones contractuales, salariales y conflictos laborales.
Esto requiere fortalecer la
conciliación entre los sectores laboral y empresarial y procurar la tramitación
de las demandas laborales, con procedimientos más ágiles, transparentes y
expeditos.
ESTRATEGIA 4.5
Modernizar el marco normativo laboral para promover la productividad y
competitividad laboral, garantizando los derechos de los trabajadores.
Promover y vigilar el estricto
cumplimiento de la normatividad laboral e impulsar su actualización a fin de
promover la productividad en las relaciones laborales, la competitividad de la
economía en su conjunto, la oferta de empleo formal y con dignidad, y la
salvaguarda de los derechos fundamentales de los trabajadores, señaladamente
el de la contratación colectiva del trabajo, la autonomía y libertad sindical y
el derecho de huelga.
Productividad y competitividad
2.5 Promoción de la productividad y la competitividad
Una economía competitiva se
caracteriza por altas tasas de crecimiento económico y de creación de empleos
bien remunerados. Para que en los próximos años se incremente la competitividad
del país, es necesario generar condiciones que aseguren un clima de negocios
favorable y que permitan a los consumidores acceder a bienes y servicios bajo
condiciones de mayor equidad. Entre los principales factores que determinan la
competitividad se encuentran la productividad de la mano de obra, que depende
en buena medida de la tecnología empleada, la eficiencia de los mercados, del
marco regulatorio, así como de la disponibilidad de una infraestructura
moderna.
Como punto de partida, debe
señalarse que actualmente los costos para la operación de un negocio en el país
son muy elevados. Por ejemplo, el estudio El Costo de Hacer Negocios en México
2007, elaborado por el Banco Mundial, señala que se requiere en promedio 36
días y nueve trámites para abrir una empresa en el país, principalmente
notariales, de registro público y para la obtención de los permisos de los
gobiernos municipales. En promedio, los costos de apertura representan cerca de
20% del PIB per cápita, lo cual contrasta, por ejemplo, con niveles de entre el
10 y el 13% en Brasil. A esto se le deben sumar los costos derivados de las
deficiencias en la infraestructura logística y los costos elevados de diversos
insumos.
Elevados costos para realizar
transacciones, incertidumbres en los contratos y en los derechos de propiedad
física e intelectual, problemas de seguridad pública, e infraestructura insuficiente
son algunos de los elementos que perjudican a la competitividad en cualquier
contexto, pero que se vuelven aún más restrictivos en un entorno global en el
que otros países persiguen agendas activas de políticas públicas destinadas a
aliviar todas estas trabas para la actividad productiva. Por tanto, es
necesario adoptar acciones enérgicas en la materia para asegurar que se
aproveche el potencial del país en todos los ámbitos de la actividad económica.
OBJETIVO 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
La mejora regulatoria, el
combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia son
estrategias que contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye
a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos. Por ello, para
aumentar la productividad y competitividad de la economía, se implementarán
cinco estrategias:
ESTRATEGIA 5.1
Integrar una agenda nacional para la competitividad que involucre a los tres
Poderes de
ESTRATEGIA 5.2 Diseñar
agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor
agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la
reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor
remunerados.
Es importante que se establezca
una diferenciación de los programas del Gobierno Federal por regiones, además
de establecer clusters regionales (grupos de empresas agrupadas geográficamente
para alcanzar ventajas competitivas) y promover la integración de cadenas
productivas locales y regionales sin perder de vista a las cadenas de
consumidores.
Se deberá promover el
escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado como
son: automotriz, electrónica, autopartes, entre otras, y la reconversión de
industria básica como son: textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre
otros, además de diseñar agendas de trabajo para la competitividad sectorial.
ESTRATEGIA 5.3 Disminuir
los costos para la apertura y operación de los negocios a través de la mejora
regulatoria.
Mejorar la regulación y hacerla
más expedita mediante la ampliación de los Sistemas de Apertura Rápida de
Empresas (SARES) en los municipios del país, reduciendo trámites y agilizando
los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
ESTRATEGIA 5.4
Fomentar condiciones de competencia económica y libre concurrencia, así como
combatir a los monopolios.
A fin de generar las
condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y que los consumidores
tengan la facilidad de acceder a los bienes y servicios bajo condiciones de
equidad, es necesario llevar a cabo acciones encaminadas a eliminar
distorsiones en materia de competencia que permitan erradicar las prácticas
desleales, fomenten la normalización de productos y servicios y que generen una
cultura de consumo inteligente en donde los consumidores resulten los
principales beneficiados.
Asimismo, se debe contar con
una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de
los sectores, provocando un impacto positivo sobre el crecimiento económico y
el bienestar social, para lo cual es necesario impulsar una reforma regulatoria
en sus vertientes administrativa y legislativa.
ESTRATEGIA 5.5
Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e
innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía
nacional.
El desarrollo científico, la
adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas
motrices del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades
modernas. Las empresas innovan para mantener su posición competitiva y para
evitar perder participación en el mercado a manos de otros competidores. En México,
el sector ciencia y tecnología está integrado por las instituciones del sector
público, las instituciones de educación superior que forman posgraduados y
realizan investigación, y las empresas que invierten en desarrollo tecnológico
e innovación.
Un indicador de referencia
internacional que mide el esfuerzo de un país en este sector es la inversión en
Investigación y Desarrollo Experimental (IDE)2 respecto al
PIB. En México, este indicador pasó de 0.37% en
Es importante tener presente
que continúa ampliándose la brecha de la inversión entre los países
desarrollados y los emergentes. El conjunto de países de
Para instrumentar esta
estrategia mediante el programa correspondiente es necesario adoptar las
siguientes líneas de política:
o Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo
que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada,
tecnología e innovación buscando generar condiciones para un desarrollo constante
y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente
esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de
investigación y el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor
impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también
contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de
investigación.
o Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y
aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es fundamental identificar
mecanismos de financiamiento adicionales, que además sean independientes de la
asignación directa de recursos fiscales que año con año hace el Ejecutivo
Federal y el Congreso de
o Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se
invertirán en la formación de recursos humanos de alta calidad (científicos y
tecnólogos), y en las tareas de investigación científica, innovación y
desarrollo tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas prioritarias
para el país con el objetivo de que tengan el mayor impacto social y económico
posible.
o Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas
y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio
de las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas
para potenciar la producción en las diferentes regiones del país.
o Mayor inversión en infraestructura científica, tecnológica y
de innovación. Para ello es necesario desarrollar las fuentes de financiamiento
mencionadas, así como desarrollar la agenda activa de mayor inversión en infraestructura
que se detalla más adelante.
De esta manera se dará impulso
al desarrollo tecnológico que México requiere para ser, en 2012, el líder de
América Latina en este rubro según el Foro Económico Mundial, por encima de
Chile, Costa Rica y Jamaica, que actualmente nos superan.
ESTRATEGIA 5.6
Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de la
economía mexicana.
Para elevar el potencial de
crecimiento de la economía mexicana y su productividad, es esencial continuar
con el proceso de apertura, como ha sido demostrado por las ventajas que han
derivado otros países de su inserción ordenada en la globalización. El comercio
internacional permite un mayor acceso para los productos mexicanos en otros
mercados, y favorece la entrada de bienes de capital e insumos en términos más
económicos. La inversión extranjera directa lleva a la generación de empleos y
permite una transferencia de tecnología de punta.
En materia de comercio
internacional, aún existen barreras que limitan el intercambio internacional
de bienes y servicios. Además, las disparidades en las disposiciones de los
distintos acuerdos comerciales del país y los trámites excesivos incrementan
los costos de transacción en las operaciones de comercio exterior y dificultan
la operación aduanera.
Por su parte, las
inconsistencias arancelarias limitan la inversión en diversos sectores al
propiciar, entre otros problemas, que los insumos para producir ciertas
mercancías se importen con un arancel más alto que el que se aplica al producto
final.
Con base en lo anterior, la
estrategia se implementará con base en los siguientes lineamientos:
o Fortalecer el proceso de integración de México en la economía
mundial mediante, entre otras medidas, el impulso al desarrollo de un sistema
de comercio multilateral más sólido que favorezca el mayor intercambio de bienes
y servicios a través de una participación más activa en el proceso de
negociación de
o Emprender un esfuerzo integral de mejora en los trámites y
procedimientos en materia de comercio exterior y reducir los costos de la
operación aduanera, así como corregir las incongruencias arancelarias.
o Mejorar el aprovechamiento de los tratados de libre comercio
que México ha suscrito mediante una mayor difusión de las oportunidades de
comercio e inversión. También se administrará y vigilará el cumplimiento de los
tratados y acuerdos comerciales en vigor, actualizándolos y profundizándolos
para mejorar su aprovechamiento.
o Promover la convergencia de los tratados de libre comercio,
así como de las agendas de competitividad y cooperación.
o Llevar las negociaciones de los Acuerdos de Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones para dar seguridad jurídica a las
inversiones de los países signatarios y así lograr una mayor captación de flujos
de inversión.
o Instrumentar políticas para promover la facilitación
comercial, el desarrollo de manufacturas y servicios de alto valor agregado.
o Promover reformas que detonen la atracción de inversiones,
mediante instrumentos modernos de promoción y regulación de la actividad
económica.
o Concentrar todos los esfuerzos del Gobierno Federal en materia
de promoción de exportaciones así como de atracción de inversión extranjera
directa con la finalidad de hacer más eficientes las operaciones en la materia.
2.6 Pequeñas y medianas empresas
A pesar de que se han
conseguido avances importantes es necesario continuar con una política
integral de apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMEs); con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer
las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.
Con base en información del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se estima
que las MIPyMEs constituyen el 99% del total de unidades económicas del país,
representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen a generar más del 70% de
los empleos en México. Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a las
MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad
del país y generar empleos.
Cabe notar que, si bien los
diferentes costos de hacer negocios afectan a todas las empresas, son
particularmente onerosos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras
que el mismo costo administrativo puede ser una proporción muy reducida de los
ingresos de una empresa de gran envergadura, puede implicar que una cantidad
elevada de las ventas de una pequeña empresa tenga que destinarse a cubrir
costos de transacción.
La dimensión misma de las
MIPyMEs lleva a que se presente una problemática similar con respecto a otros
de los aspectos productivos mencionados en este documento. Al contar con una
menor cantidad de colateral y tener un historial crediticio más limitado, es
más difícil el acceso a financiamiento para las empresas de menor tamaño.
Problemas en infraestructura pueden ser resueltos directa o indirectamente por
las empresas grandes mediante la reubicación territorial o la auto-provisión
de algunos bienes y servicios, lo cual es permitido por su escala. Las MIPyMEs
carecen de semejantes opciones. Asimismo, están sujetas a mayor riesgo, ya que
su ámbito de acción predominantemente local implica que tienen una mayor
sensibilidad a las condiciones en la región específica donde estén ubicadas.
Por tanto, si bien las
diferentes estrategias que se describen en este documento tienen como objeto
promover el crecimiento en todos los sectores y para todos los grupos
productivos, su impacto será mayor sobre las empresas de menor tamaño. Sin
embargo, dada la problemática particular del sector y su importancia en la
actividad económica agregada y en la generación de empleos es necesario adoptar
una agenda de política orientada especialmente al mismo.
OBJETIVO 6
Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPyMEs).
Las estrategias generales para
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, serán:
ESTRATEGIA 6.1
Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMEs e incrementar el desarrollo
de productos acorde con sus necesidades.
La atención de las MIPyMEs debe
centrar su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial
basada en cinco segmentos: El primero incluye a emprendedores, mujeres y
hombres que se encuentran en proceso de creación y desarrollo de una empresa;
el segundo está compuesto por las microempresas tradicionales; el tercer
segmento contempla a las pequeñas y medianas empresas; el cuarto incluye al
grupo de MIPyMEs que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la
generación de empleos respecto del promedio; y el quinto está conformado por
aquellas empresas establecidas en el país que, por su posición en el mercado,
vertebran las cadenas productivas. Estos segmentos recibirán atención del
Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento,
comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo
tecnológico.
Adicionalmente, se apoyará el
desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales, que generen empleos y
que permitan a los mexicanos tener un ingreso digno y mejores niveles de vida.
El incremento gradual en la
escala de operación es parte del proceso que le permitirá a las MIPyMEs
asegurar su rentabilidad y ser exitosas en su proceso de desarrollo. En muchas
ocasiones ello implicará incursionar en nuevos mercados, lo cual requiere de
una información suficiente sobre las condiciones y los precios en los mismos.
ESTRATEGIA 6.2 Consolidar
los esquemas de apoyo a las MIPyMEs en una sola instancia.
El apoyo a las MIPyMEs se ha
llevado a cabo con una gran diversidad de programas que ha derivado en una
dispersión de esfuerzos y recursos, así como en una multiplicidad de
estrategias diversas, no necesariamente compatibles entre sí. Esto hace
necesario revisar la oferta institucional y reestructurar los esquemas de
apoyos, estableciendo mecanismos de coordinación que permitan generar
sinergias y conduzcan a un mayor impacto de la política con menores costos de
operación. Para ello, el esquema de apoyo a las MIPyMEs se consolidará en una
sola instancia que coordine los programas de apoyo integral a estas empresas,
de acuerdo con su tamaño y potencial, que sea referente a nivel internacional
y que permita impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con
proyectos viables que favorezcan la generación de empleos. En este sentido, se
agilizará la entrega de los recursos para apoyar a las MIPyMEs.
ESTRATEGIA 6.3 Impulsar
el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los
insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando
cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la
producción de bienes que se comercian internacionalmente.
Con ello se busca seguir una
política integral de desarrollo de sectores que resultan estratégicos por su
contribución a la generación de valor agregado y el nivel de empleo formal
bien remunerado y, la promoción del desarrollo regional equilibrado.
ESTRATEGIA 6.4 Revisar
y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un
escalamiento de la producción hacia manufacturas y servicios de alto valor
agregado.
Para ello es clave complementar el apoyo directo con recursos financieros mediante un servicio conducente a mayor capacitación y habilidad administrativa, y programas de asesoría y consultoría que faciliten la expansión de las empresas, la adopción de nuevas prácticas de producción y de las tecnologías más avanzadas.
2.7 Sector Rural
El Sector Agropecuario y
Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque,
además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer
materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha
convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo
exportador. En éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los
avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes
en este sector, persiste aún esta condición en un segmento relevante de la
población rural.
El PIB agroalimentario aumentó
durante el periodo 2000-
En 2006, el comercio
agroalimentario y pesquero de México con el mundo alcanzó 29 mil millones de
dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 1994. Con ello, el
déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera pasó de 60.9% en
Aun así, el sector agropecuario
y pesquero, en lo general, continúa siendo el de menor productividad, ya que
éste representa sólo una cuarta parte de la del sector industrial y menos de
una quinta parte de la del sector servicios.
La pobreza rural, así como la
cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hace que
sea necesario continuar con apoyos al sector para que mejore su productividad
y promueva su sustentabilidad. Adicionalmente se presentan otros problemas como
la migración, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la
falta de incentivos económicos, para permanecer en sus comunidades de origen
provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social
en el campo.
El deterioro de suelos y aguas
que son utilizados en las actividades agropecuarias y pesqueras continúa. Cada
año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, las principales
cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica afecta
con los suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004, con respecto a
1990-1994, el total de tierras con potencial productivo registró una caída de
1.9 millones de hectáreas. El 67.7% de la superficie con potencial productivo
presenta algún grado de degradación (química, eólica, hídrica o física),
mientras que los mantos acuíferos muestran sobre-explotación o intrusión salina
(sobre todo noroeste, norte y centro) y la mayor parte de cuerpos de agua
superficiales reciben descargas residuales.
La compleja problemática descrita
implica que resolver la situación en la producción primaria requiere de medidas
estructurales importantes y de procesos que permitan focalizar los recursos que
llegan al campo.
Por otra parte, el potencial
pesquero de México no ha sido explotado de manera integral con responsabilidad
y visión. Además de contar con más de tres millones de km2
de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el
noveno lugar a nivel mundial. Esto le permite al país contar con un
significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los
volúmenes de pesca presentes en sus zonas marítimas.
Esta riqueza biológica de los
mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y generadora de empleos,
siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo los principios de
sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Además de la pesca, la acuacultura
y la maricultura son actividades que también demandan de un impulso ante su
desarrollo aún incipiente.
OBJETIVO 7
Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que
viven en las zonas rurales y costeras.
ESTRATEGIA 7.1 Converger
y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades de
acceso a servicios en medio rural y reduzcan la pobreza (Programa Especial
Concurrente).
Los recursos gubernamentales
destinados al desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente, por lo
que es necesario incrementar su eficacia para promover el desarrollo de la
sociedad rural. Para ello se deberá ordenar de manera más racional y eficiente
los diferentes programas de las dependencias con incidencia en el campo.
ESTRATEGIA 7.2 Promover
la diversificación de las actividades económicas en el medio rural.
Con una visión integral del
desarrollo de la sociedad rural es necesario fomentar la diversificación de
actividades económicas en el medio rural para el mejor aprovechamiento de los
recursos y promover actividades no agropecuarias que generen empleo, mayor
ingreso y un mejor nivel de vida de la población rural.
ESTRATEGIA 7.3
Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del
desarrollo nacional.
Mediante la suma de acciones
interinstitucionales se promoverán proyectos que detonen el desarrollo
económico y social de las comunidades rurales ubicadas en las zonas de alta y
muy alta marginación.
ESTRATEGIA 7.4 Favorecer
el relevo generacional en la tenencia de la tierra en la propiedad social.
A través del apoyo a jóvenes,
se busca su arraigo en su lugar de origen evitando la migración y ociosidad de
tierras, promoviendo la creación de empresas rurales que fomenten la
productividad, innovación y el desarrollo tecnológico que garanticen el relevo
pacífico de los titulares de derechos agrarios.
ESTRATEGIA 7.5 Garantizar
certeza jurídica.
Este tema es condición
necesaria para el desarrollo económico de las regiones.
ESTRATEGIA 7.6 Impulsar
la modernización integral del sector pesquero para hacerlo competitivo en el
mercado internacional.
ESTRATEGIA 7.7 Elaborar
el censo nacional agropecuario.
Actualizar la base de
información de los sectores agropecuario y pesquero para contar con elementos
que permitan tomar mejores decisiones.
OBJETIVO 8
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y
accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
ESTRATEGIA 8.1 Proteger
al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria.
Garantizar la aplicación de la
normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y
mejorarla permanentemente para mantener el reconocimiento a nuestros estatus
sanitario por parte de los mercados globales.
ESTRATEGIA 8.2 Promover
la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y la certidumbre de
mercados.
Se requiere garantizar el
abasto de alimentos sanos a través del fomento a la producción de cultivos y
productos básicos para la alimentación de los mexicanos y fortalecer su
comercialización mediante la promoción y ordenamiento de mercados.
OBJETIVO 9
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia
en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor
y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
ESTRATEGIA 9.1 Mejorar
la productividad laboral a través de la organización, capacitación y asistencia
técnica.
Se deberá impulsar y coordinar
los procesos de participación, educación no formal, capacitación,
actualización, evaluación, acreditación y certificación, que aseguren la
integración de los productores a procesos productivos innovadores y a mejores
técnicas administrativas y comerciales de sus empresas.
ESTRATEGIA 9.2
Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del
sector rural.
Es necesario vincular los
resultados de investigación con el establecimiento de los programas de fomento
a la producción agropecuaria y pesquera. Asimismo, se requiere intensificar la
transferencia de la tecnología ya generada vinculándola con las asociaciones de
productores. La investigación rural adquiere cada vez más importancia
alrededor del mundo. Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Malasia son ejemplos
concretos de cómo la investigación rural funciona.
ESTRATEGIA 9.3 Promover
el acceso a insumos competitivos.
Ante la apertura comercial, se
requiere establecer un esquema de estímulos que permita a los productores
mexicanos adquirir insumos a precios competitivos a efecto de que no se
incrementen los costos de producción y estar en condiciones de competir en
calidad y precio con los productos del exterior.
ESTRATEGIA 9.4 Incrementar
acciones que den certidumbre a las actividades agropecuarias y la generación
de valor agregado.
La certidumbre se logra
mediante un marco jurídico que regule con transparencia y certeza las
relaciones sociales y las actividades productivas, y un sistema institucional
adecuado, que permita la actuación de los actores económicos y pueda regular y
ordenar los mercados. Es necesario promover la aplicación de proyectos de
inversión sustentables y que le den un valor agregado a la producción primaria,
a fin de que el productor retenga en su favor un mayor porcentaje del precio
pagado por el consumidor final.
ESTRATEGIA 9.5
Promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural.
Se requiere diseñar esquemas de
financiamiento diferenciados, tomando en consideración el nivel de desarrollo
y capitalización de los productores con plazos, tasas y tipos de garantía
preferenciales y flexibles.
ESTRATEGIA 9.6 Orientar
la producción a las demandas del mercado.
Dar prioridad a los proyectos
productivos orientados a satisfacer las necesidades y preferencias de los
consumidores nacionales y extranjeros, asimismo se requiere fortalecer la
oferta de los productos mexicanos mediante la promoción comercial de los
mismos.
ESTRATEGIA 9.7
Impulsar la generación de empresas rentables en el sector rural social.
Es primordial dentro del sector
rural, el impulso al desarrollo del talento emprendedor necesario en la
creación de agroempresas generadoras de empleo y bienestar.
ESTRATEGIA 9.8
Integración económico-productiva de las mujeres en el sector rural.
Es importante favorecer la
independencia y capacidad productiva de las mujeres en el campo.
ESTRATEGIA 9.9 Revisar
la política de producción agropecuaria para elaboración de bioenergéticos.
Aprovechar sustentablemente
nuestra rica biodiversidad cuidando que no se pierdan bosques y selvas en la
producción de bioenergéticos.
ESTRATEGIA 9.10
Continuar el PROCAMPO hasta el fin de la presente Administración, mejorando su
operación y eficiencia.
ESTRATEGIA 9.11 Dar
puntual seguimiento a los programas dirigidos a elevar la competitividad del
maíz, frijol, azúcar y leche, en el marco de la apertura comercial prevista en
el Tratado de Libre Comercio para América del Norte para el 2008.
OBJETIVO 10
Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
La preservación del medio
ambiente y la biodiversidad en los ecosistemas será un elemento transversal de
las políticas públicas. La reversión del deterioro de los ecosistemas
contribuirá a conciliar la sustentabilidad del medio ambiente con el
desarrollo económico.
ESTRATEGIA 10.1 Promover el ordenamiento ecológico general del territorio y mares.
Es necesario disminuir el
impacto ambiental en todas las actividades de la producción rural, así como la
prevención de impactos por fenómenos meteorológicos mediante inversión en
infraestructura y capacitación a la población.
ESTRATEGIA 10.2
Garantizar la bioseguridad y conservar la agrobiodiversidad.
Es imprescindible preservar la
variabilidad de organismos vivos de los ecosistemas terrestres y marinos para
asegurar la riqueza de la agrobiodiversidad existente en el país.
ESTRATEGIA 10.3 Lograr
un balance entre las actividades productivas rurales y marinas con la
protección del ambiente para conservar el agua y los suelos.
Es necesario lograr un balance
entre las actividades productivas y la protección al ambiente, para continuar
proporcionando bienes y servicios ambientales de manera continua y sostenible.
Los incentivos (jurídicos y económicos) que provea el gobierno estarán
alineados a la conservación del agua y los suelos.
OBJETIVO 11
Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones
concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y
promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.
ESTRATEGIA 11.1
Impulsar una agenda legislativa en un ambiente propicio para lograr consensos
con el Congreso de
La relación con el poder
legislativo es primordial para generar el marco regulatorio que propicie el
desarrollo de la sociedad rural.
ESTRATEGIA 11.2 Generar
un ambiente armónico de consulta y atención con los agentes e instituciones
vinculadas al sector.
Se requiere una mayor
participación de la sociedad rural en la planificación y toma de decisiones
relativas al desarrollo del sector rural. Propiciar la organización agraria
como base para el desarrollo del campo fortaleciendo su vida interna y
fomentando el desarrollo productivo que reactive a los ejidos, comunidades y
pequeña propiedad rural.
ESTRATEGIA 11.3
Cooperar con los gobiernos estatales para implementar las políticas enfocadas
al medio rural.
Crear un ambiente de cercanía y
cooperación con todos los gobiernos de los estados, que permita coordinar
mejor la implementación de políticas agropecuarias y pesqueras.
2.8 Turismo
El sector turismo tiene varias
características que lo convierten en una prioridad nacional dada su importancia
como factor de desarrollo y motor de crecimiento. Destacan, en primer lugar,
su elevada productividad y empleo bien remunerado; y en segundo, que en muchas
ocasiones se desenvuelve en regiones de menor desarrollo económico. Cabe notar
que la riqueza cultural y natural de México implica que existen amplias
oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente.
La mayor integración mundial,
aunado a la riqueza cultural y natural de nuestro país, implica que México hoy
en día se encuentra en una situación de enorme potencial para que el desarrollo
exitoso del sector turismo se vuelva en uno de los ejes de desarrollo del país.
El desarrollo acelerado a nivel mundial implica que la demanda por servicios
turísticos se incrementará de forma importante en los años venideros.
Finalmente, el incremento en la población pensionada en los países
industrializados implica una proporción cada vez mayor de individuos de
elevados recursos socioeconómicos con interés por realizar largos viajes a
destinos atractivos.
Sin embargo, al igual que en
otros ámbitos, el mismo fenómeno de globalización lleva a que el viajero, tanto
nacional como extranjero, tenga mayores opciones. Así como la tecnología de la
información facilita adquirir información y realizar la planeación de un viaje
en nuestro país, lo hace también para otros destinos. Los menores costos de
transportación aérea permiten a nuestros visitantes tradicionales tener acceso
a destinos más alejados. Ello implica que, al igual que en otros ámbitos de la
actividad económica, las oportunidades y retos que representa la integración
mundial debe resolverse mediante políticas públicas decididas.
El sector debe ser reconocido
como una pieza clave en el desarrollo económico del país. Asimismo, se debe
garantizar que el crecimiento del sector respete los entornos naturales,
culturales y sociales. Es justamente la riqueza de México en términos de una
cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora
endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo que atrae y diferencia a nuestro
país de otras naciones del mundo.
El papel del sector como
detonante del desarrollo local implica que el desarrollo de infraestructura y
de servicios debe incluir aquellos orientados a dotar de capacidades a la
población local. Sólo de esa forma puede consolidarse una mejoría en el
bienestar de las poblaciones locales que les permita ser participes plenos del
proceso de desarrollo.
OBJETIVO 12
Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a
la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio
de calidad internacional.
Para convertir a México en un
país líder en el sector turismo y aumentar en un 35% el número de visitantes
internacionales al año es necesario poner en marcha las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 12.1 Hacer
del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y
combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos.
Crear condiciones de certeza
jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así
como acciones para consolidar las existentes.
La política turística
considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos,
incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la
participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan
proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este
proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y
capacitación a MIPyMEs.
ESTRATEGIA 12.2
Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta
turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el
ordenamiento territorial integral.
Orientar los esfuerzos de la
política turística y de las actividades de las entidades públicas del gobierno
federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo
hacia la competitividad nacional e internacional de las empresas, productos, y
atractivos turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y
social y coordinación con el sector privado.
ESTRATEGIA 12.3
Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la
satisfacción y seguridad del turista.
Desarrollar programas de
promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad
fortaleciendo los programas de información, asistencia y seguridad al turista.
ESTRATEGIA 12.4
Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo.
Promover junto con el Poder
Legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del
marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que
garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos.
ESTRATEGIA 12.5
Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados.
La política turística nacional
promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos
competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y
potenciales, nacionales y extranjeros.
Se diseñarán programas de
mercadotecnia puntuales para cada segmento, consolidando los productos actuales
e impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y competitivos para nuevos
segmentos y nichos del mercado.
ESTRATEGIA 12.6 Asegurar
un desarrollo turístico integral.
El sector turístico requiere de
estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para
ello, es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente
a las condiciones de vida de las poblaciones locales donde se ubique la
actividad.
2.9 Desarrollo regional integral
El desarrollo de México no
puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Hoy en día, las
desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y
localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en
los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido
en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia
regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a
todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá promoverse la
competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas
para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar
progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.
El esfuerzo debe ser
compartido, ya que el éxito de la estrategia de desarrollo regional requiere de
acciones por parte del gobierno federal, así como de los gobiernos de los
estados y los municipios, alentando la formación de espacios que favorezcan la
comunicación, la difusión, la innovación y las actividades productivas, creadoras
de trabajo y de calidad de vida. No sólo es clave la relación del Gobierno
Federal con los otros órdenes de gobierno, sino también la coordinación entre
ellos para permitir un desarrollo que beneficie a todos.
En síntesis, el buen desempeño
de las economías regionales dependerá, y éste es su desafío, de la buena marcha
de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de
gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera eficiente, en
establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en
todo el territorio nacional.
OBJETIVO 13
Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y
a nivel nacional.
Para lograr este objetivo se
requiere implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 13.1 Fomentar
mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de
gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y
dentro de
ESTRATEGIA 13.2
Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades
institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos humanos de
servidores públicos, lo que permita una mejor acción en todos los niveles de
gobierno.
ESTRATEGIA 13.3 Fomentar
la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las
regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con
alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.
ESTRATEGIA 13.4 Asegurar
que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan
tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e
internacionales y a las comunicaciones.
ESTRATEGIA 13.5
Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e
instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones
del país, aprovechando para ello la banca de desarrollo.
ESTRATEGIA 13.6 Considerar
la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el
diseño de programas y políticas públicas.
ESTRATEGIA 13.7
Promover el abaratamiento del costo de envío de remesas y desarrollar esquemas
innovadores, para que los recursos sean utilizados para la inversión productiva
en las regiones receptoras.
Cabe notar que la importancia
de los flujos de remesas radica no sólo en su magnitud sino también porque
frecuentemente llegan a las regiones de menor desarrollo económico.
Estos flujos de recursos,
además de contribuir a atender las necesidades inmediatas de los
beneficiarios, son una fuente potencial de financiamiento de la inversión en
esas regiones, que permita ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo
para las nuevas generaciones en sus lugares de origen.
Infraestructura para el desarrollo
La infraestructura es
fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de
productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en
beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un
componente esencial de la estrategia para la integración regional y el
desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de
la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y
generar un mayor número de empleos mejor remunerados.
Comparaciones internacionales
señalan que, por la calidad y competitividad de su infraestructura, México se
ubica actualmente entre el quinto y el séptimo lugar en América Latina. Dichas
comparaciones señalan que la infraestructura de México es 30 % menos competitiva
que la de Chile. Asimismo, los montos de inversión son relativamente bajos: la
inversión en infraestructura, excluyendo petróleo, como porcentaje del PIB en
México es de alrededor de 2 %, Chile invierte más del doble, mientras que China
destina un monto equivalente a 9 % del PIB para inversión en infraestructura.
El Banco Mundial estima que, tan solo para alcanzar la cobertura universal en
servicios básicos, atender el crecimiento de la demanda y dar un mantenimiento
adecuado a la infraestructura existente, México debe incrementar su inversión
entre 1.0 % y 1.25 % del PIB y que, para elevar la competitividad del país de
manera significativa, la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB
debe al menos duplicarse respecto a los niveles actuales.
El objetivo primordial del Plan
Nacional de Desarrollo en esta materia es incrementar la cobertura, calidad y
competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente
administración, México se ubique entre los treinta países líderes en
infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial. Sin
embargo, no basta con incrementar los montos de inversión. Es necesario también
establecer mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos y
que los proyectos se desarrollen en tiempo y forma. Esto implica revisar todas
las etapas de desarrollo de los proyectos de infraestructura, desde las de
planeación y evaluación hasta las de presupuestación, contratación y
ejecución, con el fin de lograr que los proyectos que se desarrollen sean los
de mayor rentabilidad social y económica, y que no se incurra en retrasos y
sobrecostos innecesarios.
Para ello, la estrategia que se
propone incluye las siguientes acciones:
Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo.
Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.
Fortalecer las áreas de planeación de las dependencias y entidades gubernamentales, así como la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
Asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de infraestructura.
Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación, para asegurar la factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la ecología.
Brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector.
Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de infraestructura, incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.
Dar un seguimiento eficaz al desarrollo de proyectos en todas sus etapas, para identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución.
Promover una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en el desarrollo de proyectos de infraestructura, especialmente aquellos de impacto regional.
Fortalecer la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
Consolidar la capacidad instalada nacional en todos los ámbitos relacionados con la planeación, construcción, conservación y operación de los proyectos de infraestructura.
A continuación se abordan de
manera específica los diferentes tipos de infraestructura por sector de la
economía.
2.10 Telecomunicaciones y transportes
OBJETIVO 14
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y
servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional,
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna
en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de
mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país,
de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas
comparativas con las que cuenta México.
El sector comunicaciones y
transportes ha sido muy dinámico durante la última década en México,
especialmente el de las telecomunicaciones, dinamismo que se ha derivado
principalmente de la aplicación de nuevas tecnologías y servicios, así como de
otros factores como la reducción de tarifas de la mayoría de dichos servicios.
Telecomunicaciones
Cabe notar que aún cuando se
dio un incremento significativo en los recursos invertidos en las
telecomunicaciones durante el periodo 1997-2001, se ha observado un menor dinamismo
a partir de entonces.
La inversión en infraestructura
telefónica y la apertura a la competencia del servicio de larga distancia y de
telefonía pública permitieron que durante el periodo de
En la última década, la
telefonía móvil ha tenido un gran desarrollo y un fuerte crecimiento durante
el periodo de
De igual manera, la densidad ha crecido de
Por otra parte, el acceso a la
tecnología de la información e Internet ha permitido, a los países que lo han
aprovechado de manera integral, acceso a fuentes de información, a nuevos
mercados, a la realización de operaciones de compra-venta y financieras y, en
general, a la reducción de los costos de transacción de tal forma que se han
traducido en ganancias significativas en productividad. México contaba en 2001
con más de siete millones de usuarios de Internet, mientras que al finalizar el
2006, se tenían más de 18 millones de usuarios. A pesar de que el número de
usuarios ha crecido a más del doble, es imperativo proceder con una agenda
activa que aumente el acceso a estos servicios.
Para aumentar el acceso a los
servicios de telecomunicaciones a un número cada vez mayor de mexicanos, se
implementarán las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 14.1
Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar
la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas
permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.
ESTRATEGIA 14.2 Promover
la adhesión de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para
el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten el uso de las tecnologías
de información y comunicación.
ESTRATEGIA 14.3
Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que
permita alcanzar una penetración superior al 60 % de la población,
consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar,
desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población.
ESTRATEGIA 14.4 Modernizar
el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el
uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la
información, los servicios y las transacciones electrónicas.
ESTRATEGIA 14.5 Proponer
esquemas de financiamiento y autosustentablidad para fomentar la aplicación y
desarrollo de proyectos en el uso de las tecnologías de la información y su
continuidad operativa.
ESTRATEGIA 14.6
Desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una
mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios
de telecomunicaciones.
Transportes
El transporte ha crecido a un
ritmo similar al de la economía en su conjunto. Durante los últimos años la
inversión ha aumentado, sin embargo no ha sido suficiente para aumentar y
modernizar la infraestructura de manera significativa.
A diferencia de las
telecomunicaciones, en materia de transporte la cobertura de los servicios es
parecida a la de otros países con grado de desarrollo similar. Sin embargo, las
diferencias con respecto a los países de
ESTRATEGIA 14.7
Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar
la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda
la población.
ESTRATEGIA 14.8 Abatir
el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los
usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación
del servicio de transporte.
ESTRATEGIA 14.9 Modernizar
la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo,
rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la
infraestructura de transporte.
ESTRATEGIA 14.10 Proponer
esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el
desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador
de oportunidades y empleos.
La implementación de estas
estrategias deberá contemplar las siguientes líneas de política:
o Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras.
o Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios.
o Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada. Con estos modelos de asociación público-privada, se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones físicas de las carreteras, así como generar un importante número de empleos directos e indirectos.
o Mejorar la prestación de los derechos de paso y los servicios de interconexión para explotar la red ferroviaria como un sistema sin costuras, de forma segura, eficiente y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio, en beneficio de los usuarios y de la economía nacional en su conjunto.
o Revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros y continuar impulsando proyectos de trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la infraestructura existente.
o Asimismo, se debe impulsar la modernización y el mantenimiento adecuado de las vías, el mejoramiento de las condiciones físicas de los patios, el incremento en la capacidad de carga de los puentes, la convivencia urbano-ferroviaria y la construcción de instalaciones para el transporte intermodal. Ello también requerirá reforzar y consolidar la normatividad en materia ferroviaria y continuar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, así como potenciar la convivencia urbano-ferroviaria.
o Ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada, a fin de hacer frente a la creciente demanda de operaciones y servicios, así como desarrollar nuevos proyectos aeroportuarios vinculados con el desarrollo regional, turístico y comercial de las diferentes regiones del país, para atender a diversas regiones que padecen de problemas de insuficiencia de estos servicios.
o Asimismo, en los siguientes años habrá que consolidar la reorganización del mercado de transporte aéreo, como resultado del ingreso al mercado de empresas de bajo costo y alta eficiencia, para alentar una competencia sana y abierta y generar un mejor servicio para los usuarios.
o En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo.
o Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.
o Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que permitan a México constituirse en una plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo.
2.11 Energía: electricidad e hidrocarburos
OBJETIVO 15
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de
los insumos energéticos que demandan los consumidores.
Sector de hidrocarburos
El sector de hidrocarburos
deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas
natural y los productos derivados que requiere el país, a precios
competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad
internacionales. Ello requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y
productividad en los distintos segmentos de la cadena productiva.
Uno de los retos más
importantes consiste en detener y revertir la evolución desfavorable de las
reservas de hidrocarburos. Al ritmo de producción actual, las reservas probadas
de petróleo crudo se agotarán en 9.3 años y las de gas natural en 9.7 años. El
campo Cantarell, que actualmente aporta más de 50% de la producción nacional
de petróleo crudo, ha iniciado su etapa de declinación. Por lo que toca a la
producción de gas natural, si bien la tendencia muestra un crecimiento en los
últimos años, dicho aumento no ha sido suficiente para abatir las importaciones
de este energético.
Aunado a esta situación,
Petróleos Mexicanos carece de la tecnología para desarrollar los recursos
prospectivos en aguas ultra profundas y enfrenta restricciones para la
explotación de campos en yacimientos fronterizos. De no tomar las medidas
requeridas para corregir lo anterior, se enfrentará un deterioro en las
finanzas de Petróleos Mexicanos y una disminución en la contribución del
sector de hidrocarburos a las finanzas públicas.
Por otro lado, la capacidad de
refinación en México se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 15
años.
Las importaciones de gasolina
han crecido significativamente y en 2006 casi cuatro de cada diez litros
consumidos en el país fueron suministrados por el exterior. Por su parte, en
petroquímica existe una industria desintegrada, con altos costos de producción
y baja competitividad, lo que genera montos insuficientes de inversión e
importaciones crecientes.
Finalmente, Petróleos Mexicanos
tiene áreas de oportunidad en materia de organización que le permitirían
operar con mayor eficiencia y mejorar la rendición de cuentas. También resulta
indispensable realizar acciones para elevar los estándares de seguridad y
reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera. En este sentido, es
necesario fomentar la introducción de las mejores prácticas de gobierno
corporativo y de mecanismos que permitan un mejor manejo y utilización de los
hidrocarburos, con seguridad y responsabilidad ambiental.
Las estrategias que se
desarrollarán para alcanzar los objetivos del sector, enfrentar los retos y
resolver sus problemáticas son las siguientes:
ESTRATEGIA 15.1
Fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración
óptima de los recursos, procurando equilibrar la extracción de hidrocarburos y
la incorporación de reservas, a fin de garantizar que las generaciones futuras
de mexicanos gocen de los beneficios de la riqueza del subsuelo nacional.
ESTRATEGIA 15.2 Fortalecer
la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la
capacidad de refinación, el incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro
y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos derivados y
gas.
ESTRATEGIA 15.3
Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de
infraestructura energética de alta tecnología, así como promover proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores soluciones a los
retos que enfrenta el sector.
ESTRATEGIA 15.4
Revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del
sector, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y promoviendo mejores condiciones
de competencia en aquellas áreas en las que, por sus características, se
incorpore inversión complementaria.
ESTRATEGIA 15.5
Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de
oportunidad de mejora operativa.
ESTRATEGIA 15.6
Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de
mitigación del impacto ambiental.
ESTRATEGIA 15.7
Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos
pesados.
Sector eléctrico
La energía eléctrica se ha
convertido en un elemento indispensable para prácticamente todas las
actividades de la vida moderna. Por ello, su suministro con la calidad
requerida y a precios competitivos, permitirá atraer mayores inversiones,
contribuyendo así a la generación de empleos en la economía.
En el sector eléctrico se
requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las
tarifas eléctricas, el cual tiene un importante impacto en las decisiones de
inversión y es un factor clave para la competitividad de la economía.
Actualmente el 64% de la electricidad generada se basa en la utilización de
hidrocarburos como fuente primaria. En los últimos años el costo de los
energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente,
lo que ha ejercido presiones sobre el costo de producción de la electricidad,
aumentando los cargos que enfrentan los consumidores.
Un segundo reto consiste en
mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Para alcanzar niveles
de confiabilidad acordes con los estándares internacionales, se buscará el desarrollo
de la infraestructura necesaria.
Por otra parte, la expansión
reciente de centrales generadoras se basó principalmente en plantas de ciclo
combinado, que si bien ofrecen mayor eficiencia y menores costos de inversión y
plazos de construcción más cortos, han generado mayores importaciones de gas
natural, en un entorno de altos precios de este combustible.
En materia de transmisión y
transformación, aunque recientemente se enlazó el área noroeste al Sistema
Interconectado, resulta conveniente seguir propiciando el intercambio de
energía entre regiones.
Por su parte, en el segmento de
distribución, actualmente 97 de cada cien hogares cuenta con electricidad, lo
que coloca al país en niveles muy cercanos de cobertura a los indicadores que
tienen los países desarrollados. Sin embargo, más de 3 millones de habitantes
aún no cuentan con el servicio eléctrico y la mayor parte se ubica en
comunidades marginadas y de difícil acceso.
Dentro de las empresas
públicas, Luz y Fuerza del Centro presenta una circunstancia particular. En
materia financiera, sus pasivos laborales entre pensionados y trabajadores
activos son cercanos a los 80 mil millones de pesos, y los recursos transferidos
a Luz y Fuerza del Centro han sido crecientes en los últimos años.
Las transferencias a dicho
organismo programadas para el año 2007 ascienden aproximadamente a 31 mil
millones de pesos y se estima que, de continuar esta tendencia, las
transferencias para el año 2012, serán cercanas a los 57 mil millones de pesos.
Adicionalmente, las pérdidas de energía en Luz y Fuerza del Centro se ubican
en alrededor de 33 %, lo cual excede los estándares de la industria eléctrica a
nivel nacional e internacional. Esto significa que una tercera parte de la
energía disponible para venta, se pierde o no se cobra.
Para el sector eléctrico, se
proponen las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 15.8
Fomentar niveles tarifarios que cubran costos relacionados con una operación
eficiente de las empresas. Para ello, se requerirá mejorar la competitividad
del servicio eléctrico con un enfoque integral desde la planeación, la
inversión, la generación, la transmisión, la distribución y la atención al
cliente.
ESTRATEGIA 15.9 Desarrollar
la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía
eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, realizando inversiones que
permitan atender los requerimientos de demanda en los diversos segmentos e
impulsando el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen
servicio público.
ESTRATEGIA 15.10
Fortalecer a las empresas del sector, adoptando estándares y prácticas
operativas de la industria a nivel internacional en la industria, mejorando
procesos con la utilización de sistemas de calidad y de tecnología de punta, y
promoviendo un uso más eficiente de su gasto corriente y de inversión.
ESTRATEGIA 15.11
Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas utilizando
energías renovables en aquellos casos en que no sea técnica o económicamente
factible la conexión a la red.
ESTRATEGIA 15.12
Diversificar las fuentes primarias de generación.
Energías Renovables y Eficiencia Energética
Uno de los ejes centrales de
las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se
propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de
tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los
combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las
necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los
recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías
renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a
los biocombustibles.
En materia de ahorro de
energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de
equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no
sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles
fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan
los usuarios al consumo de energéticos.
ESTRATEGIA 15.13
Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de
manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor
eficiencia energética y ahorros a los consumidores.
ESTRATEGIA 15.14 Fomentar
el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles,
generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar
sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene
el país en la materia.
ESTRATEGIA 15.15
Intensificar los programas de ahorro de energía, incluyendo el aprovechamiento
de capacidades de cogeneración.
ESTRATEGIA 15.16 Aprovechar
las actividades de investigación del sector energético, fortaleciendo a los
institutos de investigación del sector, orientando sus programas, entre otros,
hacia el desarrollo de las fuentes renovables y eficiencia energética.
ESTRATEGIA 15.17 Fortalecer
las atribuciones de instituciones de regulación del sector.
2.12 Sector hidráulico
En los años venideros, México
enfrentará los problemas derivados del crecimiento de la demanda, y la
sobreexplotación y escasez del agua, los cuales, de no atenderse, pueden
imponer límites al desarrollo económico y al bienestar social del país.
Ante ello, se requiere impulsar
una agenda para utilizar el agua de manera eficiente, garantizando el
desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente.
De acuerdo con el Segundo
Conteo de Población y Vivienda, a octubre de 2005 se alcanzó una cobertura a
nivel nacional del servicio de agua potable de 89.2 por ciento. A diciembre de
2006, se estima que ésta llegó a 89.6 por ciento. Por otra parte, a octubre de
2005 se alcanzó una cobertura del servicio de alcantarillado a nivel nacional
de 85.6 por ciento. Para el año 2006, se estima que llegó a 86.1 por ciento.
La problemática del agua en
México se encuentra asociada a diferencias regionales que no sólo tienen que ver
con la dotación del recurso hídrico, sino también al crecimiento de la
población y la distribución territorial de las actividades económicas.
OBJETIVO 16
Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos
los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del
agua en cuencas y acuíferos.
Para lograr este objetivo, es
necesario implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 16.1 Desarrollar,
en coordinación con las instituciones pertinentes, los incentivos e
instrumentos económicos que propicien la preservación de ríos, lagos,
humedales, cuencas, acuíferos y costas del país, adecuando las concesiones a
los volúmenes disponibles.
Dicha estrategia debe incluir
las siguientes líneas de política para su implementación:
o Hacer más eficiente la operación y manejo de los sistemas de presas del país y las superficies agrícolas.
o Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reutilización, así como el intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada.
o Diseñar esquemas de financiamiento mixto que permitan potenciar los escasos recursos públicos con los que se cuentan.
ESTRATEGIA 16.2 Impulsar
la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres
órdenes de gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua
potable y la prestación eficiente de los servicios de drenaje y alcantarillado,
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de
aquella que hoy carece de esos servicios.
ESTRATEGIA 16.3
Promover una mayor eficiencia en los organismos operadores de agua, con el fin
de evitar pérdidas y alentar el uso óptimo de la infraestructura hidráulica.
ESTRATEGIA 16.4 Llevar
a cabo las acciones necesarias para proteger a los centros de población y a
las actividades productivas de los efectos causados por fenómenos
hidrometeorológicos.
2.13 Construcción y Vivienda
Sector Construcción
Promover el desarrollo de los
sectores de construcción y vivienda es un elemento esencial de la estrategia
de la presente administración. Son sectores altamente generadores de empleos y
que tienen el potencial de constituirse en motores del crecimiento de la
demanda interna, reduciendo la sensibilidad ante fluctuaciones en la economía
internacional. La construcción mantiene una vinculación directa con el
desarrollo de una infraestructura moderna y eficiente y con la producción de
satisfactores para demandas sociales como la vivienda.
Sector Vivienda
La vivienda constituye la base
del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social.
Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a
las familias generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como
para las futuras. Durante la presente administración, la política de vivienda
tendrá un sentido preponderantemente social y buscará, en todo momento,
ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda,
atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo
de vida. Además se buscará promover herramientas de política pública para
garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de construcción y de
vivienda, permitiendo un mayor acceso a fuentes de financiamiento formales.
Contar con una vivienda propia permite a los ciudadanos adquirir y heredar un
patrimonio a sus hijos.
La demanda habitacional tiene
su origen en el comportamiento demográfico de la población. Las tendencias
demográficas en un horizonte de 25 años (2005-2030) apuntan a que se integrará
un promedio de 650 mil hogares nuevos por año. Con este ritmo, la demanda de
vivienda alcanzará una cifra cercana a los 3.9 millones durante los seis años
de la presente administración que, sumados a las 2.1 millones de familias que
hoy requieren de habitación independiente, representa la necesidad de impulsar
la oferta de 6 millones de viviendas. Asimismo, en secciones anteriores de este
capítulo se han documentado los rezagos existentes en términos de desarrollo de
infraestructura.
A esta demanda se agregan
deficiencias e insuficiencias en la identificación del suelo apropiado para
desarrollo económico y desarrollo habitacional por su disponibilidad de
servicios e infraestructura, así como la necesidad de realizar mejoras o
ampliaciones a más de un millón de viviendas que lo requieren, y de hacer
frente al fenómeno de habitaciones que se extendieron sin disponer de
servicios como agua potable, drenaje o luz eléctrica.
A pesar de los avances y logros
que se han obtenido en años recientes, el sector de construcción y de vivienda
enfrenta una serie de retos para el futuro inmediato, por lo que la presente
administración tendrá un objetivo general y sus respectivas estrategias:
OBJETIVO 17
Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de
la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción
en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos
humanos.
ESTRATEGIA 17.1 Brindar
certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de
registros públicos de la propiedad, catastros municipales y rurales, y de la
obligatoriedad del registro público de inmueble.
La modernización y homologación
de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales y
rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades
inmuebles, son los instrumentos fundamentales para ofrecer la certidumbre
jurídica para las familias y para los proyectos de construcción. Ello permitirá
a las familias potenciar el valor de su patrimonio, garantizar su
heredabilidad o transmisión de dominio sin conflicto, y acceder a fuentes
formales de financiamiento en beneficio de su propia calidad de vida. En
términos de la construcción, la certidumbre jurídica es necesaria para poder emprender
proyectos más ambiciosos.
ESTRATEGIA 17.2 Ampliar
la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y
construcción.
La disponibilidad de
financiamiento para vivienda debe responder tanto a las diferentes necesidades,
preferencias y prioridades de la población, como a la evolución que presenten
las familias a lo largo de sus distintos ciclos. Para ello, es indispensable
promover una mayor movilidad del patrimonio que permita a los hogares aspirar a
mejorar el tamaño y características de su vivienda de acuerdo a su ingreso,
capacidad de pago y necesidades específicas en cada etapa de su vida.
Asimismo, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y
opciones de financiamiento que permitan a las empresas del sector conseguir los
recursos suficientes para sus proyectos, así como diversificar el riesgo
asociado a los mismos. El gobierno federal apoyará esta estrategia mediante el
otorgamiento de seis millones de créditos para la construcción, adquisición o
remodelación de vivienda.
ESTRATEGIA 17.3
Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para
la construcción de vivienda.
Para desarrollar esta
estrategia se requiere impulsar los mecanismos financieros para la creación de
reservas territoriales tanto con vocación económica como habitacional, en los
tres órdenes de gobierno, sujetos a disposiciones que garanticen el desarrollo
de proyectos de construcción y habitacionales en un entorno urbano ordenado,
con certidumbre jurídica, con infraestructura adecuada y servicios
sustentables.
ESTRATEGIA 17.4 Reaprovechamiento
de la infraestructura urbana y su equipamiento existente, reduciendo, por un
lado, presiones en las finanzas públicas de los estados y municipios y, por el
otro, el impacto que la ubicación de los proyectos de construcción y de
vivienda pudiese tener en la calidad y costo de vida de sus habitantes.
En el contexto de la
estrategia, se incrementará la participación recíproca de
ESTRATEGIA 17.5 Consolidar
el Sistema Nacional de Vivienda.
ESTRATEGIA 17.6 Generar
un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada, y asistir para el
desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivienda para arrendamiento.
Para ello, se requiere de una
mayor flexibilidad normativa para la sustitución y liquidación de hipotecas,
una simplificación procesal y administrativa, así como una reducción de los
costos de transacción asociados a la compra-venta y los traslados de dominio.
Un mercado de arrendamiento activo permitirá atender a un segmento de la
población que desea mantener flexibilidad de movimiento y que no desea
constituir su patrimonio por la vía de la propiedad de una vivienda.
ESTRATEGIA 17.7 Promover
el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar
vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas
de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos.
En este sentido, se estimulará
la ampliación de la oferta sin garantía hipotecaria y se impulsarán mecanismos
que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, de tal modo que se facilite a
las familias mexicanas de menores ingresos el acceso a recursos que les permitan
hacerse de una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.
Eje 3.
Igualdad de oportunidades
La finalidad de la política
social de esta Administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de
los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México
hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver a fondo las
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser
capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven
en la pobreza, es decir, casi la mitad de la población.
El desarrollo humano y el
bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de
los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de
igualdad de oportunidades.
El Plan busca que cada
mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde
creció o el ingreso de sus padres y en especial aquel que se encuentra en
condiciones de pobreza pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar
sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin
menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.
Reconoce también las particularidades tanto de la pobreza en las ciudades como
la pobreza en el área rural, ya que cada una requiere de mecanismos de
atención particulares.
El país tiene una enorme deuda
con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación;
atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política
social integral que, primero, articule los programas y acciones de gobierno
desde sus diferentes ámbitos de acción y, segundo, promueva la coordinación y
la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad.
Es claro que hay muchas necesidades
que deben atenderse en forma inmediata. Sin embargo, una política social que
sólo resuelva este tipo de necesidades, no sólo no es efectiva ni viable, sino
que no tienen efectos permanentes en el mediano y largo plazos. Se buscará
entonces dar oportunidades en forma equitativa y que éstas permitan resolver
las causas más profundas de la pobreza, para que el cambio en estas condiciones
perdure y se logre romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Para mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados, la política social debe estar en estrecha relación
con la política económica. Sólo una economía competitiva será capaz de generar
más empleos y oportunidades de mayores ingresos para un mucho mayor número de
mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en
salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas
podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los
beneficios que ésta les ofrece.
Es necesario llevar a las
comunidades más acciones en educación, en salud, en nutrición, en vivienda, así
como obras de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, incluso teléfono
para comunicar a las poblaciones distantes con las cabeceras municipales.
También es importante el apoyo
a proyectos productivos que generen empleo y que permitan un mejor nivel de
vida. Asimismo, es necesario invertir en infraestructura que permita atraer más
recursos y que genere oportunidades de trabajo digno para sus habitantes.
La propuesta de este Plan, al
articular cinco ejes de acción, supone que mejorar las condiciones de vida de
los más pobres, y en general de las comunidades, sólo puede lograrse con
acciones coordinadas y en todos los frentes, asimismo, que es necesario el
trabajo conjunto entre gobiernos estatales, municipales y el Gobierno Federal.
Los esfuerzos coordinados lograrán avances efectivos hacia el acceso universal
de los mexicanos a los servicios de salud, a una educación de calidad y a la
superación de la pobreza extrema.
El principal instrumento del
Gobierno de
Especial atención se dará a los
grupos vulnerables o con necesidades especiales. Al mismo tiempo se promoverán
acciones que propicien la equidad entre los mexicanos, entre otras, aquellas
que promuevan mayor igualdad entre mujeres y hombres.
Bajo la perspectiva de igualdad
de oportunidades, además de atender a la población en condiciones de pobreza,
se pondrán en marcha programas y acciones que permitan que cada mexicano amplíe
sus capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral.
La política social de esta
Administración tendrá los siguientes principios rectores:
Focalizar los recursos en los programas que han demostrado ser más efectivos.
Utilizar sistemas de evaluación y seguimiento que permitan monitorear y mejorar los programas en forma constante.
Promover la coordinación de acciones entre las dependencias y organismos del Gobierno Federal, así como los distintos órdenes de gobierno.
Priorizar acciones encaminadas a elevar las capacidades de las personas que permitan resolver el problema de la pobreza no sólo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, atacando las causas de esta problemática y no sólo sus efectos inmediatos.
Desarrollar e implantar un padrón único de beneficiarios de todos los programas de apoyo social del Gobierno que permita una cobertura más eficiente de los beneficiarios.
Vincular adecuadamente los programas para crear sinergias entre programas complementarios y evitar duplicidad de esfuerzos.
Transparentar la asignación y el gasto de los recursos.
Lejos de un enfoque
asistencial, el énfasis de esta política social es brindar las condiciones para
que, de forma conjunta entre las personas y el sector público, los derechos de
los mexicanos plasmados en
Pobreza
3.1 Superación de la pobreza
La metodología del Gobierno
para medir la pobreza en México identifica tres tipos de pobreza, de acuerdo
con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios básicos y de
salud, la alimentación y la vivienda de la población1:
1. Pobreza alimentaria: es la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente aceptable.
2. Pobreza de capacidades: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.
3. Pobreza patrimonial: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar.
En el año 2005, aproximadamente
18% de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza alimentaria y 47% de la
población en situación de pobreza patrimonial. El análisis de la evolución de
la pobreza nacional destaca tres hallazgos: primero, entre 1994 y 1996 se
presentó un incremento sin precedentes en la pobreza en México que deterioró
drásticamente los niveles de bienestar de la población. Segundo, entre 1996 y
2005 se observa una reducción importante de la pobreza. Cabe destacar que la
disminución más acelerada ocurrió durante el periodo de
Las familias mexicanas en
condición de pobreza padecen en mayor medida la carencia de otros satisfactores
de bienestar que quienes conforman hogares no pobres: muestran mayores
carencias en la dotación de servicios públicos en sus viviendas y su nivel
educativo es inferior al de la media nacional. De igual forma, es mayor el
tamaño de los hogares pobres y el número de niños menores de 12 años, como
consecuencia de que presenta una más elevada tasa de fecundidad.
El reducido crecimiento
económico del país se ha reflejado en una insuficiente creación de empleos
formales y en un crecimiento prácticamente nulo de los salarios reales. Lo
anterior ha impedido incrementar de forma sostenida los ingresos de las
familias, lo que ha repercutido de manera determinante en la persistencia e
intensidad de la pobreza en México. De no incrementarse los salarios reales y
el empleo en el país, que son los principales motores del ingreso de la
población, la pobreza no podrá reducirse de manera sustantiva en el mediano y
largo plazos.
Por otra parte, la desigual
distribución del ingreso tampoco ha mejorado durante los últimos años, y la
desigualdad en el acceso a oportunidades, ha sido un elemento persistente en la
historia de nuestro país.
La desigualdad en la
distribución del ingreso y en el acceso a oportunidades también se expresa a
nivel regional entre estados y municipios. Desde el punto de vista de la
distribución de la pobreza a nivel nacional, la entidad con mayor incidencia de
pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, donde el 47% de la población se
encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero con 42%, Oaxaca
con 38.1%, Tabasco con 28.5% y Veracruz con 28% Por el contrario, los estados
con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3%, Nuevo
León con 3.6%, Baja California Sur con 4.7%, el Distrito Federal con 5.4% y los
estados de Coahuila y Chihuahua con 8.6%.
La situación de la pobreza de
capacidades es prácticamente la misma que para la alimentaria. En primer lugar
se encuentra Chiapas con 55.9%, le sigue el estado de Guerrero que reporta
50.2% y Oaxaca con 46.9%. De acuerdo con estas estimaciones, los estados con
mayor pobreza de patrimonio son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y
68%, respectivamente.
Esta información permite
apreciar con claridad que el reducir la gran desigualdad que se observa entre
los estados de
A nivel municipal, la mayor
incidencia de pobreza se concentra en los municipios de los estados del sur y
sureste del país, tal como puede apreciarse en el siguiente mapa. También se
observa que los municipios con mayor pobreza, sobre todo pobreza alimentaria,
están localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. El reto de la
política pública en materia de desarrollo social es doble: por un lado, la
pobreza se concentra en zonas marginadas y, por el otro, el costo de llevar la
ayuda a esos lugares es muy alto.
La pobreza no sólo se concentra
en áreas rurales. México presenta dos extremos graves de alto costo social: una
excesiva concentración de cerca de 20 millones de habitantes en el Valle de
México y una enorme dispersión de 185,000 pequeñas localidades rurales, a las
que es extremadamente difícil dotar de infraestructura, equipamientos y servicios
adecuados.
En las ciudades mexicanas
reside la mayoría de la población nacional, más del 70% del total; pero
también en ellas se concentra el mayor número de mexicanos en condición de
pobreza: más de 30 millones de personas. En las ciudades, cerca de 90 mil
hogares se asientan cada año en lugares poco aptos para ser habitados y bajo
modalidades precarias; la urbanización en suelo poco apto cuesta dos o tres
veces más al municipio; los costos de edificación en esos lugares se
incrementan hasta un 50%.
La lejanía en que se han
construido los nuevos desarrollos habitacionales impone costos extraordinarios
a sus habitantes que los empobrecen severamente: la población urbana llega a
gastar hasta un 50% del ingreso familiar tan sólo en transporte. Alrededor de 3
millones que carecen del servicio de agua potable y más de 6 millones carecen
del servicio de drenaje; además, la mayoría de los núcleos urbanos no brinda
tratamiento alguno a las aguas residuales y dispone de los desechos a cielo
abierto; ocho de cada 10 ciudades con una población mayor de 50 mil habitantes
tienen una cobertura de pavimento inferior al 50% de su red vial.
Estas condiciones indican la
urgencia de una intervención concertada y coordinada del Gobierno Federal, así
como la coordinación de éste con los otros órdenes de gobierno para contribuir
a la reducción de la pobreza urbana.
Para afrontar el problema de la
pobreza, y en 2012 haber disminuido por lo menos un 30% la población en
pobreza alimentaria, se requiere romper el círculo vicioso de la desigualdad y
la exclusión de oportunidades para el desarrollo, que hace que la pobreza se
transmita entre generaciones. Se necesitan programas que promuevan la igualdad
de oportunidades para la alimentación, la educación, la salud, el desarrollo de
capacidades productivas, el acceso a servicios básicos, la adquisición de una
vivienda digna o el mejoramiento de la propia. Por otra parte, es preciso al
mismo tiempo, ampliar las oportunidades para que la población en situación de
pobreza desarrolle actividades productivas formales que les permitan aumentar
sus ingresos y elevar su calidad de vida. En concreto, el círculo vicioso puede
romperse con igualdad de oportunidades para el desarrollo humano, mejores
oportunidades de empleo y de ingreso laboral.
México ha logrado avances
importantes en la cobertura de servicios básicos de la población en general,
incluyendo a la población en pobreza alimentaria. Entre 1992 y 2005 se redujo
en promedio de 19 al 5 el porcentaje de niños entre 8 y 12 años que no asiste
a la escuela, se disminuyó de 21 al 4 el porcentaje de viviendas sin energía
eléctrica y se bajó de 51 al 14 el porcentaje de hogares sin baño, entre la
población en pobreza alimentaria.
El país ha registrado estos
avances en su conjunto, pero se advierte también que persisten grandes
desigualdades a nivel regional, pues coexisten municipios de alto desarrollo,
con municipios con elevados niveles de pobreza y marginación, lo cual
representa un reto importante para el país en los siguientes años.
Los hallazgos previos sugieren
que si bien los esfuerzos de política social han mejorado la cobertura básica,
incluso entre la población que vive en situación de pobreza, lo anterior no se
ha traducido en el mediano plazo en incremento de los ingresos, que son la
base para la reducción sostenida de la pobreza. El reto más importante es
consolidar políticas públicas que continúen fortaleciendo el acceso a
servicios básicos, especialmente en regiones de mayor pobreza, y al mismo
tiempo coordinar la política social y la económica para elevar el ingreso y el
empleo de la población en general, especialmente de aquella que se desenvuelve
en condiciones precarias.
Objetivo 1
Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo
que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de
trabajo.
Para alcanzar esto nos
planteamos las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 1.1 Fortalecer
los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos para
incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que lleguen a la población
que realmente los necesita.
Los programas que apoyan a las
familias para que mejoren su alimentación, su salud y la educación de sus hijos
e hijas, constituyen acciones con visión de mediano y largo plazos. Estas
acciones contribuyen a que de manera gradual, pero efectiva, se presenten las
mejores condiciones para que las familias y sus miembros, de manera
individual, logren superarse con base en su propio esfuerzo.
La aplicación de programas
focalizados a las familias con mayores carencias en las zonas marginadas ha
dado resultados positivos en la reducción de la pobreza, según lo han
constatado evaluaciones nacionales e internacionales. Esto se debe a que las
familias participantes han mejorado su alimentación, atendido de manera constante
su salud y mantenido a sus hijas e hijos en la escuela, hasta terminar la
secundaria.
Se debe ampliar el alcance de
estos programas mediante subsidios al consumo de energía eléctrica, de gas y
otros insumos energéticos, así como mediante el otorgamiento de becas para
bachillerato. Con la participación de los beneficiarios, se buscará fortalecer
los efectos de estas líneas de acción.
Al emplear registros de
beneficiarios y sistemas de seguimiento confiables, los apoyos podrán ser
mejor aprovechados, pues se tendrá la certeza de que los reciben quienes más
los necesitan.
ESTRATEGIA 1.2 Impulsar
prioritariamente el desarrollo de los municipios de mayor marginación, a
través de una efectiva focalización de recursos y coordinación de esfuerzos
entre el Gobierno Federal y los demás órdenes de gobierno.
La estrategia se dirige a
reducir la desigualdad en los municipios con menor índice de desarrollo,
mediante inversiones integrales con propósitos definidos en un plan que se
incremente año con año.
En su primera etapa, la
estrategia se aplicará en los 100 municipios con mayor marginación en todo el
país, la mayoría con una alta proporción de población indígena. Cada año se
incluirá un nuevo grupo de los municipios con menores índices de desarrollo.
Para cada municipio habrá un
plan articulado de acciones según sus características y necesidades
particulares, fijando metas claras a tres años en todos los aspectos:
infraestructura social, infraestructura económica, comunicaciones, salud,
educación y capacitación, vivienda y servicios básicos, financiamiento de
proyectos productivos, reconversión productiva, rescate y preservación de tradiciones
y otros rasgos culturales. El programa propondrá con claridad la participación
que corresponde a cada orden de gobierno.
Esta estrategia prevé la
participación de las autoridades estatales y, sobre todo, de las municipales, a
las que se invitará a incorporarse, respetando en todo momento las facultades
de cada orden de gobierno. El programa, desde luego, tendrá como una de sus
bases más importantes la participación social.
ESTRATEGIA 1.3
Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de
alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una
educación y salud de calidad.
Una expresión de la desigualdad
es cuando un conjunto de comunidades deja de tener acceso a lo esencial o no
lo ha tenido nunca. Este es el punto de partida de la reproducción
intergeneracional de la pobreza que se hereda indefectiblemente de padres a
hijos. Si no se cuenta con comida, techo, electricidad, saneamiento, educación
y salud suficientes y de buena calidad, la población en desventaja
difícilmente podrá ampliar sus capacidades para remontar la pobreza.
Se consolidarán los programas
de apoyo alimentario vigentes, pues gracias a ellos los índices de desnutrición
se han reducido de manera significativa. Se prestará especial atención a
fortalecer y unificar bajo criterios comunes las vertientes de alimentación y
nutrición, así como otras líneas de acción de las instituciones públicas en el
mismo sentido.
Además de estimular la
coordinación efectiva de las instituciones federales, se propiciarán acuerdos
con los estados, los municipios y los sectores social y privado para enfrentar
juntos el reto de mejorar los hábitos de nutrición y para proveer apoyos a la
alimentación entre la población más necesitada. México tiene que ser un país
en el que se abata la desnutrición infantil y materna, que atenta contra el
futuro de quienes la padecen.
Se fomentarán condiciones para
que las personas y las familias en situación de pobreza y pobreza extrema
logren adquirir un patrimonio propio, mejoren el actual y lo legalicen.
Una de las características de
la pobreza extrema es que las personas y las familias sin patrimonio alguno
trabajan para aquellas que, aun siendo pobres, tienen algún patrimonio. Otro
rasgo de la pobreza son los asentamientos irregulares en solares de terrenos
nacionales o similares, en los que la incertidumbre de la propiedad amenaza el
futuro de sus habitantes.
Para enfrentar estas
manifestaciones de la pobreza, se impulsará la adquisición de suelo formal y se
reforzarán los programas de regularización de tierras ejidales y comunales,
así como de terrenos nacionales ocupados, siempre con una visión de
sustentabilidad ambiental.
Una vivienda digna es la base
del patrimonio familiar. Se fortalecerán las acciones para mejoramiento y
adquisición de viviendas entre la población con menores ingresos.
Las familias que residen en
colonias populares bajo situación de pobreza, con ingresos equivalentes a
menos de dos y hasta cuatro salarios mínimos, normalmente no tienen acceso a
créditos de instituciones de seguridad social ni comerciales para la
adquisición de una vivienda. A estas familias se ofrecerán nuevas posibilidades
de créditos de bajo costo para adquirir una vivienda digna o mejorar la propia.
Se dotará del servicio
eléctrico a las comunidades que no lo tienen; se incrementará la calidad y la
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La energía eléctrica tiene
múltiples efectos positivos. En primer lugar, es un acto de justicia, pues la
carencia de este servicio es uno de los indicadores más claros de altos índices
de marginación. En segundo lugar, constituye el primer paso para abrir opciones
productivas como comercios, talleres, empacadoras, fábricas, entre muchos
otros. Además, es también un factor esencial para la seguridad pública, pues la
falta de iluminación facilita la delincuencia en la calle y en los espacios
públicos.
Si bien se han dado pasos
importantes para llevar la energía eléctrica a los sitios más apartados, son las
comunidades indígenas las que tienen el índice más alto de falta de este
servicio, indispensable para la vida moderna. Para que las comunidades marginadas
puedan tener acceso a tecnología que les permita desarrollarse en el campo
educativo y laboral, se requiere tener acceso a energía eléctrica y mejorar la
calidad en la infraestructura para el suministro de energía. Para lograr mejores
resultados, se fortalecerá la coordinación entre
A las familias que estén
recibiendo apoyos en alimentación, educación y salud, se les dará un subsidio
para el pago de la luz o el gas.
Un servicio en el que el rezago
es todavía mayor que el de la electricidad es el de agua potable y
alcantarillado. Se continuará trabajando intensamente para alcanzar, en 2012,
el 95% de cobertura de agua potable entubada, así como para mejorar la calidad
de estos servicios. La participación coordinada de los tres órdenes de gobierno
y la población será esencial para dar un renovado impulso a la promoción de un
medio ambiente limpio y sustentable.
Se diseñarán mecanismos para
que la población más desprotegida tenga acceso a una educación de calidad que
le permita desarrollar sus capacidades y habilidades para vincularse de manera
efectiva con el mercado laboral.
La educación es la forma más
eficaz de romper el círculo vicioso de la pobreza, así como para que las
personas puedan obtener empleos mejor remunerados o tengan posibilidades reales
de iniciar negocios propios exitosamente.
Uno de los obstáculos que
enfrenta la inversión en zonas económicamente atrasadas es la falta de fuerza
de trabajo capacitada. Por eso, de acuerdo con los diagnósticos sobre las
potencialidades productivas de las regiones con altos índices de marginación,
será necesario promover distintas modalidades de capacitación, incluida la
educación a distancia, con el fin de adecuar la oferta de trabajo con la
demanda.
La prevención de enfermedades,
epidemias y riesgos en el trabajo es un componente de la mayor importancia
para los propósitos nacionales de crecimiento económico y superación de la
pobreza.
Se llevarán servicios de salud
a la población que no cuenta con ellos para avanzar en el logro de una
cobertura universal. Todos los niños que hayan nacido a partir del 1 de
diciembre de 2006 tienen derecho a recibir atención médica completa para las
enfermedades incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, es
decir, todos los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de
primer nivel y el 95% de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos
asociados, las consultas y tratamientos. Se incluyen también las enfermedades
consideradas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, es decir,
las que tienen un alto costo para su tratamiento.
A través de sistemas móviles se
llevará el servicio médico a comunidades aisladas que no cuentan con él, y
paulatinamente se extenderán los servicios para llegar más adelante a esos mismos
lugares con instalaciones fijas de salud.
Se promoverá la productividad
laboral mediante entornos de trabajo saludables, prevención y control de enfermedades
discapacitantes y el combate a las adicciones. Se intensificará la
colaboración con las organizaciones patronales y sindicales en el fomento de
la salud y la seguridad en el trabajo, la prevención de enfermedades, la lucha
contra las adicciones y la práctica del deporte.
Con trabajadores más sanos y
mejor protegidos, el crecimiento económico, la productividad y la generación
de empleos mejor remunerados habrá condiciones más propicias para el bienestar
y el progreso de los mexicanos.
ESTRATEGIA 1.4 Mejorar
los procesos de planeación, operación y evaluación de los programas para la
superación de la pobreza, incluyendo la elaboración de un padrón único de
beneficiarios.
En estrecha coordinación entre
el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales, se diseñará un
sistema de información integral que contenga un padrón único de beneficiarios
para todos los programas sociales. El sistema debe ser dinámico para que pueda
actualizarse permanentemente. Un sistema con estas características permitirá
focalizar mejor las acciones a los lugares, comunidades y familias que más
necesitan la atención del Estado; asimismo, se eliminarán duplicidades en la
cobertura, y se hará más eficiente y transparente la asignación y la aplicación
de los recursos disponibles.
Dada la escasez de recursos,
éstos deben aplicarse con la mayor eficiencia posible, es decir, el beneficio
de cada programa debe maximizarse en términos de cobertura humana y
geográfica. Para ello se revisarán críticamente los mecanismos de coordinación
entre instituciones federales y de éstas con los otros órdenes de gobierno, a
la luz de los resultados obtenidos por cada programa y tomando en cuenta las
opiniones de los beneficiarios en cada región.
Una parte importante de esta
coordinación será profesionalizar la promoción social para que el personal de
Gobierno encargado de aplicar los programas y respaldar los proyectos de las
comunidades, en especial los productivos, posea la capacidad necesaria para
garantizar el éxito de los mismos y dar continuidad a los programas.
Se promoverá la participación
democrática de las comunidades en condiciones de pobreza en las decisiones
sobre las acciones a emprender en los distintos programas de política social.
Las comunidades tienen una larga tradición, a veces milenaria, de prácticas de
ayuda mutua. Son redes que deben aprovecharse para trabajar en zonas con altos
índices de marginación, de modo que se fomente la articulación de capital
social y así sus integrantes gestionen recursos y se acerquen a los programas
de gobierno para resolver los rezagos de sus comunidades.
Serán las propias comunidades
las que participen en la determinación de las obras a las que más urgentemente
se les asignen recursos financieros para su realización. Las comunidades saben
mejor que nadie qué es lo que más se necesita. Ellas harán que el trabajo
compartido rinda frutos en su propio beneficio. Es por ello que las comunidades
participarán en el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas.
En el conjunto de la política
social, se instrumentarán sistemas de seguimiento de los programas en sus
distintas etapas, así como de evaluación con base en los resultados obtenidos.
Como práctica obligatoria, se reforzará la normatividad y los mecanismos para
la rendición de cuentas de los servidores públicos responsables de los
distintos niveles de aplicación de los programas.
Por otra parte se requiere que
todos los miembros de las familias en condición de pobreza cuenten con
documentación básica de identificación. Por ello, se promoverá su inscripción
en el Registro Civil y la obtención de su Clave Única de Registro de Población.
ESTRATEGIA 1.5 Fortalecer
y ampliar los programas e instrumentos del Gobierno Federal para el combate de
la pobreza en las ciudades del país.
Se fortalecerá y ampliará la
intervención directa del Estado para mejorar las condiciones de vida en que se
encuentra la población más pobre que habita en las ciudades, abarcando no
solamente la atención a los problemas más urgentes de dotación de servicios,
equipamiento e infraestructura urbanas, sino también el diseño y aplicación de
ambiciosos programas de desarrollo comunitario, promoción de nuevas fuentes de
empleo e ingreso, autoproducción social de la vivienda y mejoramiento del
hábitat.
ESTRATEGIA 1.6
Promover la participación responsable de la sociedad civil en el combate a la
pobreza.
La corresponsabilidad entre
sociedad y gobierno es un mecanismo indispensable para mejorar las condiciones
de vida de quienes se encuentran en situación de pobreza. La participación de
las organizaciones de la sociedad civil permite que sean los propios ciudadanos
y las mismas comunidades las que decidan qué hacer, cómo y cuándo, a través de
la conformación de asociaciones y redes sociales fundadas en la confianza y la
cooperación, elementos esenciales para un desarrollo sustentable, social y
humano.
Objetivo 2
Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su
calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
ESTRATEGIA 2.1 Apoyar
el arranque y la operación de proyectos productivos familiares y de grupos
comunitarios mediante asesoría y programas de microfinanciamiento, en el campo
y las ciudades.
En las zonas marginadas
rurales, para llevar a cabo esta estrategia, se fortalecerán y se harán las
modificaciones necesarias a los programas enfocados a apoyar proyectos
productivos que ya operan en estos lugares. En las ciudades, a través de la
ventanilla única de atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, se
ofrecerá financiamiento para que en las colonias populares con mayores índices
de pobreza se abran pequeños negocios comerciales, de servicios diversos,
talleres, fábricas, que permitan a las familias salir adelante y, conforme
prosperen, también se generen nuevos empleos.
ESTRATEGIA 2.2 Ampliar
la cobertura y mejorar la calidad de las vías y medios de comunicación y de
transporte para conectar a las regiones menos desarrolladas del país.
El aislamiento, es decir, la
falta de vías de comunicación influye notablemente en la marginación. La
ausencia de comunicaciones impide la oferta de servicios y bienes, limitando no
sólo el bienestar, sino también las actividades económicas con las que se
podría mejorar el ingreso de las familias.
Con base en la estructura
demográfica, las vocaciones y el potencial productivos de cada región, se
diseñará y pondrá en marcha un programa integral de fortalecimiento de las comunicaciones
regionales e interregionales, que incluya la construcción y mejoramiento de carreteras,
carreteras alimentadoras, instalación, ampliación y modernización de las
telecomunicaciones.
Los caminos rurales son
fundamentales para abrir paso a la educación y la capacitación para el
trabajo, a la salud, a la nutrición; para abrir paso a las inversiones que
signifiquen más empleos. Con caminos se puede llevar a los mercados la
producción propia y emprender negocios; se facilita la llegada de servicios de
salud y de educación.
Por ello se impulsará un
programa intenso de construcción de caminos rurales mediante el Programa de
Empleo Temporal. De esta manera, además de comunicar a las comunidades rurales
entre si y con el entorno, se crearán empleos y con ello mejores ingresos para
las familias campesinas cuando no sea tiempo de siembras o cosechas.
Dado el papel que tienen las
entidades federativas en la construcción y mantenimiento de los caminos
rurales, se convocará a los gobiernos estatales y municipales y al sector
privado a unirse a este esfuerzo, que redundará en beneficio de sus poblaciones
y de sus negocios, en un marco normativo que aliente la competitividad que
tanto necesita nuestro país.
En cuanto a las
telecomunicaciones, mediante acuerdos con las compañías telefónicas, se
continuará ampliando la cobertura del servicio de telefonía en sus modalidades
satelital y celular en zonas aisladas del campo, con el fin de ampliar la
capacidad en telecomunicaciones de las regiones más pobres y apartadas del
país.
ESTRATEGIA 2.3
Promover proyectos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo cultural en
las zonas rurales para que puedan aprovechar sus ventajas comparativas en
cuanto a riqueza cultural y natural y hagan de ésta una actividad que detone su
desarrollo económico y social.
Mediante esta estrategia, las
regiones rurales marginadas pueden aprovechar sus condiciones particulares y
convertirse en puntos de atracción para el turismo nacional y el extranjero.
Trabajar en proyectos
turísticos tiene altas probabilidades de éxito, pues el turismo es el sector
de mayor crecimiento en el mundo, y se prevé que esta expansión continuará
todavía por varios años. Uno de los componentes de esta estrategia será la
capacitación de los habitantes para que sean ellos quienes se beneficien
directamente de la creación de empleos que conlleva la actividad turística.
ESTRATEGIA 2.4
Reorientar y fortalecer los programas de las instituciones públicas del sector
agropecuario para detonar el desarrollo de actividades económicas en el campo.
Con esta estrategia se buscará
abrir oportunidades de empleo y de trabajo por cuenta propia para la población
rural. Se impulsará así la productividad en el campo, en actividades tradicionales
cuando sea posible y pertinente, o en nuevas actividades, más aptas en función
de la vocación del suelo.
Se trabajará con los campesinos
en acciones que permitan a sus integrantes diversificar sus actividades. Al
mismo tiempo, se establecerán medidas de protección social para otorgar
seguridad financiera a los campesinos, que les permita enfrentar fluctuaciones
negativas en los precios de los productos agropecuarios y otras situaciones
contingentes adversas que puedan dañar la economía de sus hogares.
ESTRATEGIA 2.5
Emprender acciones para propiciar el empleo en zonas donde se genera la
expulsión de personas, procurando convertirlas en receptoras de inversión.
Generar oportunidades
regionales de trabajo y producción es clave para resolver el problema
migratorio. Es claro que los estados expulsores de fuerza de trabajo son
aquellos en donde las condiciones económicas y sociales son más precarias. Si
bien la migración es un fenómeno que se ha extendido al ámbito urbano, la que
sale del campo sigue siendo la más dramática por las condiciones y las razones
que la impulsan.
El desarrollo de
infraestructura es un factor esencial para que los jóvenes y las mujeres
puedan encontrar nuevas opciones de empleo. Se impulsará la ampliación de
infraestructura considerando las vocaciones productivas de cada región para
decidir su tipo, su ubicación y su dimensión, pues las condiciones para atraer
inversión difieren dramáticamente de una región a otra, y en consecuencia las
oportunidades de empleo también son distintas.
Objetivo 3
Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada
de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el
acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.
ESTRATEGIA 3.1
Promover el ordenamiento territorial, la certeza jurídica en la tenencia de la
tierra y la seguridad pública en zonas marginadas de las ciudades.
Se trabajará estrechamente con
las autoridades estatales y municipales para acelerar la regularización de los
predios en que las familias han construido sus hogares sin realizar los trámites
correspondientes.
Una vez regularizados los
asentamientos, incluida la definición de usos del suelo con fines
habitacionales y comerciales, será más fácil dotarlos de servicios completos y
atraer inversiones que sean detonadoras de creación de empleos.
Si bien el problema de la
inseguridad pública afecta a todos, en las zonas pobres de las ciudades es
particularmente grave. La delincuencia se ha apoderado de parques, terrenos
baldíos y calles. Para recuperar y limpiar esos lugares, se impulsará la
construcción o remodelación de parques, canchas deportivas, espacios de
esparcimiento infantil, que permitan restaurar la convivencia sana y segura de
las familias vecinas. Para ello, se promoverá la colaboración, en primer lugar,
con las autoridades estatales y municipales mediante una coordinación operativa
y corresponsabilidad en el gasto.
También se impulsará la
participación social para que los vecinos asuman la parte que les corresponde:
vigilar, avisar a la policía, organizar eventos deportivos, cuidar la limpieza
de los espacios públicos, evitar el deterioro gradual de los mismos.
ESTRATEGIA 3.2.
Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional a
través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas
con la sociedad civil.
Esta estrategia se dirige a
impulsar el desarrollo social con un enfoque de largo plazo, al reducir las
disparidades regionales, compensar a las regiones rezagadas, distribuir
jerárquicamente los equipamientos, y aumentar el acceso a las oportunidades de
progreso. Asimismo facilita la concentración de esfuerzos en las regiones con
ventajas comparativas de localización, recursos naturales, infraestructura y
cadenas productivas consolidadas, en donde resulta más viable impulsar el
crecimiento económico, la productividad y el empleo. Contribuye también a la
sustentabilidad, propiciando un desarrollo más ordenado, menos disperso; que
permita reducir los efectos de ocupación en las tierras agrícolas de buena
calidad, en las reservas naturales o en áreas peligrosas; y que propicie un
uso racional del agua y de la energía.
Se orienta, además, a
consolidar una red primaria nacional de enlaces carreteros y de ferrocarriles
que articule los corredores más favorables, interconecte los complejos productivos,
y garantice la conexión del sistema con los principales puertos marítimos y
aéreos del país. Asimismo, se orienta a ampliar y mejorar la capacidad y
distribución de los sistemas de energía, información y telecomunicaciones, crecientemente
importantes.
ESTRATEGIA 3.3
Prevenir y atender los riesgos naturales
Esta estrategia pretende
sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y
la necesidad de incorporar criterios para la prevención de desastres en los
planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de los municipios.
Se orienta a hacer de la
prevención de desastres y la gestión del riesgo una política de desarrollo
sustentable, a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los
sectores público, social y privado; y a fortalecer prácticas de cooperación entre
Implica diseñar e implementar
nuevos programas estratégicos, dirigidos a mitigar la exposición de la
población frente a amenazas de origen natural, fortalecer los instrumentos
jurídicos para dotar de mayores atribuciones a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, a fin de evitar la concentración y proliferación de
asentamientos humanos en zonas de riesgo; y reducir los efectos del
calentamiento global con políticas públicas transversales que permitan, en el
corto plazo, reducir el riesgo de la población más vulnerable.
ESTRATEGIA 3.4 Fortalecer
el marco institucional federal en materia de desarrollo urbano creando los
instrumentos financieros, técnicos y normativos que requiere la problemática
actual de nuestras ciudades.
La planeación y gestión del
desarrollo urbano, si bien es una atribución legal de los gobiernos
municipales y estatales, requiere de un marco institucional federal fuerte,
con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente
a los gobiernos locales. En particular, se necesita un marco institucional
sólido para estructurar los centros de población y hacerlos más compactos,
definir normas y lineamientos, y constituir un sistema de información y
transferencia de buenas prácticas en red.
La acción pública sobre las
ciudades es una tarea que involucra a diferentes organismos y dependencias de
los tres órdenes de gobierno y a la propia sociedad, razón por la cual se dará
el impulso necesario a la construcción del andamiaje institucional que permita
y garantice el diseño y la conducción de una efectiva política nacional de
suelo y desarrollo urbano.
Desarrollo integral
3.2 Salud
En los últimos 50 años se
produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los
grupos de edad. Este descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo
en las principales causas de discapacidad y muerte. Hoy en el país predominan
como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles y las
lesiones. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más costosos que
las infecciones comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas
con la desnutrición, en la primera mitad del siglo XX fueron las principales
causas de muerte.
Esta transición está
íntimamente asociada al envejecimiento de la población y al reciente desarrollo
de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables, dentro de los que
destacan el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la mala nutrición, el
consumo de drogas y las prácticas sexuales inseguras.
Durante los últimos años, se
han registrado en el mundo importantes adelantos en materia de salud y México
no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país es la aplicación
universal de vacunas. Otros ejemplos son la disminución en los índices de
desnutrición, la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento en la
cobertura de los servicios públicos de salud. La tabla anterior muestra la
evolución de los principales indicadores de salud en la última década.
Como se puede apreciar, en los
cinco indicadores se presentan avances positivos. Baste mencionar que la
mortalidad por deficiencias nutricionales en niños menores de cinco años ha
caído de casi 25 por cada 100 mil niños en
Sin embargo, existen
importantes desafíos por superar derivados principalmente de la transición
demográfica y de la desigualdad económica. Las muertes por enfermedades no
transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida como la diabetes y
la hipertensión, así como las lesiones por accidentes o violencia, representan
hoy el 85% de todas las muertes que se registran en México. Estos
padecimientos son complejos y de tratamiento costoso.
El otro 15% corresponde a las
muertes por enfermedades asociadas con la pobreza, como las infecciosas, la
desnutrición y las que tienen que ver con la reproducción, mismas que hace 50
años eran las más frecuentes en el conjunto de la población y que ahora afectan
sobre todo a quienes viven en situaciones precarias. Las personas más pobres
tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la
población. Como puede apreciarse, la salud de la sociedad mexicana refleja las
desigualdades sociales y económicas del país.
Esta desigualdad, expresada en
la dimensión de la salud de las personas, puede observarse también entre
regiones. Por ejemplo, en 2006 la tasa de mortalidad infantil en Nuevo León
fue de 10.2 fallecimientos por cada mil niños nacidos, mientras que en Guerrero
fue cercana a 25. En 2005, el porcentaje de muertes en menores de cinco años
causadas por enfermedades infecciosas fue de 5.1% en Aguascalientes, mientras
que llegó a representar 24% en Chiapas durante el mismo año.
En los sectores más rezagados
socialmente conviven al mismo tiempo las llamadas enfermedades del
subdesarrollo y las del desarrollo, lo que complica todavía más las
soluciones. Sencillamente, la infraestructura para el tratamiento de las
enfermedades asociadas a comunidades económicamente desfavorecidas es muy
distinta a la que atendería enfermedades características de personas con
niveles de vida apreciables.
Tomar en cuenta la dimensión
demográfica de la sociedad mexicana es importante para comprender las
necesidades más importantes en materia de salud. Para empezar, hay que
considerar que la estructura de la población por edades ha variado mucho en las
últimas décadas, lo cual plantea desafíos adicionales al sistema de salud, es
decir, que no estaban necesariamente previstos por la oferta presente de
servicios de salud.
Destacadamente, cada vez hay
menos niños y más adultos. En 1970, de cada 100 mexicanos 19 eran niños de
cinco años o menos. Ahora son solamente 9 de cada 100. Por contraste, la población
en edad de trabajar se triplicó entre 1960 y 2000. Actualmente ésta representa
el 65% de toda la población mexicana. Este dato distingue justamente nuestra
transición demográfica, pues prácticamente dos terceras partes de la población
son muy probablemente perceptores de ingresos por ubicarse en edades
productivas.
Pero es necesario advertir que,
por otra parte, la población de adultos mayores crece considerablemente y con
ello poco a poco disminuye la base social de personas que aportan recursos al
conjunto social. En otras palabras, el bono demográfico que representa un
segmento mayoritario de la población en edad productiva se irá disminuyendo,
indefectiblemente, con el tiempo. Se augura que en menos de 25 años el sector
de adultos mayores pasará de
En promedio, la esperanza de
vida aumentó de
La pobreza, la desnutrición y
la insalubridad que afectan a la población de menos recursos económicos, se
relacionan con 3 y 2% de las muertes de mujeres y hombres, respectivamente, en
ese sector de la sociedad. Si bien la proporción es reducida en comparación con
otras causas de muerte, lo más doloroso es que se trata de muertes que pueden
evitarse con un poco más de inversión en servicios públicos y capacitación a
la población.
La posibilidad de enfermar es
más grande entre las personas que habitan en municipios marginados. Esta
proporción es de 1.7 veces mayor en los hombres y de 1.5 en las mujeres. Ello
representa un obstáculo evidente al desarrollo humano de las personas que
viven en dichos municipios.
Las acciones de combate a la
pobreza han contribuido a disminuir la desnutrición y, con ella, la baja talla
de los niños al nacer. Sin embargo, el número absoluto de estos niños, más de
1.2 millones, sigue siendo de una magnitud muy preocupante. Sencillamente, esta
desventaja a una edad tan temprana resulta inaceptable, debido a sus efectos
negativos en el desarrollo de esos mexicanos.
En México, el cuadro más
frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo expresión de la falta de
una cultura elemental de la salud en muchas de nuestras comunidades. Los
padecimientos transmisibles más frecuentes en nuestro país son, en orden de
importancia, infecciones respiratorias, diarrea, tuberculosis y enfermedades
de transmisión sexual.
Un avance muy importante en
materia de salud ha sido el descenso de la mortalidad en todos los grupos de
edad. Por ejemplo, hace 50 años, uno de cada 12 niños fallecía antes de cumplir
el primer año, y de los que sobrevivían, la mitad moría antes de los 35. Hoy,
la sobrevivencia hasta el primer año es de 98.5% de los recién nacidos.
Por lo que hace a las causas de
muerte, la obesidad, los malos hábitos en la alimentación y la falta de
ejercicio se relacionan con las enfermedades del corazón y la diabetes, que a
su vez son responsables del 32% de las muertes de mujeres y del 20% en los
hombres.
El sexo sin protección se asocia,
de manera muy importante, al cáncer de cuello del útero en las mujeres, y a la
infección del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH-SIDA, entre los
hombres. La tasa de mortalidad por SIDA en 2005 fue de 16.6 por mil en los
hombres, y de 3.1 por mil en las mujeres. Si bien los casos nuevos de SIDA se
dan más frecuentemente entre los hombres, el porcentaje que representan las
mujeres se ha ido incrementando con los años, de modo que en 2005 eran ya uno
de cada cinco casos.
El virus del papiloma humano es
el mayor causante de infecciones de transmisión sexual en los últimos años. El
riesgo se incrementa debido a que un gran número de mujeres no ejerce de
manera informada y protegida su sexualidad.
México cuenta con 4,203
hospitales, de los cuales 1,121 son públicos y 3,082, privados. El sector
público cuenta con un promedio de 0.74 camas por cada mil habitantes, inferior
al valor sugerido por
En el orden más general de la
vida social, el acceso a servicios de salud no alcanza aún a toda la población,
y pagar por servicios privados resulta muy difícil para la mayoría. Entre 2000
y 2005 se aprecia una disminución de la población no derechohabiente debido,
principalmente, a la elevada afiliación al Seguro Popular, que es un seguro
médico voluntario dirigido a evitar el empobrecimiento de las familias por
gastos emergentes de salud.
Sin embargo, es justo reconocer
que persisten grandes desigualdades en la calidad de los servicios de salud de
que disfrutan los mexicanos.
La falta de infraestructura
moderna y la insuficiencia de insumos no generan los mismos efectos en la
prestación de los servicios de salud de las diferentes dependencias puede
llegar en algunas ocasiones hasta el 20%.
En cuanto a la cantidad de
personal capacitado disponible en el sector salud, México tiene 1.85 médicos
por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio internacional deseable,
que es de tres médicos. Cabe señalar que además de este indicador debe también
atender la distribución geográfica de médicos.
La desigualdad se observa
también entre instituciones. PEMEX, por ejemplo, tiene un promedio de tres
médicos por cada mil derechohabientes, mientras que
El abasto de medicamentos ha
mejorado en las unidades de atención ambulatoria, no así en los hospitales. Mientras
que en las unidades de IMSS-Oportunidades ha sido posible surtir hasta 94.3%
de las recetas expedidas por sus médicos, los servicios estatales de salud
apenas lograron 61.2%.
La cobertura efectiva también
es desigual. En conjunto, el Distrito Federal registra la mayor cobertura de
servicios, que alcanza a 65.1% de la población, en tanto que Chiapas tiene un
alcance de 54%.
Es evidente que la
modernización de los servicios de salud requiere grandes inversiones para
lograr los estándares deseables. México destina 6.5% de su producto interno
bruto al rubro de la salud, cifra menor al promedio internacional.
El aumento de recursos
financieros no basta para elevar la calidad de los servicios de salud. Se
requiere del compromiso de sus médicos y enfermeras para brindar una atención
más responsable, eficiente y amable. Si bien no es sólo en los servicios
públicos donde se da un trato con frecuencia poco amigable, sí es en ellos donde
se registra el mayor número de quejas de los usuarios en ese sentido.
El esfuerzo del Estado mexicano
por hacer accesibles los servicios de salud a más personas, si bien se ha
reflejado en una infraestructura hospitalaria y de servicios médicos de grandes
dimensiones, se enfrenta al doble desafío de atender las llamadas enfermedades
del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones que afectan
principalmente a la población marginada, y padecimientos propios de países
desarrollados, como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes.
Hacer frente a esta doble
problemática representa un reto muy complejo, que para ser atendido
adecuadamente requiere de la unión de recursos y compromisos entre la sociedad
y los tres órdenes de gobierno. Esta suma de esfuerzos resulta indispensable
para moderar las inequidades y acelerar el camino hacia la igualdad de
oportunidades para los mexicanos, lo que es esencial para un progreso y una
prosperidad compartidos.
Objetivo 4
Mejorar las condiciones de salud de la población.
Gran parte de las enfermedades
y riesgos para la salud que más frecuentemente padecen los niños, los jóvenes,
las mujeres y los adultos mayores pueden evitarse mediante acciones de
prevención oportuna y adecuada.
Éstas son las estrategias que
plantea el Gobierno Federal para conseguirlo:
ESTRATEGIA 4.1 Fortalecer
los programas de protección contra riesgos sanitarios.
El propósito de esta estrategia
es fortalecer los servicios no personales de salud, al reorientar las acciones
hacia la protección contra riesgos sanitarios a los que está expuesta la
población.
La protección contra los
riesgos a la salud de la población distingue entre los riesgos que
individualmente se asumen en forma voluntaria, tales como los relacionados con
el estilo de vida, y los riesgos involuntarios, como el tener contacto con
medios (alimentos y agua que se consumen, aire que se inhala, suelo que se
toca), tecnologías o condiciones inapropiadas.
Para proteger a la población
contra los riesgos sanitarios se fortalecerán las acciones de fomento,
promoción, trabajo comunitario, políticas fiscales y otras no regulatorias,
así como las regulatorias que abarcan, entre otras, el desarrollo de acciones
de verificación, control y emisión de autorizaciones.
ESTRATEGIA 4.2 Promover
la participación activa de la sociedad organizada y la industria en el
mejoramiento de la salud de los mexicanos.
La participación social y la
acción comunitaria son fundamentales en las acciones del sector salud. Sin
embargo, se estima en general que la participación social ha carecido de bases
sólidas para la organización y acción comunitaria, así como de la capacitación
en materia de promoción de la salud en el nivel local. Adicionalmente, es
importante señalar que no existe la cantidad suficiente de promotores de la
salud en los núcleos básicos y que es necesaria la actualización de los lineamientos
que permitan el buen gobierno, así como la mayor participación y compromiso de
todos los actores participantes.
Por ello, se construirá una
base social para ejercer la rectoría en participación social y promover la
salud de los mexicanos. En este sentido, se fortalecerá la participación municipal,
se orientará la participación comunitaria, se estimulará la participación
social para proteger a la población vulnerable y se elaborarán los lineamientos,
manuales y guías metodológicas para la capacitación en materia de promoción de
la salud.
ESTRATEGIA 4.3
Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades.
Las acciones de prevención en
salud destacan por ser costo-efectivas al mejorar la salud y calidad de vida
de la población, mientras que se evitan altos costos de tratamiento en el
futuro. Sin embargo, actualmente estas acciones se llevan a cabo sin una
efectiva coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud y con
un financiamiento dispar.
Para incrementar la efectividad
de las políticas de prevención en salud, es necesario ordenar las acciones de
prevención de enfermedades de todas las instituciones públicas de salud bajo
una estrategia coordinada por
Objetivo 5
Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad
para el paciente.
Junto con el mayor alcance de
los servicios de salud y el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento,
es fundamental la superación profesional y la sensibilización de quienes
atienden al público usuario. Lograr que los mexicanos cuenten con servicios de
salud eficientes y de alta calidad, ofrecidos con calidez y profesionalismo,
es el propósito de las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 5.1 Implantar
un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis
en el abasto oportuno de medicamentos.
Para mejorar los servicios de
salud se implementará el Sistema Integral de Calidad en Salud que situará a la
calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. Este sistema
integral desplegará una estrategia de calidad total, mejora continua y adopción
de modelos de excelencia, que desarrollará la calidad técnica y la calidad
percibida de los servicios de salud, y los evaluará mediante indicadores que
consideren dichos atributos.
Las acciones se dirigirán a las
tres dimensiones de la calidad: por una parte, se enfocarán hacia los
ciudadanos y hacia los profesionales de la salud, proponiendo la mejora de la
calidad como el eje de atención. Por otra parte, se dirigirán hacia las organizaciones
a través de estrategias de la calidad para la gestión de los servicios de
salud, cuya finalidad es conducir transformaciones que favorezcan la
innovación.
Por otro lado, para contar con
un abasto oportuno y eficiente de medicamentos se implementará una política
integral que busque: 1) fortalecer la cadena de abasto de medicamentos; 2)
garantizar la oferta oportuna y promover la participación del mercado de
medicamentos genéricos; 3) evitar precios excesivos de medicamentos bajo
patente; 4) optimizar el gasto en medicamentos en las instituciones públicas
de salud; 5) garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, e 7)
institucionalizar los procesos de análisis, diseño y evaluación de la política
farmacéutica.
ESTRATEGIA 5.2 Mejorar
la planeación, la organización, el desarrollo y los mecanismos de rendición de
cuentas de los servicios de salud para un mejor desempeño del Sistema Nacional
de Salud como un todo.
Se implementará un Sistema
Integral de Evaluación y Seguimiento para fortalecer la rendición de cuentas y
mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Salud. El sistema generará
evidencia sobre la forma en que se realizan las funciones básicas, aplicará
métodos y criterios homogéneos para evaluar los servicios de salud, establecerá
comparaciones de los resultados obtenidos por las instituciones públicas de
salud en el ámbito nacional y estatal como parte del proceso de mejora,
incorporará actualizaciones y adecuaciones derivados de los procesos de planeación
y ejecución de las políticas, programas y servicios de salud, integrará los
conocimientos y experiencias de los prestadores y de los usuarios de los
servicios, y asegurará la rendición de cuentas del sector salud.
ESTRATEGIA 5.3 Asegurar
recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud
suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población.
Se fortalecerá la capacitación
profesional de avanzada entre el personal médico, enfatizando la investigación
y la actualización sobre los adelantos e innovaciones más recientes de la medicina
en sus diferentes especialidades. Esto es muy importante para evitar las
evaluaciones clínicas esquemáticas y rutinarias que conducen a diagnósticos
superficiales en perjuicio de la salud e incluso de la vida de los pacientes.
Se procurarán inversiones suficientes para modernizar las instalaciones,
mejorar su mantenimiento y renovar o sustituir los equipos obsoletos.
Asimismo, las características
de esta vertiente de política incluyen la edificación de más hospitales
regionales y, en general, la ampliación de la infraestructura de salud y sus
equipos en las ciudades y el campo, y la mejoría y el mantenimiento de las
instalaciones que ya funcionan.
En el sector salud se requiere
de personal sanitario que contribuya, en cantidad y conocimientos, a atender
las enfermedades de las distintas regiones del país.
En materia de infraestructura
física en salud se consolidará la red de servicios de atención a la salud,
priorizando la red de hospitales regionales de alta especialidad y las unidades
de especialidades médicas. Asimismo, se implementará un programa nacional de
conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el
desarrollo de infraestructura para especialidades médicas. Para impulsar esta
estrategia se incentivará la inversión de asociaciones público-privadas.
Para mejorar la calidad y la
eficiencia de los servicios se aprovechará la tecnología en la utilización
eficiente del equipo médico y de toda la infraestructura de servicios en
general. Asimismo, se impulsará la formación y desarrollo de recursos humanos
en la aplicación de un sistema de evaluación del desempeño, soportado en el
acceso a la información científica y operativa.
La tecnología tiene importancia
estratégica para ampliar la cobertura de servicios a la población sin
posibilidades económicas, así como para promover el uso y disponibilidad de
instrumentos que apoyen el pago por adelantado de servicios de salud, para
asegurar su financiamiento y evitar el empobrecimiento de la población al
enfrentar el pago de servicios.
No se trata sólo de incorporar
novedosas tecnologías; el objetivo es lograr que el Estado sea un regulador y
promotor responsable del potencial de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en aplicaciones médicas.
Objetivo 6
Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones
focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
El propósito es abatir los
rezagos en la atención a la salud de la población en condiciones de pobreza,
así como prevenir las enfermedades y superar los principales obstáculos para
una vida sana, con acciones dirigidas a los lugares donde más se necesitan.
Las estrategias para lograrlo son las siguientes:
ESTRATEGIA 6.1
Promover la salud reproductiva y la salud materna y perinatal, así como la
prevención contra enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, y
otras enfermedades asociadas al rezago social que persiste en la sociedad.
Para avanzar en salud
reproductiva se emprenderá una estrategia integral que identifique y privilegie
a los grupos con mayor rezago, que asegure la disponibilidad de insumos de
calidad para la prestación de los servicios de salud de planificación familiar
y anticoncepción, que fortalezca la competencia técnica del personal de salud,
que eduque a cada segmento de la población, que cuente con mecanismos de
supervisión y evaluación sistemática, y que instrumente un modelo
interinstitucional de atención básica en salud sexual y reproductiva para la
población adolescente.
En las comunidades marginadas,
las mujeres constituyen uno de los sectores con mayores riesgos para su salud
por su función biológica en la reproducción y por su preeminencia en el cuidado
de las familias. Por ello se diseñarán acciones de difusión y promoción para
las madres de familia, de modo que se estimulen hábitos saludables en los
lugares donde viven. Por otra parte, la mortalidad materna, así como la morbilidad
asociada a sus factores determinantes, constituye un grave problema de salud
pública que revela algunas de las más profundas inequidades en las condiciones
de vida. Por ello, para reducir la mortalidad materna e infantil se aplicarán
medidas preventivas, como una buena alimentación, la vigilancia de posibles
factores de riesgo, un ambiente higiénico al momento de dar a luz, así como
acceso a atención rápida y eficaz en casos de urgencia. Los abortos provocados
también constituyen otro factor de riesgo importante que puede menoscabar la
salud de la mujer. Los sistemas de salud proveerán una atención adecuada para
evitar que los embarazos deriven en complicaciones, enfermedades, discapacidades
permanentes o en la muerte de la madre o del niño.
Los grandes retos nacionales
para mejorar la salud perinatal se presentan en la necesidad de establecerla
como prioridad en la agenda nacional, al mismo nivel que hoy se encuentra la
salud materna. Por ello, se creará un Sistema Nacional de Información de Salud
Perinatal, con indicadores precisos, que permita conocer la verdadera situación
del recién nacido en México.
ESTRATEGIA 6.2 Ampliar
la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso
de la telemedicina.
Para atender la salud de la
población que habita en localidades pobres alejadas y dispersas que carecen de
unidades médicas o de ciertos servicios médicos, se pondrán en operación
equipos itinerantes de salud, asimismo, se reorganizarán e integrarán los
espacios de atención (hogar, comunidad y unidades médicas ambulatorias y
hospitalarias) mediante estándares compartidos y confiables que garanticen la
continuidad de la atención, y a través del establecimiento de redes de
telemedicina.
Esta estrategia articula los
esfuerzos desarrollados por distintas instituciones de salud para favorecer la
disponibilidad de los servicios a nivel comunitario y familiar en localidades
cuyas características geográficas y sociodemográficas impiden o dificultan el
acceso a la red de servicios de salud.
Con esta estrategia se busca
que la mayor capacidad resolutiva de los problemas básicos de salud se
encuentre disponible y al alcance de todas las personas, sin que éstas tengan
que realizar grandes desplazamientos, trámites complicados o pasar por
múltiples filtros. Esta estrategia combina la atención ambulatoria especializada
a nivel comunitario, la telemedicina y la creación de nuevas unidades de
atención a la salud.
Para implementar esta
estrategia se requiere mejorar la conectividad y el acceso a través del uso de
infraestructura de telecomunicaciones adecuada, establecer redes de
telecomunicaciones confiables y robustas, facilitar el uso de los recursos de
telecomunicaciones existentes, lograr la intervención del sector privado para
invertir y participar en el mejoramiento de infraestructura para el sector
salud, instalar unidades de telemedicina y crear centros virtuales de
teleconsulta a nivel nacional en coordinación con las secretarías de salud
estatales.
ESTRATEGIA 6.3
Fortalecer las políticas de combate contra las adicciones causadas por el
consumo de alcohol, tabaco y drogas.
La tendencia en el incremento
del consumo de drogas ha generado una demanda creciente de servicios
especializados para la atención de problemas de adicciones; sin embargo,
nuestro país aún carece de una red articulada, eficiente y suficiente de
servicios ambulatorios y residenciales.
Es necesario desarrollar un sistema integral para el tratamiento de las
adicciones mediante el establecimiento de una red de servicios especializados,
que sumará los esfuerzos de los diferentes sistemas de atención incluyendo a
las organizaciones de la sociedad civil, a los servicios de desintoxicación en
hospitales generales o centros de salud de referencia y a las unidades que
brinden tratamiento de complicaciones médicas en los servicios de salud.
Asimismo, se deben impulsar programas de detección temprana,
intervención y referencia a servicios especializados, así como a programas
residenciales para los casos de dependencia severa, y a programas orientados a
lograr y mantener la abstinencia con el apoyo familiar.
Objetivo 7
Evitar el empobrecimiento de la población por
motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.
Para una familia que no cuenta con algún tipo de seguro médico, la
atención que acarrea la enfermedad grave de uno de sus miembros puede
significar la pérdida de su patrimonio para pagar el tratamiento y los medicamentos.
Se buscará avanzar sustancialmente en la cobertura de salud para todos los
mexicanos, de modo que el usuario pueda acceder a los servicios necesarios
para recuperar su salud, sin afectar irremediablemente su presupuesto.
En este rubro se plantea el acceso de la población con mayores
carencias a los servicios públicos de salud promoviendo su incorporación al
Seguro Popular, a los programas para no asegurados de que disponen
ESTRATEGIA 7.1 Consolidar un sistema integrado de salud para
garantizar el acceso universal a servicios de alta calidad y proteger a todos
los mexicanos de los gastos causados por la enfermedad.
Para lograr una protección social en salud que beneficie por igual a
todos los mexicanos, es necesario implementar una estrategia que permita
superar la actual segmentación del sistema que se acerque cada vez más a la
universalización de los demás. Esto permitirá proveer beneficios similares en
las instituciones de salud, homogeneizar los niveles de calidad y establecer
reglas que permitan la portabilidad geográfica e institucional de los
beneficios. Para ello, se requieren una serie de reformas graduales que
atiendan la realidad jurídica, laboral, económica y política.
ESTRATEGIA 7.2 Consolidar la reforma financiera para hacer
efectivo el acceso universal a intervenciones esenciales de atención médica,
empezando por los niños.
La finalidad de esta estrategia es lograr que el acceso universal a
servicios de salud de calidad sea una política sustentable. Para garantizar la
cobertura efectiva en el control de las principales causas de daño a la salud y
la atención sin excepciones a todos los pacientes, es necesario propiciar la
sustentabilidad financiera del sistema de salud y seguridad social. Se debe
cuidar responsablemente el presupuesto, identificar los gastos administrativos
que no sean prioritarios y reorientar estos recursos hacia el abasto de
medicinas y la cobertura de servicios hospitalarios.
La reforma a
La cobertura universal de los servicios de salud es un objetivo que
puede tardar varios años en conseguirse. Pero hay que empezar por donde más se
necesita. Los niños son el futuro de nuestro país; garantizar desde ahora su
desarrollo saludable es compromiso del Gobierno de
A través del Seguro Médico para una Nueva Generación, todos los niños
tendrán derecho a un seguro médico que cubra 100% de los servicios médicos que
se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95% de las acciones hospitalarias,
así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos.
Con éste y otros programas los recién nacidos estarán protegidos de los
principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida,
sobre todo en el primer mes, que es cuando ocurre el mayor número de muertes
en la infancia. De esta manera, para 2012 esperamos disminuir la tasa de
mortalidad de niños menores de 5 años a no más de 20 defunciones por cada mil
nacidos vivos.
ESTRATEGIA 7.3 Consolidar el financiamiento de los servicios
de alta especialidad con un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos.
La estrategia se orienta a garantizar a los mexicanos el acceso
universal a los servicios de salud sin mermas significativas a su patrimonio
personal, independientemente de su lugar de residencia, género, ocupación, edad
o grupo socioeconómico.
Por ello, para incrementar la
eficiencia con la que el sector público presta los servicios de salud de alta
especialidad, se establecerá un fondo sectorial de protección contra gastos
catastróficos que permita la mancomunación de riesgos para todas las
instituciones públicas de salud y, por lo tanto, la minimización de los costos
asociados a dichos servicios. La unificación del financiamiento en materia de
gastos catastróficos eliminará también las consecuencias de la selección
adversa que actualmente castiga a los prestadores que ofrecen el mejor servicio
y la cobertura más amplia al ser preferidos por los asegurados con mayor
riesgo.
ESTRATEGIA 7.4
Promover la concurrencia equitativa entre órdenes de gobierno para las acciones
de protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud.
La protección contra riesgos
sanitarios y la promoción de la salud son dos claros ejemplos de bienes
públicos en salud que, por su propia naturaleza, tienden a ser generados en un
nivel inferior al socialmente óptimo cuando su producción se deja a las fuerzas
del mercado. Por esta razón, es parte insoslayable del quehacer público el
garantizar la suficiencia y la adecuada distribución de estos bienes de salud
entre toda la población.
Algunos elementos de la protección
contra riesgos sanitarios y la promoción de la salud pueden ser caracterizados
como bienes públicos nacionales y, por lo tanto, los mecanismos para su
provisión eficiente quedan primordialmente en manos del Gobierno Federal. Sin
embargo, otros elementos o procesos tienen un alcance local o regional y
dependen considerablemente de los niveles de esfuerzo de las autoridades
locales, de la capacidad económica de la población en cada localidad o región y
de los arreglos institucionales que canalizan recursos entre distintos niveles
de gobierno o entre distintas jurisdicciones.
La provisión eficiente de la
protección contra riesgos sanitarios y la promoción de la salud requieren de
una adecuación principalmente en dos vías: la revisión y actualización del
marco regulatorio para establecer claramente las responsabilidades ejecutivas
y administrativas de cada orden de gobierno, y la revisión y, en su caso, modificación
de los mecanismos de asignación de recursos federales y federalizados para
incorporar los incentivos que garanticen la generación suficiente de estos
bienes de salud, tomando en cuenta los niveles de esfuerzo y capacidad
fiscales de las distintas localidades y regiones.
Objetivo 8
Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al
desarrollo humano en el país.
La prevención de enfermedades,
epidemias y riesgos en el trabajo es un componente de la mayor importancia
para los propósitos nacionales de crecimiento económico y superación de la
pobreza. El sentido de esta estrategia es contribuir a que más personas vean
ampliadas sus oportunidades mediante el mejoramiento de su salud.
ESTRATEGIA 8.1
Consolidar la investigación en salud y el conocimiento en ciencias médicas
vinculadas a la generación de patentes y al desarrollo de la industria
nacional.
México cuenta con los recursos
y activos necesarios para generar investigación y conocimiento en ciencias de
la salud. Sin embargo, la creación de nuevo conocimiento rara vez alcanza a
materializarse en bienes comerciables y generadores de ingreso para sus autores
y para el país en su conjunto.
Para que la investigación en
ciencias de la salud se convierta en un motor generador de empleos en el país,
se establecerá una agenda nacional que incentive dicha investigación, particularmente
en el área biotecnológica, pero que también facilite y estimule el registro de
patentes de nuevos procesos y productos, e impulse la comercialización e
industrialización de los mismos.
ESTRATEGIA 8.2 Garantizar
un blindaje efectivo contra amenazas epidemiológicas y una respuesta oportuna a
desastres para mitigar el daño al comercio, la industria y el desarrollo
regional.
La instalación y mejoramiento
de laboratorios de bioseguridad y unidades de inteligencia para emergencias de
salud que permitan detectar oportunamente contingencias potencialmente dañinas
para la población, permitirán fortalecer la alerta ante cualquier amenaza
epidemiológica que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional, la planta
laboral y las actividades productivas.
El proceso de globalización
económica ha significado un incremento en la intensidad del intercambio tanto
de bienes y servicios, como en el tránsito de personas. Este tránsito
incrementa considerablemente la exposición de la población en territorio
nacional ante riesgos epidemiológicos de origen externo como el Síndrome Agudo
Respiratorio Severo o la amenaza de la gripe aviar.
Asimismo, los desastres
naturales provocados por fenómenos como El Niño o las temporadas de huracanes
ocasionan inundaciones que generan las condiciones propicias para la
propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue o el
Virus del Oeste del Nilo.
Estos riesgos epidemiológicos
representan amenazas latentes sobre las condiciones de estabilidad y seguridad
que requieren el comercio, la industria y el desarrollo regional para
prosperar. Por ello, se establecerá un blindaje efectivo ante estas amenazas
que permita consolidar una estructura eficiente y eficaz de notificación
inmediata, y de respuesta para mitigar los posibles daños y reducir al mínimo
la morbilidad en primera instancia, así como las afectaciones sobre la
estructura económica y social. Asimismo, se instalarán y mejorarán los
laboratorios de bioseguridad y unidades de inteligencia para emergencias sanitarias.
Todo esto tendrá como propósito principal proteger la vida, la integridad
física y la salud de las personas.
ESTRATEGIA 8.3
Promover la productividad laboral mediante entornos de trabajo saludables, la
prevención y el control de enfermedades discapacitantes y el combate a las
adicciones.
Los accidentes en el lugar de
trabajo son fuente importante de incapacidad laboral, ya sea temporal o
permanente, lo que genera pérdidas considerables en el ingreso de los
trabajadores o sus empleadores. Asimismo, algunos padecimientos se destacan
por sus efectos negativos sobre la capacidad de las personas para realizar sus
actividades laborales. En México, tan sólo en el mercado formal que cotiza en
el IMSS, se estima que en promedio cada trabajador pierde alrededor de tres
días al año por incapacidad, ya sea por accidentes de trabajo o por enfermedad,
sin incluir la maternidad. Por otra parte, el abuso en el consumo del alcohol
y la dependencia al mismo constituyen otra fuente significativa de ausentismo
laboral, no sólo por sus efectos directos sobre las actividades laborales, sino
también por sus efectos indirectos al incrementar el riesgo de accidentes
dentro o fuera del lugar de trabajo.
Por ello, se instrumentarán
medidas para reducir los riesgos en el trabajo y para promover entre los
trabajadores estilos de vida saludables a través de la educación sobre la
prevención y el autocuidado de la salud. Por otra parte, se fortalecerán los
instrumentos para el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades
crónicas y los trastornos depresivos, así como el combate a las adicciones.
De esta forma, con trabajadores
más sanos y mejor protegidos contra riesgos laborales, se darán mejores
condiciones para el crecimiento económico, la productividad y la generación de
empleos mejor remunerados.
3.3 Transformación educativa
El Constituyente de 1917
estableció en el artículo tercero de
Hacia el último cuarto del
siglo XX era evidente que el sistema nacional de educación estaba cerca de
alcanzar una cobertura educativa de primaria para casi todos los mexicanos. Las
décadas que siguen a la promulgación de
En 2006, 1.7 millones de
maestros brindaron servicios de educación a 32.3 millones de niños y jóvenes
en 238 mil escuelas. El sistema extraescolar atendió a 3.7 millones de
personas en educación inicial, formación para adultos y servicios semiescolarizados
y abiertos. El sistema educativo nacional tiene una enorme complejidad, y sus
alcances y límites sólo pueden entenderse mediante un conjunto amplio de
indicadores.
Ciertamente, se han registrado
importantes avances en materia educativa durante los últimos años. Se ha
conseguido una cobertura cercana a 100% en educación primaria, y una tasa importante
de expansión en secundaria, media superior y superior. Además, se ha
fortalecido el sistema educativo a partir de cambios institucionales importantes
como la introducción de
Aún persisten rezagos de
consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la
falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una
educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información.
Otro reto ligado al anterior es superar la desvinculación entre la educación
media superior y superior y el sistema productivo.
El rezago en educación básica
se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no
concluyeron, o que nunca cursaron, la primaria o la secundaria. De ellos, la
mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente los años de escolaridad
promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 9.7. Nos proponemos alcanzar
al final del sexenio un promedio de 12.5 años.
El nivel nacional de
analfabetismo es de 7.7%, aunque con notables variaciones entre los estados de
Un indicador relevante para
entender el problema de la calidad educativa es el desempeño de estudiantes de
primaria y secundaria. Éste continúa siendo muy bajo en lo referente a la
comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas. Además, la
brecha en calidad entre escuelas públicas y privadas sigue siendo considerable.
Las pruebas EXCALE y ENLACE, aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación
de
Esta disparidad en la calidad
educativa es de especial importancia pues, actualmente, las instituciones
públicas de educación básica atienden al 87% de los estudiantes, mientras que
sólo 13% tiene acceso al sistema de educación privada, en donde, además de
tener un mejor desempeño en el aprendizaje, la posibilidad de cursar materias
extracurriculares relacionadas con el deporte, el arte, la cultura y los
idiomas, propicia una formación más integral.
Durante 2006, el sistema
educativo nacional atendió al 73% de la demanda en el país, lo cual contrasta
favorablemente con el 59.7% logrado en 1992. No obstante, la cobertura presenta
grandes diferencias por nivel educativo. En 2006, la mayor cobertura se logró
en educación básica: la preescolar, con 66.9%; la primaria, con 94.1% y la
secundaria con 87%.
Actualmente, la educación media
superior atiende a cerca de tres quintas partes de la población de
Por su parte, la educación
superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad.
De éstos, la gran mayoría, cerca del 94%, estudia licenciatura o sus
equivalentes, y aproximadamente el 6% cursa estudios de posgrado.
Una comparación con otros
países que, como México, integran
En 2006, la educación superior
en México alcanzó una cobertura del 25%. Comparativamente, en el mismo año las
tasas de matriculación de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón,
más allá de la preparatoria, fueron de 82, 63, 60, 57 y 54%, respectivamente.
La escasa matrícula en
educación superior obedece a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, a
la pobreza de las familias y a las características propias de las instituciones
de educación superior. En México, muchas instituciones de educación superior
trabajan por debajo de su capacidad, ya que la demanda educativa está muy
concentrada. El 50% de los estudiantes se inscribe en áreas de ciencias
sociales y administrativas, en contraposición con las ciencias agropecuarias,
naturales y exactas, en las que se observa una disminución en la matrícula.
Esta concentración también
tiene una importante dimensión regional, ya que tan sólo siete estados
concentran la mitad de la matrícula y 40% de ésta es atendida por sólo diez
instituciones de educación superior.
A pesar de que las
instituciones con mayor crecimiento han sido las universidades tecnológicas y
politécnicas se crearon 85 durante el periodo 2001-2006, su matrícula no
registra un aporte sustantivo a la cobertura de la educación superior. Se
estima que con la infraestructura actual, insuficientemente aprovechada, se
podrían atender entre 300 y 380 mil estudiantes más, lo que equivaldría a
incrementar la cobertura entre 3 y 4%.
En educación superior no
existen evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos de los
estudiantes. Sin embargo, se estima que la eficiencia terminal en educación superior
oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de
hasta 87% en los programas de investigación avanzados.
Por otra parte, el hecho de
alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes
se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera
elocuente del problema de la falta de vinculación entre la educación superior
y el mercado laboral. México requiere que todos los jóvenes que así lo deseen
puedan tener acceso a educación superior de calidad, y también que los
contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el
mercado laboral.
Una de las razones que explican
la baja matriculación y la deserción de los alumnos de educación superior es,
precisamente, la falta de confianza en que los años invertidos en la educación
mejoren efectivamente sus oportunidades de éxito en el mercado laboral y se
traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso. Otra explicación
es la necesidad de ellos y de sus familias de obtener recursos económicos desde
temprana edad. No existen suficientes programas que faciliten el ejercicio
simultáneo de estudio y trabajo, particularmente entre los 15 y los 29 años,
etapa del desarrollo en el que numerosos mexicanos, en su mayoría varones,
abandonan sus estudios para trabajar.
El rezago educativo de la
juventud impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a crecimiento
económico y superación de la pobreza. Este rezago afecta el logro de otros
objetivos nacionales como el apego a la legalidad, que debería ser cultivado
como parte integral de la formación en las sucesivas etapas de la educación de
los jóvenes.
La infraestructura educativa
también presenta atrasos y desigualdades entre los distintos niveles. Por ejemplo,
sólo poco más de la mitad de los planteles de secundaria se encuentra en nivel
óptimo; en primaria, 14% de las escuelas presentan cuarteaduras en sus
edificaciones. Las telesecundarias se encuentran en condiciones poco
operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan con salón de cómputo y
biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios de física,
química y biología es todavía menor.
El sistema de educación
indígena presenta severas deficiencias en la calidad de los servicios, que se traducen
en bajos niveles de eficiencia terminal y resultados claramente inferiores a
los promedios nacionales. Las dificultades que se presentan en el sector
tienen que ver con la escasez de maestros bilingües, la presencia de alumnos
que hablan diferentes lenguas en un mismo grupo, así como con el aislamiento y
la marginación de las comunidades donde habitan.
Un problema adicional, que
apenas comienza a ser atendido, es la educación de niños y jóvenes indígenas
que han emigrado con sus familias, por razones económicas, a estados donde
antes prácticamente no existía población indígena, como Nuevo León, Zacatecas,
Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur y Tamaulipas.
Otros problemas del sistema
nacional de educación apuntan a factores de organización como son el mecanismo
de control vertical, el enorme peso de su burocracia y el insuficiente impulso
que se ha dado al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida de los
maestros y el personal directivo y auxiliar. En efecto, aún sigue siendo una realidad
que el sistema escolar da mayor énfasis a los aspectos administrativos del
proceso educativo en lugar de los factores de aprovechamiento académico.
En 2006, México gastó en
educación
Junto con el logro de la
cobertura, es necesario alcanzar niveles de calidad más altos. Debe promoverse
el mejoramiento educativo para dotar a niños y jóvenes de una formación sólida
en todos los ámbitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el trabajo, la
plena participación social y política y el valor de la realización personal. El
sistema educativo nacional requiere de una significativa transformación basada
tanto en el mejoramiento material y profesional de los maestros, como en el
énfasis en el logro de los aprendizajes y el fortalecimiento en la capacidad de
decisión en las escuelas, bajo la plena cooperación de padres de familia y
alumnos.
La principal riqueza de un país
son sus hombres y sus mujeres. Las naciones que han logrado el verdadero
mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por
haber puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad,
relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo.
Es por eso que hoy, en un mundo
cada vez más competitivo, todos los actores sociales, incluidos el gobierno,
los maestros y los padres de familia coinciden en que el conocimiento se ha
transformado en el factor más importante para incrementar la competitividad del
país. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de este Plan Nacional de
Desarrollo es fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante la
provisión de una educación suficiente y de calidad. Se trata de concentrar los
esfuerzos nacionales en el logro de una profunda transformación educativa
mediante la cual los mexicanos de hoy tomen en sus manos el destino de la
nación y consigan para las generaciones futuras la realización de un México que
alcanza lo que se propone.
Para lograr el fortalecimiento
del gasto educativo, su redistribución y el mejoramiento integral del sistema,
se requiere de un firme compromiso de las instituciones públicas de los ámbitos
federal, estatal y municipal, del magisterio organizado, de los padres de familia,
así como de nuestros niños y jóvenes. Sólo partiendo de una base unificada de
esfuerzo colectivo se alcanzará la transformación educativa que requiere un
verdadero Desarrollo Humano Sustentable.
Los objetivos y estrategias que
se exponen a continuación se encaminan a mejorar las oportunidades de
educación para la niñez y la juventud de México, poniendo especial atención a
los sectores de población menos favorecidos.
OBJETIVO 9
Elevar la calidad educativa.
La calidad educativa comprende
los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos
criterios son útiles para comprobar los avances de un sistema educativo, pero
deben verse también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requerimientos
de la sociedad y de las demandas del entorno internacional. Una educación de calidad
entonces significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y
habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y
deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia
social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del
trabajo. Estos aspectos se trabajan de manera transversal en los diferentes
niveles y grados de la educación y en los contextos sociales desiguales de los
diversos educandos y se observan también en el balance entre información y formación
y entre enseñanza y aprendizaje.
Por eso las estrategias que se
exponen a continuación tienen el propósito de contribuir a dar un salto
cualitativo en los servicios educativos que se prestan para todos los niveles
de instrucción.
ESTRATEGIA 9.1
Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de
los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de
sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.
La evaluación es una de las
herramientas más poderosas para mejorar la calidad de la educación, como se ha
comprobado en todos los países que han logrado elevar el desempeño de sus
sistemas educativos. La evaluación con métodos probados internacionalmente es,
sin duda, el mejor camino para asignar estímulos tanto a las escuelas como al
personal docente. Por ello, se realizarán evaluaciones anuales de aprendizaje
en las áreas de matemáticas y español para estudiantes de primaria, secundaria
y de educación media superior. Los resultados de estas evaluaciones serán
públicos y estarán disponibles para todos los ciudadanos. Como parte de esta estrategia,
se procurará que las instituciones de investigación y de educación superior
incorporen valoraciones objetivas en sus sistemas curriculares. Asimismo, la
educación media superior contará con un sistema de evaluación integral que
estará a cargo de comités técnicos de expertos en educación. El propósito es
fortalecer la evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas que
permita mejorar de forma objetiva y lograr la calidad educativa que el país
necesita y merece. Se fortalecerá la cultura de la evaluación en todos los
medios relacionados con la educación, para lo cual se desarrollarán actividades
de capacitación para realizar evaluaciones, así como para interpretarlas y
utilizarlas. Asimismo es importante establecer herramientas que arrojen información
sobre el desempeño del personal docente y que permitan a éstos detectar sus
áreas de oportunidad.
ESTRATEGIA 9.2
Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con
las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles.
Se fortalecerán los programas
de capacitación de la planta magisterial, de manera que se pueda contar con
más profesores certificados y comprometidos con la docencia en todos los
niveles educativos.
Como parte de esta estrategia,
se impulsará un sistema para el registro de aspirantes a ocupar cargos directivos
de plantel de educación media superior, con el propósito de contar con un
proceso de selección transparente que garantice la calidad en gestión
educativa escolar en el plantel, así como el desarrollo con calidad de los
actores dentro del plantel.
La intención es fortalecer las
capacidades de los maestros para la enseñanza, la investigación, la difusión
del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con los
objetivos nacionales de elevación de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje,
fortalecimiento de los valores éticos de los alumnos y transmisión de
conocimientos y habilidades para el trabajo, principalmente. Para ello se
diseñarán acciones específicas dirigidas a robustecer la formación inicial y la
capacitación continua del personal docente, estableciendo un mecanismo anual de
rendición de cuentas sobre las áreas de capacitación de los maestros, por
plantel escolar a niveles primaria, secundaria y educación media superior.
ESTRATEGIA 9.3
Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para
elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los
estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y
competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la
vida económica.
Es impostergable una renovación
profunda del sistema nacional de educación para que las nuevas generaciones
sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante
en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir
exitosamente a un México con crecimiento económico y mejores oportunidades
para el desarrollo humano.
La educación es un gran motor
para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad e impulsar
la innovación. Para esto, los programas de estudio deben ser flexibles y
acordes a las necesidades cambiantes del sector productivo y a las
expectativas de la sociedad. Los métodos educativos deben reflejar el ritmo
acelerado del desarrollo científico y tecnológico y los contenidos de la
enseñanza requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera
constantemente gracias a las nuevas tecnologías de información.
Se implementarán mecanismos que
favorezcan un verdadero desarrollo curricular, mediante el cual las escuelas,
docentes y directivos jueguen un papel más activo y aprovechen de manera
eficiente y eficaz los recursos didácticos disponibles.
Se establecerán mecanismos para
que los ciudadanos puedan aportar sus propuestas sobre los contenidos de los
libros de texto.
Como parte del seguimiento a
las recomendaciones del INEE, se revisará la secuenciación de contenidos para
la enseñanza de la lengua y las matemáticas en primaria y secundaria, y se
corregirán las inconsistencias que actualmente afectan el logro de aprendizaje
en estas materias.
Por lo que toca a la educación
media superior, se rediseñarán los planes de estudio para que los alumnos
cuenten con un mínimo de las capacidades requeridas en este nivel, y les permita
transitar de una modalidad a otra.
ESTRATEGIA 9.4.
Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad operativa del
sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas de financiamiento
responsables y manteniendo una operación altamente eficiente.
En coordinación con las
autoridades educativas estatales, se establecerá un foro de análisis de las
acciones emprendidas en la descentralización educativa y se impulsarán
mecanismos para compartir las innovaciones locales a nivel federal.
La inversión federal en
infraestructura y servicios educativos se programará bajo criterios de equidad
entre las regiones más rezagadas y las que han alcanzado mayor desarrollo.
Asimismo, en la asignación de recursos se aplicará el criterio de impulsar la
elevación de calidad en los procesos educativos, con la que también deben
comprometerse los gobiernos de las entidades federativas. Para fortalecer esta
estrategia,
El nuevo esquema debe impulsar
la equidad, la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en el uso de
los recursos públicos; de igual forma, debe ser un mecanismo para favorecer una
participación más democrática en la toma de decisiones del sector sobre la
base firme de las responsabilidades financieras compartidas.
OBJETIVO 10
Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales
en las oportunidades educativas.
Invertir más en educación es
imprescindible para elevar la calidad educativa. También lo es llevar los
servicios educativos a donde más se necesitan. No basta con tener una escuela
cerca de una comunidad; se necesita un entorno económico y familiar favorable
para ingresar y mantenerse en ella. En un país como México, caracterizado por
elevados contrastes entre las familias y entre las regiones, es necesario
apoyar a los estudiantes más rezagados de modo que estén en condiciones de
aprovechar las oportunidades que ofrece la educación. Propiciar la igualdad de
oportunidades educativas entre las dimensiones personal y regional es el
objetivo de las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 10.1
Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, dirigiendo las acciones
compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación.
Se dará un nuevo impulso a la
inversión en infraestructura, equipamiento, ampliación, mantenimiento y
acondicionamiento de escuelas, bajo criterios de equidad social y regional, en
coordinación estrecha con las autoridades locales. Se impulsará la
participación de los padres de familia y de las comunidades en las acciones
destinadas a la conservación y mantenimiento de los espacios escolares,
vinculando, en cada plantel, la entrega de apoyos para mejoramiento de
infraestructura a la consolidación de Consejos Escolares de Participación
Social.
Por lo anterior, el Fondo de
Infraestructura en Educación Media Superior contará con tres modalidades: 1)
ampliación y equipamiento de planteles, 2) construcción de nuevos planteles, y
3) inversión en innovación, con recursos asignables según una fórmula de
infraestructura que toma en cuenta tres componentes: rezago, eficiencia y
presión demográfica.
ESTRATEGIA 10.2 Ampliar
las becas educativas para los estudiantes de menores recursos en todos los
niveles educativos.
Las condiciones de pobreza
originan que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas, o que,
quienes ya han ingresado, tengan que abandonar sus estudios para contribuir al
sostenimiento familiar. De ahí que la presente administración tenga el compromiso
de apoyar mediante becas a los niños y jóvenes de estas familias para que
asistan a la escuela, así como para evitar su deserción y facilitar su acceso a
los niveles educativos siguientes, incluso sosteniendo la beca que ya han
disfrutado. El actual sistema de becas ha concedido, correctamente, mayor
importancia al otorgamiento de apoyos en el nivel básico. Ha llegado el momento
de ampliar este programa a los niveles medio superior y superior, incluyendo a
los estudiantes de menores ingresos para estimular su logro académico, con
mecanismos transparentes y de corresponsabilidad de los beneficiarios.
ESTRATEGIA 10.3 Fortalecer
los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar a jóvenes y adultos a
los programas de enseñanza abierta para abatir el rezago educativo.
Si bien en los últimos años se
ha logrado reducir significativamente el analfabetismo, esta deficiencia sigue
presentándose de manera muy acentuada en varios estados de
ESTRATEGIA 10.4 Promover
una mayor integración, tanto entre los distintos niveles educativos, como
dentro de los mismos, para aumentar la permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo.
Por mucho tiempo, la
especialización y la descentralización del sistema educativo nacional han
propiciado un crecimiento fragmentado, en el que, por ejemplo, un alumno de
bachillerato encuentra problemas para cambiarse a una vocacional o
preparatoria tecnológica, o a un estudiante de una escuela federal le puede
resultar difícil moverse a una estatal o a una privada, y viceversa, aún
tratándose del mismo nivel educativo.
Las distintas modalidades de la
educación básica, media superior y superior, también pueden acarrear obstáculos
para la continuidad de estudios entre un nivel y otro. Por eso se trabajará en
una profunda revisión de las normas del sistema educativo nacional con la
participación de los tres órdenes de gobierno, las instituciones de educación,
los maestros, las familias y la sociedad en su conjunto, para dar más
posibilidades de movilidad a los estudiantes y, con ello, de permanencia en la
escuela. El intercambio de estudiantes y el establecimiento de redes de
colaboración del conocimiento son alternativas que habrán de explorarse, como
parte de la estrategia.
OBJETIVO 11
Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del
conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Las acciones para modernizar
instalaciones y equipo fortalecerán la dotación de computadoras y la
actualización de sistemas operativos. El uso de tecnologías será fundamental
para lograr una presencia cada vez más exitosa de los ciudadanos en la sociedad
global del conocimiento, incluyendo, desde luego, la educación y la capacitación
a distancia y el desarrollo de una cultura informática.
ESTRATEGIA 11.1
Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo
de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación
desde el nivel de educación básica.
Todos los niños y jóvenes de
México deben tener acceso a una formación escolar de calidad acorde con los
tiempos que vivimos, a la altura de un mundo que compite y del desarrollo tecnológico
que nos impone retos que sabremos alcanzar y superar.
El analfabetismo digital es una
barrera decisiva para el acceso de los mexicanos a las oportunidades en un
mundo globalizado. No basta con saber leer y escribir; para competir
exitosamente hace falta también saber utilizar las computadoras y tener acceso
a las telecomunicaciones informáticas. Ser parte de esta red permite acceder,
intercambiar y generar ideas y cultura de tal manera que las oportunidades de
las personas para elevar su potencial se amplíen.
Por ello, se fortalecerán los
programas que permitan utilizar nuevas tecnologías para la enseñanza de los
planes de estudio. Si bien la digitalización es un recurso educativo que
todavía tiene un índice bajo de utilización en los salones de clase, son cada
vez más los alumnos y maestros que comprenden su potencial y se interesan en
aprender su manejo. Se harán mayores esfuerzos para que el manejo de equipo de
cómputo y nuevas herramientas tecnológicas cubran a todas las escuelas públicas
desde nivel primaria.
ESTRATEGIA 11.2 Impulsar
la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y
materiales digitales.
De poco o nada sirve la
adquisición de aparatos, sistemas y líneas de conexión, así se trate de los más
avanzados, si no se sabe cómo manejarlos. De ahí la importancia de propiciar
una nueva cultura de uso y aprecio por las nuevas tecnologías de la información
entre el profesorado y directivos, y estimular su capacitación en el manejo de
ellas así como su permanente actualización, para que puedan aprovecharlas mejor
en el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los
alumnos.
Se diseñarán los instrumentos
más adecuados para que los maestros reciban capacitación en el uso de estas
tecnologías, cuenten con opciones para acceder a ellas y las compartan con sus
alumnos. Del mismo modo, se capacitará a los directivos de las escuelas para
que comprendan la importancia del uso de la tecnología en la enseñanza y para
que utilicen la computadora como una herramienta para hacer más eficiente su
gestión escolar.
Para acelerar la adopción de
las nuevas tecnologías, se ofrecerá la capacitación oficial en una modalidad
de enseñanza mediada por tecnología. Esto facilitará, además, el acceso a
capacitación por docentes y directivos de poblaciones alejadas de los núcleos
donde tradicionalmente se ofrece capacitación presencial.
ESTRATEGIA 11.3 Apoyar
el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares.
Mientras más pobre es un joven
y su familia, mayor es la necesidad de recibir del Estado el mejor
instrumental educativo; mientras más pobre es su entorno, mayor es la
obligación del Estado de proveerle de herramientas tecnológicas que puedan
ayudarlo a superar la adversidad de la pobreza y conectarse con otros
estudiantes, tanto de otras regiones de México como de otros países para
adquirir y compartir conocimientos. De este modo, las comunidades rurales e
indígenas, tradicionalmente aisladas por su ubicación y recursos, podrán
conectar maestros, estudiantes y a la comunidad en general con el resto del
mundo a través de Internet.
En estos tiempos de
globalización, el éxito del proyecto de vida de los jóvenes mexicanos va a
estar determinado en buena medida por su capacidad de acceder a la nueva
tecnología, a la informática y a la información digitalizada en general. Será
igualmente necesario que los jóvenes puedan analizar, procesar y ampliar la
información adecuadamente, de modo que puedan reforzar su aprendizaje, tomar
decisiones y abrirse paso en su proyecto de vida.
La información amplía el
abanico de opciones de los hombres y las mujeres que la poseen. Por eso, la
presente Administración hará un esfuerzo especial para extender el acceso a
todos los planteles escolares públicos, desde nivel primaria, a las redes
electrónicas de información. Se pondrá especial atención en este esfuerzo a
los grupos de niños y jóvenes que viven en comunidades rurales dispersas y a
comunidades indígenas.
ESTRATEGIA 11.4 Transformar
el modelo de telesecundaria vigente, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo
un esquema interactivo.
La telesecundaria es una de las
modalidades de educación a distancia con mayor sentido de equidad social. Esta
forma de educación brinda oportunidades de continuar sus estudios a
estudiantes de las comunidades más apartadas, a las que es muy difícil llevar
la educación presencial. Si bien en años recientes se ha trabajado con
intensidad para ampliar las instalaciones y equipos para la telesecundaria, su
potencial está todavía lejos de ser aprovechado a plenitud.
Una razón es que los equipos
instalados, si bien son electrónicos, no permiten todavía la interconectividad
y, por tanto, tampoco facilitan la interacción entre estudiantes, profesores y
especialistas ubicados en donde el conocimiento se genera. Otra muy importante es
la insuficiente calidad y consistencia de sus contenidos. Por eso la
estrategia se propone atender especial e integralmente a esta forma de
educación mediante la dotación de los equipos necesarios, la capacitación de
los docentes de las telesecundarias y la modernización de los materiales
educativos. Igualmente importante será establecer órganos y mecanismos que
garanticen la calidad de este tipo de educación, así como realizar evaluaciones
sistemáticas de su calidad.
ESTRATEGIA 11.5
Promover modelos de educación a distancia para educación media superior y
superior, garantizando una buena calidad tecnológica y de contenidos.
La desigualdad regional y la
complicada geografía del país se reflejan en una elevada concentración de
especialistas, conocimientos y recursos en unas cuantas zonas urbanas. Las
telecomunicaciones, por su accesibilidad inmediata y sus posibilidades para la
interactividad, ofrecen una oportunidad que se debe aprovechar como una de las
formas posibles para acercar el conocimiento a quienes viven en los lugares más
apartados. Así como la telesecundaria, la educación a distancia recibirá un
impulso decidido en los niveles educativos posteriores. Las instituciones
públicas y privadas que están a la vanguardia en esta forma de educación serán
pieza clave para este fin, pues permitirán el establecimiento de órganos y
mecanismos que garanticen y evalúen sistemáticamente la calidad de los
programas de educación a distancia.
ESTRATEGIA 11.6 Impulsar
el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a plataformas
tecnológicas y equipos más modernos.
El fortalecimiento de la
equidad de oportunidades en educación entre la población más desprotegida debe
extenderse al conjunto del sistema educativo nacional. Todos los estudiantes,
en todo momento y en todo lugar, deben tener acceso a las tecnologías que
contribuyan a ponerlos al día, eleven sus capacidades y los hagan más
competitivos en el mundo laboral.
Se buscarán formas alternativas
de financiamiento para que en todas las escuelas se disponga de equipos que
funcionen bien y que sean suficientes para beneficiar a todos los estudiantes,
así como para el desarrollo de nuevo material educativo, promoviendo la
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de la propia comunidad
escolar.
OBJETIVO 12
Promover la educación integral de las personas en todo el sistema
educativo.
La educación, para ser
completa, debe abordar, junto con las habilidades para aprender, aplicar y
desarrollar conocimientos, el aprecio por los valores éticos, el civismo, la
historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte. La
diferencia de resultados que desfavorece al sistema de educación pública frente
al privado descansa, principalmente, en la ausencia generalizada de este
enfoque integral.
Para impulsar este enfoque
integral se adoptarán las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 12.1 Colocar
a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos.
Se promoverá el trabajo
conjunto de las autoridades escolares, maestros, alumnos y padres de familia,
no sólo en el cumplimiento de planes y programas de estudio, sino en la
conformación de verdaderas comunidades con metas compartidas y con el interés
de brindar a los niños y jóvenes una educación que tampoco se limite al cumplimiento
de lo esencial, sino que aspire a una formación integral.
La dinámica actual centra los
esfuerzos educativos en el cumplimiento de aspectos básicos de los programas,
lo que corresponde en buena medida al poco tiempo que permanecen los alumnos
en las escuelas públicas. Por eso, se promoverá un horario más extenso de
permanencia en los planteles, de manera que la formación de los niños y
jóvenes adquiera una dimensión humanista, es decir, que sea integradora de los
valores humanos, evaluando gradualmente la operación del modelo en un mayor
número de planteles y consolidando la estrategia de enseñanza integral que
permita a los alumnos aprovechar efectivamente el aprendizaje y el desarrollo
de habilidades.
ESTRATEGIA 12.2 Impulsar
la participación de los padres de familia en la toma de decisiones en las
escuelas.
Si bien existen mecanismos para
la participación de las familias en la dinámica escolar y en el mejoramiento
de las instalaciones escolares, la participación suele ser limitada. Por ello,
se diseñarán mecanismos para que los padres de familia, como parte importante
de la comunidad educativa, participen con mayor interés en el seguimiento y
apoyo a la formación de sus hijos. Desde luego, estos mecanismos serán siempre
de aliento a la participación voluntaria. Como parte de este esfuerzo se
garantizarán las condiciones de operación de los Consejos Escolares de
Participación en cada plantel y la realización de por lo menos dos talleres de
capacitación anual para sus integrantes.
ESTRATEGIA 12.3 Renovar
la currícula de formación cívica y ética desde la educación básica.
Para consolidar y proyectar al
futuro una sociedad verdaderamente democrática, se fortalecerá, en todos los
niveles escolares, la enseñanza de valores civiles y éticos como la tolerancia,
la solidaridad, el respeto a las diferencias, la honestidad, la defensa de los
derechos humanos y la protección del medio ambiente. Se diseñarán libros de
texto sobre estos temas.
ESTRATEGIA 12.4
Estimular la educación sobre derechos y responsabilidades ciudadanas.
Para que las personas puedan
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, el primer paso es que los
conozcan a cabalidad. Por ello se impulsará que, desde edades tempranas, los
mexicanos tengan la capacidad de reflexionar sobre el significado de sus actos
y tengan una clara conciencia de sus responsabilidades y derechos ciudadanos,
para que, llegado el momento, los ejerzan plenamente y practiquen activamente
las conductas democráticas.
Inculcar en las nuevas
generaciones el aprecio por el Estado de Derecho como instrumento privilegiado
para una convivencia pacífica y respetuosa será una tarea fundamental del
sistema nacional de educación. Dicha tarea debe complementarse también con la
participación de las familias y la sociedad en su conjunto.
ESTRATEGIA 12.5
Impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas y sus entornos
comunitarios para que los estudiantes no sufran de violencia.
El Gobierno Federal, como parte
de su compromiso por fortalecer la seguridad pública, ha iniciado un esfuerzo
decidido por devolver a la ciudadanía espacios que la delincuencia parece
haberle arrebatado, como los parques, plazas, jardines y los centros para la
recreación y el deporte. La seguridad en las escuelas forma parte de este mismo
compromiso.
Se impulsará la participación
unida de las familias, los maestros, las autoridades escolares, así como de los
tres órdenes de gobierno para devolver a las personas la certeza de que
quienes asisten a las escuelas se desenvolverán en un ambiente apacible y
seguro. En todos los planteles de educación básica se dará el apoyo necesario
para que los Consejos Escolares de Participación Social conformen un plan
integral de Escuela Segura.
ESTRATEGIA 12.6 Promover
la educación de la ciencia desde la educación básica.
La matriculación en opciones
educativas orientadas a la ciencia y la tecnología ha tenido un crecimiento
mínimo en los últimos años. Se trata de campos prioritarios del conocimiento,
con amplio potencial para apoyar el crecimiento económico, generar mejores
empleos y elevar la participación exitosa de México en un mundo altamente
competitivo como el que se prefigura en el siglo XXI. Por eso el Gobierno
Federal pondrá especial énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y
divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos,
empezando con la educación preescolar, primaria y secundaria, desde luego sin
hacer a un lado la formación humanista, que da sentido a la aplicación de lo
aprendido.
ESTRATEGIA 12.7
Impulsar mayores oportunidades para los estudiantes de participar en educación
artística.
México tiene un fuerte
reconocimiento en el mundo por su contribución al arte y la cultura. Su
herencia milenaria en estas manifestaciones le significa un amplio potencial, no
solamente para seguir haciendo aportaciones a la cultura universal, sino para
consolidar al arte y la cultura como cimiento de la nacionalidad mexicana.
Propiciar la enseñanza y la apreciación artística desde la educación básica
permitirá identificar vocaciones que, hasta ahora, han sido insuficientemente
estimuladas. Se contribuirá con ello a la formación integral de las
generaciones actuales.
ESTRATEGIA 12.8 Promover
las actividades físicas en los planteles escolares y el deporte en todo el
sistema educativo.
La obesidad y el sedentarismo son hoy en día dos de los principales
problemas de salud en amplios sectores de nuestra población. El fomento del
deporte y la actividad física en la escuela contribuirán a mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos para una existencia saludable, productiva
y prolongada. Con esta estrategia, el Gobierno Federal ratifica su compromiso
de hacer de la práctica del deporte y el cuidado físico un componente habitual
de la vida cotidiana de las generaciones actuales y futuras.
ESTRATEGIA 12.9 Reforzar la educación para prevenir y abatir
las conductas de riesgo entre niños y adolescentes.
Las lesiones por violencia y accidentes, junto con las adicciones y las
prácticas sexuales no responsables, afectan de manera creciente la salud y la
vida de la población juvenil. Fortalecer de manera sustantiva la educación
temprana para prevenir estos factores de riesgo contribuirá al mejoramiento
general de la salud pública en los años por venir.
Se promoverá la realización sistemática de talleres de prevención de
conductas de riesgo para los estudiantes de educación secundaria y media
superior.
ESTRATEGIA 12.10 El diseño e instrumentación de un sistema de
información que se convierta en la plataforma de los procesos de toma de
decisión y que se difunda ampliamente entre la sociedad en general.
OBJETIVO 13
Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media
superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de
competencias.
Una de las razones por las que
muchas familias otorgan escasa importancia a la incorporación de sus hijos a
la educación media superior, es la percepción de que no garantiza para la
inserción exitosa en el mercado laboral. Es necesario impulsar un sistema que
integre armónicamente a las distintas entidades oferentes, de manera que la
heterogeneidad de planes y programas de estudio no dificulte la compatibilidad
entre ellas y para que se enriquezcan las opciones de formación. Una mayor
vinculación con el sector productivo propiciará mayor pertinencia de planes y
programas respecto de desarrollo tecnológico, mayores apoyos de parte del
sector privado y mayor facilidad para la realización de prácticas. Se debe
lograr una mejor actualización docente y favorecer metodologías de reenseñanza
y formación más modernas, basadas en competencias que permitan una mayor y
mejor evaluación.
Por eso se contemplan las
estrategias siguientes:
ESTRATEGIA 13.1 Impulsar
programas permanentes de capacitación y profesionalización de los maestros del
sistema de educación media superior.
Para fortalecer la calidad de
la educación media superior, se establecerán claramente las responsabilidades
de los maestros, directivos y personal auxiliar. Se impulsará la formación de
academias y se asegurará que los profesores tengan las competencias
didácticas, pedagógicas y de contenido de sus asignaturas que requieren para
un desempeño pedagógico adecuado. Se fortalecerá la coordinación del sistema de
educación media superior en todas las entidades federativas en donde existan
acuerdos de descentralización. Asimismo, se promoverá la colaboración con
instituciones de educación superior para fortalecer la titulación y la
capacitación a profesores y el desarrollo del sistema de evaluación integral
que medirá el desempeño de profesores y planteles. Finalmente, se
instrumentará en todos los planteles de bachillerato federal el procedimiento
para el registro de aspirantes a ocupar cargos de director de plantel, lo que
promoverá la transparencia, la igualdad de oportunidades y una selección de
candidatos basada en criterios como las competencias académicas, la experiencia
laboral, la gestión escolar y el liderazgo.
ESTRATEGIA 13.2 Revisar
el marco reglamentario e instrumentar procesos de evaluación en el sistema de
educación media superior.
Aunque la educación media
superior ha registrado un significativo incremento de su matrícula en los años
recientes, su eficiencia terminal, de alrededor del 60%, sigue alejada de
estándares óptimos. Una buena educación de bachillerato es condición para
acrecentar las posibilidades de ingreso y permanencia en la educación superior.
Por eso, se llevará a cabo un profundo esfuerzo de revisión de la normatividad
de ese nivel educativo, y un mejoramiento de sus sistemas de evaluación,
adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales. Para ello, el
Consejo Directivo de Evaluación diseñará un sistema integral de evaluación al
sistema, subsistema, planteles, maestros y alumnos, que estará integrado por
comités técnicos de expertos en la materia.
ESTRATEGIA 13.3 Fortalecer
la vinculación entre el sistema de educación media superior y el aparato
productivo.
Todas las modalidades de la
educación media superior deberán tener una salida efectiva al mercado laboral.
Estas modalidades educativas deberán favorecer la disposición y habilidad de
los estudiantes para el empleo o el autoempleo. Estableceremos esquemas para
asegurar que todos los egresados, como parte de su proceso de acreditación,
hayan certificado competencias laborales. Un fortalecimiento de esta
estrategia se da a través de las becas de pasantía a los egresados, en donde la
participación con el sector productivo es directa. De esta manera podrán
ingresar al mercado laboral, si así lo desean, continuar sus estudios o
combinar ambas posibilidades.
De igual forma, deben buscarse
mecanismos de flexibilización, tanto de las instituciones educativas como de
la oferta laboral, para establecer programas que combinen estudio y trabajo, de
manera que los jóvenes no tengan que optar entre una u otra actividad, sino que
puedan complementarlas de manera adecuada.
ESTRATEGIA 13.4 Impulsar
una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la
competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas.
Se consolidará la reforma
curricular y se diseñará un sistema de indicadores de impacto que permita
evaluar la calidad y pertinencia de los contenidos y habilidades transmitidas
en este nivel educativo, de manera que respondan mejor a las necesidades y
expectativas de los alumnos y del sector productivo. Todos los programas en
materia de becas, infraestructura, capacitación y selección de directivos de
planteles, contarán con indicadores de evaluación para asegurar una evaluación
de acuerdo a las normas establecidas por el CONEVAL.
Las opciones estarán vinculadas
al potencial de empleo de las regiones donde habitan los estudiantes. Así, por
ejemplo, la especialización en turismo ecológico o sustentabilidad ambiental
puede convertirse en una posibilidad de empleo para los jóvenes que viven en
zonas rurales o comunidades indígenas, en tanto que las habilidades
industriales abrirán oportunidades adicionales a quienes radican en las
ciudades.
ESTRATEGIA 13.5 Consolidar
un sistema articulado y flexible de educación media superior que permita la
movilidad de los estudiantes entre subsistemas.
La estructura y funcionamiento
de la educación media superior requieren de una reforma a fondo que favorezca
la comunicación entre sus diversas modalidades, así como facilitar que los
estudiantes que ingresan a cualquiera de ellas culminen sus estudios. Para ello
se promoverán mecanismos de coordinación y regulación que permitan la
movilidad de estudiantes entre programas e instituciones, así como la homologación
de los diferentes planes de estudio a nivel medio superior, mediante
estructuras curriculares coherentes y puentes de comunicación claramente
definidos. Se diseñará un modelo que garantice que los alumnos cuenten con un
mínimo de capacidades requeridas en este nivel (tronco común) que les permita
transitar de una modalidad a otra.
Se promoverá la organización e
integración de la oferta de las instituciones de este nivel, para establecer
las carreras y especialidades comunes y abrir la posibilidad de combinaciones
mediante estructuras modulares que correspondan a sitios de inserción en el
mercado laboral. Esto significa lograr una estructura coherente y flexible de
la oferta de formación profesional en el nivel medio superior, indispensable
para abrir rutas de formación continua.
OBJETIVO 14
Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia
de la educación superior.
El presente Plan busca que las
instituciones de educación superior funcionen con mayor equidad en la formación
de ciudadanos, profesionales creativos y científicos comprometidos con su país
y de competencia internacional. También se buscará que dichas instituciones
consoliden grupos de investigación capaces de generar conocimientos de
vanguardia que sean útiles para generar desarrollo económico con justicia y
equidad. Asimismo, las instituciones de educación superior buscarán fortalecer
la identidad de México como nación, enriqueciendo y ampliando las culturas que
la nutren con las aportaciones de todos los países.
El propósito es convertir a la
educación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida,
con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una
inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. Es importante
reconocer que la educación superior que se imparte en el país ocupa el lugar 15
de las 33 naciones de América Latina y el Caribe que fueron evaluadas por el
Instituto de Estadística de
Por ello, se adoptarán las
siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 14.1 Crear
nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada,
diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.
La presente Administración se
ha propuesto elevar la cobertura en educación superior, pasando de un 25%
actual a un nivel superior a 30% de los jóvenes de
ESTRATEGIA 14.2 Flexibilizar
los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer
los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.
Se contempla dar impulso a la
formación de técnico superior universitario y reforzar la opción que abre la
certificación de competencias laborales. Además, se procurará acercar las
oportunidades educativas a los grupos y regiones en condición de desventaja.
También se ampliará, como en el caso de la educación media superior, el
otorgamiento de becas y la operación de los sistemas de apoyo tutoriales, con
el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la
conclusión de sus estudios de técnico superior universitario o de licenciatura
y, en su caso, la continuación al posgrado, cuando sea la opción elegida.
ESTRATEGIA 14.3
Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las
prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas
de educación superior.
Los programas de
fortalecimiento institucional y de formación del personal académico de las
instituciones de educación superior recibirán un fuerte impulso. Estos
programas tendrán componentes individuales, como las becas para realizar
estudios de posgrado de buena calidad y posdoctorales. También habrá apoyos de
carácter colectivo, como el impulso a la formación y fortalecimiento de
cuerpos académicos y la integración de redes de investigación. Se impulsarán
políticas flexibles de incentivos que reconozcan la diversidad del sistema de
educación superior. Las evaluaciones a los programas de estudio se
perfeccionarán, propiciando el apoyo a aquellos que obtengan mejores resultados
y propiciando la reducción de la brecha entre éstos y los que necesitan ser
fortalecidos. Todo lo anterior se llevará a cabo con respeto a las libertades
de investigación y enseñanza, y a la autonomía universitaria.
Se trabajará para articular un
sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación, con el fin de
fortalecer las prácticas de autoevaluación, evaluación externa de pares,
acreditación formal y exámenes nacionales estandarizados a los egresados, las
cuales son efectuadas por instancias como los Comités Interinstitucionales
para
ESTRATEGIA 14.4 Crear
y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular,
de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo
integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos del
desarrollo regional y nacional.
Esta estrategia busca elevar la
pertinencia de la educación superior y potenciar su impacto en el desarrollo
regional y nacional. Para lograrlo, es preciso fortalecer los mecanismos de
planeación de la educación superior. En esta tarea será necesario considerar,
entre otros aspectos, las condiciones socioeconómicas, las aspiraciones y expectativas
de los sectores sociales, así como las necesidades actuales y futuras de las
economías regionales para configurar los perfiles de egreso y carreras a
impartir. Será necesario además conformar cuerpos académicos con el perfil
adecuado a la oferta educativa. De esta manera, el tránsito hacia la vida
profesional será más sencillo y fructífero para los egresados y producirá
mayores beneficios para su comunidad.
Se fortalecerán los programas
de orientación vocacional y se promoverá el establecimiento de acuerdos entre
instituciones educativas y el sector productivo para revisar de manera
permanente los programas de estudio, llevar a cabo prácticas profesionales que
permitan a los alumnos adquirir experiencia laboral de calidad, reforzar el
aprendizaje del aula, identificar los intereses de especialización y, en suma,
mejorar sus oportunidades de éxito en su desarrollo profesional.
ESTRATEGIA 14.5 Mejorar
la integración, coordinación y gestión del sistema nacional de educación
superior.
La educación superior contará
con mecanismos estatales y nacionales de planeación, coordinación y gestión
capaces de responder de manera integral a sus demandas de desarrollo y
consolidación. Será necesario crear nuevas instancias colegiadas que permitan
articular y conducir más eficientemente este sistema y propiciar la acción
coordinada de las diferentes instituciones, así como asegurar el
financiamiento adecuado y el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles. Un objetivo deseable es el de formular una política de Estado en
materia de educación superior, la cual considere las modificaciones que se
proyectan en la pirámide poblacional, que implicarán cambios importantes en la
demanda, donde se espera un desplazamiento de la demanda de educación primaria
hacia los niveles de educación media superior y superior.
Grupos prioritarios
3.4 Pueblos y comunidades indígenas
México debe su riqueza cultural
y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia formidable
de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte y cultura
convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y
población indígenas. El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo
puede explicarse por el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus
pueblos y comunidades indígenas.
Desgraciadamente, los pueblos y
comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica
propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos
niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate
al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de
las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico
de México. Es fundamental que las políticas públicas que impulse el Gobierno
Federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan
un carácter específico en la perspectiva integral del Desarrollo Humano
Sustentable para incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades
indígenas e inicien, así, un círculo virtuoso de cambio sostenido no sólo por
la acción gubernamental, sino también por su propia iniciativa.
El desarrollo de este
importante sector de la población requiere del trabajo corresponsable de los
actores sociales e institucionales, entre los que destacan: autoridades indígenas
y representantes agrarios, organizaciones indígenas productivas, agrupaciones
políticas, organismos culturales, organizaciones de defensa de derechos,
grupos de mujeres y agrupaciones de defensa del medio ambiente, entre otras;
dependencias y entidades de
Los pueblos y comunidades
indígenas de México están conformados por más de 10 millones de personas,
hombres y mujeres de todas las edades, que tienen sus propias culturas y sus
lenguas, y que viven marginados en muchas localidades urbanas y rurales de
nuestro país.
Es necesario reconocer que en
muchas de las regiones indígenas prevalece la escasez de empleos, los bajos
salarios y las relaciones asimétricas entre población indígena y no indígena
que afectan tanto a los procesos productivos como a los de comercialización y,
sobre todo, al desarrollo. Junto con ello, la población indígena todavía
enfrenta graves rezagos, entre los cuales destacan: desnutrición y
deficiencias nutricionales; mortalidad y morbilidad materna e infantil; rezago
educativo; inequidad de género y migración.
Esta situación económica y
social está estrechamente ligada al hecho de que la inversión de recursos
públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en
comparación con la media nacional. Asimismo, uno de los principales retos que
enfrenta la acción institucional para la inversión en regiones indígenas es la
dispersión poblacional y su aislamiento geográfico.
Es claro que el reconocimiento
constitucional a los pueblos y comunidades indígenas como sustento de una
nación pluricultural todavía no se ha traducido en una acción pública con profundo
sentido cultural.
La situación de los 62 pueblos
originarios, en materia de derechos indígenas, es no sólo compleja, sino grave
en términos del Estado de Derecho. Por una parte, los indígenas enfrentan
grandes obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, especialmente en
los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil; y por la
otra, enfrentan la falta de mecanismos adecuados para que sus autoridades
puedan aplicar sus sistemas normativos.
Los graves rezagos de
desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas en México se refieren,
principalmente, a los ámbitos económico, social y humano, cultural, de
infraestructura y de ejercicio de sus derechos fundamentales.
Desarrollo económico
Durante los últimos años, la
economía indígena se ha diversificado en distintos sectores, sin embargo, la
agricultura entre los pueblos indígenas está estrechamente ligada a su modo de
vida, en el cual la multiactividad y el policultivo son prácticas productivas
que se relacionan con su cultura y tradiciones.
Por otra parte, los
trabajadores indígenas se han incorporado en sectores que demandan mano de
obra poco calificada y que ofrecen poca seguridad laboral, ya que entre las
principales actividades en que se emplean destacan ocupaciones temporales como
jornaleros agrícolas, la industria de la construcción y el trabajo doméstico,
entre otros.
Este fenómeno se refleja en los
ingresos percibidos por la población indígena, que son sumamente bajos, ya que
el 80% percibe menos de dos salarios mínimos. Aquí se inserta el trabajo no
remunerado, que es el que soporta la producción de autoconsumo. La importancia
del trabajo familiar entre los indígenas pone de manifiesto que en este tipo de
economías no hay mercado de trabajo consolidado, lo que provoca que la
migración sea necesaria para la búsqueda de ingresos monetarios que aseguren
su supervivencia. Este panorama contrasta con la riqueza de los patrimonios
con los que cuentan las comunidades indígenas: cultural, recursos naturales,
agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales.
Las mujeres de los pueblos y
las comunidades indígenas conforman un sector de la población en el que los
niveles de pobreza son más profundos; aunado a lo anterior, un problema
fundamental que requiere especial atención es el del trabajo infantil, ya que
las actividades que desempeñan niños y jóvenes indígenas como jornaleros o
vendedores ambulantes, entre otros, atentan contra sus derechos.
El Índice de Desarrollo Humano
para los Pueblos Indígenas (IDHPI) ayuda a identificar el grado de desigualdad
entre la población indígena y la no indígena. El IDH de los pueblos indígenas
de México se ubica en 0.7057, a diferencia del IDH de la población no indígena,
que es de 0.8304, lo que representa una brecha de casi 15%.
Desarrollo social y humano
En este aspecto, la población
indígena todavía enfrenta graves rezagos, entre los que destacan:
a) La desnutrición y las deficiencias nutricionales. La situación nutricional de los indígenas es grave; no ha variado sustancialmente en las últimas décadas, y en las regiones con mayor presencia indígena, las formas moderada y severa de desnutrición crónica incluso han mostrado incrementos.
b) Mortalidad y morbilidad. Las deficiencias y los problemas de cobertura, calidad y falta de adecuación de los servicios de salud dan lugar a que no se haya logrado un descenso importante en las tasas de mortalidad materna e infantil, erradicación de enfermedades y prevención de enfermedades endémicas, entre otros.
c) El rezago educativo. Entre la población indígena se observan bajos niveles de logro escolar y altos niveles de monolingüismo, deserción escolar y bajo rendimiento académico. Al respecto, las modalidades educativas como primaria general, educación bilingüe y bilingüe intercultural no han podido reducir las brechas entre población indígena y no indígena, sobre todo en las tasas de continuidad educativa y rendimiento escolar. Se requiere evaluar la pertinencia de los contenidos educativos en contextos indígenas, además de fortalecer los sistemas medio superior y superior para incrementar el acceso de este sector de la población.
d) Desigualdad de género. Las mujeres indígenas conforman el sector de la población femenina más vulnerable de nuestro país, pues históricamente han sido discriminadas y afectadas por la pobreza, lo que se ha traducido en:
o Menores oportunidades para acceder a la educación, la salud y los mínimos niveles de bienestar.
o Violencia de género, lo que se entrecruza con las condiciones de alta marginación social y económica que, si bien en su mayoría afecta a los pueblos indígenas del país, para el caso de las mujeres indígenas se agudiza. De hecho, con relación a los hombres, un mayor número de mujeres son analfabetas y monolingües. Asimismo, sus niveles de escolarización son inferiores, tienen altos niveles de fecundidad y reportan un alto riesgo de muerte por complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio, así como por cáncer cérvico-uterino.
e) Migración. Cada vez más hombres y mujeres indígenas participan de los flujos migratorios nacionales e internacionales, lo que ha provocado:
o Cambios estructurales en las economías locales y en las formas de organización comunitaria, tanto las de los centros expulsores como las de las localidades receptoras.
o La transformación de las culturas y de las dinámicas familiares indígenas.
o Que los migrantes indígenas estén expuestos cotidianamente a la violación de sus derechos humanos y laborales.
Las características de la
población indígena de México anteriormente descritas tienen, como fuente
principal, los rezagos que existen para ésta en términos de acceso a las
instituciones de seguridad social y, en general, a las instituciones que
proveen de los servicios sociales elementales de salud y educación. La
siguiente tabla muestra claramente como, del total de población sin acceso a
servicios esenciales, una elevada proporción corresponde a los pueblos indígenas.
Infraestructura básica
A pesar de que los indicadores
en 2005 muestran avances significativos en la dotación del servicio de agua
entubada, cobertura de energía eléctrica, servicio de drenaje y disminución
del número de viviendas indígenas con piso de tierra, la inversión de recursos
públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en
comparación con la media nacional, destacando la apertura y consolidación de caminos,
puentes e infraestructura de servicios, así como el mejoramiento de las
viviendas.
Red de comunicaciones
La comunicación terrestre y las
telecomunicaciones son factores determinantes para mejorar las condiciones de
vida de los indígenas y para facilitar su desarrollo. Uno de los principales
problemas que enfrentan es su dispersión y aislamiento geográfico. Según
información disponible, 2.5 millones de indígenas viven en localidades ubicadas
a más de
Es necesario encontrar
soluciones para que las localidades pequeñas y con poca población tengan
comunicaciones terrestres, pues la relación costo-beneficio que determina la
elegibilidad no puede ser el factor que determine las posibilidades de
desarrollo de sus habitantes.
Por la falta de vías de
comunicación eficientes, las poblaciones indígenas enfrentan problemas de
abasto, traslado de las personas, comercialización de la producción local,
acceso a los servicios de salud en caso de emergencia, acceso cotidiano a los
servicios educativos y dificultades para que los programas institucionales
operen con eficiencia.
Desarrollo cultural
El patrimonio cultural y la
sabiduría indígena no cuentan con protecciones efectivas para su preservación.
Actualmente, se han
identificado 23 pueblos indígenas cuyas lenguas están en riesgo de
desaparecer. Esta situación se refleja en su reducido número de hablantes, en
su dispersión geográfica, en su abandono entre los más jóvenes y en el
predominio de hablantes adultos, entre otros factores. El apartado de cultura
de este Plan y la estrategia 15.7 de este tema retoman este asunto y ahondan
sobre él.
Derechos indígenas
En las últimas dos décadas,
México ha vivido una etapa de importantes reformas jurídicas en materia de
derechos indígenas; hay 21 entidades federativas que los reconocen, y aunque
estos avances legislativos han sido imprescindibles para superar las
dificultades que éstos enfrentan en materia de acceso a la justicia del Estado,
no son suficientes.
Es importante tener en cuenta
que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los
indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los
procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son
diversos: va del desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada
discriminación, pasando en ocasiones por la falta de normas y de procedimiento
para asegurar su observancia.
La falta de respeto a los
derechos individuales y sociales de los indígenas, no sólo son injustos para
individuos y grupos, sino que también constituyen un severo obstáculo para su
desarrollo integral y sustentable.
En materia de derechos destaca
también la poca participación en los procesos electorales, y la escasa
representación política que alcanza este sector de la población en los órganos
legislativos y la conflictividad electoral.
De acuerdo con lo establecido
en el Apartado B del Artículo 2º de
Objetivo 15
Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al
desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones
históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.
ESTRATEGIA 15.1
Constituir la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda
Durante la presente
Administración se promoverá que todas las dependencias, en sus ámbitos de
competencia, se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el
desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y
comunidades indígenas. Además, se fortalecerán cuantitativa y cualitativamente
los programas que lleva a cabo
ESTRATEGIA 15.2 Consolidar
los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos
estatales y municipales, las autoridades y las organizaciones indígenas en el
diseño y operación de los programas dirigidos al desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas.
Son cada vez más los gobiernos
estatales y municipales con población indígena los que toman parte activa en
las acciones en beneficio de la misma. Con respeto a los ámbitos de competencia
de cada orden de gobierno, se seguirá trabajando en la búsqueda de mecanismos
que mejoran la concurrencia de propósitos, recursos y acciones.
La participación de la
población indígena en la acción del sector público permitirá aplicar los
programas con acciones diferenciadas de conformidad con las particularidades
demográficas, geográficas, ambientales, culturales y económicas de los pueblos
y comunidades indígenas.
Se fortalecerá aún más la
capacidad del Consejo Consultivo de
ESTRATEGIA 15.3 Fomentar
el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los
pueblos indígenas para promover su desarrollo económico.
Se intensificarán de manera
significativa los apoyos a proyectos productivos de las comunidades indígenas.
Se alentará un contexto favorable mediante la promoción de inversiones en las
regiones indígenas para generar condiciones de empleo. Sin una estrategia de
este tipo, no será posible reducir la emigración forzada por condiciones
económicas.
Una parte importante de esta
estrategia será identificar y desarrollar alternativas productivas a la
actividad agropecuaria, con base en la valoración de los recursos culturales y
naturales aprovechables en la región que habita cada pueblo; es decir,
conforme a las vocaciones productivas de cada región, pero también conforme a
las vocaciones de cada grupo o persona. Además de recursos financieros, se
diseñarán y aplicarán esquemas de capacitación para cada fórmula productiva, de
manera que los grupos cuenten con el saber y las capacidades necesarias para el
éxito de sus proyectos. De igual forma, se impulsará la realización de
inversiones en infraestructura productiva que desemboque en un efecto
multiplicador para las comunidades y pueblos indígenas.
Se cuidará que las nuevas
fórmulas productivas sean económica, social y ambientalmente sustentables. En
conjunto, de lo que se trata es de conservar y capitalizar los activos
ambientales y culturales de los pueblos y las comunidades indígenas para
impulsar su desarrollo económico.
Conjuntamente con algunos
gobiernos estatales, se diseñarán y pondrán en marcha nuevos mecanismos para
que las remesas que envían los migrantes indígenas a sus familias puedan
aprovecharse para impulsar proyectos productivos y de infraestructura en las
comunidades.
En el caso en que los grupos
indígenas se asocien con personas o grupos ajenos a sus comunidades, se
cuidará que los primeros tengan una participación justa y reciban los beneficios
que les correspondan en proyectos de explotación de sus tierras y otros
recursos.
ESTRATEGIA 15.4 Focalizar
acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos
sociales que tiene la población indígena con respecto al resto de la sociedad:
alimentación, salud y educación.
La desnutrición es el rezago
más grande de esta población. Considerando lo anterior se impulsará, mediante
apoyo financiero y capacitación, el cultivo y consumo de alimentos con alto
valor nutritivo.
En el rubro de salud, se
continuará fomentando la afiliación al Seguro Popular en zonas rurales con
bajos recursos porque representa un adelanto sustancial en la medida en que los
servicios se ofrecen a la población abierta. Al mismo tiempo, se dará atención
en salud mejorando la infraestructura hospitalaria y de clínicas en lugares
donde se puedan atender a un mayor número de comunidades, incluidas las más
pequeñas.
Se intensificarán los programas
preventivos y educativos para el cuidado de la salud, especialmente los
destinados a las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los menores de cinco
años y las personas de edad avanzada.
En educación se apoyará en
forma especial a las familias indígenas para que la población de seis a 14
años pueda asistir a la escuela y para que, después de los 15 años, continúe
con su educación mediante becas que permitan la formación de niños y jóvenes
sin afectar a la economía familiar. Además, se promoverá el desarrollo de
competencias y habilidades específicas para explotar el potencial productivo
de cada región.
Para apoyar la educación
bilingüe, se aplicarán esquemas que eleven los incentivos para que cada vez más
indígenas se preparen como maestros bilingües. Ésta será, sin duda, una de las
maneras más eficaces para contribuir al enriquecimiento de las culturas
autóctonas y al mejoramiento de su calidad de vida.
ESTRATEGIA 15.5 Fortalecer
sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas.
Las estrategias mencionadas
sobre la construcción y el mejoramiento de caminos rurales, así como las del
reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más
eficiente, tendrán como uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y
comunidades indígenas, que son los grupos sociales con mayor dispersión
demográfica e incomunicación.
La estrategia regional de
caminos implica el diseño de un plan de pavimentación y modernización de ejes
troncales acordes con la dinámica regional social y productiva a la que se
aspira. Complementariamente, se avanzará en la instalación de sistemas de
telecomunicaciones, desde los básicos hasta los de tecnología avanzada.
Se continuará con los programas
de mejora de la vivienda indígena, con acciones como los pisos firmes, las
estufas tipo Lorena, los huertos de traspatio, entre otras, además de la
provisión de energía eléctrica, agua potable, drenaje y opciones de
tratamiento de aguas.
ESTRATEGIA 15.6
Garantizar el acceso pleno de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción
del Estado.
Esta estrategia implica
trabajar conjuntamente con los Poderes de
En todos los programas de
gobierno con acciones orientadas al bienestar de los pueblos y comunidades
indígenas, se reconocerán y respetarán sus costumbres, sus formas internas de
convivencia y organización social, económica, política y cultural, sin que se
contravengan preceptos constitucionales y legales comunes a todos los
mexicanos.
Promover el reconocimiento
jurídico de las formas de organización y sistemas normativos de los pueblos y
comunidades indígenas, en el marco de las disposiciones constitucionales y de
los acuerdos internacionales en la materia.
ESTRATEGIA 15.7 Promover
y apoyar las manifestaciones de las culturas indígenas, así como su estudio,
difusión y divulgación.
Las culturas indígenas son, sin
duda, uno de los activos más valiosos del patrimonio de la nación. Lo son como
huella de nuestro origen más remoto, y fundamentalmente como culturas vivas,
actuales y futuras.
Se buscará impulsar programas
de difusión e información para eliminar la discriminación social contra este
sector de la población mexicana. Asimismo, se respaldará la investigación,
registro, rescate, protección, preservación, difusión y divulgación de su patrimonio
cultural.
Se fortalecerán los apoyos
financieros para proyectos de tipo cultural que involucren todas sus
manifestaciones: sus lenguas, indumentaria, fiestas, ritos, danzas, cantos,
música de banda, lugares sagrados, cosmovisiones, artes plásticas,
gastronomía.
3.5 Igualdad entre mujeres y hombres
Durante la mayor parte del
siglo XX se fue transformando el papel de la mujer en la sociedad mexicana. Las
mujeres comenzaron a participar activamente en áreas de desempeño laboral y
profesional en las que no habían incursionado. Pero ni las leyes, ni las
convenciones sociales, ni la sociedad en general reconocieron debidamente el
papel fundamental que la mujer empezaba a desempeñar cada vez más
destacadamente. Muchas mujeres empezaron a cumplir un doble papel en el espacio
vital de la sociedad mexicana: como madres al frente de las necesidades de sus
hijos y como proveedoras de sus hogares, en conjunción con sus maridos o sin
ellos.
Las mujeres tienen amplias
responsabilidades, empezando por las que asumen tanto en la familia como cada
vez más en todos los ámbitos de la vida social. La discriminación y los obstáculos
al desarrollo de las mujeres han estado tan presentes a lo largo de la
historia, que su esfuerzo, su tenacidad y su capacidad para superarlos
representan un gran ejemplo y han sido un factor importante para el desarrollo
de la nación.
Por ello, es tiempo de afirmar
clara y distintamente que la mujer mexicana tiene un papel central en el
proceso social del Desarrollo Humano Sustentable; esto quiere decir que, al
participar activamente en diferentes esferas de la vida como lo hace hoy en
día, comparte generosamente todo su tiempo y esfuerzo con la familia y con su
comunidad. A partir de ello es posible que los hijos se formen y se desarrollen,
así como también es posible que el trabajo, la política y la cultura prosperen
en la vida social del país.
Es doblemente injusto, por lo
tanto, que las mujeres sigan sufriendo desigualdad, discriminación, violencia
y maltrato. Es necesario que sociedad y gobierno asuman la obligación de
terminar con esta situación y lograr la igualdad efectiva entre los géneros.
Sin duda alguna, la sociedad mexicana sólo se humanizará plenamente en la
medida en que mujeres y hombres actúen y decidan libre y responsablemente en
todos los ámbitos de la vida, desde la esfera familiar hasta las esferas laboral
y pública.
Es por eso que el Gobierno de
Objetivo 16
Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
Es todavía mucho lo que pueden
hacer las políticas públicas para contribuir a un avance significativo en la
igualdad entre mujeres y hombres. Propiciar la suma de esfuerzos entre gobierno
y sociedad para ampliar este margen de acción, de manera que alcance a más
personas y regiones, es el sentido de las estrategias siguientes:
ESTRATEGIA 16.1 Construir
políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda
Como un primer paso para lograr
la equidad entre mujeres y hombres, los tres órdenes de gobierno han firmado
un acuerdo mediante el cual se comprometen a asumir el principio de igualdad
como eje rector de sus planes y acciones.
De esta forma, se busca crear
las condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de
desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de su propio bienestar.
Para ello, se generarán canales
permanentes de consulta, participación, seguimiento y rendición de cuentas,
con el propósito de propiciar la igualdad entre los géneros. El primer paso es
garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de salud y educativos, a la
vivienda, al desarrollo sustentable, al empleo bien remunerado y el derecho a
una vida libre de violencia.
ESTRATEGIA 16.2.
Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la
igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos
establecidos en función del género.
Para cumplir esta estrategia se
deberán impulsar acciones orientadas a crear una nueva cultura en la que,
desde el seno familiar, se otorgue el mismo valor a las mujeres y a los
hombres. Se promoverá la erradicación de las prácticas discriminatorias hacia
las mujeres, por las que desde la niñez se les asigna un papel de inferioridad
y subordinación en todas las esferas de la vida cotidiana. Se trata de que a
partir de la infancia los niños y las niñas aprendan que tienen los mismos
derechos y que ellos tienen las mismas capacidades y obligaciones para realizar
tareas domésticas que tradicionalmente se han reservado a las mujeres.
Se fortalecerán las
instituciones públicas y se respaldará a las privadas que apoyan a las mujeres
que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como
propósito eliminar esta práctica que afecta la integridad y la dignidad
femeninas.
ESTRATEGIA 16.3.
Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y
asegurar su permanencia en éstas.
Con base en los diversos
programas de apoyo al fortalecimiento de capacidades entre la población en
desventaja, se fomentará que todas las niñas y adolescentes asistan a la
escuela, pero que además puedan terminar sus estudios sin interrupciones y
conforme a sus vocaciones.
Se apoyará a las familias para
que las mujeres tengan las mismas oportunidades de superación que los hombres y
se pondrá especial énfasis en promover su acceso a la educación media superior
y superior.
ESTRATEGIA 16.4. Promover
una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el
acceso a servicios de calidad para la atención de las mismas.
Muchas de las enfermedades que
provocan la muerte en mujeres como el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de
mama, que ocasionan la tercera parte de las defunciones se pueden prevenir si
se detectan a tiempo. Se fortalecerán las acciones y campañas que fomentan la
cultura de la prevención, mediante la realización de exámenes y consultas
médicas periódicas. Las Caravanas de
Las mujeres que no estén
afiliadas a alguna institución de salud y se encuentren afectadas por alguna
enfermedad cuyo tratamiento tenga un costo muy elevado, podrán recibir apoyo
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Esto les garantizará una
atención de calidad sin menoscabo de su patrimonio.
ESTRATEGIA 16.5 Combatir
la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.
Para fortalecer la igualdad de
oportunidades laborales, se garantizará la aplicación de las leyes que ya
existen y se promoverá la actualización de las que aún lo necesitan, para
asegurar que el embarazo y la maternidad no sean impedimento para obtener o
conservar un empleo; para que, a trabajo igual, el pago sea igual, trátese de
mujeres o de hombres, y desde luego para terminar con las prácticas de
discriminación y acoso que con frecuencia padecen las mujeres.
ESTRATEGIA 16.6. Facilitar
la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del sistema
nacional de guarderías y estancias infantiles.
Está en marcha el Programa de
Guarderías y Estancias Infantiles para facilitar a las mamás el desempeño en su
trabajo, sabiendo que sus hijos menores están bien cuidados. El programa ayuda
por igual a las mamás que tienen un empleo y a señoras que tienen un lugar
adecuado para instalar una pequeña guardería, en la que puedan atender a 15 o
20 niños. Con frecuencia son señoras cuyos hijos ya no viven con ellas, por lo
que cuentan con espacio suficiente para una empresa de este tipo, además de que
poseen la experiencia y el conocimiento necesarios para llevarla a cabo.
A quienes desean prestar este
servicio se les apoyará económicamente con un préstamo para que arreglen su
casa, pongan un baño limpio para los niños, separen la operación de la estancia
del acceso a la cocina y a las actividades diarias de su familia, y que la
equipen con el mobiliario necesario y otros materiales. Asimismo, se les
ofrecerá capacitación y asistencia técnica para operar la estancia con
seguridad física y psicológica.
A las mamás que requieren un
lugar donde dejar a sus hijos menores, o a los dos padres cuando ambos
trabajan, o al papá cuando está sólo, se les apoyará, después de un estudio
socioeconómico, con una cuota de hasta 700 pesos mensuales por niño para que
paguen la estancia, y puedan elegir la estancia que más sea de su agrado.
De manera complementaria, se
promoverán reformas a las leyes laborales para facilitar que el hombre pueda
compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos.
ESTRATEGIA 16.7. Dar
especial atención a las mujeres en pobreza.
Se enfocarán acciones y
recursos con el propósito de que las mujeres que viven en las zonas con mayor
atraso social tengan mejores oportunidades de acceso a la educación, la salud
y la vivienda. Asimismo, se impulsarán proyectos que les permitan detonar sus
propias capacidades para el trabajo.
Se promoverán facilidades para
que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio mediante el acceso a
créditos con tasas preferenciales, ya sea para la adquisición o mejoramiento
de viviendas, o para emprender negocios con los cuales puedan mejorar sus
ingresos.
ESTRATEGIA 16.8. Estrechar
los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y los
programas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer.
Entre la población en
condiciones de pobreza, las mujeres tienen todavía menos oportunidades que los
hombres. Sufren discriminación y, con mucha frecuencia, son víctimas de
violencia dentro y fuera de sus familias. Por eso, se dará preferencia a las mujeres
en todos los programas contra la pobreza y en favor de la igualdad de
oportunidades.
Se adoptarán medidas para que
las mujeres reciban un poco más que los varones, con el fin de acelerar la
eliminación de disparidades en el acceso a servicios públicos.
ESTRATEGIA 16.9
Promover la participación política de la mujer.
Si bien las mujeres han elevado
su participación política, sobre todo en la gestoría de obras y servicios para
sus localidades, muchos espacios de decisión siguen acaparados por los hombres.
Para la realización de esta estrategia se propondrán mecanismos de operación en
las instituciones públicas que permitan a las mujeres participar en
condiciones de igualdad con los hombres en la toma de decisiones políticas y
socioeconómicas.
3.6 Grupos vulnerables
Es obligación del Estado
propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente
para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos
mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con
discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación
como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables.
Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios de salud, educación y
trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos grupos demanda
acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores
posibilidades de bienestar.
Objetivo 17
Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan
desarrollarse con independencia y plenitud.
ESTRATEGIA 17.1 Fortalecer
los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de
la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables.
Se fortalecerá la concertación
para el desarrollo de programas y proyectos entre el gobierno y los grupos de
la sociedad civil cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de los
sectores de población más vulnerables. Se dará prioridad a aquéllos que
contribuyan al desarrollo de capacidades de las personas y se llevará a cabo
una evaluación y seguimiento oportunos que garanticen la ejecución correcta y
eficiente de los recursos.
ESTRATEGIA 17.2 Avanzar
en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los
programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables.
De acuerdo con
ESTRATEGIA 17.3 Focalizar
el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad a quienes habitan en
comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza.
Mediante esta estrategia, se
otorgará un apoyo económico bimestral a los ancianos de 70 años o más que vivan
en áreas rurales con menos de 2,500 habitantes.
ESTRATEGIA 17.4 Aprovechar
la experiencia de los adultos mayores, generando las oportunidades que les
permitan desarrollarse en actividades productivas de relevancia para su
comunidad.
Con el propósito de estimular
la generación de empleos para este sector de la población, se ofrecerán
estímulos fiscales a las empresas que den empleo a adultos mayores que desean
continuar su vida de manera productiva.
Además, se impulsarán acciones
que permitan aprovechar la experiencia de estos adultos y que, al mismo
tiempo, les generen un ingreso adicional para que puedan hacerle frente al
empobrecimiento progresivo que padecen, producto del desempleo o de la
insuficiencia de su pensión o jubilación.
ESTRATEGIA 17.5 Identificar
oportunamente a los niños y adolescentes en riesgo de calle.
Los niños y adolescentes que
viven en la calle han sido, por lo común, arrojados de sus hogares por la
violencia y el abuso de que han sido objeto, al grado de preferir dormir a la
intemperie, en una casa abandonada o incluso en el drenaje. Son niños y
jóvenes con mayor riesgo de caer en alguna adicción.
Si bien la desintegración o
disfuncionalidad familiar no es privativa de las familias en condición de
pobreza, la responsabilidad del Estado es mayor hacia estos grupos vulnerables.
El apoyo a niños y jóvenes en
situación de calle es muy difícil, pero existen métodos nuevos con enfoques
integrales en los que se trata a los niños y adolescentes y también a sus
familias. Se alentará la adopción de estos métodos en las instituciones cuya
misión es atender a estos niños y jóvenes, tanto para los que trabajan o viven
en la calle como para quienes estén en riesgo de caer en esa situación.
Por otra parte, los niños y
adolescentes que trabajan en la calle sin haber dejado sus hogares, con
frecuencia son también blanco de violencia y, cuando éste no es el caso, lo
más probable es que hayan abandonado su educación escolar. Los esfuerzos se
dirigirán a identificar a quienes se encuentran en riesgo de calle para
reincorporarlos al sistema escolar con una beca; previamente se les dará el
apoyo necesario para actualizarlos, de modo que no vuelvan a sufrir un rechazo
que los aleje otra vez de las aulas.
ESTRATEGIA 17.6 Otorgar
apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las
actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.
Se implementarán acciones
diferenciadas según tipos de discapacidad, que permitan a las personas tener un
mayor acceso a los servicios educativos y de salud, así como oportunidades de
recreación y de inserción en el mercado laboral. Es fundamental incluir a las
personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.
Asimismo, se estructurará un
proceso de armonización legislativa y programática a fin de que
Se realizará un diagnóstico
nacional (censo) sobre las personas con discapacidad y sus familias para
conocer cuántos son, qué edad tienen, qué discapacidad tienen, en dónde viven,
qué tipo de servicios reciben, con la finalidad de poner en marcha programas
nacionales y estatales que les brinden mejores oportunidades de desarrollo
personal, familiar y social.
Para garantizar que la
población con necesidades educativas especiales vinculadas a la discapacidad y
los sobresalientes accedan a servicios de calidad que propicien su inclusión
social y su desarrollo pleno, se promoverán acciones que favorezcan la
prevención de la discapacidad y la articulación de las iniciativas públicas y
privadas en materia de servicios de educación especial e integración
educativa.
También se fortalecerá el
desarrollo de las personas con discapacidad para equiparar y facilitar su
integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional, mediante un sistema
de salud integral e incluyente que promueva y vigile sus derechos y que
procure la difusión de la salud sexual y reproductiva.
Se promoverá la construcción de
viviendas con las adaptaciones necesarias, se intensificará el mismo tipo de
acciones respecto a la infraestructura urbana y en las instalaciones escolares
y de salud. Además, se fortalecerá la política de estímulos fiscales para las
empresas que ofrezcan oportunidades de empleo a personas con alguna
discapacidad.
La imposibilidad de usar el
transporte público adaptado con facilidad y seguridad impide que las personas
con discapacidad puedan desarrollar todo tipo de actividades fuera de su entorno
inmediato. Por ello, se debe incrementar la accesibilidad física de las
personas con discapacidad para que transiten y usen fácilmente los espacios
urbanos, así como desarrollar una infraestructura urbana adecuada a sus
necesidades y, con la seguridad de un salario, fortalecer la autoestima y facilitar
la independencia de estas personas que actualmente enfrentan diferentes formas
de discriminación.
De igual forma, una labor
complementaria será promover la realización de investigaciones y la
capacitación de profesionales y servidores públicos encargados de planeación
urbana, para el desarrollo de espacios públicos y vivienda con las
consideraciones especiales que necesitan las personas con discapacidad. Crear
incentivos fiscales para quienes remodelen inmuebles con fines de
accesibilidad, así como promover la inclusión de normatividad para la señalización
y atención de personas con discapacidad en planes de siniestro y evacuación.
Otro aspecto impostergable es
hacer viable la comunicación entre las personas con discapacidad y el resto de
la población, mediante la instalación de sistemas uniformes de alarma,
atención e información accesibles.
Cabe señalar que se dará
preferencia a la atención de personas con discapacidad en situación de
pobreza.
ESTRATEGIA 17.7 Garantizar
la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios para realizar
un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con
discapacidad a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación.
En el caso de los niños, se
establecerán protocolos en las instituciones de salud para que personal bien
preparado pueda detectar oportunamente las discapacidades para su debida
atención y rehabilitación temprana.
ESTRATEGIA 17.8 Procurar
el acceso de personas en condiciones de vulnerabilidad a redes sociales de
protección.
Sin que el Estado descuide sus
responsabilidades y obligaciones con las personas en condiciones de
vulnerabilidad, se promoverá su atención por organizaciones de la propia sociedad
civil.
ESTRATEGIA 17.9 Dar
prioridad a las vertientes de apoyo alimentario y nutricional de los programas
del gobierno con responsabilidades en esta materia.
Se consolidarán las políticas
públicas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas que
permitan atender con más oportunidad y eficacia a la población vulnerable en
el campo y las ciudades: personas en condición de pobreza alimentaria, niños en
situación de calle, adultos mayores de 70 años en desamparo. En este esfuerzo
los niños serán el objetivo más importante, pues la desnutrición infantil,
además de ser origen de daños que pueden durar toda la vida, genera un círculo
vicioso de enfermedades.
3.7 Familia, niños y jóvenes
Una de las grandes riquezas
humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la
familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que
ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.
Sin embargo, a lo largo del proceso de modernización de la nación, las familias
mexicanas se han adaptado a condiciones sociales cambiantes, soportando en gran
medida el peso de la transformación; muchas se han separado o han tenido que
abrigar en su seno nuevos miembros para sobrevivir.
La centralidad de la familia en
el proceso del desarrollo humano plantea la necesidad de impulsar acciones que
ayuden a consolidar los procesos de formación y de realización que se verifican
en su interior. Muchas familias requieren de apoyo especial para salir adelante
y cumplir así su función de formación educativa, de formación en valores y de
cuidado de la salud, entre otras. Las políticas de fortalecimiento familiar
tendrán entonces un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente
en los niños y niñas, así como en los jóvenes.
Precisamente porque la familia
ha de cumplir cabalmente su papel central en la formación y la realización de
las personas, las políticas públicas en la perspectiva de la igualdad de oportunidades
deben fortalecerse transversalmente. Sin lugar a dudas, es posible apoyar a las
familias vulnerables y a las familias en general desde una serie de puntos de
partida de política pública en diferentes dependencias de
Actualmente, los jóvenes de
México viven una etapa de retos y cambios en la que demandan condiciones
necesarias para su desarrollo integral. Para ello es necesario fortalecer cada
una de las etapas de su proceso formativo de manera que los jóvenes se perfilen
hacia la realización de sus metas personales logrando con ello bases sólidas
para su pleno desarrollo personal y social. Este sector poblacional constituye
el motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país.
Debido a sus características y
necesidades, el compromiso con la población juvenil de México es diseñar,
implementar, operar y evaluar políticas públicas transversales a través de la
coordinación interinstitucional, para generar sinergias que garanticen el
desarrollo integral de calidad y equitativo de los jóvenes y lograr así que
sean actores protagónicos y definitorios del rumbo de la nación.
En la perspectiva del
desarrollo humano desde temprana edad, las niñas y los niños tienen derechos
humanos básicos que deben cumplirse. Estos derechos son fundamentalmente los
siguientes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección
contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena
participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios
fundamentales de
Los niños tienen los mismos
derechos humanos en general que los adultos, pero como son especialmente
vulnerables, es necesario que tengan derechos concretos que reconozcan su necesidad
de recibir una protección especial. Los niños no son la propiedad de sus
familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y
son también los titulares de sus propios derechos.
A pesar de la existencia de
toda esta serie de derechos, los niños sufren a causa de la pobreza, la falta
de hogar, los malos tratos, el abandono, las enfermedades que se pueden
prevenir, la desigualdad en el acceso a la educación y la existencia de
sistemas de justicia que no reconocen sus necesidades especiales. Estos son
problemas que ocurren tanto en los países industrializados como en aquéllos que
se encuentran en desarrollo.
El reto que ahora enfrenta la
sociedad mexicana es el de brindar oportunidades no sólo a los individuos,
sino a la familia, impulsar un desarrollo integral, fomentar el valor de la
familia y promover habilidades emocionales y de comunicación. La familia será
así beneficiaria y aliada para la prevención y la superación de la vulnerabilidad
no sólo ante la pobreza, la inseguridad, entre otros, sino también ante la
ruptura y las debilidades que enfrenta la sociedad mexicana.
En México hay 22,790,188
hogares familiares1, lo que representa que más del 95% de las
personas viven con alguien de su familia. Ello da cuenta de la centralidad de
ésta en la comunidad.
Las perspectivas de la sociedad
misma acerca de la familia son una dimensión de ésta como valor social. Por
una parte, la familia es lo más importante para 9 de cada 10 personas, y en 2
de cada 3 casos, se ayudan entre parientes; por otra, la convivencia se hace
cada vez más difícil, lo que se refleja en un alto índice de violencia
doméstica (1 de cada 4 hogares), en abandono y ruptura familiar. Se observa una
disminución en los matrimonios y un aumento en los divorcios. Estos factores
restan oportunidades y desarrollo y exponen a los miembros de la familia a una
mayor vulnerabilidad.
En la convivencia cotidiana, una
quinta parte de los adultos nos dice que no hay muestras de cariño en su
hogar, mientras que en un 51.4% hay gritos, imposición (40.3%) o problemas
permanentes (22.5%)2.
La población de jóvenes (de
Según estimaciones, la
población de jóvenes alcanzará su máximo histórico en el año 2011. Ello
implica que la magnitud de este grupo social llegará a 21.5 millones de
personas, y a partir de ese momento comenzará a reducir su tamaño,
fundamentalmente debido al gradual envejecimiento de la población, hasta
alcanzar 17 millones en 2030 (13.6% del total) y 15 millones en 2050 (11.8% del
total)3.
Según
Un 37.5% de los jóvenes
abandonan los estudios entre los 15 y los 17 años, seguido de los jóvenes entre
18 y 20 años, con un 25.6%, y en tercer lugar los de
Más de la mitad de los jóvenes
(10.9 millones) son económicamente activos, y representan el 23% de la
población trabajadora del país.. Según
En la adolescencia y la juventud
se registran las tasas de desempleo abierto más elevadas, con un 5.4%. Esto da
pie a que el 16.8% de los jóvenes señalara que ha pensado en migrar a los
Estados Unidos.
El rango de edad del primer
embarazo de las jóvenes se concentra fundamentalmente entre los 18 y los 20
años, con 14.5%, seguido de quienes tenían menos de 18 años, con 26.8%, entre
los 21 y 23 años, son 20.7%, y más de 23 años, 10%. Los jóvenes unidos o
casados representan sólo 23.9% del total, y quienes alguna vez han estado unidos
conforman el 2.4%.
En cuanto a los problemas que
enfrentan los jóvenes, las drogas y el alcohol ocupan el primer lugar, en un
74.4% de los hombres y un 67.4% de las mujeres. En segundo lugar consideran la
falta de trabajo, y en tercera, los problemas de la nación.
En México, las personas entre 5
y 17 años que se encuentran estudiando son 27,701,373, y en ese mismo rango de
edad no estudian 534,197. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares
nucleares son 26,694,189, y en hogares extensos 10,457,683. Las adolescentes (
Objetivo 18
Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su
diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social
mediante la promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y
desarrollo.
ESTRATEGIA 18.1
Impulsar el fortalecimiento de las Procuradurías de
Es importante ofrecer servicios
de apoyo y orientación social y jurídica a las familias, buscando que los
conflictos de intereses familiares se diriman en cordialidad y tiendan a la
obtención de acuerdos que beneficien a las parejas involucradas, y a la vez se
evite que los menores sufran daños que alteren su desarrollo psicosocial.
ESTRATEGIA 18.2 Mejorar
la condición nutricional de los sujetos de asistencia social que requieran
apoyo alimentario, para propiciar el desarrollo integral de la familia y
contribuir a superar de manera sostenible su condición de vulnerabilidad.
El apoyo a la dieta de familias
en situaciones de desamparo, a través de un apoyo alimentario directo, es una
herramienta fundamental para propiciar el desarrollo de habilidades y
conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus condiciones de desamparo.
ESTRATEGIA 18.3 Desarrollar
indicadores para el seguimiento y la evaluación del impacto de las acciones de
perspectiva familiar.
Toda la generación nueva de
información y análisis acerca de las familias mexicanas es susceptible de
contribuir a la formación de nuevos indicadores de efectividad de las políticas
públicas que se están implementando. A su vez, la evaluación de políticas ha de
permitir el mejoramiento de éstas sobre nuevas definiciones y diseños de
acción pública.
ESTRATEGIA 18.4 Asignar
recursos específicos para la aplicación de una perspectiva familiar.
En la medida en que se vaya
avanzando en materia familiar, se irá considerando la pertinencia y la
necesidad de asignar más recursos a las políticas de familia. No sólo se
tendrán nuevas políticas, sino mejores impactos de éstas sobre la población
beneficiada.
Objetivo 19
Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes.
ESTRATEGIA 19.1 Fortalecer
a la familia para fomentar el bienestar juvenil y su debida integración a la
sociedad.
El fortalecimiento de la
familia contribuye directamente al bienestar juvenil y a su integración en la
sociedad. El bienestar juvenil aglutina diversos aspectos de la vida de las
personas que van desde la salud física y mental, la existencia de las
condiciones de vida digna, hasta la disponibilidad de tiempo y espacio para el
desarrollo de la creatividad y el sano esparcimiento, todo ello en un clima de
respeto a la identidad personal y a la diversidad. El desarrollo integral de
los jóvenes plantea como premisa fundamental la inclusión de quienes, por
situaciones diversas tales como características físicas, geográficas,
económicas, de género, entre otras, requieren de atención especial por parte
del Estado y de la sociedad en su conjunto.
ESTRATEGIA 19.2
Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema
educativo al incorporar las tecnologías de la información y comunicación, así
como promover su inserción laboral a través del fomento de competencias y
habilidades para el empleo, autoempleo y empleabilidad.
Todo esto con el fin de
incorporar a los jóvenes en el desarrollo productivo y tecnológico del país
para mejorar su calidad de vida, haciendo especial énfasis en la promoción de
los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
ESTRATEGIA 19.3 Edificar
una cultura cívico-democrática que fomente la participación de los jóvenes
ciudadanos en los asuntos públicos, así como una conciencia plena sobre la
importancia del respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la no
violencia.
Se sumarán así a la sociedad
jóvenes tolerantes, plurales, conscientes de sus derechos y responsables en el
cumplimiento de sus obligaciones, con su entorno y consigo mismos.
Objetivo 20
Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando
el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud,
alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus
capacidades.
ESTRATEGIA 20.1 Incrementar
el alcance de los programas de mejoramiento en el estado de nutrición en
menores de 5 años con desnutrición o en riesgo, a través del otorgamiento de
apoyos alimentarios pertinentes, incorporando acciones dirigidas a los padres
de familia que permitan un cambio de hábitos de alimentación y salud.
Los programas alimentarios
generan beneficios sostenibles para la sociedad, ayudan a superar las
condiciones de vulnerabilidad de la población y propician circunstancias para
el desarrollo familiar integral.
ESTRATEGIA 20.2 Impulsar
una coordinación interinstitucional para la atención del fenómeno de la
migración infantil.
Es necesario prevenir y atender
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados que
enfrentan las problemáticas colaterales a que están expuestos, así como
promover acciones coordinadas de protección familiar e infantil.
ESTRATEGIA 20.3 Promover
la instalación de los comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de
ESTRATEGIA 20.4 Desarrollar
mecanismos que mejoren sustancialmente los procesos de adopción y que
faciliten y promuevan los procesos de integración y desarrollo familiar.
Cultura y esparcimiento
3.8 Cultura, arte, recreación y deporte
México es una nación orgullosa
de la riqueza milenaria de una cultura que se ha manifestado en muy diversas
formas a lo largo de la historia. Hoy, los mexicanos tienen un horizonte
formidable de retos y logros y un pasado glorioso al cual volver la mirada. El
futuro sólo tiene sentido en función de ese pasado y de un presente que debe
asumirse con pasión y orgullo para engrandecer a la patria, dignificando el
destino de cada mexicana y de cada mexicano. La cultura de México es la suma de
lo mejor del pasado y del presente. Es la voz viva de un pueblo; es el
colorido de expresiones que distinguen al país en el mundo. Por ello, el
Gobierno de
El Gobierno de
Objetivo 21
Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y
disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural,
histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres
humanos.
Se avanzará en el cumplimiento
de este objetivo mediante las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 21.1 Impulsar
la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones
culturales por parte de la población.
La política cultural del
Gobierno de
Para lograr estos propósitos,
un complemento importante será el fortalecimiento de la educación artística
profesional y la promoción de distintas modalidades de cursos y talleres de apreciación
en todas las disciplinas artísticas, enfocadas principalmente a los sectores de
la población con menor acceso a estas manifestaciones.
En todas las líneas de acción
de la política cultural, se solicitarán y tomarán en cuenta la opinión y las
propuestas de la comunidad artística e intelectual de México.
De igual forma, se fortalecerán
la enseñanza y divulgación del arte y la cultura en el sistema educativo. Para
ello será necesario complementar la estrategia, de prolongar el horario de
permanencia de niños y jóvenes en las escuelas.
Una parte considerable de la
inversión en infraestructura cultural será destinada a programas de
mantenimiento y renovación de los espacios y servicios que ahora funcionan,
pues ésta es una demanda reiterada de comunidades que han visto deteriorarse
las instalaciones culturales de las que disponen. La conservación, la
renovación y el mantenimiento de la infraestructura para la actividad cultural
en todos los órdenes será una prioridad para la presente administración.
Se dará continuidad al estímulo
y a la producción cultural y artística tanto de creadores y grupos
independientes como de comunidades y medios públicos de comunicación.
Se fortalecerán los programas
de difusión cultural entre grupos y sectores de la población que por distintas
causas han permanecido lejos de las manifestaciones culturales y artísticas, insistiendo
en el carácter recreativo y placentero del arte y la cultura.
En concordancia con el apartado
de pueblos y comunidades indígenas de este Plan, una de las principales líneas
de acción será la ampliación de los medios de difusión de las culturas y el
arte indígenas. La diversidad cultural de México no sólo requiere
reconocimiento, sino también de una decidida promoción, en especial entre
niños y jóvenes, pues es una de las fortalezas de la nación.
Unir las capacidades de
dependencias gubernamentales educativas y culturales con las representaciones
de México en el exterior es fundamental para intensificar la difusión de la
riqueza cultural y artística de manera sistematizada y planificada, como una
verdadera política de Estado. El intercambio cultural es, sin duda, uno de los
principales elementos de conocimiento, aceptación y respeto entre las
naciones. Se dará un impulso especial al intercambio cultural con los pueblos
de América Latina y el Caribe.
El fomento del turismo cultural
será un instrumento detonador del desarrollo regional. Ésa será una de las
formas de unir esfuerzos con el sector privado para generar financiamiento,
fuentes de empleo, difusión y, desde luego, protección para el patrimonio
cultural.
Una línea de acción prioritaria
en la política cultural del Gobierno de
Con el fin de dar sustento
sólido a los esfuerzos de registro y preservación del patrimonio cultural y
artístico, se respaldará el estudio y la investigación de la cultura y el arte
nacionales, así como las instituciones de educación en estos campos para
atender con suficiencia la demanda de formación, especialización y estudios
avanzados en las distintas disciplinas.
Se promoverá que en las
instituciones federales y locales se adapten los espacios culturales para su
disfrute por las personas con discapacidad y los adultos mayores.
Un programa cultural al que
debe darse un impulso sustancial es el de fomento a la lectura. Los libros
seguirán siendo la mejor fuente de conocimiento y recreación. Para dar a este
programa la proyección que amerita, será necesaria la participación del
conjunto de sectores que participan en la educación y la cultura: los
profesores, intelectuales, artistas, servidores públicos de las instituciones
culturales y artísticas, organizaciones de la sociedad civil, así como de las
autoridades escolares, las instituciones de educación superior y la iniciativa
privada. Promover la lectura es hoy una responsabilidad compartida de gobierno
y sociedad, por lo que se promoverá un uso intensivo de las bibliotecas
públicas y se diseñarán fórmulas para fomentar esta actividad en las zonas
rurales.
ESTRATEGIA 21.2 Apoyar
a los centros comunitarios fortaleciendo su capacidad educativa y de difusión
de las artes y la cultura, para que la educación artística y los bienes y servicios
culturales alcancen a un mayor número de mexicanos.
Se promoverá el diálogo
intercultural entre regiones, grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas.
Para ello es necesaria la coordinación con los gobiernos estatales y
municipales, con el propósito de encontrar conjuntamente, y en comunicación con
las diversas comunidades artísticas y culturales, formas de desarrollo e intercambio
cultural entre entidades federativas y municipios, apoyados por el Consejo
Nacional para
ESTRATEGIA 21.3 Realizar
un extenso programa cultural con motivo del bicentenario de
Este programa incluirá la
difusión y la divulgación de la historia de México, la reflexión sobre lo que
se ha alcanzado como nación y sobre aquello que habrá de lograrse para las siguientes
generaciones. Para ello se realizarán actividades en el ámbito académico,
espectáculos y exposiciones, celebraciones, renovación y conservación de
infraestructura cultural en recintos, escuelas y monumentos, así como en
divulgación y promoción, sin descuidar la presencia internacional en México de
manifestaciones artísticas específicas.
Objetivo 22
Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el
entretenimiento para toda la sociedad mexicana.
ESTRATEGIA 22.1
Promover la apertura y operación de espacios de entretenimiento sano, en los
que distintos grupos sociales y de edad encuentren actividades atractivas para
su entretenimiento y recreación de acuerdo con gustos compartidos, para el uso
de su tiempo libre.
Una característica de las
sociedades abiertas es contar con ofertas amplias para la recreación y el
entretenimiento, por lo que será importante impulsar el crecimiento de la
oferta cultural y artística en diferentes ámbitos y en todas las regiones.
Se impulsará la creación de
espacios de entretenimiento alternos, así como la multiplicación de talleres
de artes plásticas, escénicas y literarias, para que la población en todas las
regiones pueda participar y aprovechar la riqueza cultural y artística, y
también para alentar la creación de pequeños y medianos negocios.
Objetivo 23
Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los
mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y
sistemática.
ESTRATEGIA 23.1.
Estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los
grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país.
La importancia del ejercicio
físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la
salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales,
sin importar su edad. Por eso, se impulsará el desarrollo de una cultura
deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo.
El deporte es la mejor manera
de alejar a los niños y jóvenes de los riesgos de las adicciones, pues
representa una opción atractiva para el uso del tiempo libre. Por eso se
intensificará la construcción de infraestructura deportiva tanto en las
comunidades rurales como en las urbanas. Será una de las líneas de trabajo del
programa de acción comunitaria en la estrategia integral de combate a la
pobreza.
Como en el caso de la cultura,
se utilizará una parte de la inversión en este rubro para la remodelación,
ampliación y equipamiento de instalaciones existentes.
En la política deportiva es
necesario coordinar el trabajo de las federaciones de las distintas
disciplinas, de instituciones públicas y privadas deportivas para estimular la
práctica del deporte entre los jóvenes.
Es indispensable promover y
propiciar la práctica del deporte desde la infancia. La escuela primaria debe
aprovecharse como una vitrina que reconozca y aliente el potencial deportivo de
los niños de México como la base del sistema deportivo nacional.
En los países donde se ha
desarrollado una cultura del deporte y en los que su práctica es generalizada
entre la población, surgen los atletas que se convertirán en deportistas de
alto rendimiento. Mediante el seguimiento de torneos y campeonatos locales y
regionales se fortalecerá la identificación de los mejores deportistas. Se
otorgarán becas para quienes deseen desarrollar a plenitud sus capacidades y
competir en niveles de alto rendimiento, primero como aficionados y más tarde
como profesionales.
Se buscarán fuentes
complementarias de financiamiento para la construcción y funcionamiento de
centros de alto rendimiento por especialidad deportiva.
ESTRATEGIA 23.2
Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios
públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio
eficaz para promover la práctica de los deportes.
Se alentará la construcción de
infraestructura deportiva y se procurará que ésta sea una infraestructura
multimodal, que permita la práctica de diversos deportes, incluidos los de
pista y campo. Los campeonatos municipales, estatales y regionales merecen una
infraestructura digna que permita el desarrollo de vocaciones deportivas y la
detección de talentos susceptibles de recibir apoyos mayores.
Complementariamente, será
necesario fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de alto
rendimiento en diversas especialidades, sobre todo de aquéllas en que el
potencial de los mexicanos sea mayor y conforme se vaya manifestando en el
futuro.
Eje 4.
Sustentabilidad ambiental
La sustentabilidad ambiental se
refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los
principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de
los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Sólo así
se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos
de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse
obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los
recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.
Es momento de convertir la
sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas.
México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que
todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector
productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que
el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y
semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones
posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el
crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el
Desarrollo Humano Sustentable.
La sustentabilidad ambiental
requiere así de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el
mediano y largo plazo. Esta es una premisa fundamental para el Gobierno
Federal, y en este Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos
significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración
intersectorial. La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el
fomento de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones
sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán
consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y
racional de los recursos naturales. Asimismo, se promoverá una mayor
participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto
en este esfuerzo. La consideración del tema ambiental será un eje de la
política pública que esté presente en todas las actividades de gobierno.
El cuidado del ambiente es un
tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de
desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente,
se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio
climático. El Gobierno de
Aunque el modelo global de
desarrollo ha propiciado mejoras en algunos países y regiones, el medio
ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad
alarmante. Información científica reciente muestra que los impactos ambientales
derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones
demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que
enfrentarán las generaciones futuras. El cambio climático, la reducción de la
capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e
industriales, la contaminación del suelo y el agua por metales pesados y
desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la
sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad
serían algunas de sus consecuencias.
Por su nivel de desarrollo
económico, la gran diversidad de sus recursos naturales, su situación
geoestratégica y su acceso a distintos foros internacionales, México se ubica
en una posición privilegiada para erigirse como un interlocutor importante
para el diálogo y la cooperación entre los países desarrollados y en
desarrollo. Así, el país ha participado en los esfuerzos de cooperación
internacional con el objetivo de contribuir a la consolidación de una agenda
basada en principios claramente definidos y apoyada por instituciones sólidas.
Asimismo, ha contribuido activamente a la construcción de la agenda ambiental
internacional, impulsando los principios de equidad y responsabilidad común. A
la fecha, México ha suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales relacionados
con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, y ha realizado aportaciones
importantes tanto al desarrollo de los regímenes internacionales de carácter
global, como de aquellos enfocados a la atención de asuntos regionales.
Para que el país transite por
la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores
productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen
con responsabilidad los recursos naturales. El Gobierno Federal favorecerá esta
transformación, para lo cual diseñará las políticas y los programas
ambientales en estrecha coordinación con las dependencias de
Indudablemente, México enfrenta
grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda
comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio
ambiente (la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y
selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la
biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la
competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social. Estos
temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de acción: aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, protección del medio ambiente, y educación y
conocimiento para la sustentabilidad ambiental.
Frenar el creciente deterioro
de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino
encontrar una mejor manera de aprovecharlos. Por ello, el análisis de impacto
ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran impulso a
la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de
mantener el capital natural que permita el desarrollo y una alta calidad de
vida a los mexicanos de hoy y mañana.
La perspectiva detrás de los
objetivos y estrategias que se enuncian en este programa es invitar a todos
los habitantes de la nación a participar en la construcción de un México capaz
de llegar más allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor
importante en los temas de sustentabilidad ambiental en la arena internacional.
Diagnóstico
El estado que guardan los
elementos constitutivos del medio ambiente debe entenderse desde una
perspectiva integral; ya que los cambios en alguno de estos elementos conducen
a nuevos cambios en otros, y así sucesivamente. La generación de objetivos y
estrategias en este documento parte de esa premisa y se estructura en seis
apartados: agua, bosques y selvas, cambio climático, biodiversidad, residuos
sólidos y peligrosos, y un conjunto de instrumentos transversales de política
pública en materia de sustentabilidad ambiental.
En el caso del agua, es
importante atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los
mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo
debido a factores demográficos y climáticos. Asimismo, muchos de los cuerpos
de agua presentan niveles de contaminación importantes, haciéndolos
inadecuados para el consumo humano. Es de gran importancia atender la calidad
de los cuerpos de agua, ya que su contaminación contribuye al deterioro
ambiental. Es imprescindible que los municipios se sumen a esta tarea,
desarrollando políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del
agua para lograr un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda, además de
reducir el deterioro de los cuerpos receptores.
Es impostergable incrementar la
eficiencia de la utilización del agua en la agricultura, ya que se trata del
principal uso del recurso y su eficiencia promedio es de únicamente 46%.
En relación con los bosques y
selvas, el avance de las fronteras agropecuaria y urbana, así como la
deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies
no nativas, entre otros factores, ha tenido un efecto negativo en el
territorio nacional. El bosque se ha visto como una fuente inagotable de
madera, sin considerar que su recuperación toma tiempo. Paradójicamente, los
beneficios económicos y ambientales para las comunidades aún no son
aprovechados del todo. Frenar la deforestación, que ha llegado a ser una de las
más altas del mundo, es una tarea ineludible para el país.
En relación con el cambio
climático, el impacto de los gases de efecto invernadero es cada vez más
evidente.
En México, el consumo de
combustibles fósiles es el factor que genera en mayor medida dichos gases, lo
cual se ve agravado por la falta de un sistema de transporte eficiente que
reduzca su generación. Las prácticas agrícolas y pecuarias dañinas, así como
el atraso tecnológico en gran parte de la industria, contribuyen también a la
emisión de gases de efecto invernadero.
La protección de los
ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado. México
es el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica. Sin embargo, es
también uno de los países donde la biodiversidad se ve más amenazada por la
destrucción de ecosistemas, lo que implica una responsabilidad a nivel
internacional. Este proceso destructivo es, en buena medida resultado de la
falta de recursos y actividades económicas alternativas de las comunidades que
los explotan. En este sentido, la falta de oportunidades para el uso
sustentable de la vida silvestre ha sido un factor muy importante.
Los ambientes costeros y
oceánicos poseen una elevada riqueza biológica que contribuye a la
megadiversidad y a la actividad económica de las zonas costeras y marinas del
país. La riqueza natural de estas regiones atrae diversas actividades
económicas como la agropecuaria, la extracción de hidrocarburos, el turismo, la
industria, la acuacultura y la pesca; desafortunadamente, el desarrollo
desordenado de éstas y otras actividades, así como el crecimiento poblacional
han provocado graves problemas en ecosistemas altamente vulnerables. En México,
14.9% de la población se asienta en áreas costeras y las políticas públicas en
torno a estas zonas han sido mayoritariamente sectorizadas y han carecido
además de una visión sustentable e integral de desarrollo económico y social.
Esto ha provocado que los esfuerzos realizados no tengan el impacto deseado.
El manejo de residuos sólidos
se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura. Aunado a
ello, la ausencia de espacios para su disposición ha generado conflictos entre
municipios y entidades federativas. Los residuos peligrosos agregan un nivel de
complejidad al problema, ya que no se han desarrollado suficientes espacios
para su confinamiento. Los residuos depositados inadecuadamente tienden a
contaminar los mantos freáticos y a degradar los suelos, haciéndolos
inadecuados para cualquier uso.
El deterioro del medio ambiente
está frecuentemente asociado a la falta de oportunidades para amplios sectores
de la población. Bajo la óptica del Desarrollo Humano Sustentable, la
generación de oportunidades para estos sectores libera a algunos ecosistemas o
reservas de la biosfera del efecto de depredación ocasionado por las
actividades de subsistencia propias de las comunidades.
Los efectos globales del
deterioro ambiental traen consigo impactos adversos, entre los cuales
destacan: i) modificación espacial, temporal y cuantitativa de lluvias y
sequías, así como de la distribución de escurrimientos superficiales e
inundaciones; ii) incremento en la frecuencia de incendios forestales e
intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de
carbono y pérdida de biodiversidad; iii) reducción o desaparición de
ecosistemas forestales del territorio nacional; iv) reducción o extinción de
poblaciones de especies silvestres; v) disminución de zonas aptas para la
producción primaria de alimentos y modificación de la productividad agrícola,
pecuaria, forestal y pesquera; y vi) elevación del nivel del mar y la
consecuente modificación de ecosistemas costeros y marinos, con cambios en la
distribución y disponibilidad de los recursos pesqueros más sensibles a los
cambios de temperatura, y en las corrientes que atraviesan los mares mexicanos.
La solución a esta problemática
requiere atender temas puntuales de la agenda ambiental, así como realizar
acciones a escala nacional, que transciendan las esferas de actuación de una
sola dependencia o institución gubernamental, y que involucren la participación
activa de la sociedad en su conjunto.
Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
4.1 Agua
Los problemas asociados con el
suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así como el impacto que éstos
tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión que tome en cuenta los
intereses de todos los involucrados y favorezca su organización. Establecer el
acceso al agua como un derecho inalienable, así como garantizar la gestión
integral de los recursos hídricos con la corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno y de la sociedad, constituyen los grandes retos del sector
hidráulico; sólo asumiendo plenamente su solución se podrá asegurar la
permanencia de los sistemas que hacen posible satisfacer las necesidades
básicas de la población.
El manejo inadecuado de los
recursos hídricos ha generado problemas, como la proliferación de enfermedades
por la falta de agua potable o por su contaminación, y la imposibilidad de
garantizar el abasto a futuro debido al agotamiento de los mantos. Es común
que quienes menos recursos tienen paguen más por el agua potable, lo cual
impide romper el círculo transgeneracional de la pobreza.
El cuidado de los acuíferos y
de las cuencas hidrológicas es fundamental para asegurar la permanencia de los
sistemas que hacen posible el abasto para cubrir las necesidades básicas de la
población.
La disponibilidad de agua en
México presenta una desigual distribución regional y estacional que dificulta
su aprovechamiento sustentable. En el norte del país, la disponibilidad de
agua por habitante alcanza niveles de escasez críticos, mientras que en el centro
y en el sur es abundante. Entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por
habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año,
y los escenarios estudiados por
La demanda se incrementará
debido al crecimiento económico, principalmente en zonas en las que los
acuíferos tienen baja o nula disponibilidad de agua. Es urgente racionalizar el
uso del agua para evitar que el desarrollo económico y social se vean
obstaculizados por su escasez, ya que la reserva se reduce en 6 km3
por año. Bajo esta perspectiva, el agua ha pasado de ser un factor promotor de
desarrollo a ser un factor limitante.
De la extracción total de agua
en el país, 77% se destina a la actividad agropecuaria, 14% al abastecimiento
público y 9% a la industria autoabastecida, agroindustria, servicios, comercio
y termoeléctricas.
Los distritos y unidades de
riego abarcan 6.4 millones de hectáreas de las más de 20 millones dedicadas a
esta actividad, y en ellas se genera el 42% del valor total de la producción
agrícola. En contraste, la mayoría de los agricultores siembra en 14 millones
de hectáreas de temporal, de las cuales obtienen con gran incertidumbre
cosechas modestas. Los distritos de riego emplean 48.5% del agua destinada al
sector agropecuario. El 69% del agua que se extrae de los acuíferos se usa en
el riego agrícola. Actualmente, sólo se realizan acciones para tecnificar y
mejorar la producción en 2.6 millones de hectáreas en regiones húmedas. El uso
del agua para la agricultura es muy poco eficiente, alcanzando solamente el 46%
si se consideran los procesos de conducción y asignación, así como su forma de
uso.
Del agua dedicada al
abastecimiento público, el 64% proviene del subsuelo. Los acuíferos abastecen a
72 millones de personas, 80% de las cuales viven en ciudades. En 2005, la
cobertura nacional de agua potable fue de 89.2%, mientras que la de alcantarillado
fue de 85.6%. La cobertura de estos servicios en el medio rural es menor. Para
el año 2005 alcanzó 71.5% en agua potable y 58.1% en alcantarillado.
Adicionalmente, las fugas de la red de agua potable oscilan a nivel nacional
entre 30 y 50%.
Por todo lo anterior, es
evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura
para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de
drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno
de los grandes retos que enfrentará México en los próximos años. Es
imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este
recurso, incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para
riego y reciclaje de aguas residuales1.
En cuestión de aguas residuales
industriales, se generan 178 m3/s, de los cuales únicamente se trata el 15%
en cerca de 1,800 plantas de tratamiento, mientras que los 151 m3/s
restantes son descargados a cuerpos receptores sin ningún tratamiento.
Ante esta situación, se han
establecido los siguientes objetivos y estrategias:
OBJETIVO 1
Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en
el país.
Asegurar el abasto de agua
potable a las comunidades que aún no reciben el servicio es un objetivo
prioritario; asimismo, será necesario tomar medidas de prevención para mantener
el abasto regular en las regiones que actualmente ya lo reciben. Para la
consecución de este objetivo se requiere no sólo incrementar la capacidad de
distribución de agua, sino también tomar medidas orientadas a lograr el uso
eficiente, el aprovechamiento sustentable y la reutilización.
ESTRATEGIA 1.1
Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades
existentes de servicios de agua potable y saneamiento en el país.
Es necesario incrementar el
abasto de agua potable utilizando criterios de sustentabilidad; para ello se
buscará trabajar con los gobiernos locales y con la iniciativa privada. Es
necesario determinar las necesidades reales de agua de la población cantidad y
calidad, así como las demandas de la economía, promoviendo en todo momento la
cultura del buen uso de este recurso. Esto conducirá a implementar mejores
medidas de mantenimiento para prevenir y evitar las fugas de agua que afectan
la red de distribución y el desperdicio en los sistemas de riego agrícolas.
Se promoverá la certificación
de los Organismos Operadores de Agua y su autonomía, y se apoyará a aquellos
municipios que avancen decididamente en el tratamiento de sus aguas residuales
y que apliquen medidas para su reutilización.
ESTRATEGIA 1.2
Incentivar una cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional de la
misma en el ámbito doméstico, industrial y agrícola.
Será importante revisar y
actualizar la legislación y reglamentación sobre los usos y aprovechamiento
del líquido en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, así como en las
actividades productivas, particularmente en el sector agropecuario. Asimismo,
se establecerán los mecanismos necesarios para hacer cumplir las obligaciones
fiscales y administrativas asociadas al uso del agua.
ESTRATEGIA 1.3
Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes
para la potabilización, uso y tratamiento del agua.
Se requiere mejorar la eficiencia
de conducción en redes urbanas y de riego agrícola. Será necesario desarrollar
eventos de trascendencia nacional para funcionarios de los gobiernos estatales,
a fin de difundir información sobre el estado de las tecnologías del agua, así
como el establecimiento de redes de trabajo y proyectos cooperativos que
generen valor agregado en la potabilización, uso y tratamiento del agua.
Particularmente, se impulsará la modernización tecnológica en los sistemas de
riego agrícola.
OBJETIVO 2
Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.
Es necesario fortalecer el
papel del Registro Público de Derechos de Agua como instrumento dinámico de
toma de decisiones en materia de concesiones para el uso, aprovechamiento y
explotación de recursos hídricos. Para ello, es indispensable depurar el padrón
de usuarios agrícolas considerando a éstos como los principales usuarios del
agua.
Un lineamiento fundamental para
el uso y conservación del agua en este Plan Nacional de Desarrollo es que se
debe tener una estrategia integral de manejo sustentable del recurso que
considere tanto la atención a los usos consuntivos del agua, como el mantenimiento
de los ecosistemas, en un marco de participación social y de administración
equitativa con la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Las principales estrategias
para el manejo del agua se orientarán tanto a evitar al máximo las descargas
de agua contaminada a los cauces de ríos y mares, como a mejorar el desarrollo
técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. Adicionalmente, se
desarrollará e implementará una política integral de reducción de los
volúmenes de aguas contaminadas y de tratamiento de aguas residuales para
alcanzar el tratamiento del 60% de ellas al final del sexenio. Esta política
incluirá, incentivos para la construcción de plantas de tratamiento, así como
para la reutilización de las aguas tratadas.
Se buscará institucionalizar
los mecanismos implementados para que beneficien a las generaciones actuales y
a las futuras.
Se integrarán las estrategias
necesarias para la creación de Bancos de Agua con el propósito de realizar de
manera regulada operaciones de transmisión de derechos de agua entre los
usuarios.
ESTRATEGIA 2.1
Fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos operadores
de agua.
Se apoyará el desarrollo
técnico, administrativo y financiero del sector, impulsando el mantenimiento y
operación de obras hidráulicas y la administración de los servicios asociados a
ellas. Es necesario integrar una propuesta de planeación hidráulica consistente
en el tiempo (corto, mediano y largo plazo) y entre los diferentes niveles de
operación (nacional, regional, estatal y cuenca hidrológica).
ESTRATEGIA 2.2
Expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el país y el uso
de aguas tratadas.
Una cultura del agua supone
maximizar su tratamiento y reciclaje. Es por ello que la instalación y
modernización de las plantas de tratamiento y su operación permanente será una
tarea importante en todas las regiones de
ESTRATEGIA 2.3
Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de
cuencas.
El agua debe ser considerada un
bien escaso, de manera que se establezcan mecanismos para reducir su
desperdicio y evitar su contaminación. Una prioridad en esta materia será la
conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos vinculados con el ciclo
hidrológico. Para ello, será necesario considerar el proceso completo del
manejo del agua, desde su extracción hasta su descarga, incluyendo los usos
doméstico, industrial y agrícola. Aquí se deberán establecer las condiciones
de extracción máxima del recurso, de manera que las vedas oficiales logren el
equilibrio hídrico.
Es importante evitar que los
mantos acuíferos, tan importantes para nuestra subsistencia, muestren sobre-explotación
o intrusión salina, pues actualmente la mayor parte de los cuerpos de agua
superficiales reciben descargas residuales. Se debe también evitar al máximo
las descargas de agua contaminada al mar y sancionar severamente a quienes
derramen contaminantes al agua, ya sea en cauces de río o mares.
ESTRATEGIA 2.4
Propiciar un uso eficiente del agua en las actividades agrícolas que reduzca el
consumo de líquido al tiempo que proteja a los suelos de la salinización.
Se deben desarrollar
estrategias y programas de ahorro y recuperación de agua a través de todo tipo
de medidas que busquen la preservación del recurso y reduzcan la pérdida de la
capacidad productiva de los suelos por su salinización.
Se buscará alcanzar la
sustentabilidad del agua de riego a través de la modernización y rehabilitación
de la infraestructura hidroagrícola, no sólo aquélla necesaria para tecnificar
el riego y reducir el consumo de agua, sino también la relacionada con la
extracción y transporte del líquido. Adicionalmente, se reforzarán los
programas enfocados a cuantificar los volúmenes de agua asignada a riego
agrícola para facilitar la gestión integral del recurso.
4.2 Bosques y selvas
En la mayoría de los casos, el
desarrollo de las actividades de los distintos sectores productivos no toma en
cuenta el valor de los ecosistemas como los espacios donde se dan los procesos
naturales que sostienen la vida y proveen los bienes y servicios que satisfacen
las necesidades de la sociedad. Entre estos procesos, conocidos como servicios
ambientales, están la purificación del aire y la captación del agua, la
mitigación de las sequías e inundaciones, la generación y conservación de los
suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de los cultivos y de
la vegetación, la dispersión de semillas, el reciclaje y movimiento de
nutrientes, el control de plagas, la estabilización del clima y el
amortiguamiento de los impactos de fenómenos hidrometeorológicos extremos,
entre otros.
La pérdida de selvas y bosques
se debe principalmente a factores humanos. Uno de los principales efectos de la
deforestación que padece el país es la degradación del suelo. En la evaluación
del estado de los suelos en México, publicada en 2003, se reporta que 45.2% del
territorio nacional sufre algún proceso de degradación del suelo causada por el
hombre. El desconocimiento del potencial de los bosques y selvas conduce a su
conversión para usos diversos. Entre 1976 y 2002, las superficies dedicadas a
la agricultura y los agostaderos inducidos han aumentado en cerca de 5 millones
de hectáreas cada una. Con respecto a 1976, esto representa un incremento del
20% en el caso de la agricultura, y del 35% en el de los agostaderos.
La tasa de transformación neta
del total de los ecosistemas terrestres a otros usos de suelo está
disminuyendo, pasando de cerca de 469 mil hectáreas al año entre 1976 y
El cambio de uso de suelo para
la expansión de la superficie agropecuaria, así como para actividades
extractivas e infraestructura, a expensas de la vegetación natural, son
variables importantes en el proceso de deforestación. Por este motivo, es
fundamental la coordinación intersectorial para la formulación de políticas
sustentables de desarrollo que disminuyan la degradación de los ecosistemas
forestales y, por tanto, los bienes y servicios que proporcionan.
La conversión de los bosques y
selvas a otros usos conlleva efectos adversos, aunque a corto plazo pueda
parecer que existan algunos efectos positivos. La deforestación magnifica los
efectos de sequías y huracanes, propicia erosión, azolvamiento en cuerpos de
agua, aumento de escorrentía y reducción en la recarga de los acuíferos. Esto conlleva
una reducción del valor ecológico, social y económico de los bienes y
servicios que los bosques y selvas proveen.
Las áreas forestales de México
están habitadas por 13.5 millones de personas. Incluyen 23,111 ejidos y
comunidades, con presencia de 43 etnias que se caracterizan por sus altos
índices de marginación y pobreza. Para esta población, el desarrollo de las
ocupaciones rurales no agrícolas puede ser un factor importante para
incrementar sus ingresos.
OBJETIVO 3
Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.
En la presente Administración,
será prioritario proteger la cobertura vegetal del país e incrementar la
superficie bajo esquemas de protección y de manejo sustentable. Para la
conservación y manejo de los bosques y selvas se fortalecerá la consolidación
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y, junto con el programa
Pro Árbol y otros esquemas de manejo sustentable, coadyuvarán en la atención a
los problemas de marginación y pobreza, para así generar desarrollo y expansión
económica a partir de la valoración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales. En este sentido, se apoyarán proyectos para reforestar con
especies nativas; se reforzarán las políticas de prevención y control de
incendios forestales; se promoverá la realización de estudios y proyectos
regionales y programas especiales para el manejo sustentable de bosques y
selvas; se fortalecerán los instrumentos preventivos, como la evaluación de
impacto ambiental; se promoverán esquemas de manejo sustentable de los recursos
naturales, como unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre y las áreas protegidas estatales y municipales, y se
generará infraestructura, vías de comunicación, caminos rurales y lo que sea
indispensable para dar un nuevo y fortalecido impulso al aprovechamiento
forestal sustentable, incluyendo el establecimiento de plantaciones forestales
y el fomento del ecoturismo. Igualmente, se combatirá la tala clandestina
aprovechando los recursos legales disponibles.
El desarrollo de conocimiento
científico y tecnológico será también una prioridad en este rubro, por lo que
se buscará apoyar estudios, proyectos regionales y programas especiales para
el manejo adecuado de los bosques y su aprovechamiento sustentable.
ESTRATEGIA 3.1
Realizar programas de restauración forestal en todo el territorio nacional
como esquema de conservación de ecosistemas.
Con el fin de recuperar la
cobertura forestal del país, se incrementarán los apoyos destinados a las acciones
de reforestación, incluyendo su protección y mantenimiento, así como para obras
de conservación y restauración de suelos, diagnóstico y tratamiento
fitosanitario. Estas acciones se realizarán con la participación directa de los
dueños de los terrenos con aptitud forestal para mejorar la efectividad de los
programas, a la vez que se generan empleos en las zonas rurales.
Atendiendo a las necesidades
del país y en apoyo a los esfuerzos internacionales, se ha establecido el
compromiso de plantar la cuarta parte de los árboles que se van a plantar en
todo el mundo, es decir, 250 millones de árboles en 2007, con la idea de
revertir las tasas de deforestación en México y disminuir la pérdida de
hectáreas de bosques y selvas. El programa Pro Árbol se constituye como uno de
los instrumentos más significativos en esta materia, disminuyendo la tala
clandestina y promoviendo la conservación de bosques y selvas primarios. A
través de éste y otros programas se pretende, al final del sexenio, haber
reforestado 3 millones de hectáreas.
ESTRATEGIA 3.2
Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Se buscará que el sector
forestal incremente el bienestar de los ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios de las regiones forestales, a través del mejoramiento y
diversificación de las actividades productivas y del aprovechamiento de
servicios tales como el ecoturismo, con programas que impulsen el aumento de
las capacidades productivas y la competitividad dentro de los márgenes de
sustentabilidad de los ecosistemas. Para esto será necesario incorporar a los
silvicultores en la toma de decisiones del sector, promoviendo las formas de
organización locales y regionales que den sentido social al desarrollo. Se
apoyará la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas regionales,
las plantaciones forestales comerciales para disminuir la presión sobre los
bosques naturales, los ordenamientos territoriales comunitarios y otros
instrumentos afines.
ESTRATEGIA 3.3 Diseñar
e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las
comunidades que conserven y protejan sus bosques y selvas.
Se promoverá la creación de
mercados locales e internacionales para el pago de servicios ambientales que
no dependan de la transferencia de recursos federales para su mantenimiento,
con mecanismos afines al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). También se
perfeccionarán los instrumentos mediante los cuales se paga por los costos de
mantener la cobertura vegetal que se requiere para generar servicios
ambientales como la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y
la infiltración del agua al subsuelo.
ESTRATEGIA 3.4
Desarrollar e implementar programas integrales para el análisis, prevención y
control de incendios forestales.
Los incendios afectan
gravemente los ecosistemas forestales en distintas regiones del país, por lo
que es necesario mejorar los sistemas de prevención y control de los mismos. Se
diseñarán políticas ambientales y agropecuarias para tener un control más
efectivo y actuar de manera oportuna y coordinada en el combate a los
incendios forestales.
Los incendios forestales,
debidos en su mayoría a un deficiente manejo del fuego en los predios
agropecuarios, así como al descuido humano, afectan en diversos grados a los
ecosistemas forestales. Estos siniestros emiten grandes cantidades de gases
que contribuyen al efecto invernadero y que son nocivos para la salud humana.
Es necesario generar conciencia
sobre el uso adecuado del fuego en los sistemas agropecuarios, para lo cual se
requiere de la participación de todos los actores del sector rural. Se continuarán
fortaleciendo las acciones de prevención, detección y combate de incendios
forestales con tecnologías de punta, así como con el incremento de la
participación de brigadas federales, estatales y comunitarias con equipo y capacitación
adecuados.
ESTRATEGIA 3.5 Frenar
el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques y selvas.
Con el incremento de los
recursos destinados a los programas de desarrollo forestal sustentable se
crearán alternativas productivas sustentables que evitarán el cambio de uso de
suelo en terrenos forestales para desarrollar actividades distintas a las
silvícolas o de servicios ambientales, y la reconversión de tierras
agropecuarias marginales a plantaciones forestales comerciales.
En este marco, es necesario
impulsar programas, como el Procampo Ecológico, que apoyen el manejo
sustentable de los ecosistemas nativos que proveen servicios ambientales, como
la protección del suelo.
ESTRATEGIA 3.6
Fortalecer los procesos e iniciativas para prevenir y erradicar la impunidad
de los delitos ambientales contra la flora y fauna del país.
La protección de las especies
silvestres de nuestro país constituye uno de los retos más importantes de la
gestión ambiental; la actividad agrícola y pecuaria, la introducción de
especies exóticas, la cacería y tráfico de especies, han provocado que existan
en México especies amenazadas o en peligro de extinción.
4.3 Biodiversidad
El territorio nacional alberga
casi todos los paisajes naturales del planeta, desde zonas desérticas hasta
selvas exuberantes, pasando por matorrales tropicales y páramos de altura casi
en contacto con nieves perpetuas.
Aunque sólo ocupa el 1.4% de la
superficie terrestre, en el territorio nacional se encuentra 10% del total
mundial de especies conocidas, muchas de las cuales son endémicas, lo que
convierte a México en uno de los llamados países megadiversos. En cuanto a
número de especies, México es el quinto país en plantas, cuarto en anfibios,
segundo en mamíferos y segundo en reptiles. También tiene la mayor cantidad de
especies de pinos y cactáceas del mundo, y es uno de los cinco centros de
origen de las plantas comestibles cultivadas, como el maíz, el frijol, la
vainilla, entre otros.
En el caso del maíz, México
tiene una diversidad caracterizada por una gran cantidad de variedades
mejoradas, tradicionales o criollas y parientes silvestres que se cultivan en
diversas regiones. A través del tiempo, las comunidades rurales e indígenas han
logrado esta diversidad que representa un legado para la humanidad.
El maíz es base de la
alimentación de los mexicanos que, además de ser un bien comercial, constituye
una parte fundamental de la cultura, por lo que la conservación y protección de
sus variedades es una prioridad nacional.
Acompañando a su diversidad
biológica, México cuenta con una gran diversidad cultural, y ambas están
relacionadas. Las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del
80% de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se concentra
gran parte de la biodiversidad. Cerca de 18 millones de hectáreas, de los 24
millones que ocupan los pueblos indígenas, están cubiertas por vegetación
primaria y secundaria. La mitad de las selvas húmedas y de los bosques de
niebla y la cuarta parte de los bosques templados están en territorios
indígenas. En las partes altas de las cuencas donde habitan comunidades
indígenas se capta el 21.7% de toda el agua del país. Esto muestra la
importancia de esas comunidades y de los territorios que ocupan para la
conservación de la biodiversidad y el aporte de servicios ambientales.
La transformación,
sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas, así como la introducción
de especies invasoras y el cambio climático, son causas directas de la pérdida
de la biodiversidad. Una de las causas principales de sobreexplotación de los
ecosistemas es el tráfico ilegal de plantas y animales. Muchas y muy distintas
especies mexicanas se exportan ilegalmente a diversos países, sobre todo
plantas que llegan a representar entre 60 y 70% del comercio ilegal.
Para el periodo 1996-2003, se
calculó que los costos monetarios del deterioro ambiental, incluyendo los
desastres naturales, representaron un promedio anual de aproximadamente 10.36%
del PIB en México. De no detenerse esta situación, el crecimiento económico del
país, así como el bienestar de todos los mexicanos, se verá seriamente
comprometido.
OBJETIVO 4
Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
La conservación de los
ecosistemas y de las especies de flora y fauna del país requiere de un mayor
conocimiento para lograr su manejo sustentable. Los mecanismos más efectivos
para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de áreas
naturales protegidas y los esquemas de manejo sustentable que permiten integrar
la conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo
económico.
ESTRATEGIA 4.1
Impulsar la generación de conocimiento sobre la biodiversidad del país y
fomentar su difusión.
Incrementar el conocimiento
sobre la biodiversidad del país es un aspecto fundamental para apoyar la toma
de decisiones e instrumentar acciones efectivas en materia de conservación y
desarrollo sustentable. No obstante que el inventario de la riqueza biológica
de México es reconocido como uno de los mejores del mundo, su integración es
una tarea permanente, por lo que será necesario apoyar estudios científicos a
nivel regional y nacional.
ESTRATEGIA 4.2
Aumentar la superficie bajo esquemas de conservación, manejo y uso sustentable
en el territorio nacional.
La riqueza natural es un
patrimonio de toda la nación, por lo que su utilización sustentable debe
suponer beneficios, especialmente para las comunidades poseedoras de dicha
riqueza y del conocimiento tradicional asociado a ella. Por esto, será
prioritaria la protección de los centros de origen de la biodiversidad.
Por la importancia del capital
natural como herramienta para el combate a la pobreza, se incrementará la
superficie protegida de ecosistemas representativos, de alta biodiversidad o
amenazados, así como la superficie donde los recursos naturales se manejen de
manera sustentable.
Decretar nuevas áreas
protegidas y establecer otras modalidades de conservación, resulta estratégico
para avalar la viabilidad de los ecosistemas y su biodiversidad, así como para
proveer certeza. Adicionalmente, la certificación de las unidades de manejo,
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre ofrece certeza
al consumidor en los mercados internacionales.
ESTRATEGIA 4.3 Atender
de manera prioritaria a las especies mexicanas en peligro de extinción.
Es fundamental promover las
acciones necesarias para la recuperación, protección y uso responsable de
aquellas especies de flora o fauna silvestre que, por su valor cultural,
económico o de relevancia para los ecosistemas, deben ser recuperadas con
urgencia.
OBJETIVO 5
Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo
social y económico.
El patrimonio natural del país
es la base del desarrollo económico. Para evitar que se frene este desarrollo,
es necesario modificar los patrones de producción y consumo y aprovechar la
riqueza natural para producir bienestar y riqueza para todos los mexicanos.
Para conservar y poder
aprovechar este patrimonio, se requiere un desarrollo económico basado en el
uso eficiente de los recursos naturales, la generación de valor agregado y en
el desarrollo de capacidades que ofrezcan más y mejores oportunidades para
todos los mexicanos.
Los programas y estrategias de
las distintas dependencias y organismos de
El proceso de conciliación de
lo ambiental con el desarrollo social y económico supone una valoración
económica de los bienes y servicios ambientales, así como de su apreciación
efectiva por parte de la sociedad.
ESTRATEGIA 5.1
Impulsar la instrumentación de tecnologías más limpias y amigables con el medio
ambiente entre los sectores productivos del país.
El aprovechamiento eficiente de
los recursos naturales es un elemento indispensable para reducir la demanda de
los mismos y garantizar su disponibilidad en el futuro. Aunado a lo anterior,
las materias primas y la energía que no se aprovechan en los procesos de
producción se transforman en contaminantes y en efectos negativos a la salud
humana y al ambiente, aumentando los costos de atención médica, afectando en
muchos casos el equilibrio y la capacidad de los ecosistemas para proveer
servicios ambientales.
Se fomentará la modernización
tecnológica y el uso de tecnologías limpias en el sector productivo para
reducir la presión sobre los recursos naturales, disminuir la contaminación y
aumentar el valor agregado de las actividades económicas.
Se prestará especial atención a
las pequeñas y medianas empresas mediante la difusión de información, la
asistencia técnica y financiera y el desarrollo de capacidades para una gestión
empresarial sustentable.
ESTRATEGIA 5.2
Fomentar el ecoturismo como herramienta para la conservación de la riqueza
natural y el desarrollo económico en las zonas rurales.
Se fomentará el ecoturismo a
través de un esquema de trabajo intersectorial, que sirva como herramienta para
la conservación de la riqueza natural y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
Se apoyará el desarrollo de
empresas ecoturísticas comunitarias como fuentes de desarrollo para la
población local, especialmente en zonas marginadas y comunidades indígenas,
capacitando a las poblaciones anfitrionas e involucrándolas en la planificación
y desarrollo de los proyectos.
ESTRATEGIA 5.3 Impulsar
el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos
productivos rurales.
Conservar el patrimonio natural
a través de la restauración y corrección de los daños generados hasta el
momento, para evitar colapsos y mejorar la calidad de vida del ser humano.
En este sentido, resulta
fundamental fortalecer
Protección al medio ambiente
4.4 Gestión y justicia en materia ambiental
Al producir y consumir bienes y
servicios se utilizan recursos y se generan residuos, afectando el entorno y la
calidad de vida de la población.
El Gobierno Federal tendrá como
prioridad aplicar una estrategia de gestión ambiental efectiva, transparente,
eficiente, y expedita que garantice el cumplimiento de la legislación
pertinente sin obstaculizar las actividades productivas. Lo anterior
facilitará la reducción de la contaminación ambiental, el adecuado manejo de
los residuos peligrosos y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
La gestión ambiental
considerada como el conjunto de acciones que realiza la sociedad para conservar
y aprovechar los recursos naturales, generando con ello las condiciones que
permitan el desarrollo de la vida en todas sus formas, es un elemento
fundamental para armonizar las actividades productivas y el cuidado del medio
ambiente.
En este contexto, la gestión
ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la prevención, control
y reversión de los procesos que generan la contaminación, el agotamiento y degradación
de los recursos naturales y promover su aprovechamiento sustentable, con el fin
de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se
orientará a acercar la función pública al ciudadano, otorgar certeza jurídica a
los agentes sociales y a lograr la integralidad y transversalidad de la acción
pública.
OBJETIVO 6
Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean
efectivas, eficientes, expeditas, transparentes y que incentive inversiones
sustentables.
Una gestión ambiental integral,
transversal y eficiente que contribuya al crecimiento y desarrollo sustentable
del país debe basarse en la aplicación efectiva de la ley.
De esta manera, la gestión
ambiental se enfocará en diversos aspectos relacionados con la prevención y
control de la calidad del aire, el manejo adecuado de materiales y residuos,
la realización de actividades riesgosas en forma segura y el fortalecimiento de
los instrumentos de política y gestión ambiental.
ESTRATEGIA 6.1
Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la
competitividad y el crecimiento económico.
Las tendencias demográficas
indican que cada vez más mexicanos requerirán de oportunidades de empleo y de
bienes y servicios ambientales. Para evitar que se frene el desarrollo de
México y, aprovechar cabalmente el capital natural del país, se deben modificar
los patrones de producción y consumo actuales.
Las prácticas de gestión
ambiental son un instrumento que favorece el uso eficiente de los recursos
naturales y mejoran el desempeño y la competitividad de las actividades
productivas. Éstas se dan tanto por la autoridad como por los agentes
productivos.
En el ámbito gubernamental, la
eficiencia en el manejo de trámites y licencias, y en la provisión de
asesorías y otros servicios, representa un factor determinante para facilitar
las actividades económicas y en general para contribuir a la competitividad del
sector productivo.
En el ámbito de la producción
de bienes y servicios, será necesario fomentar prácticas de gestión ambiental
que logren procesos productivos y productos más eficientes y con un mejor
desempeño ambiental que, a su vez, favorezcan la incursión en nuevos mercados
internacionales competitivos.
ESTRATEGIA 6.2
Fomentar la participación del sector privado en la incorporación de prácticas
de ecoeficiencia en sus actividades productivas y en el desarrollo de la
infraestructura ambiental.
Se requiere un desarrollo
económico eficiente basado en el uso adecuado de los recursos naturales, la
generación de valor agregado y en el desarrollo de capacidades que ofrezcan más
y mejores oportunidades para todos los mexicanos.
Los programas y estrategias de
las distintas dependencias y organismos de
Deberán reconocerse los
esfuerzos de los agentes productivos en la reducción del consumo de recursos
naturales y de generación de descargas y emisiones contaminantes mediante
esquemas de certificación y reconocimiento ambiental que incentiven estas
prácticas de mejora continua en el desempeño ambiental.
ESTRATEGIA 6.3
Promover el establecimiento y respeto de un marco jurídico garante del
desarrollo sustentable de actividades económicas.
El marco jurídico ambiental
requiere una revisión a fin de dotar a la gestión ambiental de los instrumentos
necesarios para hacer cumplir la garantía de un medio ambiente sano y la
protección a los recursos naturales. Para ello se trabajará de manera
coordinada con el Poder Legislativo y los diversos sectores de la sociedad, en
un proceso de análisis y adecuación de los textos legales que rigen en la
materia.
ESTRATEGIA 6.4
Asegurar la adecuada aplicación del marco jurídico por parte de la autoridad,
así como garantizar el estricto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos
ambientales a través de acciones de inspección, vigilancia y reparación de
daños.
La actuación de la autoridad
administrativa observará estrictamente el marco jurídico ambiental y lo hará
cumplir en todos los sectores cuyas actividades afecten la integridad del medio
ambiente y los ecosistemas a través de los instrumentos de inspección y
vigilancia, así como la instauración de procedimientos de reparación de daños
ocasionados por los infractores.
Se trabajará en el
fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia en materia
ambiental.
OBJETIVO 7
Asegurar la utilización de criterios ambientales en
La transversalidad de las
políticas públicas para la sustentabilidad ambiental es meta prioritaria para
el Gobierno Federal. Su propósito es que el mejoramiento y la consolidación de
la coordinación interinstitucional, así como la integración intersectorial, se
traduzcan en resultados conmensurables que abonen a la sustentabilidad del
desarrollo.
El Estado puede favorecer y
estimular esto si diseña e implementa políticas y programas ambientales
compartidos por las dependencias de
ESTRATEGIA 7.1
Establecer criterios de sustentabilidad ambiental en los programas y acciones
de las dependencias y entidades de
El desarrollo sustentable debe
regir toda la actividad de
Para ello, todas las
actividades del Gobierno Federal deberán incluir criterios de sustentabilidad
que estarán plasmados en los programas sectoriales. Estos criterios estarán
contenidos en un Código de Uso Ambiental.
Los sectores productivos
deberán considerar políticas de uso y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, eficiencia económica y generación de valor agregado.
OBJETIVO 8
Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las
dependencias de
El Estado debe favorecer y
estimular el tránsito del país hacia el desarrollo sustentable, para ello es
indispensable el diseño e implementación de políticas ambientales con acciones
compartidas entre las diferentes dependencias de
A través de ello se reforzará
la integralidad y congruencia de las políticas de desarrollo económico, el
bienestar social y el cuidado del ambiente; asimismo, se podrán compartir recursos
públicos y promover su mayor eficacia y eficiencia.
ESTRATEGIA 8.1 Diseñar
e instrumentar mecanismos que promuevan y faciliten la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno en los programas y acciones relacionados con la
sustentabilidad ambiental.
La sustentabilidad ambiental
sólo puede lograrse con base en la corresponsabilidad y coparticipación de los
diferentes órdenes de gobierno. Para ello es necesario que, en el marco del
respeto de las diferentes jurisdicciones, se diseñen mecanismos efectivos de
coordinación, con reglas claras de participación, que faciliten el trabajo
cooperativo y las sinergias que ofrezcan valor agregado a los proyectos de los
tres órdenes de gobierno.
ESTRATEGIA 8.2
Participar activamente en los esfuerzos internacionales en pro de la sustentabilidad
ambiental.
La agenda ambiental
internacional de México ha crecido de manera importante al tiempo que los temas
ambientales han ocupado la atención de la comunidad internacional. La
participación de México en los diferentes foros ayuda a precisar programas y
proyectos de interés nacional, al tiempo que permiten acceder a nuevas e importantes
fuentes de información en temas como el cambio climático, la
desertificación, producción y consumo sustentable, manejo de sustancias químicas,
organismos genéticamente modificados entre otros.
derivados
del patrón de ocupación del territorio, y es especialmente necesario en los
mares y costas, así como en la delimitación de la frontera agropecuaria de
bosques y selvas.
Los acuerdos internacionales
una vez ratificados por el Senado se convierten en leyes que deben cumplirse,
ya que también permiten al país acceder a fondos internacionales para atender
las prioridades nacionales de cuidado y protección del medio ambiente; además,
posicionan a México en el contexto internacional como activo participante en
el desarrollo sustentable del planeta.
México seguirá siendo un actor
relevante en todos los foros ambientales internacionales que resulten
prioritarios. En la lucha contra el cambio climático, México participará en
aquellos foros que no se limiten a trasladar la acción de mitigación a lugares
donde resulte menos costoso. Se requiere aumentar la escala global de
mitigación.
4.5 Ordenamiento ecológico
El ordenamiento ecológico del
territorio representa uno de los retos fundamentales en materia de desarrollo
sustentable, promueve la maximización del consenso social y la minimización de
los conflictos ambientales.
OBJETIVO 9
Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio
nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas
con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Para lograr la sustentabilidad
ambiental es necesario coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno,
de modo que se identifique la vocación y el potencial productivo de las
distintas regiones que componen el territorio nacional. De esta manera, se
orientarán las actividades productivas hacia la sustentabilidad ambiental. La
prioridad se centrará en formular, expedir, ejecutar, evaluar y modificar,
desarrollar y publicar los ordenamientos ecológicos del territorio, incluyendo
zonas costeras y marinas. Se pretende formular políticas para el manejo
integral de los recursos naturales que permitan una estrecha coordinación entre
estados y municipios, para concluir los ordenamientos ecológicos locales en las
zonas con alto potencial de desarrollo turístico, industrial, agropecuario,
acuícola y pesquero.
ESTRATEGIA 9.1
Instrumentar acciones para ejecutar el ordenamiento ecológico del territorio nacional.
Con el ordenamiento ecológico
general del Territorio se pretende orientar las acciones, programas y
proyectos de
Para avanzar en esta estrategia
se impulsará la coordinación institucional y se generará sinergia entre los
sectores de
ESTRATEGIA 9.2
Desarrollar políticas para el manejo integral y sustentable de los océanos y
costas.
Sólo a través del ordenamiento
se fortalecerá la sustentabilidad en mares y costas. Debe cuidarse que haya
una constante recuperación de las especies marinas que se pescan y que se tenga
una normatividad clara y transversal en cuanto al aprovechamiento sustentable y
la conservación de recursos marinos y costeros, para que todos los sectores
involucrados asuman el compromiso de protegerlos y conservarlos.
Fortalecer la sustentabilidad
de mares y costas a través del ordenamiento ecológico, conducirá a mantener y
recuperar la riqueza natural de estas regiones. Esto requiere un esquema de
planeación integral, que ordene y gestione el desarrollo de las actividades
sociales y productivas como la petrolera, turística y pesquera. Asimismo, es
necesario establecer herramientas y mecanismos para la prevención y adaptación
ante la vulnerabilidad a la que están expuestos los ecosistemas y las
poblaciones humanas.
El desarrollo de este
instrumento de planeación ambiental generará reglas eficaces para el
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y permitirá establecer
lineamientos para corresponsabilizar a los sectores sociales en su cuidado, en
el crecimiento económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de la
población asentada a lo largo del litoral del país.
ESTRATEGIA 9.3
Propiciar el desarrollo ordenado, productivo y corresponsable y la
recuperación de los suelos nacionales con criterios de sustentabilidad, para
aprovechar eficientemente su potencial a partir de su vocación.
Uno de los componentes
naturales importantes en la determinación de la aptitud del uso del territorio
lo constituye el suelo. Identificar su potencialidad y su deterioro permitirá
identificar las áreas de mayor aptitud para la realización de las diferentes
actividades sectoriales y promover la armonización de las competencias de los
tres órdenes de gobierno para el uso del suelo.
De esta manera se recuperará y
mantendrá la productividad de los suelos y el valor del patrimonio productivo
de sus poseedores.
4.6 Cambio climático
El uso de combustibles fósiles
y tecnologías industriales atrasadas, el cambio de uso del suelo y la
destrucción de millones de hectáreas forestales están provocando un aumento en
la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. De
acuerdo con estimaciones de la comunidad científica, se requiere un esfuerzo
global para reducir las emisiones, ya que de lo contrario, en el año 2100 las
concentraciones de CO2 en la atmósfera podrían generar una variación
de la temperatura de entre 1.1 y 6.4° C. Entre las posibles consecuencias de
este calentamiento global están: la elevación de la temperatura de los océanos,
la desaparición de glaciares, la elevación del nivel del mar, el aumento en la
frecuencia e intensidad de fenómenos climatológicos extremos, como sequías e
inundaciones debido a una mayor evaporación de agua y superficies oceánicas más
calientes, entre otros. Este cambio afectaría severamente la disponibilidad de
agua, la continuidad de los servicios ambientales que producen los ecosistemas,
y tendría importantes efectos en la salud humana.
Se estima que en 2002 México
generó el equivalente a 643,183 millones de toneladas de CO2
equivalente, volumen que lo sitúa dentro de los 15 principales países emisores,
con una contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales. En lo que
respecta a las fuentes responsables de emisiones, corresponde 61% al sector
energético; 7% a los procesos industriales; 14% al cambio de uso de suelo
(deforestación); 8% a la agricultura y 10% a la descomposición de residuos orgánicos,
incluyendo las plantas de tratamiento de aguas residuales y los rellenos sanitarios.
Dentro del sector energético en particular, la generación de electricidad
representa 24% de las emisiones; el uso de combustibles fósiles en el sector
manufacturero e industria de la construcción 8%; el transporte 18%; los sectores
comercial, residencial y agrícola 5%; y las emisiones fugitivas de metano
durante la conducción y distribución del gas natural, otro 5%. México ejecutará
acciones tendientes a disminuir los efectos del cambio climático fomentando la
eficiencia en la generación y uso de energía, incluyendo el transporte, las
energías renovables y el uso de tecnologías de bajas emisiones en los procesos
industriales y en el transporte, así como frenando la deforestación y
reduciendo las emisiones de otros gases de efecto invernadero.
OBJETIVO 10
Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Como signatario del Protocolo
de Kioto, México ha aprovechado, aunque aún de manera incipiente, el potencial
para generar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Al respecto, se
están desarrollando actividades estratégicas para instrumentar este tipo de
proyectos, tales como el aprovechamiento de metano en rellenos sanitarios,
plantas de tratamiento de aguas residuales, granjas agropecuarias, minas de
carbón y en instalaciones petroleras, o la generación de energía eléctrica a
través de fuentes renovables (eólica, biomasa, hidráulica, solar).
Un tema central en esta tarea
es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en sectores
estratégicos en los que existen cobeneficios muy importantes como la
eficiencia energética, la competitividad industrial, la seguridad y el cuidado
al medio ambiente.
ESTRATEGIA 10.1
Impulsar la eficiencia y tecnologías limpias (incluyendo la energía renovable)
para la generación de energía.
Para lograrlo, es indispensable
el impulso de energías bajas en intensidad de carbono como la energía eólica,
geotérmica y solar.
A su vez es indispensable
integrar políticas de promoción de transporte público bajo en emisiones,
establecer incentivos fiscales para promover proyectos energéticos
sustentables, realizar una valoración económica de los beneficios de este tipo
de energías y, finalmente, fomentar la investigación en tecnologías de menor
intensidad energética.
Deberá apoyarse la formulación
de un marco jurídico más favorable para el impulso de energías de fuentes
renovables.
ESTRATEGIA 10.2
Promover el uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, industrial,
agrícola y de transporte.
Basándose en políticas de
ahorro energético y promoción de productos eficientes en el uso de energía del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y
En el diseño de vivienda nueva,
se integrarán criterios de uso eficiente de energía.
En el sector industrial es
necesario identificar oportunidades de reducción de GEI en el marco de sus
actividades y proceso, y alentar a las empresas a participar en esquemas de mercados
de reducción de emisiones. Asimismo, la industria, particularmente la
cementera, siderúrgica y azucarera, tiene un importante potencial de
cogeneración de energía. Esa cogeneración evitará emisiones de GEI y mayor
consumo de energía. También habrá que desincentivar el uso de combustóleo.
ESTRATEGIA 10.3
Impulsar la adopción de estándares internacionales de emisiones vehiculares.
Para lograrlo es necesario contar
con combustibles más limpios y establecer incentivos económicos que promuevan
el uso de vehículos más eficientes y la renovación de la flota vehicular, y
utilizar las compras del gobierno para impulsar ese mercado. Se deberán
establecer normas y estándares que obliguen a incrementar la eficiencia de los
nuevos vehículos y limitar así las emisiones de CO2.
Se necesitan establecer en todo el país programas periódicos y sistemáticos de
inspección y mantenimiento vehicular, así como sistemas eficientes de transporte
público e impulsar el transporte ferroviario.
ESTRATEGIA 10.4
Fomentar la recuperación de energía a partir de residuos.
Se apoyarán proyectos de
investigación aplicada enfocados al desarrollo de tecnologías de recuperación
de energía a partir de residuos, de manera que se aproveche el potencial de
los desechos generados por diversas actividades.
OBJETIVO 11
Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
Para enfrentar los efectos del
cambio climático será necesario desarrollar capacidades preventivas y de
respuesta ante los impactos adversos previsibles. Éstas incluyen la generación
de información y conocimiento sobre la vulnerabilidad de distintas regiones y
sectores del país, así como de los impactos potenciales, el desarrollo de
estrategias específicas y el trabajo coordinado de las distintas instancias del
gobierno y la sociedad.
ESTRATEGIA 11.1
Promover la inclusión de los aspectos de adaptación al cambio climático en la
planeación y quehacer de los distintos sectores de la sociedad.
De no iniciarse un proceso de
adaptación, la vulnerabilidad ante el cambio climático puede ir en aumento, por
lo que resulta prioritario crear una cultura preventiva para los proyectos
económicos y de desarrollo.
Diseñar y desarrollar capacidades
nacionales de adaptación es un elemento indispensable y urgente en la
planeación del desarrollo. Para ello se promoverá la consideración de los
riesgos asociados con el cambio climático en las iniciativas de desarrollo
socioeconómico. Esto requerirá la integración y coordinación de disciplinas,
instituciones y grupos expertos los cuales deberán considerar aspectos tales
como los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, las
condiciones de pobreza y desigualdad social, así como otros factores que pueden
condicionar la capacidad adaptativa.
La evaluación de los impactos,
la vulnerabilidad y las posibilidades de adaptación al cambio climático de los
distintos sectores deberán integrarse y adecuarse considerando las características
de los distintos ámbitos geográficos regionales o subregionales de México, con
el objeto de orientar las estrategias de uso, planificación y gestión del
territorio.
En este sentido se buscará
preservar y fortalecer las funciones de amortiguamiento que existen en las
cuencas hidrológicas y ecosistemas costeros, restaurar cuerpos de agua que
permitan mantener las capacidades de almacenamiento de agua, fortalecer al
Servicio Meteorológico Nacional, los sistemas de vigilancia epidemiológica y al
Sistema Nacional de Protección Civil, desarrollar estrategias de conservación
de suelos, entre otras acciones.
ESTRATEGIA 11.2
Desarrollar escenarios climáticos regionales de México.
Para disponer de información
precisa sobre los impactos del cambio climático en nuestro territorio, se
requiere sistematizar la información climática, geofísica y oceánica y
desarrollar nuevos estudios de clima a escalas nacional y regional. También
hace falta mayor y mejor información científica sobre el comportamiento de los
ecosistemas ante el cambio climático.
Es imperativo el uso de
información climática en la planeación y en la toma de decisiones sobre
acciones preventivas o de emergencia ante un evento extremo ya que esta información,
no es sólo útil para prevenir efectos desfavorables, sino también para el
aprovechamiento de ciertos eventos favorables.
ESTRATEGIA 11.3
Evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en
diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos.
La vulnerabilidad ante la
variabilidad climática y a los efectos del cambio climático tiene que ver con
factores como el crecimiento poblacional, la pobreza, las condiciones de salud
pública, las características de los asentamientos humanos, la existencia y condiciones
de la infraestructura disponible y el deterioro ambiental.
Una de las tareas fundamentales
en el desarrollo de capacidades de adaptación ante el cambio climático es la
generación de conocimiento científico estratégico para la toma de decisiones.
Por ello, es de suma importancia generar información científica junto con los
estados y municipios vulnerables, enfocada al diseño de mecanismos de monitoreo
de la vulnerabilidad de los diversos sectores y regiones ante el fenómeno, así
como desarrollar estudios sobre la definición de umbrales de sensibilidad de
los sistemas socioambientales, y la identificación de oportunidades que los
cambios esperados pueden ofrecer.
ESTRATEGIA 11.4 Promover
la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de
adaptación al cambio climático.
La educación y la
sensibilización de la sociedad desempeñan un papel muy importante en la
reducción de los riesgos que supone el cambio climático, particularmente en
aquellos sectores de la población que son más vulnerables a sus efectos.
Para ello se requiere
desarrollar recursos educativos destinados a una amplia gama de usuarios, así
como proporcionar capacitación a diversos actores sociales a fin de que puedan
enfrentar los efectos del calentamiento global.
4.7 Residuos sólidos y peligrosos
Cada año se generan en México
alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de las cuales, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos
urbanos (RSU) y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos
peligrosos (RP). La problemática asociada con los RP presenta dos grandes
líneas: por un lado, la que se refiere a la presencia de sitios ya
contaminados que requieren una solución; y por otro, la que se orienta a
prevenir la contaminación proveniente de las fuentes en operación que los
generan. La disposición inadecuada de los residuos peligrosos provoca
diferentes afectaciones a los ecosistemas. En el año 2004 se identificaron en
el país 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 fueron
caracterizados y 12 se encuentran en proceso de rehabilitación.
La infraestructura para dar un
manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos y peligrosos es aún
insuficiente. La capacidad instalada en el país debe ser optimizada para contar
con sistemas efectivos de manejo que permitan, por ejemplo, su
aprovechamiento, recolección y reciclaje de los residuos. La gestión integral
de éstos constituye una fuente de oportunidades para generar mercados y
cadenas productivas formales, mismas que requerirán de criterios de desempeño
ambiental para aprovechar los materiales y/o el contenido energético de los
residuos.
El problema de los residuos
peligrosos en México sigue siendo un pendiente en el que el avance regulatorio
deberá ser acompañado en forma equilibrada con el avance en las acciones
necesarias para resolver el problema.
Es prioritario desarrollar el
inventario nacional de residuos peligrosos y biológico infecciosos, y promover
su manejo integral prestando una mayor atención a este rubro desde la
perspectiva social, económico-financiera y cultural e institucional, a través
de acciones e instrumentos de política regulatoria que promuevan la búsqueda de
soluciones integrales, en coordinación con municipios y estados. Con ello se
podrían desincentivar los usos informales e ilegales que se dan a ciertas
corrientes de residuos y que, al no contar con el equipo de control adecuado,
generan otros impactos ambientales, como es el caso del uso de aceites gastados
en los hornos de las ladrilleras.
OBJETIVO 12
Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Para atender el problema de la
disposición inadecuada de los residuos en nuestro país se requerirá favorecer
la valorización de los residuos, así como el diseño y construcción de
infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y
disposición final de éstos. Además será necesario vigilar que se cumpla la
normatividad vigente en las instalaciones y en las operaciones de manejo de
residuos.
Un ejemplo es el
aprovechamiento de los desechos orgánicos para la producción de biogás y la
generación de electricidad, lo cual es especialmente rentable para los
municipios.
ESTRATEGIA 12.1
Promover el manejo adecuado y el aprovechamiento de residuos sólidos con la
participación del sector privado y la sociedad.
El manejo apropiado de los
residuos sólidos representa un gran reto y una gran área de oportunidad para
la realización de actividades económicas, sobre todo en las zonas urbanas.
Bajo la perspectiva de que en muchos lugares del mundo se ha logrado un alto aprovechamiento
de estos residuos, se buscará impulsar la participación del sector privado en
proyectos de reciclaje, separación de basura, reutilización y confinamiento de
desechos, y creación de centros de acopio. De igual manera, se desarrollarán y
reforzarán mecanismos, incluyendo los normativos, para corresponsabilizar del
manejo de estos residuos a las organizaciones que los generan, de tal manera
que participen activamente en la recolección y reutilización de los mismos.
ESTRATEGIA 12.2
Promover el desarrollo de la infraestructura apropiada para la gestión integral
de los residuos peligrosos.
El adecuado manejo de los
residuos peligrosos requiere de infraestructura y tecnologías especializadas
que aseguren la integridad de los ecosistemas y sobre todo la salud de la población.
Para ello se requiere de un inventario que provea información sobre los
generadores, las características de los residuos, los volúmenes que se producen
y su distribución geográfica. Se requerirá además, trabajando junto con el
sector privado, de un apoyo decidido para la creación de sitios de
confinamiento para estos residuos.
ESTRATEGIA 12.3
Intensificar las regulaciones y controles para la gestión integral de residuos
peligrosos.
La identificación de las
fuentes generadoras de residuos peligrosos que afectan al suelo y cuerpos de
agua es imprescindible para establecer una estrategia de verificación del
cumplimiento de la normatividad ambiental de aquellas instalaciones que generan
una mayor cantidad de este tipo de residuos, con el propósito de controlar los
efectos adversos a la salud y al medio ambiente.
ESTRATEGIA 12.4
Promover la remediación de suelos en sitios contaminados.
Para la efectiva remediación de
los sitios contaminados será necesario desarrollar el inventario nacional de
sitios contaminados y realizar acciones para su remediación, para así prevenir
y reducir los riesgos a la salud y al ambiente utilizando las mejores
tecnologías disponibles. Deberán gestionarse los recursos necesarios para un
trabajo coordinado con los estados y municipios.
Conocimiento y cultura para la sustentabilidad ambiental
La sustentabilidad del ambiente
no es un asunto que el gobierno pueda asegurar y controlar por sí mismo, por
lo que la sociedad en su conjunto debe participar en esta tarea, de manera
informada y responsable. Para ello, es necesario expandir los mecanismos de
conocimiento con que cuenta la sociedad.
La generación de conocimiento
ambiental, científico y técnico es un asunto prioritario para la
sustentabilidad en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.
Para lograr los objetivos que
se han planteado en este rubro, será necesario llevar a cabo, además de las
estrategias ya mencionadas, importantes esfuerzos de coordinación entre los
distintos órdenes de gobierno y la sociedad, así como emprender iniciativas de
carácter transversal para impulsar el logro de sinergias entre programas y
proyectos, y poder dar resultados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Muchas políticas relacionadas
con el medio ambiente se han visto obstaculizadas por factores diversos; por
ejemplo, es común que los ciudadanos no estén familiarizados con los problemas
ambientales y no tengan claro cómo participar en su localidad para contribuir a
la protección del medio ambiente. Quedan pendientes esfuerzos importantes en
materia de educación y capacitación para la sustentabilidad.
Este reto, implica
necesariamente la creación de una cultura ambiental a través de la educación,
la capacitación y la creación de valores ambientales. Aunado a un proceso de
desarrollo tecnológico sustentable, la sociedad mexicana debe participar
comprometidamente en la salvaguarda de los ecosistemas y en el aprovechamiento
sustentable de sus recursos naturales.
4.8 Investigación científica ambiental con compromiso social
México necesita contar con
mayor conocimiento acerca de los procesos ambientales que lo afectan; se
requiere impulsar decididamente una agenda ambiental de investigación que
incorpore los temas que son hoy aspectos prioritarios de México: el
ordenamiento ecológico del territorio, en donde ocupan un lugar destacado los
mares y costas; la fragmentación y degradación de los ecosistemas; la contaminación
atmosférica local y global; los residuos peligrosos y sustancias tóxicas; las
cuencas hídricas; la conservación de especies prioritarias; entre otros. Una
investigación ambiental basada en criterios científicos y con un compromiso
social.
OBJETIVO 13
Generar información científica y técnica que permita el avance del
conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de
decisiones del Estado mexicano y facilitar una participación pública responsable
y enterada.
El gobierno mexicano debe
fomentar los esfuerzos de investigación ambiental que se efectúan en distintas
instituciones nacionales, buscando que cada día se dé una mayor vinculación
entre la investigación y las políticas públicas. Será necesario fortalecer los
mecanismos de financiamiento a la investigación, a la vez que fomentar la
creación de redes de investigadores, que permitan realizar sinergias entre
esfuerzos que hoy están aislados y efectuar un uso más eficiente de los
recursos empleados.
ESTRATEGIA 13.1
Fortalecer las instituciones de investigación ambiental que propicie la ampliación
del conocimiento y brinde alternativas válidas para el aprovechamiento
sustentable del capital natural del país.
El Estado mexicano necesita
fortalecer los organismos de investigación ambiental gubernamentales que,
regidos bajo los conceptos de cientificidad, objetividad y transparencia
ofrezcan las mejores opciones para la toma de decisiones. Se requiere realizar
un esfuerzo presupuestal para afianzar las estructuras de investigación, conservar
los cuadros científicos con que cuenta el gobierno y ampliar los horizontes de
la investigación. A la vez, debe seguirse apoyando el fondo sectorial para la
investigación ambiental, ya que éste propicia, más conocimiento y la
integración de instituciones de investigación de todo el país.
ESTRATEGIA 13.2
Ampliar la cooperación internacional en materia de investigación ambiental,
que permita al país aprovechar los mecanismos de financiamiento existentes, que
sirvan como complemento a los esfuerzos nacionales en este rubro.
La cooperación científica es
uno de los mecanismos más directos para aumentar las capacidades de
investigación. La utilización de recursos financieros disponibles en distintos
organismos internacionales, la cooperación bilateral con agencias de medio
ambiente en el desarrollo de proyectos comunes de investigación, y el
intercambio de experiencias y expertos, son formas directas de cómo se puede
aumentar el conocimiento y ampliar las capacidades de investigación en el
país.
ESTRATEGIA 13.3
Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación
ambiental para propiciar que más sectores sociales estén enterados de la problemática
ambiental del país.
El círculo de la investigación
debe complementarse con una difusión de los resultados que abarque no sólo a
las autoridades del Estado mexicano, sino también a los ciudadanos. A las
formas tradicionales de difundir la investigación realizada, como libros,
revistas, y reportes de investigación, se añaden los canales de comunicación
electrónica cuya cobertura permite la consulta de información desde cualquier
parte del país y del mundo. La tarea de la investigación tiene su complemento
natural en la difusión de sus resultados, que es también una parte consustancial
de la rendición de cuentas a que está obligado el Estado mexicano. Es imprescindible
aumentar la producción editorial tanto en nuevos títulos ambientales, como en
el tiraje editorial y accesibilidad electrónica.
4.9 Educación y cultura ambiental
La viabilidad de los objetivos
y estrategias en materia ambiental se verá reforzada si se promueve una
cultura en la que se aprecien y respeten los recursos naturales de la nación.
El desarrollo de esta cultura, si bien muestra un avance, debe ser reforzado en
lo general e intensificado en lo particular para aquellos sectores de la población
que, perteneciendo a grupos de edad adulta y avanzada, no son alcanzados por el
sistema educativo escolarizado, y para aquellos que por sus condiciones socioeconómicas
tienen preocupaciones más inmediatas. Sólo en la medida en que los ciudadanos comprendan
el círculo vicioso que se da entre la pobreza, el agotamiento de los recursos
naturales y el deterioro ambiental, será posible desarrollar mecanismos locales
y regionales que permitan romperlo.
OBJETIVO 14
Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental
orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos
naturales.
En relación a la educación
ambiental y la capacitación para la sustentabilidad, se requiere mejorar los
mecanismos actuales para que los ciudadanos de todas las regiones y edades
valoren el medio ambiente, comprendan el funcionamiento y la complejidad de
los ecosistemas y adquieran la capacidad de hacer un uso sustentable de ellos.
El fomento a esta cultura ambiental es una de las obligaciones que tiene
nuestra generación en la perspectiva de heredar condiciones sociales y
ambientales que garanticen un medio ambiente adecuado para las siguientes
generaciones.
ESTRATEGIA 14.1 Mejorar
los mecanismos que el sistema educativo utiliza para dar a conocer y valorar la
riqueza ambiental de nuestro país.
México fue el primer país en
firmar la iniciativa de las Naciones Unidas que declaró al decenio 2005-2015
como la década de la educación para el desarrollo sustentable. Frente a este
acuerdo, y considerando los grandes retos en la materia, es necesario construir
una visión de la educación formal y no formal en pro de la sustentabilidad
ambiental que fomente actitudes y comportamientos favorables que permitan
garantizar el bienestar actual y futuro de todos los mexicanos; la formación de
capacidades; el impulso a la investigación y la innovación científica y
tecnológica; así como el seguimiento y la evaluación de programas y resultados.
Esto conducirá a revisar y actualizar los programas de educación ambiental que
se imparten en la escuela.
Para el cumplimiento de esta
estrategia será necesario incorporar la educación ambiental para la
sustentabilidad como enfoque transversal en todos los niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional, propiciando que trascienda hacia la sociedad en
general. Además se deberán promover las actitudes y competencias necesarias
para una opinión social bien informada, que participe en la prevención y
solución de las problemáticas ambientales.
ESTRATEGIA 14.2 Diseñar
e instrumentar mecanismos de política que den a conocer y lleven a valorar la
riqueza ecológica de nuestro país a todos los grupos sociales.
Se requiere fomentar una mayor
participación ciudadana en la atención de la problemática ambiental mediante
proyectos que ayuden a generar conciencia social e instrumentar mecanismos de
política que den a conocer y lleven a valorar la riqueza natural del país.
Para ello, se apoyará la capacitación a maestros y los acuerdos con
universidades e instituciones de educación superior que permitan acelerar este
proceso.
Se asumirá la obligación que
debe adquirir el Gobierno Federal para capacitar a todos los servidores
públicos, tanto mandos medios como superiores en el uso eficiente de los recursos
naturales.
Eje 5. Democracia
efectiva y política exterior responsable
La democracia no sólo es una
forma de gobierno o de organización del poder político. El régimen democrático
es, fundamentalmente, un sistema representativo de gobierno ciudadano regido
por el principio de mayoría. En la democracia, la soberanía reside en los
ciudadanos, quienes eligen a otros ciudadanos para que en su representación
asuman cargos públicos y tomen las decisiones más pertinentes para lograr el
desarrollo económico y social del país. La democracia contemporánea es un
régimen representativo en el que la competencia y el pluralismo son elementos
esenciales.
Vivir en una democracia implica
que tanto ciudadanos como autoridades ejerzan con responsabilidad sus
derechos, sus libertades y sus obligaciones con apego a la legalidad y al
respeto a los individuos, independientemente de su género, posición económica o
etnia. En la democracia, valores como el diálogo, la tolerancia, la no
discriminación y el respeto a las minorías están en el centro de la calidad del
sistema político. Por ello, una democracia requiere ciudadanos activos, bien
informados, comprometidos y partícipes de la vida política del país, de forma
tal que exijan resultados a sus representantes gubernamentales. Asimismo, la
democracia demanda gobernantes responsables e interesados en el desarrollo
integral del país y sus habitantes, actores políticos dispuestos al acuerdo
mediante el diálogo, funcionarios públicos sujetos a controles de transparencia
y que rindan cuentas a los ciudadanos sobre sus acciones de gobierno e
instituciones sólidas que fomenten la participación y regulen el proceso de
toma de decisiones.
En México, durante
generaciones, diferentes fuerzas políticas y sociales se esforzaron por lograr
la apertura del sistema político y la existencia de un sistema de partidos
genuinamente competitivo. Dicho esfuerzo se ha concretado en un proceso de
sucesivas reformas electorales que garantizan que el voto de los ciudadanos
cuente. Hoy, la democracia se debe afianzar, como una forma de vida en los
distintos ámbitos de la vida nacional.
El marco institucional de un
sistema democrático debe garantizar elecciones limpias y justas. Para que una
democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las
urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los
ciudadanos. Los ciudadanos, por su parte, deben ejercer sus libertades bajo el
principio de la responsabilidad y contribuir, con su participación, a la
resolución de los asuntos públicos. De esta forma, una democracia que es
efectiva debe reducir la brecha entre los ciudadanos y sus representantes,
mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; debe fomentar el
diálogo y la formación de acuerdos entre los distintos poderes, los diferentes
órdenes de gobierno, así como entre éstos y las organizaciones políticas. Una
democracia con estas características es efectiva porque contribuye a la
formación de un poder político eficaz, responsable y claramente comprometido
con el bienestar de la sociedad.
México debe incrementar la
efectividad de su democracia para que los logros en materia económica y social
se traduzcan en mejoras permanentes en la calidad de vida de los ciudadanos.
Por lo tanto, es imprescindible consolidar una democracia efectiva para
garantizar la continuidad de los procesos de ampliación de capacidades que les
permitan a todos los mexicanos vivir una vida digna cuidando el patrimonio de
las generaciones futuras.
El Plan Nacional de Desarrollo
postula que para lograr el Desarrollo Humano Sustentable, las estrategias a
seguir requieren del ejercicio de una democracia efectiva como forma de vida de
los ciudadanos y de una política exterior responsable y activa. Por lo tanto,
las políticas de la presente administración se sujetarán a los siguientes
principios rectores:
Primero, es necesario reafirmar
que la democracia constituye la base de la convivencia de todas las instancias
de la vida nacional. A partir de ello, debe reconocerse que la construcción de
acuerdos por medio del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país
es una condición fundamental para avanzar en una estrategia integral de
Desarrollo Humano Sustentable.
Segundo, el Gobierno Federal
hará todo lo necesario para desempeñarse con eficacia, responsabilidad y
transparencia en todas sus acciones y competencias. Es por ello que
Tercero, toda política que esté
planteada desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sustentable buscará, en
todo momento, reflejar las demandas de la ciudadanía, propiciando su
participación responsable en la toma de decisiones.
Finalmente, en el contexto de
la democracia efectiva que se busca impulsar desde este Plan Nacional de
Desarrollo, el Gobierno Federal realizará un esfuerzo específico por
fortalecer las instituciones de la república y por fomentar y desarrollar un
federalismo responsable en todos los órdenes de la política pública.
Diagnóstico
El actual sistema democrático
es la herencia de una larga lucha que emprendieron varias generaciones de
mexicanos. El Constituyente de 1857 estableció los principios fundamentales y
Las reformas de principios de
la década de los noventa hicieron del sistema electoral un mecanismo confiable
mediante el cual los actores políticos canalizaron sus esfuerzos por conseguir
el respaldo popular en las urnas, lo que a su vez se vio reflejado en la
composición plural de los órganos de decisión política en los tres órdenes de
gobierno. La reforma electoral de 1996 generó condiciones de equidad en la
contienda al ciudadanizar las autoridades electorales, brindarles plena
autonomía y garantizar montos importantes de financiamiento público a todos
los partidos políticos. La pluralidad política que se ha observado desde
entonces alcanza a todos los órdenes de gobierno a lo largo del país.
Sin embargo, pese a que México
cuenta hoy con una democracia electoral sólida, existe aún un porcentaje
importante de la población (alrededor de 42%) que no confía en la democracia
como un sistema de gobierno efectivo para lograr el desarrollo del país y
promover el bienestar de su gente. En la opinión de este grupo, la democracia
no necesariamente crea las condiciones para que las personas puedan prosperar
con su propio esfuerzo. Asimismo, tan solo el 54% de los mexicanos consideran
que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en
contraste con otros países de América Latina como Costa Rica, Argentina y
Uruguay, donde más del 74% de la población apoya al régimen democrático como la
mejor opción de gobierno. Resulta un dato especialmente revelador descubrir
que más de la mitad de los mexicanos (59%) no están satisfechos con el
funcionamiento de la democracia en el país1. Es por ello
que el gobierno reconoce la necesidad de fortalecer los esfuerzos para revertir
esta percepción y así poder fortalecer la calidad de la democracia en México.
En primer lugar, es necesario
que las fuerzas políticas y sociales alcancen los grandes acuerdos que
requiere el país para impulsar decididamente su desarrollo. En el mundo
globalizado del siglo XXI están registrándose transformaciones que impactan
profundamente la vida de los ciudadanos. Por ello, es necesario modernizar las
instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, de forma que el
país pueda beneficiarse plenamente de los cambios tecnológicos, científicos,
comerciales, culturales y migratorios. México no puede seguir perdiendo
oportunidades para potenciar su crecimiento económico y generar un Desarrollo
Humano Sustentable para todos sus habitantes. México es y debe seguir siendo
un actor importante en el ámbito global.
En segundo lugar, para
consolidar la democracia también se requiere una adhesión estricta al Estado
de Derecho en todos los actos del gobierno y de la sociedad. El respeto al
orden jurídico es garantía de convivencia armónica entre los mexicanos, por lo
que el Gobierno Federal se comprometerá a cumplir y a hacer cumplir la ley sin
distinciones entre autoridades y gobernados, así como a estimular una renovada
cultura de la legalidad donde la ley y las instituciones sean la vía
privilegiada para ordenar la coexistencia entre ciudadanos.
Por último, debe tenerse en
cuenta que la pobreza y la desigualdad no permiten que los individuos se
expresen como ciudadanos con plenos derechos y de manera igualitaria en el
ámbito público, por lo que erosionan la inclusión social y provocan un déficit
democrático. Al respecto, el Informe
Latinobarómetro 2006 señala que aproximadamente 69% de los mexicanos
opinan que el país está gobernado por unos cuantos grupos en su propio
beneficio. Esta percepción ciudadana se origina por la falta de oportunidades,
los altos niveles de desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la
concentración del ingreso. Dichos factores, ponen en riesgo la estabilidad y
sustentabilidad del sistema democrático en el largo plazo, generan malestar y
polarización en la sociedad, disminuyen la confianza en el sistema político e
inhiben la gobernabilidad. Por ello, se requiere tender vínculos entre la
política social, la política económica y la agenda para el fortalecimiento de
la democracia con el fin de consolidar la efectividad y calidad del régimen
político. Con esos fines, el gobierno será transparente e impulsará una
política orientada a promover la prosperidad económica y a disminuir la
concentración del ingreso. De igual forma, generará las condiciones para que
los ciudadanos participen de forma igualitaria en los asuntos públicos a
través de la superación de la pobreza y la exclusión social, de una educación
integral de calidad y de servicios de salud para todos los mexicanos.
Por lo tanto, para afianzar el
Desarrollo Humano Sustentable de la población es imprescindible consolidar la
eficacia de la democracia mexicana. Por ello, es necesario fortalecer los
instrumentos mediante los cuales los ciudadanos puedan ejercer libremente sus
derechos, pero también cumplir responsablemente con sus obligaciones. Es
necesario impulsar reformas que mejoren la calidad de la representación
política y fortalezcan el profesionalismo de la función legislativa. Es
imprescindible crear los instrumentos mediante los cuales se impulse la
transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y en
todos los organismos que reciban y utilicen recursos públicos. Los mexicanos
tienen derecho a conocer plenamente la utilización de los bienes de la nación.
Los gobernantes y organismos beneficiarios de los recursos públicos tienen la
obligación de utilizarlos responsablemente y de informar a la ciudadanía sobre
su uso.
Democracia efectiva
5.1 Fortalecimiento de la democracia
En un sistema democrático,
quien resulta favorecido por el voto ciudadano está obligado a gobernar para
todos, porque asume el mandato de quienes le dieron su apoyo en las urnas,
pero también tiene el compromiso de atender las demandas y opiniones de quienes
sufragaron por otra opción política. La regla de la mayoría no puede oponerse
al respeto a las minorías. Por ello, el sistema democrático es el espacio para
promover el diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales, así como para
impulsar los acuerdos políticos entre ellas con miras al bienestar colectivo.
La búsqueda de soluciones a los
grandes problemas nacionales y a las legítimas demandas ciudadanas, es
responsabilidad de todos los mexicanos. El gran reto de la democracia efectiva es
traducir la voluntad ciudadana en justicia social mediante leyes y programas
que contribuyan no sólo al fortalecimiento de este sistema de gobierno y a la
vigencia del Estado de Derecho, sino al avance en el bienestar de todos los
grupos sociales de todas las regiones del país.
OBJETIVO 1
Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con
los poderes de
Para el logro de este objetivo
se plantean seis estrategias:
ESTRATEGIA 1.1
Fortalecer el diálogo, la conciliación y la negociación con los actores
políticos y sociales que conforman la pluralidad nacional.
La estrategia se encamina a
propiciar acuerdos en lo esencial, bajo la premisa de que el interés supremo de
la nación se encuentra por encima de cualquier diferencia política. En la pluralidad
es posible encontrar puntos de acuerdo mirando siempre por el bien común, sin
abandonar ideales ni convicciones políticas.
El Ejecutivo ha asumido
plenamente la responsabilidad de superar los desencuentros, privilegiando el
diálogo para analizar y resolver conjuntamente los problemas de México. De manera
complementaria, se empeña en un proceso de negociación franca y abierta con las
fuerzas políticas representadas en el Congreso de
ESTRATEGIA 1.2
Fortalecer la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad con que
cuentan los representantes populares para tomar decisiones de manera eficaz, a
través de la construcción de una agenda nacional sobre las grandes prioridades
del país.
Esta estrategia estará
encaminada a la creación de una agenda nacional sobre los grandes acuerdos que
demanda México y en los que es fundamental la participación de los tres poderes
y la cooperación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de
ESTRATEGIA 1.3
Promover una nueva cultura democrática a través de la asimilación de las
prácticas y los valores democráticos como la legalidad, el diálogo, la
tolerancia, la civilidad, la igualdad, la transparencia y la responsabilidad en
los diversos ámbitos de la vida nacional.
La difusión de una nueva
cultura democrática debe estar orientada a lograr que el ciudadano esté
consciente de que la democracia no se agota en el ámbito electoral, sino que
se extiende a muchos otros órdenes de la vida social. Los valores y prácticas
democráticas deben permear en distintas organizaciones sociales: como los
sindicatos, los organismos empresariales, las organizaciones civiles y las
juntas vecinales, entre otras. La tolerancia, la participación en la toma de
decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a las
creencias, opiniones y formas de vida diversas, junto con el apego a la legalidad,
son conductas que distinguen a una sociedad efectivamente democrática, donde la
formación de ciudadanos críticos, responsables, informados y comprometidos con
el bienestar social, es un activo fundamental.
ESTRATEGIA 1.4
Garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los
ciudadanos.
México es un país cada vez más
libre. La encuesta anual Libertad en el Mundo de la organización no
gubernamental internacional Freedom
House, califica los derechos políticos y las libertades civiles en México
con 2 y 3, respectivamente, en una escala de
La libertad de expresión es
fundamental para la consolidación del México democrático. El Poder Ejecutivo
está comprometido con la defensa de esta conquista histórica, por lo que
reconoce la labor que realizan los periodistas y los medios de comunicación, a
la vez que se identifica con el respeto a la privacidad, el honor y la
reputación de las personas, sin que ello implique coartar la libertad de
quienes contribuyen al elevado deber de mantener informada a la población. Por
ello, el Gobierno Federal ratifica su determinación de propiciar mejores
condiciones de seguridad para el desempeño de la labor periodística.
La consolidación de un régimen
democrático requiere del arraigo de valores cívicos en la sociedad, como la
tolerancia, el pluralismo y la inclusión. En este sentido, el Estado garantizará
la no discriminación, las libertades religiosas y de pensamiento.
ESTRATEGIA 1.5
Participar de forma activa y promover un diálogo responsable con los poderes de
La insatisfacción ciudadana por
la ineficacia del régimen democrático para producir bienestar social ha
generado un amplio debate, a nivel nacional, sobre la necesidad de reformar el
sistema político e institucional del país.
La reforma del Estado abarca
una gran variedad de temas y de posturas: 1) la reforma electoral para reducir
el costo financiero de las elecciones, adecuar la duración de las campañas
electorales, dar mayor transparencia al gasto de los partidos políticos y
fortalecer las facultades de fiscalización de los órganos electorales; 2) la
unificación de los calendarios electorales en todo el país para contar con
elecciones concurrentes; 3) la reelección inmediata de legisladores y autoridades
municipales para fomentar la rendición de cuentas y promover la
profesionalización; 4) la revisión en el número y la forma de integración de
ambas cámaras del Congreso de
Cualquiera que sea el tema o
los mecanismos que se discutan para la reforma del Estado, el Gobierno Federal
se compromete a encauzar el debate para que los acuerdos a los que lleguen los
distintos actores políticos y sociales, mejoren la representatividad del
sistema democrático y la gobernabilidad, garanticen el Estado de Derecho, la
transparencia y la rendición de cuentas.
ESTRATEGIA 1.6 Formar
parte activa del diálogo con los otros poderes de
Comparativamente, la democracia
mexicana es una de las más caras del mundo. De acuerdo con el estudio Getting to the Core, A Global Survey on the
Cost of Registration and Elections del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, el costo de organizar elecciones en México es uno de los más
elevados en el mundo, ya que sólo es superado por el costo que implica organizar
elecciones en países bajo entornos de inestabilidad política, donde ha tenido
que intervenir
Es necesario asegurar que los
ciudadanos ejerzan su voto de forma libre e informada, de manera tal que se
consolide el voto retrospectivo como un auténtico mecanismo de rendición de
cuentas y evaluación de la gestión pública de los gobernantes. Por lo tanto, se
debe revisar el régimen de acceso a los medios de comunicación que utilizan los
partidos políticos y sus candidatos utilizan para hacer llegar sus
plataformas, propuestas y mensajes a los votantes; promover la calidad del
debate electoral; y regular y acotar las precampañas políticas.
Para garantizar la
sustentabilidad de la democracia mexicana es necesario fortalecer al sistema
de partidos para que, como instrumentos fundamentales de la representación
política, éstos gocen de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía.
El Gobierno Federal será un
promotor en la búsqueda de mejores mecanismos para que la democracia mexicana
sea más eficiente, transparente, representativa y responsiva. La consolidación
de la democracia en México es un reto irrenunciable que requiere del esfuerzo
conjunto de todas las fuerzas políticas del país. Por eso, el Gobierno Federal
convoca a una agenda de diálogo, acuerdo y negociación, orientada a lograr la
tercera generación de reformas que requiere el sistema político electoral.
Esta agenda responde a las exigencias de la sociedad por reordenar el
financiamiento público a los partidos políticos, así como la fiscalización de
dichos recursos, los plazos de campaña, la regulación de las precampañas y el
acceso a los medios de comunicación. El ejercicio de la vida política ha
requerido, en diferentes momentos, de adaptaciones al marco jurídico del
sistema democrático. Ahora que la pluralidad tiene canales eficaces para su representación,
la sociedad demanda enfoques más orientados a la racionalidad en el gasto y la
procuración de acuerdos. La experiencia del Instituto Federal Electoral en la
organización de los procesos electorales será sin duda un activo fundamental
en la construcción de esa agenda de diálogo, acuerdo y negociación, orientada a
lograr las reformas electorales de tercera generación que requiere nuestro
país.
5.2 Modernización del sistema político
Las nuevas circunstancias que
enfrenta el país exigen ir hacia adelante y construir los acuerdos necesarios
para modernizar el andamiaje institucional del sistema político. Para
modernizar a México es necesaria la corresponsabilidad de los tres poderes de
La modernización del sistema
político supone la transformación y el fortalecimiento de las instituciones,
no su destrucción. El Gobierno de
La consolidación de una
democracia efectiva requiere que los acuerdos y las reformas necesarias para
el progreso del país no se posterguen. El reto común es trabajar con unidad y
corresponsabilidad para que los mexicanos gocen de un desarrollo humano
integral, pleno y sustentable.
OBJETIVO 2
Consolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad
como régimen para el desarrollo de la sociedad.
Para lograr este objetivo, se
implementarán las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 2.1 Adecuar
los órganos del Estado para lograr, en un contexto de pluralidad, la
gobernabilidad democrática.
El conflicto de intereses entre
los actores políticos se agrava por la ausencia de mecanismos institucionales
para la resolución de problemas. El fortalecimiento de las instituciones
implica delinear los posibles escenarios en los que las diferencias entre las
partes puedan ser resueltas satisfactoriamente. Los desacuerdos serán
resueltos de mejor forma en la medida en que los ciudadanos vean sus intereses
cabalmente representados en las fuerzas políticas y en las instituciones de
gobierno.
El Gobierno Federal asume su
responsabilidad en la transformación de las instituciones públicas para
mejorar las relaciones entre éstas y los actores políticos, y entre ambos y la
sociedad dentro del marco del Estado de Derecho.
ESTRATEGIA 2.2
Promover mecanismos de coordinación que faciliten los acuerdos y la gestión
institucional entre los poderes de
La efectiva división de poderes
robustece la democracia. El equilibrio de poderes evita la tentación de someter
la competencia de un poder a la voluntad de otro y obliga a establecer
acuerdos a partir del diálogo. Asimismo, la pluralidad en la composición de los
poderes de
Hoy México cuenta con una
verdadera división de poderes. Consciente de ello, el Gobierno Federal
promoverá los mecanismos para la interlocución respetuosa con los otros dos
poderes del Estado y, de manera particular, con el Legislativo. El diálogo y
la búsqueda de acuerdos contribuirán a fortalecer la confianza ciudadana en las
instituciones.
ESTRATEGIA 2.3
Impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres órdenes de
gobierno.
Esta estrategia tiene la
finalidad de fortalecer la colaboración entre la federación, los estados y los
municipios, de acuerdo con las funciones que la ley confiere a cada uno. El
propósito es evitar duplicidades u omisiones para dar solución expedita a los
problemas diarios que enfrentan los ciudadanos. El Gobierno Federal ratifica su
compromiso con el fortalecimiento del sistema federal, reconoce la importancia
de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, al tiempo que está
consciente de la necesidad de impulsar el ejercicio responsable de las
funciones que corresponden a cada uno de ellos.
ESTRATEGIA 2.4
Contribuir al fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los
municipios, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
El propósito es que los
gobiernos locales se conviertan en actores fundamentales del pacto federal y
tengan una mayor participación en la planeación y programación de las
políticas públicas sectoriales y regionales, como corresponde al sentido del
artículo 115 de
Los municipios demandan más
recursos y la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas
sobre su uso. Armonizar ambas necesidades es el componente fundamental de esta
estrategia.
5.3 Participación ciudadana
La participación ciudadana en
el quehacer gubernamental es mandato legal desde hace casi tres décadas.
OBJETIVO 3
Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación
ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Para lograr que los ciudadanos
se involucren activamente en la solución de los problemas sociales, se
plantean las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 3.1
Promover la creación de consejos de participación ciudadana como mecanismos
fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las
políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.
Se alentará una mayor
participación de los consejos tanto en la elaboración de los programas
sectoriales como en el diseño de políticas públicas específicas. Estos
consejos fortalecerán las redes sociales y las acciones comunitarias de
autodesarrollo y ayuda mutua. La finalidad de esta estrategia es promover, de
forma ordenada y metódica, el capital social requerido para que sean los
propios ciudadanos quienes identifiquen las necesidades específicas de su
entorno, ubiquen posibles soluciones, conozcan las mejores formas para
gestionar los recursos y se acerquen a los programas de gobierno para solventar
los rezagos de su comunidad.
Asimismo, estos consejos
encauzarán a la ciudadanía para exigir la rendición de cuentas y evaluar el
impacto económico y social de los programas de gobierno.
ESTRATEGIA 3.2
Promover la creación de comités ciudadanos independientes que participen en el
establecimiento de los tabuladores para regular los salarios de todos los
servidores públicos.
Las remuneraciones de algunos
servidores públicos han generado irritación en la ciudadanía, pues resultan
polémicas por su contraste con el ingreso del promedio de los trabajadores.
Para remediar esta situación se
formarán comités integrados por expertos independientes que ayudarán a
determinar los sueldos y tabuladores que regulan los salarios de los servidores
públicos, tomando en consideración los recursos disponibles, las condiciones de
vida de la población, los resultados obtenidos en la gestión y las
circunstancias que prevalezcan en el mercado laboral de la localidad de que se
trate y del país en general. Sus conclusiones serán consensuadas con los
gobiernos de los estados y los municipios, respetando siempre sus atribuciones
para promover su aplicación.
De esta forma, se impulsará la
creación de una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que evite
abusos y establezca criterios homólogos en los tres órdenes de gobierno.
ESTRATEGIA 3.3
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promoverlos en las
dependencias y entidades de
Esta estrategia busca impulsar
que los ciudadanos participen de forma activa en el monitoreo, el seguimiento y
la evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas acciones se
traduzcan en medidas correctivas dentro de la función pública, ya sea en la
mejora de la administración o en la sanción ante actos de corrupción.
Para implementar la estrategia
se requiere construir alianzas con la sociedad civil y el establecimiento de
foros permanentes de consulta, evaluación y seguimiento sobre la gestión
gubernamental donde participe la sociedad. Por otra parte, es necesario
desarrollar metodologías y herramientas que permitan la participación ciudadana
en los procesos de toma de decisión para mejorar la gestión pública.
Por otra parte, para ampliar
los espacios de participación de los ciudadanos es necesario analizar la
experiencia de los estados que ya cuentan con alguna legislación en la materia.
Mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, que
contempla la legislación de algunos estados, podrían conformar una estrategia a
nivel nacional para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental
La prioridad del gobierno es
garantizar las condiciones para el Desarrollo Humano Sustentable. Por lo tanto,
los servidores públicos están obligados a facilitar el acceso de la población
a los beneficios que les corresponden. Hasta hoy, el aumento de recursos
destinados a la administración pública no se ha traducido necesariamente en una
mayor eficacia y eficiencia general de sus servicios. Por ello, es necesario
implementar estrategias que orienten a la función pública a mejorar su
desempeño para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes
y servicios públicos.
La corrupción es un inhibidor
de la eficacia y eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos.
En el pasado se establecieron una serie de candados para evitar la corrupción,
pero lamentablemente los resultados han sido escasos: 28% de los mexicanos
admiten que, ellos o una persona que vive en su hogar, pagaron algún soborno
durante el año anterior y 43% considera que el gobierno no combate la
corrupción sino que la fomenta4. De acuerdo con el Índice de Corrupción y
Buen Gobierno de Transparencia Mexicana,
de un total de 35 trámites evaluados a nivel nacional, en el 10.1% de los
casos se dio algún soborno para obtener el servicio5. Es evidente
que no se ha logrado eliminar la corrupción en el gobierno.
Por ello, para proveer con
eficacia y eficiencia los bienes públicos que demanda la sociedad es necesario
mejorar el desempeño y los resultados de la función pública, así como combatir
frontalmente la corrupción con acciones innovadoras que castiguen los
conflictos de interés, el tráfico de influencias, la desviación de recursos
públicos y el clientelismo, entre otras prácticas. Una administración pública
eficaz, eficiente, transparente y honesta ayudará a consolidar la confianza
ciudadana en las instituciones gubernamentales. En este apartado se describen
las estrategias para mejorar el desempeño de la administración pública y en el
capítulo III, correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad, se detallan las
estrategias que se implementarán para combatir frontalmente a la corrupción.
OBJETIVO 4
Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de
Para mejorar el desempeño de
ESTRATEGIA 4.1 Elevar
los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el
aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la
gestión pública.
La estrategia consiste en
desmaterializar y estandarizar los procedimientos administrativos del Gobierno
Federal mediante la digitalización. Para lograr la transición a una verdadera
administración pública en línea, se realizarán los ajustes necesarios en
aspectos administrativos, organizacionales, jurídicos y técnicos.
Se aprovecharán las tecnologías
de la información para comunicar a los funcionarios públicos entre sí y con la
ciudadanía, y hacer más efectiva la provisión de servicios y bienes públicos;
para facilitar el acceso a la información pública, promover la transparencia,
manejar grandes cantidades de información, unificar los padrones de cobertura
de programas de gobierno, crear expedientes electrónicos, promover la
participación ciudadana y crear diversas aplicaciones que permitirán elevar la
eficiencia del gobierno.
Para que la adopción y el aprovechamiento
de las tecnologías de la información y comunicaciones trasciendan en el
desempeño del Gobierno Federal, se ajustarán las estructuras internas, los
modos de operación, las rutas de proceso y, en general, los hábitos de
El resultado de esta estrategia
generará un beneficio sustancial para los ciudadanos, ya que la utilización de
los procesos electrónicos permite abatir costos de operación, ahorrar tiempo,
desalentar la discrecionalidad y abatir la brecha digital, tanto tecnológica
como cultural, que inhibe la inserción exitosa de los ciudadanos en la
sociedad de la información y del conocimiento.
ESTRATEGIA 4.2 Hacer
más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades
federales.
Entre las medidas más
relevantes del decreto de austeridad sobre los salarios de los servidores
públicos y el gasto del Gobierno Federal destaca la reducción del gasto
operativo de las dependencias y entidades federales; la disminución de gastos
de representación y para comisiones oficiales, así como del pago de servicios
personales. El Gobierno Federal se compromete a utilizar los recursos públicos
de la forma más eficiente, asegurando a la ciudadanía que cada peso que se
erogue será aprovechado de la mejor manera posible.
ESTRATEGIA 4.3
Profesionalizar el servicio público para mejorar el rendimiento de las
estructuras orgánicas de
El quehacer de los servidores
públicos necesita orientarse más claramente a conseguir los resultados
demandados por la sociedad a su institución. Igualmente, se requiere fortalecer
una cultura de evaluación del desempeño, así como de ingreso y permanencia en
el servicio público basados en el mérito.
Para implementar esta
estrategia, se requiere profesionalizar a los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones a través de programas de actualización y
capacitación, mecanismos de evaluación e incentivos asociados al desempeño.
Asimismo, es necesario consolidar el servicio profesional de carrera apegado
estrictamente al cumplimiento de la ley vigente.
Para mejorar el servicio
profesional de carrera se requieren criterios, metodologías y herramientas de
evaluación y operación que sean ágiles, transparentes, sólidas, flexibles,
descentralizadas y aceptadas por las dependencias. Esta estrategia busca atraer
y retener, en todos los casos, a las mejores mujeres y hombres al servicio
público, para el logro de los resultados institucionales demandados por la
sociedad.
ESTRATEGIA 4.4 Adoptar
un modelo de diseño del presupuesto basado en resultados que facilite la
rendición de cuentas y genere los incentivos para que
El uso transparente, eficaz y
eficiente de los recursos públicos es una demanda fundamental de la sociedad y
un requisito indispensable para garantizar el logro de las prioridades de
gobierno. Resulta impostergable contar con un sistema que garantice que los
recursos públicos cumplan de forma plena y permanente con los fines para los
cuales han sido destinados y que la ciudadanía reciba, con toda oportunidad,
sus beneficios y resultados. Ya no basta con saber en qué se emplean los
recursos públicos, sino también qué es lo que se logra con esos fondos y a
quiénes benefician. Por ello, el Gobierno Federal ha dispuesto la adopción del
Presupuesto Basado en Resultados, que tiene como una de sus principales
vertientes la evaluación de los programas de gobierno como el inicio de un
nuevo tipo de gestión pública para resultados que modifica y mejora de manera
estructural el proceso de planeación, programación, aprobación y ejercicio
presupuestario.
El Presupuesto Basado en
Resultados consiste en un conjunto de procesos e instrumentos que permitirán
que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen, sistemáticamente,
consideraciones sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos
públicos. Este instrumento genera incentivos para que las dependencias y entidades
de
ESTRATEGIA 4.5 Evaluar
el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la población.
Para asignar los recursos
públicos bajo el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados, se requiere de
un mecanismo de evaluación objetiva, participativa y transparente de los
programas de gobierno que contribuya a orientar las asignaciones presupuestarias
a partir de los resultados y la eficacia de los propios programas. Asimismo,
se necesita una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones
que permita que el sector público eleve sustancialmente su productividad y
modernice procesos específicos. Para ello, se rediseñará e implementará un
nuevo sistema de evaluación del desempeño basado en indicadores que evalúen
los programas del gobierno en términos de cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad. Por otra parte, para contar con una
valoración integral se evaluará la satisfacción de los ciudadanos en los procesos
de la gestión pública y en la entrega de los servicios.
5.5 Transparencia y rendición de cuentas
La rendición de cuentas y la
transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un
gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno
explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad
de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para
que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso,
utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir
cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para
mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
En esta perspectiva, el acceso
a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas
e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de
transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de
comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la
ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del
ejercicio gubernamental.
La publicación de
Los avances en materia de
transparencia y acceso a la información también se han dado en el ámbito
estatal, ya que actualmente todas las entidades federativas cuentan con una
ley de acceso. No obstante, es indispensable establecer criterios homogéneos
para evitar las asimetrías en el ejercicio de este derecho, por lo que resulta
necesario avanzar en el proceso de aprobación de la reforma al artículo 6 de
El mayor impacto de la
rendición de cuentas y la transparencia se observará en el largo plazo:
implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que
fortalecerá la confianza en las instituciones públicas de México mediante la
apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los
ciudadanos. En la aplicación de este derecho, los servidores públicos deberán
aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente, por cualquier persona, en
cualquier momento y desde cualquier parte, pero también se deberá reconocer que
la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al
alcance de todos los mexicanos.
OBJETIVO 5
Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el
acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos
de gobierno.
Para lograr este objetivo se
implementarán las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 5.1
Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas
de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos
federales.
Crear los mecanismos y
propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto las administraciones
estatales como las municipales estén obligadas a explicar puntualmente cómo
invierten los recursos que reciben de la federación y cuál es su impacto en
términos económicos y sociales.
ESTRATEGIA 5.2
Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información
pública gubernamental y de proteger los datos personales.
Es necesario que en las
distintas esferas de gobierno se establezcan mecanismos de acceso a la
información y procedimientos de revisión expeditos. En este último caso es
necesario contar con órganos u organismos especializados e imparciales con
autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.
ESTRATEGIA 5.3
Desarrollar el marco normativo que garantice que la información referente a la
vida privada y a los datos personales estará protegida.
ESTRATEGIA 5.4
Desarrollar las disposiciones legales y los procedimientos que regulen la
adecuada organización y conservación de los archivos gubernamentales.
Un archivo bien organizado es
garantía de transparencia y rendición de cuentas dentro de la administración
pública. La correcta organización archivística contribuye a la modernización y
eficiencia de las actividades de gobierno, por lo que se debe prever la
aplicación de tecnologías de la información en el manejo documental, con énfasis
en la regulación de los documentos en formato electrónico. Asimismo, es
necesario promover la expedición de la ley de la materia que establezca los
principios básicos de organización archivística.
ESTRATEGIA 5.5
Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea
clara, veraz, oportuna y confiable.
Para que la información que se
pone a disposición de la sociedad sea útil, deberá ser de calidad. Esto
permitirá evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de
acceso a la información. La información no tiene un beneficio real si ésta no
es comprensible. La información que las dependencias y entidades de la administración
pública ponen a disposición de la sociedad tendrá que ser confiable, oportuna,
clara y veraz. Estos atributos deberán observarse también en la información que
las dependencias y entidades entregan a los ciudadanos y en los documentos de
uso oficial empleados entre instituciones de gobierno, con la finalidad de
transparentar los procesos a los distintos actores involucrados.
Para facilitar el acceso a
información pública de calidad, se continuarán aprovechando las tecnologías de
información y comunicaciones. Con la finalidad de asegurar la utilidad de la
información para la ciudadanía, se evaluará permanentemente su calidad.
ESTRATEGIA 5.6
Promover entre la población los beneficios de utilizar el derecho de acceso a
la información pública gubernamental, con especial énfasis en los programas
educativos escolares y en la capacitación a los servidores públicos.
El acceso a la información
pública es un derecho que genera beneficios directos, ya que reduce las
asimetrías de información y permite remover inercias gubernamentales. Por lo
tanto, es indispensable difundir entre la población los beneficios económicos y
sociales de este derecho, ya que esto promoverá su ejercicio y ayudará a
fortalecer la confianza en las instituciones.
ESTRATEGIA 5.7
Promover la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos,
agrupaciones políticas nacionales y asociaciones de trabajadores.
Actualmente,
ESTRATEGIA 5.8
Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas.
Es imperativo que la
transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte
fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial
de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil,
partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos
en general.
La cultura de la transparencia
debe permear en el ámbito educativo para impulsar la formación de una
conciencia crítica y ética en los niños y jóvenes. Ejercer los derechos
ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, debe
convertirse en un imperativo.
ESTRATEGIA 5.9
Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre
los programas y proyectos de gobierno.
Apoyándose en los tiempos
oficiales y haciendo uso de las nuevas plataformas y tecnologías de la
información y comunicaciones, el Gobierno Federal pondrá en marcha campañas de
difusión en medios electrónicos para que los ciudadanos tengan mayor
conocimiento de los programas, acciones y trámites que les interesan. La
información gubernamental debe contribuir a crear conciencia sobre lo mucho que
puede hacer la población para coadyuvar en la solución de los problemas,
promoviendo a la vez una cultura de participación responsable y de apego a la
legalidad.
Política exterior responsable
El compromiso con el Bien Común
y la dignidad de las personas debe reflejarse a su vez en una política
exterior responsable, clara y activa, mediante la cual México sea un auténtico
promotor del desarrollo humano de los pueblos en todos los órdenes de la vida
social. La política exterior debe servir como palanca para promover el Desarrollo
Humano Sustentable. Esto significa utilizar la política exterior para mejorar
los niveles de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio
nacional como de los migrantes. De igual forma, la inserción de México en el
concierto de las naciones requiere una acción resuelta que identifique
nítidamente al país como una opción atractiva y segura para invertir, con la
finalidad de generar los empleos que los mexicanos demandan para desarrollarse
a plenitud.
El proceso de transformación del
ámbito internacional se aceleró e intensificó en los últimos dos decenios.
Esta dinámica sitúa a México ante la necesidad de actuar en un ambiente incierto
de cambio y reacomodo constante de reglas, actores y escenarios de
interrelación. La globalización de los procesos productivos, la conformación
de mercados regionales o incluso mundiales, la expansión de la sociedad de la
información, la difusión instantánea de acontecimientos a través de los medios
de comunicación, los cambios en la transportación de bienes y personas, la
provisión de servicios con alcance universal, así como el incremento de los
flujos y patrones de migración, son algunos de los signos que caracterizan a un
mundo cada vez más complejo. Este escenario global tiene un impacto directo en
la vida diaria de las personas, independientemente de su lugar de residencia.
Por lo tanto, es imposible impulsar el Desarrollo Humano Sustentable desde una
posición de aislamiento. En este mundo globalizado, una política exterior
responsable debe constituirse como palanca que impulse el desarrollo nacional.
Para el Gobierno de
La política exterior de México
se fundamenta en la defensa y promoción activa del interés nacional, definido
como el interés de todos los mexicanos, tanto de los habitantes del territorio
nacional como de quienes residen fuera de él. Por el interés y el bienestar de
los mexicanos y porque la realidad internacional exige ser un actor
responsable, la política exterior debe asumir los enormes retos que encara la
comunidad internacional. El interés nacional determina contar con una política
exterior activa, que tome la iniciativa en forma permanente, que tenga la
capacidad de detectar oportunidades y de anticipar riesgos, que se comprometa
con los intereses del país, que ocupe el sitio que corresponde a la magnitud y
peso específico de México en los distintos foros y regiones del mundo, que
impulse activamente los valores democráticos, de pleno respeto a las
libertades y los derechos humanos y de compromiso con la protección del medio
ambiente.
Una política exterior responsable
encarna los valores y principios democráticos que son comunes a todos los
mexicanos y debe reflejar la gran riqueza de una sociedad diversa y plural.
Esa política exterior es también un instrumento para proyectar el compromiso de
México con las libertades y derechos humanos, cuya vigencia y preservación han
sido conquistadas por varias generaciones a lo largo de la historia.
La labor internacional de
México se ve fortalecida por la participación cada vez más activa de las
comunidades de mexicanos en el exterior, por la intensa y extensa participación
de las empresas mexicanas de alcance global, por la decidida actuación del
Congreso de
La política exterior también
debe proteger y promover activamente los derechos de las comunidades de
mexicanos que residen en el exterior. Se debe construir una alianza para
promover de manera conjunta sus derechos y, al mismo tiempo, para trabajar en
equipo en favor del desarrollo de las regiones expulsoras de mano de obra.
Contribuir con la humanidad al ambiente de seguridad, respeto y
sustentabilidad que se necesita para el progreso de las naciones y las
personas, mejorando con ello la posición de México en un mundo altamente
competitivo, determina que la política exterior de la presente administración
será responsable.
Diagnóstico
Actualmente, el lugar que
México ocupa en la escena internacional no refleja su magnitud económica y
comercial, la riqueza de sus recursos naturales, su privilegiada ubicación en
el continente o su importancia demográfica y cultural. México puede y debe
ocupar un espacio en la comunidad internacional, en los niveles regional y
global, acorde con su importancia real y con su verdadero potencial y
capacidades.
México ha transitado, en pocos
años, de ser una economía esencialmente cerrada a ser una economía abierta a
los flujos de comercio en bienes, servicios y capitales, cuya estrategia de
vinculación internacional le ha permitido elevar el valor de su economía de 263
mil millones de dólares en
La participación de México en
los mercados globales se ha apoyado en la vinculación estratégica con otros
países y regiones de alto crecimiento. México ha suscrito 12 acuerdos de libre
comercio con 42 países de América del Norte, Europa, América Latina y Asia.
Igualmente, el país participa de manera activa en negociaciones comerciales
multilaterales en el marco de
Por otro lado, México destaca
por su participación y contribución en los organismos multilaterales, al
formar parte de más de 130 foros, aproximadamente, y contar con alrededor de
300 funcionarios internacionales. Hoy en día, el país es el décimo
contribuyente mundial, y el primero de América Latina y el Caribe, al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas. De hecho, el 52% de las contribuciones de la
región a
América Latina y el Caribe
En virtud de la herencia
histórica e identidad cultural mexicanas, y porque el país comparte retos y
aspiraciones con América Latina y el Caribe, la región será siempre prioritaria
para México, que buscará ser siempre un actor central en la región. Es
necesario fortalecer, de manera responsable, los espacios de interlocución que
corresponden a la pertenencia regional y peso específico en el continente que
tiene el país.
México no ignora la existencia
de un debate en la región en torno a los efectos de la globalización, los
réditos de la democracia y las vías hacia el desarrollo. Este debate
corresponde a la vitalidad democrática y a la pluralidad que prevalecen en el
continente. Se deben promover los espacios de diálogo latinoamericano sobre la
base de la madurez y el respeto, construyendo consensos que permitan enfrentar
con éxito los desafíos económicos y sociales que son comunes a los países de la
región.
Asimismo, México reconoce su
responsabilidad con sus vecinos del Sur, y en particular con Centroamérica,
para promover el bienestar social y el desarrollo económico de la región como
las fuentes principales de solución a problemas comunes como la pobreza, la marginación,
la desigualdad y la pérdida de capital humano por la migración.
América del Norte
América del Norte es la región
del mundo que tiene mayor impacto sobre el bienestar y el futuro de México en
términos humanos, económicos, comerciales y políticos. En más de diez años de
vigencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha probado
ser exitoso en la promoción y diversificación de la oferta exportable. Sin
embargo, por la manera en que se han ido modificando los paradigmas y patrones
productivos en el mundo, hoy es necesario perfeccionar sus mecanismos de
resolución de controversias. La región de América del Norte debe adecuar sus
dinámicas de interacción institucional para responder a los nuevos retos de la
competencia, la regionalización y el desarrollo compartido, avanzando hacia
etapas superiores de concertación económica.
El fenómeno migratorio es uno
de los temas prioritarios en la relación bilateral México-Estados Unidos. Para
avanzar hacia una solución integral y duradera de este tema, se asume que los
mercados laborales entre ambos países son complementarios y lo han sido
durante decenios. La consecución de un nuevo régimen migratorio supone la
regularización de este mercado que permita flujos legales, seguros, ordenados y
plenamente respetuosos de los derechos humanos. Es igualmente necesario
adoptar una visión de corresponsabilidad en esta materia, que reconozca que
para arribar a una solución de largo plazo es preciso que en México se generen
oportunidades de desarrollo y empleos mejor remunerados, que empiecen a cerrar
la brecha en el nivel de ingresos y salarios con nuestros vecinos del Norte.
En este sentido, es fundamental la promoción de inversión productiva en las
regiones expulsoras de mano de obra. La única solución de largo plazo para
evitar que el país siga perdiendo a mexicanos valiosos y emprendedores por
causa de la emigración, es la generación de empleos bien remunerados.
Los índices de crecimiento de
la población de origen mexicano en Estados Unidos han aumentado de manera
notable en los últimos años. De 18 millones en 1996, este grupo pasó a 27.7
millones en 2005. Los mexicanos que radican en los Estados Unidos aportaron a
sus familiares en México 23 mil millones de dólares en 2006 por concepto de
remesas. Este fenómeno plantea a la vez grandes retos y oportunidades para la
atención a los mexicanos en el exterior y para el gran potencial que posee la
comunidad mexicana en Estados Unidos en los ámbitos económico, social y
cultural.
Europa
México tiene en Europa una
ventana abierta de oportunidades para promover el intercambio comercial, el
turismo y las inversiones. Europa es una fuente natural de conocimiento, tecnologías
y mejores prácticas de gestión en varias áreas. Por otro lado, por su dimensión
dentro la economía internacional y su avanzado proceso de integración,
Dentro de este dinámico
entramado destaca el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación con
Con los países de Europa del
Este y Rusia, México tiene el reto de aprovechar las ventajas que ofrece un
mercado que es complementario para las exportaciones, inversiones e industria
cultural del país, y que es a la vez una región natural para incrementar la
presencia política mexicana.
Por invitación de Francia,
Reino Unido, Rusia y Alemania, en sus respectivas presidencias del Grupo de
los Ocho, México ha participado en el Diálogo Ampliado de este grupo con cinco
países de economías emergentes. El llamado diálogo G8-G5 es un reconocimiento a
nuestra condición de actor global.
Asia-Pacífico
Con el 57% de la población
mundial, la región de Asia-Pacífico se ha convertido en uno de los mercados
más dinámicos para las exportaciones nacionales. Entre 2000 y 2006, el
comercio total entre México y la región creció en casi un 240%, para totalizar
69 mil millones de dólares.
El gran potencial de
diversificación económica de esta zona fue advertido por México tiempo atrás,
desde que el país se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) en 1993, en cuyo marco se mantiene una participación activa y
permanente. Hoy en día, la estrategia regional incluye vínculos cada vez más
estrechos con países como China, Japón, India, Corea, Singapur, Australia y
Nueva Zelanda, cuyo desarrollo y potencial económico están convirtiendo a esa
región en motor de crecimiento global.
El Acuerdo de Asociación
Económica firmado con Japón en 2005 incluye las bases para generar una mayor
complementación en áreas estratégicas, de tecnología, comercio e inversión, en
beneficio de ambos países. México ha iniciado un proceso de ampliación del
marco jurídico bilateral con
África y Medio Oriente
Razones históricas y
geopolíticas explican que la relación de México con África y Medio Oriente se
haya circunscrito, hasta ahora, a objetivos de coyuntura. En la actualidad, el
creciente potencial económico de las naciones de África y Medio Oriente, el
fortalecimiento de los mecanismos de concertación multilateral regionales en
el marco del sistema de Naciones Unidas y la abundancia de recursos naturales
no renovables deben ser motivo de un renovado interés de México por participar
en la importante evolución de estas regiones. Por el interés nacional y por la
responsabilidad internacional que el país busca asumir, es necesario acompañar
los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el desarrollo y la
paz en estas dos regiones del mundo.
5.6 La política exterior, palanca del desarrollo nacional
México ha desarrollado una
intensa política de vinculación con las asociaciones regionales más importantes
y de mayor potencial en todos los continentes. Asimismo, mantiene una
presencia cada vez más activa en los foros internacionales y en los organismos
comerciales y financieros multilaterales.
Con una población de más de 103
millones de habitantes, México es hoy la octava economía mundial por el volumen
de su comercio exterior, y la decimocuarta por su producto interno bruto (PIB)7.
Las condiciones están dadas para incrementar el potencial productivo y comercial
de México en beneficio de su población. De ahí la necesidad de trabajar con
intensidad renovada en el perfeccionamiento de los instrumentos de la política
exterior para fortalecer su capacidad impulsora del desarrollo nacional.
OBJETIVO 6
Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de
una efectiva inserción de México en el mundo.
Una política exterior que
aproveche los beneficios que ofrece un mundo globalizado se traduce en mayor
competitividad y crecimiento económico. La expansión de la economía nacional
permitirá, a su vez, llevar más infraestructura productiva y de servicios que
incrementen la calidad de vida a los mexicanos en situación de pobreza. Un
México con mejores oportunidades para todos significará un México más fuerte
en el exterior, más equitativo y políticamente más estable. Éste es el cometido
de las estrategias siguientes:
ESTRATEGIA 6.1
Aprovechar los distintos esquemas de cooperación internacional para apoyar los
programas gubernamentales encaminados a la lucha contra la pobreza, la
generación de empleos y el incremento de los niveles de seguridad en el país.
La política internacional se
concibe como una palanca de la mayor relevancia para contribuir a alcanzar los
objetivos nacionales de superación de la desigualdad económica, generación de
oportunidades de trabajo y abatimiento de la inseguridad. De ahí que esta
estrategia se proponga aprovechar ventajosamente los instrumentos de
cooperación internacional para promover las exportaciones, los destinos
turísticos nacionales, el fortalecimiento de las capacidades productivas de
los mexicanos, la inversión productiva y la colaboración para la seguridad
nacional e internacional.
ESTRATEGIA 6.2
Promover activamente las exportaciones, atraer inversiones, difundir la oferta
turística y cultural del país, e identificar nuevas oportunidades para las
empresas mexicanas globales.
Más México en el mundo y más
mundo en México es la divisa de esta estrategia. Esto significa identificar
nuevos mercados para los productos mexicanos y mejores condiciones para la
inversión, así como promover internacionalmente el patrimonio cultural y
artístico para atraer al turismo al país. Los festejos por el bicentenario de
Al mismo tiempo, se procurará
una mayor presencia de las grandes empresas mexicanas en el exterior. La
ampliación de oportunidades para las empresas mexicanas con presencia regional
y global contribuirá al fortalecimiento de la economía.
ESTRATEGIA 6.3
Aprovechar mejor la red de tratados de libre comercio y las ventajas asociadas
a la apertura comercial para fortalecer las capacidades económicas y
comerciales de México.
A la fecha, México mantiene 12
acuerdos de libre comercio con 42 países de América Latina, América del Norte,
Europa, y Asia. Asia se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos
para las exportaciones mexicanas. Sin descuidar la importancia de los lazos de
vecindad con dos de las economías más fuertes del planeta, la apertura
comercial mexicana debe seguir asignando a América Latina la más elevada
prioridad por los lazos de identidad, cultura e historia que unen a México con
esta región. La diversificación de las relaciones comerciales del país
fortalece su soberanía y respalda la conducción independiente de su política
exterior.
ESTRATEGIA 6.4 Perfeccionar
los mecanismos de resolución de controversias del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
En más de diez años de
vigencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha probado ser
exitoso en la promoción y diversificación sectorial de las exportaciones. Sin
embargo, hoy es urgente perfeccionar su marco institucional para hacer más
competitiva a Norteamérica frente a otros polos de desarrollo en el mundo.
ESTRATEGIA 6.5 Fomentar
un comercio exterior amplio y justo que elimine las barreras proteccionistas
impuestas a las exportaciones de los países en desarrollo.
En un mundo globalizado y cada
vez más interdependiente, la libertad de comercio es la fórmula que ha probado
mayor eficacia para impulsar el crecimiento de las economías nacionales. No
obstante, en la práctica, la tendencia natural a la complementariedad económica
en el mundo sigue enfrentando barreras que reducen las oportunidades de los países
más pobres o en desarrollo, en beneficio de los más ricos. El freno a la libre
circulación de mercancías y el proteccionismo son obstáculos que la política
exterior mexicana seguirá empeñada en remover.
ESTRATEGIA 6.6
Articular los esfuerzos para la promoción de México en el exterior a partir de
una más eficaz coordinación interinstitucional, con el sector privado y con las
comunidades de connacionales en el extranjero.
Un paso muy importante en este
sentido ha sido la reciente creación de una Comisión Intersecretarial de
Política Exterior, que tiene como misión facilitar la acción concertada entre
los organismos y dependencias federales que tienen que ver con la agenda de
México en el extranjero.
Para ser exitosa, la acción
unida de las instituciones del Gobierno de
ESTRATEGIA 6.7
Promover el cumplimiento y la armonización de la legislación a nivel nacional
con los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado México.
Este ejercicio es especialmente
relevante para impulsar la modernización y el perfeccionamiento de la
normatividad en materia de derechos humanos, transparencia y combate a la
corrupción, la lucha contra el crimen organizado y la conservación de la
diversidad y patrimonio culturales.
ESTRATEGIA 6.8 Modernizar
y fortalecer las capacidades del Servicio Exterior.
En los últimos diez años, la
diplomacia mexicana no ha recibido aumentos significativos en su presupuesto,
lo que le ha impedido ampliar y mejorar su infraestructura y aumentar el
número de integrantes del Servicio Exterior Mexicano. La proporción de
integrantes de la diplomacia respecto de la población total sigue siendo comparativamente
reducida para los estándares internacionales: tiene 12 funcionarios por millón
de habitantes, mientras que esta razón es de 14 para Brasil, 30 para Argentina
y 33 para Corea.
Para instrumentar una política
exterior responsable que ayude a generar las condiciones de desarrollo en el
país, que promueva los intereses de México, que proteja a los mexicanos en el
exterior y que ayude a fortalecer los espacios de interlocución en el mundo,
se requiere el robustecimiento de la infraestructura y la experiencia del
personal del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, se necesita un plan que
oriente los criterios de ampliación de la representación diplomática y de la
cobertura en otras regiones para su mayor y mejor presencia internacional.
5.7 México en la construcción del orden mundial
La pertenencia de México a
numerosos foros y organismos internacionales le ofrece condiciones propicias
para incrementar su participación en la construcción del nuevo orden mundial.
Al gobierno corresponde mantener y acrecentar el reconocimiento y el respeto
del país en el mundo. Para reasumir el liderazgo internacional, México debe ser
capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas con todas las naciones,
especialmente las de América Latina.
OBJETIVO 7
Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar
la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales
y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable.
México está convencido de que
el respeto a la libre determinación de las naciones, la colaboración
respetuosa para la paz y la protección a los derechos de las personas son los
pilares más firmes para un entorno mundial de oportunidades en el que haya
lugar para todos y para el compromiso de la humanidad con el desarrollo
sustentable.
La democracia constituye el
régimen político más adecuado para el despliegue de las capacidades de las personas
y los países. Por eso, la política internacional de México seguirá orientándose
por los valores y principios de la democracia en la búsqueda de un mundo libre
y ordenado.
Para lograr este objetivo se
implementarán las estrategias siguientes:
ESTRATEGIA 7.1
Participar activamente en las discusiones e iniciativas en favor de la paz, la
cooperación para el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad
internacionales.
La desaparición de la
bipolaridad en el poder mundial y el crecimiento de las alianzas regionales
han estimulado un intenso debate sobre la arquitectura que el sistema
internacional necesita para un progreso compartido. Por convicción, tradición
y obligación constitucional, México mantiene su firme compromiso con la
colaboración internacional para construir un orden mundial armónico y seguro en
el que se protejan los derechos humanos y el medio ambiente. Una política
exterior responsable exige una participación más dinámica de México en el
diálogo entre las naciones, en todos los temas de la nueva agenda internacional.
ESTRATEGIA 7.2
Incrementar la participación política de México en organismos y foros
regionales promoviendo el Desarrollo Humano Sustentable.
El avance de la regionalización
por zonas económicas y políticas fortalece los intercambios entre los países
que deciden participar en ellos. Sin embargo, México asume que estos nuevos
agrupamientos no deben conducir a un conjunto de bloques aislados del resto del
mundo. La participación en el diseño y definición de nuevas reglas de
interrelación económica no sólo es deseable, sino necesaria para apuntalar las
estrategias de desarrollo nacional.
Se debe atender, especialmente,
la colaboración multirregional para enfrentar amenazas emergentes como el
cambio climático, el crimen organizado, la seguridad energética, así como el
tratamiento, control y erradicación de enfermedades infecciosas.
ESTRATEGIA 7.3
Promover activamente el derecho internacional, las instituciones multilaterales,
la codificación de las normas de convivencia internacional y la resolución
pacífica de controversias como la mejor alternativa para el desarrollo de las
relaciones entre los países.
Las nuevas condiciones del
sistema internacional han debilitado las capacidades del multilateralismo para
generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre los Estados.
México mantiene su compromiso de seguir apoyando al sistema de las Naciones
Unidas como el ámbito privilegiado para actualizar conceptos del derecho
internacional, desplegar estrategias innovadoras y adoptar nuevas políticas y
métodos de trabajo.
ESTRATEGIA 7.4
Coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal en materia de cooperación internacional
para el desarrollo.
México se consolida como un
actor clave en materia de cooperación internacional para el desarrollo de su
economía, por el nivel de su ingreso per capita, los logros alcanzados en los
últimos años en materia de desarrollo humano, su pertenencia a distintos
bloques comerciales y organismos internacionales, así como por la ratificación
de diversas convenciones y tratados en la materia.
Resulta indispensable que
México cuente con mecanismos de coordinación de su política de cooperación
internacional para conducir de manera eficaz y coherente los distintos
esfuerzos que realiza al respecto. A través de ello, se fortalecerá la
presencia de México como un actor responsable en la escena internacional.
5.8 Diversificar la agenda de la política exterior
La posición geográfica de
México ha significado, indudablemente, buenas oportunidades para la
complementación económica con Estados Unidos y Canadá. Aprovecharlas mejor
seguirá siendo un compromiso fundamental de la política exterior. Sin embargo,
en un mundo dinámico en el que el mapa económico y político se mueve con
relativa rapidez, y con ello también las oportunidades para apoyar el desarrollo
de México, resulta vital para la nación ampliar y fortalecer las relaciones
diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con otros países y
regiones del mundo.
OBJETIVO 8
Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.
Para lograr este objetivo se
impulsarán siete estrategias:
ESTRATEGIA 8.1
Reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con América
Latina y el Caribe.
México tiene una misma historia
con América Latina y el Caribe. Ambas regiones han sido y seguirán siendo
prioritarias para el país. Sobre la base de la madurez, la afinidad y el
respeto, el gobierno mexicano asume el compromiso de entablar una relación
positiva y respetuosa con los estados que las integran, sin excepciones. Con
América Latina y el Caribe es posible tener, de manera natural, una proyección
política y una presencia económica que asegure espacios de interlocución y
concertación acordes con la estatura internacional del país. El propósito es
construir consensos que permitan enfrentar con éxito los desafíos económicos y
sociales para el cumplimiento de las aspiraciones comunes de bienestar.
La responsabilidad del país con
Centroamérica se enfocará en elevar el bienestar social y el desarrollo
económico de la región. Es imperativo plantear de manera conjunta soluciones
reales a los problemas de pobreza, marginación y pérdida de capital humano por
la emigración.
México aprovechará las grandes
oportunidades que representan los países que forman parte de
En América del Sur, México
buscará recuperar y fortalecer, de manera responsable y activa, los espacios
de influencia e interlocución que corresponden a la pertenencia regional y
peso específico del país. Con las naciones de la región es preciso continuar e
impulsar una reflexión conjunta sobre los temas fundamentales del sistema
interamericano e internacional, la complementariedad económica y las
aspiraciones compartidas de integración, aprovechando para ello los foros y
mecanismos de concertación regionales cada vez más sólidos y acreditados, como
el MERCOSUR.
ESTRATEGIA 8.2
Enriquecer e impulsar la agenda mesoamericana en el marco del Plan Puebla-Panamá.
El Plan Puebla-Panamá merece un
mayor impulso para el desarrollo regional. México reconoce su compromiso de
contribuir al crecimiento económico que brinde mejores oportunidades a los
estados del sur y sureste de nuestro país, así como a las naciones de la
región. Por ello, se propone la revisión y el fortalecimiento del Plan
Puebla-Panamá, bajo la premisa de que sólo en una perspectiva de desarrollo
regional, se podrá materializar el bienestar que demandan los habitantes de
esta zona.
ESTRATEGIA 8.3
Incrementar la cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá.
Hay avances importantes en la
institucionalización de los vínculos de México con Estados Unidos y Canadá, de
manera particular a partir del establecimiento de
El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) ha sido y seguirá siendo de la mayor importancia para
estimular la complementación de las economías de los países signatarios. No
obstante, es necesario proseguir la actualización de los compromisos
adquiridos para ir más adelante en materias de interés estratégico para México
y nuestros socios, como el libre tránsito de mercancías, la revisión de
prácticas proteccionistas y, con particular énfasis, la búsqueda de mayor
cooperación en materia migratoria, que resulte en beneficios para todos.
ESTRATEGIA 8.4
Construir alianzas estratégicas con Asia y
Las relaciones con Asia y
Europa ofrecen todavía amplios márgenes para acrecentar el intercambio
comercial, el flujo de inversiones y capitales, así como la colaboración para
el desarrollo social y el fortalecimiento de las capacidades de la población
mexicana mediante la transferencia de inversiones, tecnologías y conocimientos.
México y
ESTRATEGIA 8.5
Aprovechar la plataforma del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
para derivar acuerdos gubernamentales y empresariales con los países de
El sentido de la estrategia es
mejorar la posición de México en el aprovechamiento de estos motores
emergentes del crecimiento global. Por su pertenencia a
ESTRATEGIA 8.6 Ampliar
los mecanismos para la cooperación y la promoción de los intereses económicos
de México en Medio Oriente y África.
En el Medio Oriente, México
mantendrá su postura a favor del diálogo y la solución pacífica de los
conflictos con el apoyo de las instancias multilaterales, en especial
El mayor dinamismo de la
relación de México con
5.9 Mexicanos en el exterior y migración
Si bien en las décadas
recientes se ha incrementado sensiblemente el número de mexicanos que viven y
trabajan en Estados Unidos y Canadá, la presencia de connacionales en otras
partes del mundo también ha crecido. La nación mexicana despliega con orgullo
su cultura, intereses y aspiraciones en un mundo globalizado.
No obstante, México reconoce
que la carencia de oportunidades y las asimetrías económicas son algunas de las
causas fundamentales de la salida acelerada de capital humano al extranjero,
especialmente a los Estados Unidos. La búsqueda de mejores ingresos es la
razón por la que cada vez más personas de otros países, sobre todo de Centroamérica
y América del Sur, sigan llegando a territorio mexicano, ya sea para buscar
empleo aquí o como estación de paso para seguir su camino hacia el norte.
Una política exterior
responsable y activa como la que se propone en este Plan debe mirar, al mismo
tiempo, por el respeto a los derechos y el mejoramiento de las condiciones de
vida de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, así como por la
protección a los ciudadanos latinoamericanos que ingresan al país, muchas veces
de manera indocumentada y en condiciones lamentables de seguridad. Por eso, el
mejoramiento de la política migratoria, a partir de la colaboración y el
entendimiento con las naciones del Norte y el Sur, ocupa un sitio destacado en
los objetivos y estrategias de la política exterior.
OBJETIVO 9
Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el
exterior.
Para el logro de este objetivo,
se considera la implementación de tres estrategias:
ESTRATEGIA 9.1
Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red
consular mexicana.
Son muchos los riesgos que
enfrentan quienes se deciden a salir del país en busca de mejores oportunidades
de vida y empleo. El cruce indocumentado de las fronteras y la creciente
persecución de que son objeto quienes así lo hacen, ponen en riesgo su
seguridad, su integridad física y sus vidas. Quienes logran establecerse en
Estados Unidos encuentran fuertes obstáculos para desenvolverse y ocupar
puestos de trabajo seguros y estables. La protección efectiva de su integridad
personal y de sus derechos humanos y laborales exige el fortalecimiento de la
red consular mexicana. Por ello, se creará un Programa Especial de Protección
y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior. Este programa establecerá
estrategias y prioridades para fortalecer la protección consular de los
mexicanos en el exterior, la coordinación de acciones y asignación de
responsabilidades, tiempos de ejecución y acciones que serán objeto de coordinación
entre el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y municipios, así como
con los grupos sociales interesados.
ESTRATEGIA 9.2
Fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales con la comunidad
mexicana en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
Con pleno respeto a la
soberanía de las naciones, México continuará propiciando el fortalecimiento de
los vínculos con las organizaciones de mexicanos en el exterior, de manera
particular con quienes se esfuerzan por contribuir al mejoramiento de sus
comunidades de origen.
El Instituto de los Mexicanos
en el Exterior continuará siendo el mejor puente de comunicación con esta
importante comunidad. Seguirá coordinando los esfuerzos en materia de
cooperación internacional para elevar la calidad de vida de los mexicanos
residentes en el extranjero; proseguirá en su labor de crear sinergias
adecuadas entre las iniciativas de las comunidades de mexicanos en el exterior
y las del gobierno de México, y además contribuirá al fortalecimiento de sus
capacidades para promover sus derechos.
El Programa Paisano se ha
acreditado como un mecanismo cada vez más eficaz para estimular la seguridad de
los mexicanos en su regreso a México y su retorno a los Estados Unidos. Por
eso, el Gobierno de
ESTRATEGIA 9.3
Promover mecanismos jurídicos internacionales que permitan flujos legales,
seguros, ordenados y respetuosos de los derechos de los individuos, en especial
en América del Norte.
La realidad cotidiana demuestra
que los mercados laborales de México, Estados Unidos y Canadá, son
complementarios. De acuerdo con algunas estimaciones, el mercado laboral estadounidense
genera cada año una demanda de cerca de medio millón de empleos no calificados,
que en buena parte son cubiertos con mano de obra mexicana. Asimismo, tanto en
Estados Unidos como en Canadá crece la tendencia a recibir trabajadores y
profesionales con preparación especializada.
México sostiene que el fenómeno
de la migración debe sustentarse en mecanismos de cooperación que protejan los
derechos de la persona y en el reconocimiento de la aportación de su trabajo a
la economía receptora.
ESTRATEGIA 9.4
Coadyuvar en el fortalecimiento del derecho al voto de los mexicanos en el
exterior.
En el ámbito de las
competencias que la ley confiere al Gobierno Federal, se apoyará a las autoridades
electorales para que un mayor número de mexicanos residentes en el extranjero
puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de Presidente de
OBJETIVO 10
Construir una nueva cultura de la migración.
La mejor manera de prevenir la
emigración por razones de desventaja económica, es la creación de oportunidades
de progreso y bienestar para las personas y las familias en sus lugares de
origen. Promover la corresponsabilidad entre los países que comparten con
México flujos migratorios para propiciar el crecimiento económico y el
desarrollo social en las zonas más atrasadas, y garantizar al mismo tiempo la
protección de los derechos de los migrantes, es la esencia del compromiso del
Gobierno de
En el diseño de las políticas
públicas en materia migratoria, se considerará la especificidad de México como
país de origen, tránsito y destino de migrantes. La política migratoria será
transversal a la política exterior porque requiere de la cooperación
internacional, regional y bilateral para enfocarse en el desarrollo, y no en la
gestión de los flujos de personas.
Para lograr este objetivo se
plantean cinco estrategias:
ESTRATEGIA 10.1
Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México.
Una nueva cultura de migración
en México debe sustentarse en la congruencia de garantizar el respeto y
protección de los derechos humanos de los migrantes de otros países en suelo
mexicano, al igual que se pugna por las garantías de los migrantes mexicanos en
el exterior.
El Plan de Reordenamiento de
El gobierno de México está
resuelto a llevar a cabo acciones para estimular el empleo temporal en zonas
con vocación para absorber mano de obra, y a buscar la concurrencia de
Guatemala para establecer un programa similar en ese país. Al mismo tiempo, se
facilitará la documentación legal de los migrantes centroamericanos, en defensa
de los derechos y la dignidad de las personas que se ven obligadas a abandonar
sus países de origen.
ESTRATEGIA 10.2
Impulsar una visión de corresponsabilidad en la que México genere mayores
oportunidades de desarrollo dentro del territorio nacional.
El objetivo de los países que
comparten el problema de la migración por razones económicas debe ser el de
lograr que la inversión vaya a donde está la mano de obra para que ésta deje de
ir a los lugares donde se asienta el capital.
ESTRATEGIA 10.3 Promover
la inversión productiva de capital en las regiones expulsoras de mano de obra.
Mediante un intenso trabajo de
promoción y concertación con inversionistas y autoridades locales, así como con
las comunidades de mexicanos en el exterior, los esfuerzos del Gobierno
Federal se enfocarán a generar oportunidades de crecimiento económico y empleo
en los estados de donde sale mayor número de personas a buscar ingresos fuera
de sus comunidades.
De manera correspondiente, se
aprovecharán los mecanismos de cooperación bilateral y regional para impulsar
el desarrollo en las zonas más desfavorecidas de México, así como en las de los
países de Centroamérica de donde proviene gran parte de la inmigración que
ingresa al territorio nacional de manera indocumentada.
ESTRATEGIA 10.4
Contribuir a generar oportunidades de desarrollo dentro de la región
mesoamericana a través de programas como el Plan Puebla-Panamá.
Se propone la revisión y
fortalecimiento del Plan Puebla-Panamá para generar empleos que brinden a los centroamericanos
la posibilidad de permanecer en sus países.
Instrumentos como éste poseen
un enorme potencial para compartir esfuerzos por el mejoramiento económico y
productivo de los estados del sur y sureste de México, así como de los países
de Centroamérica.
Estrategia 10.5
Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general.
Se impulsará la calidad en los
servicios migratorios con base en el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional a través del Instituto Nacional de Migración, la modernización
de la infraestructura y, en especial, la dignificación de las estaciones
migratorias, combatiendo frontalmente la corrupción.
Al fortalecer el control de
entradas y salidas de las personas, así como de la estancia legal en el país
de los migrantes, se estará actuando para garantizar la seguridad, la
convivencia armónica y el desarrollo pleno de los habitantes de las fronteras y
corredores migratorios Sur y Norte.
De cara al futuro
El Plan Nacional de Desarrollo
contiene las directrices sobre las cuales habremos de trabajar en los próximos
seis años para construir un México moderno, sin ignorar nuestra historia, sin
pretender reinventar a la nación, pero con la mirada puesta en el futuro.
La importancia y trascendencia
de los objetivos que están plasmados en el Plan convocan y comprometen a todos
los mexicanos. Hoy el reto es hacer la parte que nos corresponde y ser capaces
de ejecutar las acciones que necesitamos para alcanzar estos objetivos.
Debemos imprimir una nueva
dinámica a la administración pública y construir una nueva relación fundada en
la corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los tres Poderes de
El bien de la nación nos exige
actuar con estrategia y con rumbo. Así, el Plan Nacional de Desarrollo no será
letra muerta sino un documento vivo que responda y se adapte permanentemente a
las transformaciones que experimente la realidad nacional.
A partir de él, debemos dar
seguimiento puntual a los objetivos que nos hemos propuesto para la presente
Administración. Son un primer e importante paso hacia las metas que nos hemos
trazado con miras al 2030 y que habremos de evaluar permanentemente para hacer
los ajustes que sean necesarios.
Los objetivos trazados en el
Plan son un compromiso que asume el Gobierno de
Ahora es tiempo de tender
puentes de corresponsabilidad, solidaridad, cooperación y trabajo colectivo. Los
mexicanos debemos hacer de la pluralidad nuestra mayor fortaleza y unir
voluntades y esfuerzos para llevar a la realidad aquellas aspiraciones que nos
hacen coincidir y nos dan identidad como nación.
No podemos permitir que las
diferencias sean obstáculo para el progreso de nuestro país. Hoy es el tiempo
de hacer frente, con todos nuestros recursos y capacidades, a los retos que nos
impone el presente y futuro de México.
Es tiempo de llevar a la
realidad nuestras más altas aspiraciones y nuestros más anhelados ideales. El
futuro de México depende de lo que nuestra generación haga hoy. El Plan
Nacional de Desarrollo es la carta de navegación en la que, día a día, sociedad
y Gobierno debemos trazar la mejor ruta para llevar a México a ser el país
fuerte, limpio, seguro, libre, más democrático y ganador que queremos para
nuestros hijos.
Anexos
Programas para instrumentar el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012
Los programas sectoriales que
se elaborarán corresponderán a los sectores administrativos con base en lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de
Para el cumplimiento de los
objetivos y la atención de las prioridades nacionales, los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales a elaborarse atenderán
los siguientes temas prioritarios para el desarrollo nacional:
Agua y bosques
Campo y desarrollo rural
Ciencia y Tecnología
Combate a las adicciones
Comercio
Competitividad
Comunidades y pueblos indígenas
Cooperación y desarrollo internacional
Cultura
Defensa nacional
Democracia y participación ciudadana
Deporte
Derechos humanos
Desarrollo empresarial
Desarrollo regional
Desarrollo social
Desarrollo urbano
Educación
Empleo
Energía
Equidad de género
Familia, niños y jóvenes
Financiamiento para el desarrollo
Fortalecimiento del federalismo
Grupos vulnerables
Infraestructura
Medio ambiente y recursos naturales
Migrantes
Modernización de la gestión pública
Población
Procuración e impartición de justicia
Producción y distribución de alimentos
Protección civil, prevención y atención de desastres
Salud
Seguridad nacional
Seguridad pública
Seguridad social
Soberanía
Superación de la pobreza
Trabajo
Transparencia y rendición de cuentas
Turismo
Vivienda
Resultados de
México es un país
orgullosamente diverso. El Sistema Nacional de Planeación Democrática demanda
que los ciudadanos vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo sus
preocupaciones y sus aspiraciones.
De acuerdo al Art. 26
constitucional, el Estado es responsable de organizar un Sistema de Planeación
Democrática para el desarrollo del país, cuyos objetivos están determinados por
los fines de la propia Constitución.
En cumplimiento de lo anterior,
se llevó a cabo el proceso de consulta para la elaboración de este Plan. La
consulta constituyó el espacio a través del cual, ciudadanos de forma
individual, o a través de las organizaciones a las que pertenecen, expresaron
sus ideas y propuestas para el desarrollo integral del país.
Los mecanismos a través de los
cuales se llevó a cabo esta consulta fueron:
1. Mesas de diálogo con
integrantes de diferentes comisiones de
2. Mesas de diálogo con los partidos políticos.
3. Foros de consulta popular realizados por las secretarías de Estado y diversas entidades del Gobierno Federal.
4. Consulta ciudadana
realizada por
5. Reuniones de trabajo con especialistas.
En estos espacios se contó con
la participación de legisladores, representantes de gobiernos de los estados, y
municipios, cámaras empresariales, partidos políticos, universidades,
instituciones académicas, funcionarios públicos, investigadores, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos que de manera libre y comprometida aportaron
propuestas y opiniones para enriquecer el análisis y la elaboración de este
Plan.
Las opiniones, propuestas,
expectativas e ideas de los ciudadanos recabadas a través de la consulta,
constituyeron un elemento muy importante para la integración de este Plan
Nacional de Desarrollo; y es información relevante y valiosa para los programas
sectoriales 2007-2012 que se realizarán a partir de este Plan.
En las reuniones de trabajo que
llevaron a cabo las dependencias del Gobierno Federal con las Comisiones del
Congreso de
Se llevaron a cabo 205 foros de
consulta popular organizados por las dependencias y diversas entidades del
gobierno federal en los que participaron 51,997 personas que expresaron su
opinión en torno a 73 diversos temas sobre la realidad mexicana, sus problemas
y sus soluciones.
En la consulta ciudadana
realizada por
|
Consulta
del PND 2007-2012 |
|
|
Mecanismo de consulta |
Participantes |
|
205 Foros de consulta popular |
51,997 |
|
Página de internet |
38,179 |
|
Centro de atención telefónica |
26,755 |
|
Correo postal |
12,369 |
|
Correo electrónico |
2,618 |
|
Total
de participantes |
131,918 |
En esta consulta los ciudadanos
identificaron problemas que se refieren principalmente a tres temas: la
seguridad, diferentes aspectos relacionados con la pobreza, y la necesidad de
contar con mejores empleos. A continuación se describen algunos de los
principales resultados de esta consulta.
El tema de Estado de Derecho y
la seguridad resultó ser el más mencionado. A este aspecto se refirieron el 36%
de los ciudadanos. Del total de respuestas en este punto, el 79% destacó
problemas relacionados con la seguridad, como el combate al narcotráfico y la
reforma de las corporaciones policíacas. El 21% restante se enfocó a temas
vinculados a la cultura de la legalidad y la procuración e impartición de
justicia.
Un 28% del total de las
respuestas se refirieron al tema de pobreza y necesidades básicas de la
población. Para quienes opinaron sobre estos temas, las principales demandas
son extender el acceso a la educación, trabajar por la superación de la pobreza
y mejorar los servicios de salud y su alcance.
El otro tema prioritario, con
27% de las respuestas, fue el empleo y la economía. Dentro de este grupo de
opiniones, la promoción del trabajo y los temas relativos a la paz laboral
fueron las principales preocupaciones.
Por otro lado, los ciudadanos identificaron
problemas con el medio ambiente. De éstos, 31% mencionó el problema del manejo
de residuos sólidos y peligrosos; 14% aludieron al aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, 13% al cambio climático y 12% a educación y cultura
ambiental.
De las respuestas que hicieron
referencia al sistema político mexicano y a la política exterior, el 54% de las
opiniones se relacionaron con el tema del fortalecimiento de la democracia, la
modernización del sistema político y la participación ciudadana; 30% mencionó
la eficacia y eficiencia gubernamentales, junto con la transparencia y
rendición de cuentas como asuntos relevantes, en tanto que la preocupación del
restante 15% de este grupo fue el manejo responsable y activo de la política
exterior, con un especial énfasis en la atención a los mexicanos en el
exterior, y la migración.
El Gobierno Federal tiene la
firme convicción de que sólo mediante el diálogo plural, abierto y constructivo
se pueden lograr los acuerdos que el país necesita. El contacto directo y
abierto con la ciudadanía y todas las fuerzas políticas se mantendrá como una
prioridad durante este gobierno.
__________________________
[1] PNUD (1994, septiembre). Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1994. Una nueva forma de
cooperación para el desarrollo. Disponible en:
http://indh.pnud.org.co/files/rec/nuevaformacooperacion1994.pdf
1 Secretaría de Gobernación. (2005). Encuesta Nacional
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
2 Corporación Latinobarómetro. (2006). Informe Latinobarómetro.
Disponible en: www.latinobarometro.org. Resultado con base en la pregunta:
¿Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno
nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? Margen de
error +/- 3%.
3 ITAM. (2005). Encuesta nacional sobre filantropía y
sociedad civil. Disponible en: www.filantropia.itam.mx/enafi/enafi.html
Resultado con base en la pregunta ¿Cree usted que se puede confiar o no en la
mayoría de las personas? 15%: se puede confiar en la mayoría de las personas
(margen de error +/- 3.5%). SEGOB. (2005). Encuesta nacional sobre cultura
política y prácticas ciudadanas. Disponible en: www.segob.gob.mx/encup
Resultado con base en la pregunta ¿Qué tanto puede confiar en las demás
personas? 16%: se puede confiar mucho (margen de error +/- 1.4%).
4 Instituto
Ciudadano de Estudios sobre
5 Zepeda Lecuona, Guillermo. (2003). Ineficiencia al servicio de la impunidad:
las organizaciones de procuración de justicia en México. En J. Bailey y J.
Chabat, comps. Crimen transnacional y seguridad pública: desafíos para México y
EUA. México.
6 Consejo Nacional contra las Adicciones. (2002).
Encuesta Nacional de Adicciones. Disponible en:
http://www.conadic.gob.mx/interior/descargas/investigacion_y_estadistica/observ_mex/obs2003_II.pdf
7 Consulta Mitofsky. (2007). Confianza en las
instituciones, febrero. Disponible en: www.consulta.com.mx (margen de error +/-
4%)
8 Parametría. (2007). Febrero. Disponible en:
www.parametria.com.mx : 89% de acuerdo en que utilice al Ejército para combatir
al narcotráfico en México (margen de error +/- 2.8%); Demotecnia. (2007).
Disponible en: www.demotecnia.com, 88% sí al Ejército para combatir al
narcotráfico (margen de error +/- 3.2%).
9 Instituto Nacional de
Migración. (2006). Estadísticas migratorias 2006. Disponible en:
www.inami.gob.mx/paginas/estadisticas/enedic06/aseguramientos.mht.
10 Instituto Ciudadano de Estudios Sobre
11 Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2007).
12 México Unido Contra
1 La evidencia internacional muestra que contar con un
sistema financiero similar al de otros países que tienen niveles de desarrollo
similares al de México llevaría a un incremento en la tasa de crecimiento anual
de largo plazo de entre uno y dos puntos porcentuales.
2 Se refiere a la inversión pública y privada en
investigación y desarrollo experimental realizada en el país. No incluye el
estímulo fiscal a la investigación y desarrollo experimental.
3 Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators,
2006-1.
4 De acuerdo a la diferencia entre exportaciones menos
importaciones y su relación con las exportaciones, en porcentaje.
1
1 INEGI. Conteo 2005
2 Idem
3 SEGOB-CONAPO. Comunicado de prensa 34/06. (11 de
agosto de 2006) p.1
1 Foro Mundial del Agua. (2006). Reporte final, p. 116.
Disponible en: www.worldwaterforum4.org.mx/files/report/InformeFinal.pdf
1 Véase Corporación Latinobarómetro. (2006). Informe
Latinobarómetro 2006. Santiago de Chile. Preguntas consideradas: 1) ¿Cuánta
confianza tiene usted en la democracia como sistema de gobierno para que México
llegue a ser un país desarrollado? 42% manifiesta no confiar en la democracia.
2) ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? [
] La
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 54% de la
población está de acuerdo con la afirmación. 3) En general, ¿Diría usted que
está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho
con el funcionamiento de la democracia en México? 59% de los mexicanos
manifestaron no estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia.
2 Freedom House. (2006). Freedom in the world 2006.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) e Internacional Foundation for Election Systems (IFES). (2006). Getting to the Core, A Global Survey on the
Cost of Registration and Elections.
4 Transparencia Internacional. (2006). Barómetro Global
de
5 Transparencia Mexicana. (2006). Encuesta Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno 2005 2006. Índice de corrupción y bueno gobierno.
6 Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP). (2005). Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial.
7 Fondo Monetario Internacional (FMI). 2006. World
Economic Outlook. México pasó de ser la economía número 13 en