CUARTA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO
por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del
artículo 89 de
CONSIDERANDO
Que
Que de conformidad
con el marco constitucional y legal que sirve de sustento al Sistema Nacional
de Planeación Democrática, corresponde al Ejecutivo Federal conducir la
planeación nacional del desarrollo, mediante la ordenación racional y
sistemática de las acciones que buscan lograr un desarrollo equitativo que
proporcione mejores niveles de vida para todos;
Que el conocimiento
de las aspiraciones de los ciudadanos ha sido decisivo para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; por ello se realizó en todo el país un
amplio programa de consulta popular con los diversos grupos de la sociedad,
incluyendo a las comunidades indígenas, los tres órdenes de gobierno y la
población en general, por medio del cual se recogieron sus demandas y
propuestas;
Que, con base en lo
anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se sustenta en cinco ejes
rectores: estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de
empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental, y democracia
efectiva y política exterior responsable;
Que, asimismo, el
Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable,
como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que
permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio
de las generaciones futuras, y
Que el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para
avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre
todo, responsables, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los objetivos nacionales,
estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 regirán la actuación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en la
Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables y en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal elaborarán y ejecutarán los programas sectoriales, regionales,
especiales e institucionales que correspondan, tendentes al logro de los
objetivos de dicho Plan.
ARTÍCULO CUARTO.- Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal establecerán los mecanismos necesarios para la
coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la concertación con los
diversos grupos sociales y de los particulares, con la finalidad de promover su
participación amplia y responsable en la consecución de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal deberán ajustarse a los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para la
aplicación de los instrumentos de política económica y social que promuevan la
inducción de acciones de los diversos grupos sociales y de los particulares.
ARTÍCULO QUINTO.- Para cumplir con los objetivos nacionales,
estrategias, prioridades y programas previstos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal harán las previsiones necesarias para el financiamiento y la asignación
de los recursos correspondientes, al integrar los anteproyectos de sus presupuestos
de egresos.
ARTÍCULO SEXTO.- Las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal evaluarán en forma periódica y con base en
indicadores los resultados de sus acciones en relación con los objetivos
nacionales, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
y de los programas que del mismo se deriven, e informarán al respecto a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las unidades
administrativas que señale el Ejecutivo Federal, con el propósito de que el
propio Presidente de la República informe por escrito al Congreso de la Unión
los resultados de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
y la Ley de Planeación.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en
PLAN Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de
Este Plan Nacional de
Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las
estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán
regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una
dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con
los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es
condición indispensable para un buen gobierno. El Plan establece los objetivos
y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales,
especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.
Elaboración del Plan
De acuerdo al art. 12 de
En apego a ello se realizó un
proceso de consulta en la que participaron ciudadanos, legisladores, partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades
indígenas, gobiernos municipales y estatales, entre otros, quienes, a través de
distintas vías expresaron sus opiniones para la planeación del desarrollo del
país.
La consulta se llevó a cabo
mediante mesas de diálogo con integrantes de diferentes comisiones de
Las propuestas, ideas,
expectativas, opiniones, preocupaciones y sugerencias expresadas por los
ciudadanos participantes en esta consulta han sido uno de los elementos
fundamentales en la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo.
Es preciso destacar que 51,997
personas participaron a través de 205 foros de consulta popular entre ellas
4,334 miembros de comunidades indígenas en foros realizados en 57 comunidades;
79,921 participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por
distintas vías. Además de la información recabada directamente en los diálogos
realizados con legisladores y partidos políticos, se recibieron 41 documentos
de propuestas por parte de los mismos.
Una descripción más específica
del proceso y los resultados aparece en el anexo de este documento.
Estructura del Plan
En el primer capítulo de este
documento se define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para
el desarrollo integral del país, así como los objetivos y las prioridades
nacionales que habrán de regir la presente Administración. La segunda parte,
consta de cinco capítulos que corresponden a los cinco ejes de política pública
de este Plan:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad ambiental
5. Democracia efectiva y política exterior responsable
En cada uno de estos ejes se
presenta información relevante de la situación del país en el aspecto
correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y
estrategias.
Como se explicará más adelante,
este Plan propone una estrategia integral donde estos cinco ejes están estrechamente
relacionados. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque
de este tipo, se observará que entre los distintos ejes hay estrategias que se
comparten. Dicho de otra forma, a lo largo de los cinco ejes el lector
encontrará estrategias similares, que aunque específicamente hacen referencia
al tema central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo largo de
los capítulos.
Desarrollo Humano Sustentable
En el Siglo XXI, México
enfrenta desafíos importantes. La constante evolución del entorno mundial y el
cambio tecnológico acelerado implican nuevos retos y oportunidades. A partir
de nuestra riqueza histórica y cultural, enfrentamos el desafío de hacer
realidad el anhelo de muchos mexicanos ante las profundas transformaciones que
vivimos: un México más justo y más equitativo, competitivo y generador de
empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno de los mexicanos
seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a todos los
que formamos parte de esta nación.
El Desarrollo Humano
Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que “el
propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan
aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las
generaciones presentes y futuras”[1].
El Plan Nacional de Desarrollo
considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la
columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas
públicas.
Se propone al Desarrollo Humano
Sustentable como visión transformadora de México en el futuro, y al mismo
tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.
Ello significa asegurar para
los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la
educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus
derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones
actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el
de las siguientes generaciones.
Significa que es necesario que
la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de generar los empleos que
México y los mexicanos demandamos. Una política económica sólida, en las
condiciones que ha heredado nuestro país, no sería suficiente para propiciar el
desarrollo armónico y pleno de la sociedad, por lo que debe complementarse con
una estrategia eficaz de superación de la pobreza y la marginación.
La estrategia integral
propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de acción, permitirá
avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. El Estado de Derecho y la
seguridad son indispensables para que los ciudadanos puedan disfrutar del
fruto de su esfuerzo y se genere además un ambiente propicio para la inversión.
Una mayor competitividad de la economía nacional también contribuirá al
incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que permitan a los
individuos elevar sus niveles de bienestar económico.
La igualdad de oportunidades
educativas, profesionales y de salud son necesarias para que todos los
mexicanos puedan vivir mejor y participar plenamente en las actividades
productivas. Para que el desarrollo planteado sea sustentable, requiere la
protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el bienestar de
las generaciones futuras.
Por otra parte, la
gobernabilidad democrática es premisa básica para que el país se beneficie de
la riqueza de su pluralidad y se alcancen los acuerdos necesarios para transformar
la realidad y promover el desarrollo nacional. Por último, una política
exterior responsable y activa será la base para afrontar los desafíos y
aprovechar las ventajas que brinda el entorno globalizado en que vivimos.
Los problemas sociales,
políticos y económicos de nuestro país están íntimamente relacionados. Por
ello, los grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son
complementarios para resolver los problemas de pobreza, marginación y falta de
oportunidades en todos los ámbitos. En la ejecución de este Plan, se utilizarán
todos los instrumentos del Estado para avanzar simultáneamente en los cinco
ejes de acción, y para alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable que queremos
para los mexicanos de hoy y los de las nuevas generaciones por venir.
De
Para hacer realidad esta visión
de futuro es fundamental que México realice los ajustes y cambios que necesita
a fin de encaminarse en la trayectoria correcta. En este sentido, resulta
primordial que los resultados que se obtengan en los próximos seis años respondan
al México que quieren los ciudadanos en el año 2030.
Por eso, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 se imprime un enfoque de largo plazo a los objetivos
nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo. Con
ello, se busca que al final de esta Administración, en el año 2012, el país
avance en tiempo y forma hacia el porvenir que los mexicanos visualizan.
Un requisito indispensable para
cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es contar con el
compromiso y la colaboración de todos. Se requiere la participación
corresponsable de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los
gobiernos federal, estatales y municipales; de los partidos políticos, las
organizaciones sociales y los sindicatos; del sector privado, el educativo y,
sobre todo, de los ciudadanos.
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Visión México 2030 Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México
como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio están
seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos;
un país con una economía altamente competitiva que crece de manera dinámica
y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un país con
igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente
sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un
desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y
conservación del medio ambiente; una nación plenamente democrática en donde
los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los
actores políticos trabajan de forma corresponsable y construyen acuerdos
para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación que ha
consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, y que
ejerce un liderazgo en América Latina. |
Para hacer realidad esta Visión
México 2030 y atender a las prioridades nacionales, el Plan Nacional de
Desarrollo propone el cumplimiento de los siguientes objetivos nacionales:
Objetivos nacionales
1. Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.
2. Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.
3. Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
5. Reducir la pobreza
extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades
para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece
6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.
7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
9. Consolidar un régimen
democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de
10. Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.
Estrategia integral de política pública
En primer lugar, este Plan
Nacional de Desarrollo plantea una estrategia integral de política pública al
reconocer que los retos que enfrenta nuestro país son multidimensionales.
Avanzar en sólo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria
complementariedad entre las políticas públicas, es una estrategia condenada a
un desarrollo desequilibrado e insuficiente.
Garantizar la igualdad de
oportunidades requiere que los individuos puedan contar con capacidades plenas.
Es preciso lograr condiciones de salud básicas para que exista una verdadera
calidad de vida. Aún más, sólo teniendo condiciones básicas de salud, las
personas en situación más vulnerable podrán aprovechar los sistemas de
educación y de empleo. Es necesario, en forma concomitante, lograr una
educación de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo
productivo en todos los niveles de formación y que cada vez alcance a más
mexicanos.
La transformación social
requiere de una transformación económica profunda. En efecto, sólo el
crecimiento económico, la competitividad de la economía y el fortalecimiento
de las capacidades fiscales del Estado harán posible la provisión adecuada de
programas sociales de desarrollo humano. Ello se logrará en un entorno
económico en el que se multipliquen las oportunidades de empleo remunerado y
productivo para un número cada vez mayor de mexicanos.
En segundo lugar, el Desarrollo
Humano Sustentable establece puntualmente que la igualdad de oportunidades y la
fortaleza del sistema económico no se traducirán en armonía social si no se
logra también la transformación política del país. Ella precisa de la
consolidación de la democracia y el logro de un genuino Estado de Derecho, en
el que la democracia suponga el ejercicio de la libertad política con
responsabilidad social. En otras palabras, las instituciones de
Ello permitirá que, a partir
del cumplimiento del Estado de Derecho, la democracia sea no sólo un sistema
de representación política, sino una forma de vida para todos. El desarrollo
humano ha de fundamentarse en un orden político en el que existan incentivos
para que los partidos generen los acuerdos necesarios que exigen las reformas y
legislaciones de un país atractivo a la inversión interna y externa, todo ello
a partir de una cultura de responsabilidad. Se trata de un orden en el que las
fuerzas políticas acuerden leyes orientadas a la transparencia y a la rendición
de cuentas. Se trata de sustentar la democracia en
En tercer lugar, el Desarrollo
Humano Sustentable también procura el desarrollo de manera integral, pues
plantea el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política
que, a su vez, en forma sustantiva, promueva la formación y la realización de
las personas. El desarrollo humano tiene como premisa fundamental el proceso
formativo de capacidades para la vida que se da en la familia. Éste es el punto
de partida de cualquier forma de solidaridad social y de toda capacidad afectiva,
moral y profesional.
La nación se hace más fuerte
cada vez que las familias se fortalecen, formando personas más aptas, más
responsables y más generosas para enfrentar los retos de la vida. Es por ello
que el desarrollo humano ha de apoyarse en políticas que de manera transversal
contribuyan a la fortaleza de las familias en el orden de la salud, la
alimentación, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte.
Finalmente, el Desarrollo
Humano Sustentable promueve la modernización integral de México porque
permitirá que las generaciones futuras puedan beneficiarse del medio ambiente
gracias a las acciones responsables del mexicano de hoy para emplearlo y
preservarlo. No lograremos respetar ni conservar los recursos naturales de
nuestro país, ni la extraordinaria biodiversidad de nuestro entorno ecológico
si no transformamos significativamente la cultura ambiental de nuestra
sociedad.
Es, pues, necesario que toda
política pública que se diseñe e instrumente en nuestro país incluya de manera
efectiva el elemento ecológico para que se propicie un medio ambiente sano en
todo el territorio, así como el equilibrio de las reservas de la biosfera con
que contamos. Sólo de esa manera lograremos que las políticas de hoy aseguren
el sustento ecológico del mañana.
En suma, el Plan Nacional de
Desarrollo postula al Desarrollo Humano Sustentable para que el proyecto de
nación sea viable y su destino, promisorio; postula que sólo puede concretarse
como proceso social continuo para cada persona, en cada familia y en cada comunidad
de México.
Es sustentable a lo largo y
ancho de nuestro país porque propone una relación integral entre los tres
órdenes de gobierno, con énfasis en promover el desarrollo de regiones que no
se han visto beneficiadas en la misma medida por los cambios que se han
realizado en el entorno nacional e internacional.
Es sustentable en el tiempo
porque exige que, en el presente y en el futuro, la solidaridad de los
mexicanos se refleje en un desarrollo decisivo e incluyente de todos y cada
uno de los grupos sociales.
El Desarrollo Humano
Sustentable parte del principio de que el bien común es producto del esfuerzo
solidario de los integrantes de la sociedad y del apoyo del Estado, siempre
que el objeto de la acción pública sea propiciar el perfeccionamiento de las
capacidades humanas, así como su realización libre y responsable.
Antecedentes
Desde hace por lo menos tres
décadas, los mexicanos han librado una lucha por el cambio político y social.
A lo largo de estos años, la ciudadanía ha ejercido la libertad de sufragio,
sujetando el sistema de partidos políticos a la disciplina del voto efectivo.
Al mismo tiempo, los ciudadanos se han esforzado por ejercer y hacer cumplir
sus derechos ante un entorno social cambiante y difícil.
Los mexicanos han sabido
enfrentar una etapa de duros embates en la vida económica. Ello ha tenido
consecuencias determinantes en la evolución de una compleja estructura social,
inmersa en el funcionamiento de instituciones viejas y nuevas, y de un orden
político cada vez más libre y plural. Es gracias a la libertad y pluralidad
políticas alcanzadas en el México de hoy, junto con la transparencia y la
rendición de cuentas, que la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad de
avanzar en la perspectiva integral del Desarrollo Humano Sustentable. Es
importante entender este momento de nuestra historia a la luz de lo que pasó
en México durante casi un tercio de siglo de difíciles y complicadas
condiciones de vida y de profunda transformación económica.
Aproximadamente a principios de
los años setenta, la economía, que durante varias décadas había registrado
altas tasas de crecimiento y estabilidad de precios, empezó a encontrar los
límites propios de un sistema económico protegido. Por años, habrían de
vivirse las dificultades de una economía sometida a desequilibrios que se
originaron en el exterior, tras vertiginosos cambios ocurridos en los mercados
de bienes energéticos y de capitales.
La abundancia de divisas por
exportación petrolera con que contó el país en los años que precedieron a la
crisis de 1982 tuvo un impacto limitado en la creación de infraestructura para
el desarrollo o en una base sustentable de programas sociales. En cambio, en
un entorno de crédito internacional abundante, el país se endeudó
significativamente, lo cual agravó nuestra vulnerabilidad y nos llevó, junto
con otros factores asociados a los desequilibrios de la balanza de pagos, a
crisis económicas recurrentes.
Por más de una década, los
mexicanos vieron caer el poder adquisitivo de sus salarios. Muchas familias
vieron canceladas sus posibilidades de movilidad social; otras retrocedieron a
la subsistencia precaria y emigraron a los Estados Unidos, o se incorporaron
al sector informal, que presentaba un crecimiento acelerado en las ciudades.
Muchas más simplemente se vieron atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza
en sus regiones de origen, comúnmente apartadas y aisladas de los centros
urbanos. La esperanza de una vida mejor se desvanecía para la mayor parte de
los mexicanos. El desarrollo económico que se había procurado tenía límites
claros en su falta de sustentabilidad financiera y en su estructura económica
poco competitiva.
En este contexto, en México
prevaleció una visión de corto plazo en materia ambiental; se descuidó, por
tanto, el equilibrio del medio ambiente y se explotaron en forma irracional
diversos recursos como el agua, los bosques, las selvas y el petróleo. En las
ciudades y en las cuencas acuíferas se desecharon residuos tóxicos, mientras
que se llegó a altos niveles de contaminación del aire en unos cuantos años.
Si bien es cierto que en la
década de los ochenta el Gobierno Federal estaba plenamente consciente de que
muchos mexicanos carecían de servicios básicos, y de que no estaban protegidos
bajo seguridad social alguna, también lo es que ha tomado lustros construir un
sector de servicios públicos que beneficie a la población desfavorecida que no
es derechohabiente. A pesar de que las políticas sociales de fines de los años
ochenta y principios de los noventa no siempre obedecieron a criterios
adecuados de focalización, o simplemente los criterios de provisión de los
programas no alcanzaron a la verdadera población objetivo, debemos reconocer
que a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte se lograron avances
importantes en la cobertura y calidad de los servicios de educación, salud,
alimentación e infraestructura básica.
No menos importantes han sido,
tras cada crisis entre 1982 y 1994, los límites al desarrollo humano en la esfera
de las familias mexicanas, que han luchado entre la subsistencia y el acceso a
oportunidades precarias de formación y realización. Se distinguen dos efectos
sobre la vida familiar de la mayor parte de la población: primero, las condiciones
de vida conducentes al desarrollo de las capacidades de los integrantes de la
familia sólo se deterioraron más en cada nuevo embate inflacionario y
recesivo; segundo, muchas familias se vieron obligadas a incrementar el número
de perceptores de ingreso para salir adelante, aunque ello significara
interrumpir la educación de niños y jóvenes. En cualquier caso, el desarrollo
humano de la mayoría de los mexicanos, desde el núcleo familiar, se vio
severamente limitado.
Las crisis económicas
recurrentes, que se expresaron en fuertes devaluaciones y/o en caídas
importantes del producto interno bruto, cancelaron las posibilidades de una
vida mejor a varias generaciones de ciudadanos. Dicho proceso limitó
drásticamente los espacios de formación y realización personales en las
esferas de la educación, el trabajo y la puesta en marcha de negocios pequeños
y medianos, por mencionar sólo algunos de los ámbitos más relevantes del
desarrollo humano.
Sin embargo, a pesar de las
circunstancias difíciles que las crisis económicas han representado para el
bienestar de las familias y para el desarrollo del sector productivo, los
mexicanos una y otra vez hemos superado estos retos.
Debemos reconocer que, a lo
largo de estos años, también surgió una participación decidida de diversos
actores sociales y políticos que estuvieron comprometidos con un cambio de
rumbo para el país. En la última década, y en diferentes frentes de la acción
pública, se hizo un esfuerzo considerable para que los programas sociales
llegaran a más mexicanos y a muchas comunidades pequeñas y remotas.
También es importante destacar
que los mexicanos, a pesar de los problemas enfrentados, hemos sido capaces de
conservar un conjunto de valores que nos han fortalecido a lo largo del tiempo.
Aun y cuando la estructura familiar ha evolucionado y responde a necesidades y
tendencias muy distintas de las de décadas anteriores, ésta sigue siendo
valorada como el espacio de convivencia, formación y crecimiento de las
personas. A pesar de las crisis, la solidaridad entre los mexicanos en miles de
comunidades del país ha sido un rasgo distintivo de nuestra vida y una de las
fortalezas para salir adelante. Los mexicanos conservamos una riqueza cultural
e histórica que nos enorgullece, y cuyas raíces siguen siendo fundamentales en
la vida de individuos y comunidades.
Somos un pueblo orgulloso de
nuestro pasado y abierto al mundo. Somos una nación con profundas raíces
históricas que se manifiestan de muchas formas en el acontecer cotidiano.
Somos una nueva generación de mexicanos, con un pasado que da sentido a nuestra
proyección hacia el futuro. Somos un país con un inmenso capital en recursos
naturales. Somos, a fin de cuentas, una nación que, ante los retos de la
globalización y los cambios en el mundo, cuenta con todo lo necesario para
alcanzar un mejor y más alto nivel de desarrollo que nos permita elevar la
calidad de vida y tener una economía competitiva y generadora de empleos, sin
perder nuestra esencia cultural y nuestro patrimonio social y natural.
México tiene ante sí un
horizonte diferente al que tenía hace tan sólo una década o un lustro. Los
mexicanos vivimos día con día un proceso de cambio que, lejos de agotarse, da
visos de alcanzar mayores alturas de transformación propiamente humana, social
e institucional. Las transformaciones sociales y políticas no deben detener su
marcha o siquiera ver disminuida su intensidad. Al contrario, el cambio de
México en el siglo XXI debe ampliarse y profundizarse.
El reto de los mexicanos no es
otro que el de modernizar la vida de la nación en todas sus áreas para
construir un país próspero, justo y plenamente democrático. Se trata de lograr
la seguridad de todos los mexicanos y de su patrimonio; de abrir paso a una
sociedad que, en absoluta libertad, deje atrás cualquier complejo o prejuicio y
entierre de una buena vez la confrontación y la recriminación entre
conciudadanos. Se trata de superar de forma definitiva los obstáculos para
crear más oportunidades de formación educativa, así como más y mejores empleos.
Se trata de crear en el país las oportunidades para que el talento de un número
cada vez mayor de mexicanos florezca en nuestra sociedad y alcance el máximo
de su realización.
Es necesario actuar
decisivamente para enfocar el proceso de cambio de nuestro país hacia
objetivos claros y metas definidas que unan a todos los mexicanos en un
propósito común de superación nacional.
Dirigir nuestras acciones hacia
el Desarrollo Humano Sustentable implica apoyar y confiar en las personas,
respetando sus derechos y ampliando el espacio de sus capacidades. Propondremos
para ello un conjunto de políticas diseñadas para coadyuvar a que cada mexicano
pueda ser dueño de su propio destino, y que propicie a su vez el
engrandecimiento del destino de su comunidad.
El Desarrollo Humano
Sustentable parte del reconocimiento y la protección de los derechos
universales. Al hacerlo, busca consolidar tanto la democracia como la
justicia, dando vigencia y nuevo sentido a la libertad de cada mexicano, dando
dimensión real a la responsabilidad que compartimos todos respecto a nuestra
sociedad. Postula igualmente que México es un integrante destacado dentro de
una comunidad internacional que se esfuerza por lograr mejores niveles de vida
para las personas. De tal suerte, asume un compromiso claro con los objetivos
de desarrollo establecidos por
Descripción de los cinco ejes
Los ejes de política pública
sobre los que se articula este Plan Nacional de Desarrollo establecen acciones
transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental,
y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a
sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales.
Este Plan, partiendo de un diagnóstico
de nuestra realidad, articula un conjunto de objetivos y estrategias en torno a
cinco ejes:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.
Cada eje establece el camino
para actuar sobre un amplio capítulo de vida de la nación. Es por ello que
este Plan Nacional de Desarrollo reconoce que la actuación de toda la sociedad
y el Gobierno es necesaria para lograr el Desarrollo Humano Sustentable. Aún
más, es responsabilidad del Gobierno actuar para promover la participación de
la sociedad en las tareas que implican estos ejes de política pública. De tal
suerte, el Gobierno propone un plan de acción conjunta respecto a la sociedad
y, al hacerlo, acepta un compromiso indeclinable.
Eje 1. Estado de Derecho y seguridad
El primer eje de este Plan
Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de Derecho y la seguridad. Una
premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas
necesitan garantías de seguridad para su Desarrollo Humano Sustentable. De
otra manera, las personas no podrían actuar y desarrollarse en forma libre y
segura. En definitiva, los mexicanos deben contar con la tranquilidad de que,
en el futuro, no perderán los logros que son frutos de su esfuerzo.
El Gobierno es el primer
obligado a cumplir y hacer cumplir la ley de modo que exista un auténtico
Estado de Derecho en México. Sólo garantizando que la vida, el patrimonio, las
libertades y los derechos de todos los mexicanos están debidamente protegidos
se proveerá de una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de
la población. Se requerirá, de igual forma, que los ciudadanos cumplan con sus
obligaciones legales.
Es crucial advertir que la
vigencia de las leyes es absolutamente necesaria, independientemente de que en
determinados casos requieran ser modificadas o reformadas. De esta primera
obligación del Gobierno parte la vigencia, en sí misma, del Estado de Derecho
como un todo. Cumplida esta condición, podrá plantearse la reforma a la ley de
acuerdo con los términos que planteen los ciudadanos y los actores políticos en
general, o lo que dicte el interés superior de la nación dentro del marco de la
división de poderes.
La función del Gobierno debe
ser ejemplar para la ciudadanía. Si éste se compromete claramente con el
cumplimiento de la ley, entonces se generarán los incentivos correctos para que
los ciudadanos ordenen su convivencia. De tal suerte, ha de generarse un
círculo virtuoso entre vigencia cabal de la ley y una convivencia social
ordenada, pacífica y propia para el desarrollo de la participación social y
política.
Sólo en un orden social de
tales características es que la libertad y la responsabilidad de todos se
encontrarán cada vez más vinculadas, apoyándose la una en la otra. Sólo de esta
forma es que se respetará la integridad física y el patrimonio de las
familias, así como el libre tránsito de personas, bienes, servicios y
capitales. En correspondencia con lo anterior, la ciudadanía sabe y confía en
un marco legal que es respaldado por instituciones imparciales y sólidas.
Claramente, el Estado de
Derecho logra que los procesos sociales en todos los ámbitos de la vida se
desenvuelvan con eficacia. Ejemplo de ello son las actividades y los procesos
que tienen lugar en la esfera económica: cuando se cumple el principio de
certidumbre sobre los derechos de propiedad, toda la actividad económica se
beneficia, ya que los actores económicos tienen incentivos a emprender e
invertir.
La seguridad pública y el
Estado de Derecho forman un binomio esencial para hacer realidad el Desarrollo
Humano Sustentable. El Gobierno debe ser capaz de sancionar con objetividad e
imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a
fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la propia ciudadanía
la que proporciona información clave sobre la manifestación pública del
fenómeno delictivo. Bajo esa inteligencia, este plan propone integrar la
participación de la ciudadanía al sistema de seguridad.
Una primera perspectiva para el
avance de la seguridad consiste en aplicar el principio de prevención. En
efecto, en la medida en que se establezcan condiciones de vida digna para más mexicanos
y se protejan los derechos del ciudadano, la prevención del crimen avanzará
considerablemente, al tiempo que se consolidará el goce pleno de los derechos y
las libertades individuales.
Una segunda perspectiva supone
combatir y sancionar activamente la comisión de delitos mediante la mejora de
los instrumentos con que cuentan las policías, los ministerios públicos y los
peritos investigadores, así como la capacidad del sistema penitenciario. Es
necesario establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e
internacional con la finalidad de mejorar el combate al crimen organizado,
particularmente el tráfico de drogas, de personas y de mercancía, delitos que
afectan considerablemente al desarrollo humano.
Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos
El segundo eje se relaciona con
el desempeño de nuestra economía, en el sentido de lograr mayores niveles de
competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo que es
fundamental para el Desarrollo Humano Sustentable. Del alcance de este objetivo
depende que los individuos cuenten en nuestro país con mayores capacidades, y
que México se inserte eficazmente en la economía global, a través de mayores
niveles de competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso.
El crecimiento económico
resulta de la interacción de varios elementos como: las instituciones, la
población, los recursos naturales, la dotación de capital físico, las
capacidades de los ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la
tecnología disponibles. Para que el desarrollo sea sustentable, la sociedad
debe invertir suficientemente en todos estos factores del sistema económico y
social.
La sustentabilidad de una
economía que crece a tasas elevadas se encuentra en la inversión en activos
físicos y en las capacidades de la población, así como en el crecimiento de la
productividad. Cabe enfatizar que la inversión en educación y salud tiene alta
rentabilidad social y contribuye significativamente al crecimiento económico.
Como lo demuestra nuestro
devenir económico en las últimas décadas, la estabilidad macroeconómica es
fundamental para generar inversión. Bajos niveles de tasas de interés,
inflación, endeudamiento y orden en las finanzas públicas son indispensables
para que sea posible traducir la actividad económica en fuentes de empleo.
Debido a la transición
demográfica, el aumento de la población en edad de trabajar representa una
gran oportunidad. Es necesario elevar la competitividad y lograr mayores niveles
de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan crear los empleos que
demanda este sector de la población. Ello redundará en un círculo virtuoso de
mayor ahorro e inversión relacionado con el ciclo de vida, ya que son los
individuos en edad de trabajar los que realizan el mayor ahorro.
Según establece este Plan, sólo
aprovechando esta situación con la debida oportunidad podremos mantener una
vida digna que enfrente adecuadamente el reto que representa un incremento de
la proporción de la población en edades avanzadas. Es evidente que el llamado
bono demográfico, que disfrutaremos por unos años más, debe aprovecharse como
palanca para el desarrollo.
Una estructura eficiente de
derechos de propiedad es condición necesaria para una economía vigorosa. Por
ello es indispensable que las leyes, normas y reglamentaciones que afectan de
distintas maneras la actividad económica estén diseñadas para fomentar la
productividad en México. Es igualmente necesario que exista la certeza de que
la normatividad correspondiente será aplicada por igual a todos los
ciudadanos, sin excepción.
La delimitación clara de la
participación económica del Estado, la garantía por parte de las autoridades
regulatorias de que el terreno de juego es parejo para todos los actores, así
como la acción expedita y efectiva del Gobierno para atender, dentro del
ámbito de sus atribuciones, cuestiones de la actividad económica de los
particulares, son elementos fundamentales de un entorno de competencia sana y
conducente a la inversión y a la actividad emprendedora en todos los niveles.
En ese ámbito, es clave el papel del Estado para garantizar la competencia
económica. La competencia se traduce en menores precios de los insumos y de los
bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de las familias.
La infraestructura constituye
un insumo fundamental para la actividad económica de un país. Esta es un
determinante esencial del acceso a los mercados, del costo de los insumos y de
los bienes finales. Asimismo, existen sectores que, por su importancia en el
ámbito de desarrollo regional y de generación de empleos, son fundamentales,
como el sector primario, las pequeñas y medianas empresas, la vivienda y el
sector turismo.
Finalmente, hay que mencionar
que el sistema financiero tiene un papel básico como interfase para el ahorro
y los proyectos de los emprendedores mexicanos. El proceso mediante el cual se
logra canalizar recursos a proyectos innovadores y se reducen costos de
transacción entre agentes económicos es otra forma de sustentabilidad del
sistema económico.
Este Plan considera estratégico
establecer condiciones para que México se inserte en la vanguardia
tecnológica. Ello es esencial para promover el desarrollo integral del país de
forma sustentable. Las nuevas tecnologías han abierto oportunidades enormes de
mejoramiento personal mediante mayor acceso a la información, han llevado a
avances médicos significativos, permiten mayor eficiencia en los procesos tanto
productivos como gubernamentales, y han permitido una mayor producción de bienes
y servicios empleando nuevos métodos de producción en todos los sectores de la
actividad económica. No aprovechar las nuevas tecnologías ni contribuir al
desarrollo de las mismas, no sólo implicaría dejar de lado una fuente
significativa de avance estructural, sino que repercutiría en una pérdida de
competitividad de la economía mexicana.
Eje 3. Igualdad de oportunidades
El tercer eje del Plan Nacional
de Desarrollo está relacionado con la igualdad de oportunidades. Cada mexicano,
sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe tener acceso a
genuinas oportunidades de formación y de realización. Esa es la esencia de la
igualdad de oportunidades y sólo mediante ella puede verificarse la ampliación
de capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos que más
lo requieren. El Desarrollo Humano Sustentable encuentra en dichos procesos la
base personal, familiar y comunitaria de su realización social.
Uno de los grandes retos a los
que se enfrenta una estrategia integral de desarrollo en un país como México
es eliminar el determinismo representado para muchos por sus condiciones al
nacer. Es decir, las políticas públicas en materia social deben responder al
problema de la pobreza como un proceso transgeneracional. La ruptura de este
ciclo constituye el punto de inflexión que se busca mediante el esfuerzo de
política pública que propone este Plan.
Lo anterior es aún más claro
cuando reconocemos que las desigualdades sociales son una realidad ancestral
en México: uno de cada cinco mexicanos no tiene asegurada la alimentación de
cada día. El hecho de que en nuestro país subsista una estructura económica y
social, en donde gran parte de la riqueza está en manos de unos cuantos,
expresa crudamente la inaccesibilidad de los beneficios del desarrollo para una
gran mayoría de la población, y es la realidad a la que el Estado deberá
responder con acciones que aseguren la igualdad de oportunidades. Ello entonces
deberá llevar a que los beneficios de una economía competitiva y generadora de
empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo mucho mayor de mexicanos.
Ante ello, es necesario que
podamos garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los
mexicanos tengan una vida digna. Esto supone que todos puedan tener acceso al
agua, a una alimentación suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda
digna, a la recreación y a todos aquellos servicios que constituyan el
bienestar de las personas y de las comunidades.
La igualdad de oportunidades
requiere de una planeación territorial que garantice un desarrollo
equilibrado. De igual manera, es necesario que cada mexicano tenga certeza
sobre la propiedad de la tierra y encuentre, consecuentemente, oportunidades
para tener una vida digna.
Una pieza importante de la ecuación
social la constituye el logro de una educación de calidad. Ésta formará el
talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y a su vez promoverá
el crecimiento económico.
Una educación de calidad debe
formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos
y técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la
capacidad de manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores. De esta
manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y una fortaleza personal
que les permita enfrentar y no caer en los problemas de fenómenos como las
drogas, las adicciones y la cultura de la violencia.
Se trata de formar ciudadanos
perseverantes, éticos y con capacidades suficientes para integrarse al mercado
de trabajo y para participar libre y responsablemente en nuestra democracia
mediante el cultivo de valores como la libertad, la justicia y la capacidad de
diálogo.
Finalmente, una mayor igualdad
de oportunidades tiene que ver también con políticas que permitan a una mayor
parte de la población urbana insertarse con éxito a la vida económica y social
de las ciudades en los años por venir. En efecto, los patrones de crecimiento y
de la migración implican que la proporción de población urbana continuará incrementándose,
así como lo ha hecho en el pasado, tanto en nuestro país, como en otras
naciones, a lo largo del proceso de desarrollo. Para garantizar que esto
suceda de manera ordenada y sin dislocaciones sociales se requiere de una coordinación
efectiva entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.
Eje 4. Sustentabilidad ambiental
Los recursos naturales son la
base de la sobrevivencia y la vida digna de las personas. Es por ello que la
sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una estrategia integral de
desarrollo humano. En primer término, una administración responsable e
inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para contar
con políticas públicas que efectivamente promuevan la sustentabilidad del
medio ambiente. Al mejorar las condiciones actuales de vida de la población
mediante el uso racional de los recursos naturales, aseguraremos el patrimonio
de las generaciones futuras.
La variedad de ecosistemas que
coexisten en el territorio nacional alberga una biodiversidad única en el
planeta. Es necesario reconocer que la depredación del medio ambiente en
México ha sido extremadamente grave en términos de su profundidad y consecuencias
sobre las condiciones de vida y las posibilidades de verdadero desarrollo del
país.
Este Plan Nacional de
Desarrollo propone que un primer elemento en el nivel de las políticas
públicas para preservar el medio ambiente sea la transversalidad. Ésta es
imprescindible para que una efectiva coordinación interinstitucional, así como
una verdadera integración entre sectores de gobierno, permitan llegar a
producir resultados cuantificables.
El objetivo de detener el
deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de aprovechar los
recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera. Avanzar en esa
dirección supone que se realicen análisis de impacto ambiental y que se
invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y
tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con
lo mismos recursos humanos, naturales y de capital se logre una mayor
productividad.
Para que México logre una
verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que se concilie el medio
ambiente con otras dos grandes áreas de sustentabilidad del desarrollo humano.
Éstas son la productividad y la competitividad de la economía como un todo.
Existen varias formas de lograr esa conciliación: una de ellas es la
realización de proyectos productivos que se vinculen a la restitución de áreas
naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios ambientales y
que permitan detener la pérdida de fuentes acuíferas, así como el avance de la
desertificación de nuestro territorio.
Otras acciones que propone este
Plan Nacional de Desarrollo bajo esta perspectiva tienen que ver con la
valuación económica de los recursos naturales, los apoyos económicos a los
dueños de bosques y selvas, el manejo racional del agua, el control efectivo de
los incendios forestales y la promoción del ecoturismo.
Finalmente, este Plan Nacional
de Desarrollo establece que la sustentabilidad ambiental exige que México se
sume con toda eficacia y con toda responsabilidad a los esfuerzos internacionales
por evitar que el planeta llegue a sufrir dislocaciones ambientales sin remedio,
como el calentamiento global. El desarrollo humano sustentable exige que
nuestro país, junto con las naciones del mundo, comparta plenamente el
principio de que los recursos naturales y la estabilidad climática representan
un bien público para toda la humanidad, ya que no se puede excluir a nadie de
su disfrute en ningún momento, y por lo mismo han de ser preservados con toda
efectividad.
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable
Un último eje de política
pública que propone este Plan Nacional de Desarrollo es el que abarca las
acciones en materia de democracia efectiva y política exterior. Es preciso
garantizar que los mexicanos vivan la democracia no sólo como procedimiento,
sino también como forma de vida. También es necesaria una política exterior
que, tanto en sus definiciones como en sus posiciones activas, logre
posicionar a México como un auténtico promotor del desarrollo humano.
Es fundamental que la realidad
tangible del sufragio efectivo en la vida de los mexicanos pase a constituir
una democracia efectiva, de modo que se reduzca la brecha que separa a los
ciudadanos y a sus representantes. Dicho de otra forma, aunque es sano y
necesario que la política nacional muestre la participación de los partidos y
las organizaciones políticas, México debe pasar ya a la ciudadanización de la
política. Sólo verificando esa condición de nuestra vida política se promueve
la rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos. Lo anterior
fortalecerá, en forma sustantiva, a la joven democracia mexicana.
Es imprescindible no perder de
vista que, aunque las políticas públicas y las instituciones obedezcan a
diseños y a programas novedosos, sólo un fortalecimiento de la vida democrática
que vitalice la participación de la sociedad en los asuntos públicos y en la
esfera política ampliamente considerada, logrará promover el verdadero
desarrollo.
Este Plan propone que el
ejercicio consciente de una ciudadanía participativa debe corresponderse con
una política exterior responsable, definida y activa que procure el desarrollo
humano de los mexicanos y de otros pueblos. Al mismo tiempo, es necesario que
México aproveche al máximo las ventajas que se derivan de tratados internacionales
suscritos en diversas materias.
En primer término, una política
exterior definida y activa debe ir más allá de los tratados comerciales.
Actualmente, un fenómeno de enorme relevancia entre las naciones es el que
tiene que ver no sólo con el intercambio de bienes y servicios, sino con el que
apunta directamente al flujo de personas por distintas razones.
De este último tema se
desprende una nueva agenda que es fundamental entender a la luz de la lógica
que describen las relaciones internacionales hoy día. El intenso proceso de
migración de personas, que pasan por todo tipo de peligros y vicisitudes para
llegar a su destino allende las fronteras mexicanas, es un enorme reto para
nuestra política exterior.
Es por ello que nuestra
política exterior debe esgrimir decididamente la defensa de los derechos de todas
las personas, independientemente de su estatus migratorio. El desarrollo de
los mexicanos, involucrados en cualquier actividad legítima y en pleno uso de
sus libertades, ha de ser correspondido con el mismo planteamiento respecto de
otros pueblos. Este Plan articulará estrategias y acciones específicas en la
búsqueda de defender y promover el interés nacional, definido como el interés
de todos los mexicanos, y considerará el desarrollo humano de los pueblos como
principio congruente y como postura estratégica de la política de México en el
ámbito internacional.
Sin embargo, la política
exterior no debe de circunscribirse sólo a la migración. La política exterior
debe contemplar un contexto internacional tan complejo como el nacional. Para
hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional, la
política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la
cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de
la paz entre las naciones.
Como se apuntó anteriormente,
la estrategia integral propuesta en este Plan está basada en grandes objetivos
nacionales y ejes de acción que guiarán la actuación de
Los recursos que serán
asignados para el logro de los objetivos nacionales, siguiendo las estrategias
y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contenidos en este
Plan, estarán determinados, en cumplimiento de
A este respecto, el documento
Criterios Generales de Política Económica para
Las proyecciones de recursos
tendrán ajustes anualmente de acuerdo con la evolución puntual que tenga la
economía mexicana, que por su naturaleza es imposible prever de manera exacta.
Asimismo, las proyecciones también se actualizarán en la medida que se
materialicen las acciones propuestas en este Plan y las que propongan otros
actores como los partidos políticos, los otros poderes federales, los
gobiernos locales y la sociedad en su conjunto. Dichos ajustes, en su caso,
tendrán que reflejarse en las estrategias y prioridades para el logro de los
objetivos nacionales contenidos en el Plan.
Eje 1. Estado de Derecho y seguridad
El progreso de toda nación se
funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho. El desarrollo
humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su
aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida,
participar libre y responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y
un patrimonio seguros. Ningún Estado democrático puede lograrse sin la plena
vigencia de la legalidad.
Además de ser un elemento
fundamental en la convivencia armónica de la sociedad, el respeto a la ley
constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. La vigencia
plena del Estado de Derecho favorece el crecimiento económico, pues disminuye
costos de transacción y, en general, mejora las posibilidades de atraer las
inversiones necesarias para la creación de empleos de calidad. A su vez, esto
permite elevar el nivel de vida de los ciudadanos y contribuye a reducir la
brecha de desigualdad, lo que es indispensable para alcanzar un desarrollo de
la población de manera sostenida.
La vigencia del Estado de
Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su
gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación
íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la
certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán
el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también
obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea
justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté
convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al
margen de ella.
México ha dado pasos importantes
para la consolidación de un auténtico régimen de libertades producto de la
democracia, pero queda aún pendiente la enorme tarea de garantizar a todos los
mexicanos la misma seguridad en sus personas y en sus bienes. También es
imperativo garantizar el acceso efectivo a la justicia y que ésta se aplique a
todos por igual. Ello resulta indispensable para la consolidación de una
verdadera cultura de la legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y
forme parte integral de la vida cotidiana.
La sociedad quiere un México en
el que haya leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que normen de
manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que la ley se
cumpla y se haga cumplir. En suma, la sociedad exige un Estado democrático de
derecho, con una sólida cultura de la legalidad, con certeza jurídica y
seguridad para todos.
En ese sentido, es necesario
impulsar la consolidación de una administración ética y eficaz, transparente y
responsable, que sea transparente y rinda cuentas, que combata y castigue la
arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la
participación ciudadana y amplíe los espacios de escrutinio social.
Es inaplazable fomentar la
cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el apego de los
servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan.
Hoy es tiempo de responder al
histórico reclamo de los mexicanos por una justicia real y expedita. Para ello
se debe impulsar una reforma que fortalezca los cimientos del Estado de
Derecho, que permita ampliar el impacto social del Poder Judicial, mejorando
sus respuestas a las demandas de los ciudadanos y aumentando la eficiencia y
eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia.
El Gobierno de
En este primer eje de política
pública, el Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos y estrategias para
garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, lo que es necesario para
proteger cabalmente la integridad y los derechos de las personas, así como para
propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo integral de México.
Estado de Derecho
Diagnóstico
La impunidad, la corrupción y
la simulación han sido obstáculos para el desarrollo del país a lo largo de su
historia. Esta distorsión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en
un ejercicio discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad
respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades.
De acuerdo con Transparencia
Internacional, en su Índice de Percepción de
Se requiere cohesión en los
esfuerzos y persistencia en las acciones para revertir estas tendencias
nocivas, así como la articulación de las medidas y reformas necesarias para
garantizar la plena probidad en el ejercicio del poder y el apego a la
legalidad en los ciudadanos.
Por otro lado, es necesario que
el sistema jurídico responda a las realidades sociales, económicas y políticas
del país. En particular, se requiere fortalecer la persecución del delito y la
impartición de justicia, brindando al Poder Judicial mejores elementos para hacer
más eficiente su labor, al introducir factores de equilibrio entre los poderes
de
El sistema de procuración e
impartición de justicia se ha ido modernizando a través de los años, principalmente
en lo referente a la independencia del Poder Judicial. Permanecen, sin
embargo, graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña, y que se
traducen en una mayor desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones
encargadas de protegerlos.
La percepción de la población a
la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha
deteriorado a través del tiempo.
De acuerdo con un estudio
especializado, las procuradurías de justicia en México se encuentran entre las
instituciones de menor prestigio ante los ciudadanos, lo cual está relacionado
con las cifras de efectividad: de cada 100 averiguaciones previas que se
levantan, sólo en 23 se concluyen las investigaciones; de éstas 23, menos de 12
se consignan ante un juez, y sólo en 3 de estos casos se dicta sentencia5.
Todo esto se refleja en el
incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la
disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante la comisión de
un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será
sancionado por la autoridad.
Otro aspecto destacable con
respecto al problema del marco jurídico es el relativo al Sistema
Penitenciario Federal. La ausencia de un marco constitucional y legal adecuado
se manifiesta en muchos casos en el abuso de la prisión preventiva de reos en
proceso de sentencia, así como la ausencia de métodos y procedimientos legales
para operar eficazmente un sistema retributivo de penas. En los centros
penitenciarios del país hay un número importante de internos cuyos casos
todavía están en proceso.
Las consecuencias de este
problema son un sistema carcelario que en muchos casos, lejos de ofrecer un
espacio de detención digno y respetuoso de los derechos humanos, son lugares
de corrupción e incluso centros de operación del crimen organizado.
El narcotráfico es una de las
manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los
altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que representa
a la salud física, emocional y moral de un importante número de mexicanos. De
acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones6,
del total de la población del país entre los 12 y 65 años de edad, el 5.03% ha
consumido drogas alguna vez en su vida, lo que equivale a más de tres y medio
millones de personas.
Es probable que dicho número
subestime la magnitud de la población que se ha visto afectada por este
problema, sobre todo considerando las acciones de los narcotraficantes en
colonias, parques y escuelas para inducir a más niños, jóvenes y adultos al
consumo de las drogas. El número de adictos a alguna droga o al alcohol en el
país se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Nadie duda del
gran daño y deterioro social que genera no sólo el tráfico, sino también el
consumo de drogas en México.
Junto a los altos niveles de
violencia y fragmentación social que genera, el narcotráfico es una industria
de alto valor económico. Ello simplemente convierte a la producción y
distribución de narcóticos en un negocio muy rentable para quienes están
involucrados. Ante ello, el Estado mexicano no puede ni debe renunciar a
combatir este problema con todos los recursos a su alcance.
Una modalidad reciente para la
comercialización de drogas es el narcomenudeo. Este método implica atomizar
los puntos de venta y el contacto directo con los consumidores. El narcotráfico
busca diversificar los canales de distribución y ampliar el número potencial de
adictos, además de invadir espacios públicos como escuelas, parques y lugares de
recreo.
La desarticulación de bandas
dedicadas al narcotráfico muestra un incremento importante en años recientes,
según la información proporcionada por
La información especializada en
la materia no fluye con la facilidad que debería entre las instituciones que la
requieren. Actualmente los diversos sistemas y bases de datos que conforman el
Sistema Único de Información Criminal del Sistema Nacional de Seguridad Pública
carecen de interconexión y de metodologías para el uso y explotación de la
información necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. Eliminar
duplicidades e ineficacias en el tema es una prioridad para el objetivo de
garantizar la seguridad.
La modernización de los
instrumentos con los que se cuenta para hacer efectivo el respeto a la ley y a
los derechos de víctimas y delincuentes es impostergable.
1.1 Certeza jurídica
Un sistema jurídico con
principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones
como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones o en
procedimientos largos y complejos, impacta negativamente en los niveles de
certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los ciudadanos de que las
leyes se cumplen.
Lo anterior genera no sólo
espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, sino la
falta de atención social a la legalidad al generar una percepción de aplicación
selectiva de la ley. Ello, a su vez, se traduce en obstáculos para el
desarrollo nacional. La certeza jurídica, a pesar de los diversos esfuerzos
realizados en el pasado, dista de ser óptima.
Resulta entonces fundamental
que el Gobierno Federal establezca estándares que permitan no sólo fomentar la
certeza jurídica, sino hacer predecible la aplicación de la ley mediante
estrategias que incidan en la reducción de la discrecionalidad de la autoridad
administrativa judicial, fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la calidad
del sistema de justicia y del ejercicio profesional de los abogados y, en
general, eleven la confianza ciudadana en las instituciones y fomenten una
cultura de la legalidad.
OBJETIVO 1
Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la
ley para toda la población.
ESTRATEGIA 1.1 Reducir
la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la
aplicación de las normas.
El fundamento básico para que
haya certeza jurídica y sea predecible la aplicación de la ley radica en que
los ciudadanos tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que
éstos conozcan los criterios básicos bajo los cuales se aplicará. Esto implica
que ni la autoridad administrativa ni la judicial puedan hacer distinciones en
atención a cuestiones personales, políticas o económicas. Para ello se
propondrán reformas sustantivas y procesales, algunas de ellas mencionadas más
adelante.
OBJETIVO 2
Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia
eficaz.
ESTRATEGIA 2.1 Hacer
más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento, profesionalización,
eficacia y transparencia de la defensoría de oficio, así como extender su
cobertura.
Las personas que menos recursos
económicos poseen son quienes en muchas ocasiones más resienten el peso de una
mala defensa o representación legal, ante la imposibilidad de pagar honorarios
a un abogado particular. Esto los sitúa en desventaja en la defensa de sus
intereses y derechos. El Estado tiene la responsabilidad de defender y
representar a quienes se encuentran en tales condiciones, bajo principios de
excelencia, profesionalismo, eficacia y honradez. Por ello, se fortalecerá y
extenderá la cobertura de la defensoría de oficio en su organización, funcionamiento
y presencia para que, en las diversas ramas procesales, se responda a los
propósitos de una verdadera justicia. Asimismo, se trabajará en la
profesionalización de los servidores públicos encargados de prestar este
servicio y en la actualización del marco jurídico que regula su función.
ESTRATEGIA 2.2
Combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición de justicia,
para ofrecer condiciones equitativas en la resolución de disputas.
Una de las múltiples
consecuencias negativas de la corrupción es que impide el acceso de todas las
personas a la protección de la ley en condiciones de igualdad. A lo largo del
proceso de impartición de justicia, hay espacios de discrecionalidad en los
que las personas ofrecen o se ven obligadas a dar sobornos para conseguir sus
fines, dañando la confianza en nuestras instituciones y condicionando para
quién la ley es aplicable o no. Es necesario erradicar estas prácticas para
avanzar en el acceso real y efectivo a la justicia.
OBJETIVO 3
Garantizar la protección a los derechos de propiedad.
Uno de los pilares del
desarrollo de un país y de la seguridad de los ciudadanos es la protección a
los derechos de propiedad. La ley debe garantizar a las personas, familias,
comunidades y empresas que las posesiones que han obtenido legítimamente no
habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio beneficio.
ESTRATEGIA 3.1 Mejorar
la regulación que protege los derechos de propiedad.
Se efectuará una mejora
normativa y se adoptarán nuevos estándares que aseguren un irrestricto respeto
a los derechos de propiedad. Lo anterior incluye materias como la
expropiación, la tenencia de la tierra, la propiedad intelectual, el
cumplimiento de contratos, así como los registros públicos de la propiedad y
del comercio.
La modernización y homologación
de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales y
rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades
inmuebles, son fundamentales para ofrecer la certidumbre jurídica que
necesitan las familias en aspectos tan relevantes como potenciar el valor de su
patrimonio, garantizar que pueda ser heredado o se pueda transmitir su dominio
sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que pueda apoyar
su mejor calidad de vida.
ESTRATEGIA 3.2
Proteger la propiedad intelectual.
Un delito extendido es la
violación a los derechos de propiedad intelectual mediante la piratería. Esto
desincentiva la innovación y destruye la motivación de emprendedores actuales
y potenciales. Se harán cumplir las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales en la protección de los derechos de autor y de las patentes, mediante
aseguramientos de mercancía y acciones de carácter preventivo en las aduanas,
para impedir el ingreso de productos ilegales al país.
1.2 Procuración e impartición de justicia
México necesita leyes que
ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes, para que los encargados de
hacer valer el Estado de Derecho actúen con firmeza y con honradez, sin
permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Es impostergable la
modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición
de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.
OBJETIVO 4
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco
normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
Distintos componentes integran
el proceso de transformación que requiere nuestro sistema penal. Entre los
principales elementos está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio
mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento
de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público,
principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de
expedientes.
ESTRATEGIA 4.1 Hacer
más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios
públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar
el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.
La procuración de justicia
requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con procedimientos
claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y especialización
de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales.
Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la ética y la
calidad con la que se desempeñan.
La iniciativa de reforma
constitucional que presentó el Ejecutivo recientemente, busca redefinir a la
policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que esté
facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos
relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de
facultades entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una
investigación más científica, objetiva y profesional, que jurídicamente
seguiría a cargo del Ministerio Público, pero que contaría con la
participación autónoma, en términos técnicos y funcionales, de la policía.
ESTRATEGIA 4.2
Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los
delitos asociados con la delincuencia organizada.
El reto que implica el
crecimiento y expansión del crimen organizado exige que las leyes e
instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la
realidad. Entre otras cosas, se implementarán nuevas medidas de investigación
y redistribución de las facultades entre los órganos judiciales y el Ministerio
Público, para que el sistema de procuración e impartición de justicia pueda
perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia organizada.
La propuesta de reforma al
sistema penal prevé como herramientas especiales en materia de investigaciones
de la delincuencia organizada las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de
comunicaciones privadas, que durante la investigación podrán ser autorizadas
por el Ministerio Público, de tal forma que estos instrumentos puedan ser
utilizados de manera oportuna. También se propone el establecimiento de un
mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, de manera oficiosa,
revise la legalidad de las intervenciones y los cateos.
Asimismo, se promoverá que las
conductas tipificadas como delincuencia organizada sean consideradas siempre
graves, para que den lugar a prisión preventiva.
ESTRATEGIA 4.3
Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las
víctimas de los delitos.
En la medida en que no se
garantizan los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia,
específicamente el resguardo de su identidad cuando denuncian, se inhibe la necesaria
participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la delincuencia. En
la red de telecomunicaciones para las instituciones de seguridad, conocida como
Plataforma México, se introducirá una línea especializada para la recepción de
denuncias anónimas. En un ambiente de inseguridad y desconfianza como el que
ahora se vive, la denuncia anónima constituye un aliciente para la colaboración
de la ciudadanía en el combate a la delincuencia. Tan importante como recibir
las denuncias, desde luego, será tener un sistema eficiente de seguimiento y
atención oportuna de las mismas.
Es una obligación del Estado
proteger a las víctimas y, desde luego, garantizar las mejores condiciones para
los ciudadanos que pueden declarar en los casos más delicados, más relevantes y
más peligrosos. Para ello se ha propuesto establecer la reserva de los datos de
las personas que denuncian hechos relacionados con el crimen organizado.
ESTRATEGIA 4.4
Promover la implementación gradual de juicios orales.
La impartición de justicia en
México se da a través de un proceso lento, ineficiente e impersonal basado en
la integración de expedientes escritos que daña los intereses y derechos tanto
de quien comete un delito como de quien lo padece. La oralidad en los juicios
ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias directas con los jueces
para conocer, presentar o contradecir las pruebas y argumentos del caso. Esto
reduce significativamente la duración de un litigio y con ello, su costo, que
muchas veces es determinante en la decisión de presentar o no una denuncia.
Asimismo, se reducen los espacios de opacidad en los que pueden ocurrir actos
de corrupción o discrecionalidad, lo que fortalece la confianza de los
ciudadanos en las instituciones y en actores encargados de la aplicación de la
ley.
ESTRATEGIA 4.5
Impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la
justicia.
Actualmente, los términos y
plazos procesales, así como el número de instancias por las que se puede pasar
durante un litigio, hace muy tardada la impartición de justicia, lo cual genera
incertidumbre en los ciudadanos. Por lo tanto, se propondrán reformas que
permitan agilizar los tiempos de resolución de controversias ante los órganos
jurisdiccionales. La adopción de juicios orales y de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos están asociados a esta estrategia.
Otro mecanismo propuesto es que
la prueba confesional se rinda con toda la información sobre sus
consecuencias, de manera libre y ante una autoridad judicial que garantice el
pleno respeto a los derechos fundamentales. Mediante un examen judicial sobre
la veracidad y legalidad del reconocimiento de responsabilidad, se podrá
impartir justicia con mayor celeridad.
ESTRATEGIA 4.6
Fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios
alternativos de resolución de conflictos.
Los litigios representan un
costo económico y social elevado para el Estado, así como para los
particulares. Para reducirlos, se promoverán y adoptarán medios alternativos
para solución de controversias como eje toral del sistema de justicia en
general, que permitirán además crear una conciencia y una actitud de diálogo y
conciliación, más que de confrontación, entre la sociedad. En muchos casos,
estos métodos resultan más apropiados, para los fines de la justicia, que la
imposición de una pena de prisión, al resarcir al agraviado el pleno goce de
sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la
restitución y no de la represión.
Estos mecanismos permiten que
el Estado centre sus capacidades institucionales en la persecución de aquellos
delitos que verdaderamente atentan contra el orden y la paz públicos. De manera
paralela, sirven para despresurizar el sistema judicial, cuya saturación es un
claro obstáculo para la impartición de justicia pronta y expedita.
ESTRATEGIA 4.7
Promover el Código Penal Único.
En México contamos con un
código penal y un código procesal penal por cada entidad federativa, más el
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Tal
diversidad legislativa resulta en contradicciones y vacíos legales que abren
espacios para la impunidad.
Por ello, la iniciativa de
reforma al sistema de justicia penal presentada por el Ejecutivo propone la
unificación legislativa, tanto en la tipificación de las conductas delictivas y
sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación y
ejecución. La adopción de tipos penales únicos para todo el país impacta
positivamente en la certeza jurídica.
La soberanía de los estados y
la vigencia del federalismo no se verán violentadas, pues la ley determinará
las competencias correspondientes y la facultad de organizar las instituciones
de procuración y administración de justicia se mantendrá como una facultad
reservada a las entidades federativas.
OBJETIVO 5
Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia
delictiva.
Es necesario que la sociedad
tenga la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea,
se impondrá una sanción proporcional a la conducta. Vivir en medio de la
violencia, ver como natural la impune comisión de los delitos no debe ser
parte de la cotidianidad. Si no se hace valer la ley a través de instrumentos
eficaces, los potenciales delincuentes perciben que el riesgo de recibir una
represalia es muy bajo, y la decisión de cometer un acto ilícito se vuelve
menos costosa, lo que aumenta los niveles de criminalidad.
ESTRATEGIA 5.1
Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno
para combatir la delincuencia.
Por mucho, la mayor incidencia
de delitos corresponde a los del orden común, cuya prevención y castigo están
a cargo de las autoridades locales. Vigorosamente, y con un sentido de
urgencia, se compartirán esfuerzos con los gobiernos de los estados y los
municipios en el marco de los organismos que para ello existen.
Esta estrategia de
corresponsabilidad será la clave para enfrentar con eficacia y contundencia a
la criminalidad. En el marco de un auténtico federalismo, se deberá establecer
una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar al Sistema
Nacional de Seguridad Pública la dimensión y proyección que motivaron su creación.
Por tanto, se establecerán mecanismos de coordinación efectiva con las
autoridades de las entidades federativas y de los municipios.
Todo ello se realizará con
absoluto respeto a las atribuciones de cada orden de gobierno, focalizando los
esfuerzos para restablecer la seguridad pública en todo el país y fortalecer
la presencia del Estado en las ciudades y poblaciones donde existe mayor
inseguridad.
El Sistema Nacional de
Seguridad Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora
de todas las autoridades, del Gobierno Federal, de estados y municipios, en su
esfuerzo conjunto para combatir a la criminalidad. Los esfuerzos y acciones
que el gobierno realice en materia de seguridad, además de reducir los índices
de delincuencia, deben verse reflejados en la percepción de la ciudadanía sobre
la seguridad, de modo que en 2012 la mayoría de la población declare que se
siente segura en su comunidad.
ESTRATEGIA 5.2
Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas
del combate a la delincuencia.
En materia de impunidad debe
ponerse especial cuidado para que los delincuentes que son capturados no
compren su libertad mediante sobornos, y que las investigaciones que estén en
curso no se detengan por negociaciones ilícitas.
ESTRATEGIA 5.3 Enfocar
el sistema de procuración de justicia en favor de la víctima, garantizando en
todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad.
Además de la eficacia y
honestidad de las instituciones públicas, sin la participación comprometida de
los denunciantes no se podrán abatir los niveles de impunidad. Se deben ofrecer
nuevas garantías a la integridad y a la seguridad de las víctimas de un delito
y acabar con su situación de franca indefensión.
En pocas ocasiones la víctima
tiene oportunidad de que se le resarza el daño o de contar con garantías que la
hagan partícipe de una justicia a la que tiene derecho. Esta situación debe
revertirse. También es necesario que las víctimas puedan actuar en los procesos
penales y defenderse contra resoluciones que pudieran lesionar sus intereses.
Se buscará la simplificación de los mecanismos para la presentación de denuncias
y querellas en cuanto a tiempos, trámites, requisitos y documentación.
Se implementarán medidas
cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas durante el proceso
penal. Si bien estas medidas ya son parte del ordenamiento jurídico, es
indispensable ampliarlas para proteger a la sociedad y evitarle un perjuicio
mayor. Se propone privilegiar la aplicación del arraigo, la prohibición de
salir de una demarcación territorial, la prohibición de acercarse a una o
varias personas, la restitución provisional de los derechos de las víctimas y
ofendidos, la vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones, el
aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito, la protección
de la integridad física y moral de las víctimas u ofendidos, los actos para garantizar
la reparación del daño y la caución para proteger los derechos de las víctimas.
Para garantizar la legalidad en
la aplicación de estas medidas, se otorgarán facultades a un órgano
jurisdiccional, cuyas características principales serán la independencia, la
imparcialidad, la legalidad y la objetividad en sus decisiones.
ESTRATEGIA 5.4
Combatir y sancionar con mayor severidad la violencia de género.
En México aún existe una
cultura que discrimina a la mujer y que favorece el entorno de acoso y de
violencia que padecen millones de mujeres. En el marco de la aplicación de
Con esta ley, se harán valer
compromisos internacionales signados por México a través de ordenamientos como
OBJETIVO 6
Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar
la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.
ESTRATEGIA 6.1
Modernizar el sistema penitenciario.
Se recuperará el sentido
original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos
responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para
asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice
la seguridad al interior de los mismos.
Se establecerá tanto la figura
de juez de ejecución de sentencia, como la reorganización estructural y
territorial de los centros penitenciarios, vía el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Asimismo, se adoptarán lineamientos y metodologías
operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil
criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a
partir de una efectiva vigilancia de los internos. Se promoverán también los
convenios necesarios para que los sentenciados cumplan sus penas en centros
penitenciarios de otro fuero, pues actualmente los sentenciados del orden
común pueden compurgar sus penas en centros federales, pero no a la inversa.
Frecuentemente se olvida que
junto con el castigo por la comisión de delitos, la confinación en penales debe
tener el propósito de propiciar en los reos la recuperación de valores éticos,
su formación integral y su reintegración a la sociedad una vez cumplida la
pena. Resulta necesario el compromiso de los tres órdenes de gobierno para
trabajar de manera coordinada en el perfeccionamiento de los mecanismos de
readaptación y rehabilitación de los delincuentes.
ESTRATEGIA 6.2
Combatir la corrupción al interior de los centros de readaptación social.
Se combatirá la corrupción en
las instalaciones penitenciarias federales y locales, para terminar con los
privilegios que disfrutan algunos de los reclusos y que van en perjuicio del
resto. Se reforzará la vigilancia para detectar y eliminar los mecanismos
mediante los cuales los criminales continúan operando sus redes de delincuencia
desde el interior de los centros penitenciarios. Esto incluye vigilar el
comportamiento del personal encargado de la seguridad, para castigar a quienes
se corrompen y facilitan la operación delictiva intramuros.
En el caso de la delincuencia
organizada, se propone que se exceptúe el derecho consistente en solicitar que
la pena se compurgue cerca del domicilio del reo, lo que responde a la
necesidad de que los miembros de grupos de crimen organizado sean recluidos en
centros penitenciarios que cuenten con la seguridad y las instalaciones
necesarias para la protección de su integridad y para la disminución de los
riesgos de fuga o violencia interna.
ESTRATEGIA 6.3
Reconstruir los mecanismos de caución y readaptación social.
La sobrepoblación en los
centros de reclusión es un obstáculo para la aplicación de la ley en su interior
y para garantizar condiciones dignas a los reclusos. Además de las estrategias
encaminadas a reducir el tiempo necesario para dictar sentencia, se diseñará y
aplicará un nuevo esquema de prisión preventiva, y se facultará al juez para
imponer medidas cautelares durante el desarrollo del proceso. Se analizará la
pertinencia de medidas alternativas como la vigilancia electrónica, el arraigo
territorial, la caución, la vigilancia a cargo de determinada gente o instituciones,
y el sometimiento a instituciones de educación, entre otras.
1.3. Información e inteligencia
Ante el reto de preservar la
seguridad del país, se requiere articular un sistema de homologación de
información para el intercambio, en tiempo real, de datos de audio, video y
texto sobre el crimen, estadísticas delictivas y registro del personal de
seguridad pública. Lamentablemente, en México aún no se cuenta con sistemas homologados
a lo largo del territorio nacional y entre los distintos órdenes de gobierno.
El intercambio fluido y oportuno
de información entre los cuerpos de policía es indispensable para una eficaz
prevención del delito y una adecuada coordinación de esfuerzos en su combate.
Interrelacionar e interconectar los sistemas de información y de
telecomunicaciones de las corporaciones policiales en los tres órdenes de
gobierno, para generar métodos uniformes de actuación, información, reporte y
archivo localizados en bases de datos de acceso común, facilitará las
investigaciones, operativos conjuntos y generación de inteligencia policial
compartida.
OBJETIVO 7
Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente
las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la
disponibilidad de información confiable y oportuna.
ESTRATEGIA 7.1 Desarrollar
e implementar sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para
el combate a la delincuencia.
Se consolidará el Sistema Único
de Información Criminal para concentrar y compartir datos relevantes del
fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como los registros
de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de operación. Se
desarrollará también una red de interconexión que permita la transmisión de
datos, voz e imagen para que esta información pueda compartirse oportunamente.
Ello será clave para integrar a los gobiernos federal, estatal y municipal en
un solo frente en la lucha contra la delincuencia. Será muy importante disponer
de sistemas de comunicación avanzados con plataformas tecnológicas compatibles.
Igualmente importante será el compromiso por parte de las autoridades de los
tres órdenes del gobierno para actualizar permanentemente las bases de datos de
inteligencia policial.
ESTRATEGIA 7.2
Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de inteligencia en el Gobierno
Federal
Las herramientas tecnológicas
que se desarrollarán en materia de información, serán base para que las
diferentes instituciones avancen en su labor de generar inteligencia. El
Gobierno Federal promoverá el fortalecimiento de los centros y sistemas de
inteligencia para que apoyen la profesionalización de la investigación en el
combate a la delincuencia y el crimen organizado, así como en la mejora de la
averiguación previa del proceso penal.
1.4. Crimen organizado
No se debe permitir que ningún
estado de
Los recursos producto del
narcotráfico dan a las bandas criminales un poder enorme para la adquisición
de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de
comunicación, así como equipamiento que con gran frecuencia supera al de los
cuerpos policíacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos
asociados a dicha actividad. Por eso es necesaria la colaboración de las
Fuerzas Armadas en esta lucha.
OBJETIVO 8
Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social
mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del
crimen organizado.
ESTRATEGIA 8.1 Aplicar
la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que
han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras
organizaciones delictivas.
El Gobierno está determinado a
reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y
posteriormente eliminar los plantíos de enervantes e interceptar cargamentos de
droga por tierra, mar y aire. Se destinarán los recursos necesarios para
modernizar
ESTRATEGIA 8.2
Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres
órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo.
Cada delincuente que se
captura, cada sembradío que se erradica, cada red de narcomenudeo que se
desintegra es una posibilidad más de desarrollo para los jóvenes de México. Se
implementarán operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes de
gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, así como un
sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribución
de drogas y laboratorios clandestinos.
ESTRATEGIA 8.3
Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y
combate al lavado de dinero de procedencia ilícita.
La capacidad económica del
crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la
justicia. Una de las estrategias más efectivas en la lucha contra esta perniciosa
actividad es la que se orienta a golpearla en su abastecimiento de recursos
económicos. Se intensificarán las acciones específicas en contra del lavado de
dinero en México.
ESTRATEGIA 8.4 Desarticulación
de cadenas delictivas mediante la destrucción de los nodos de creación de
valor.
Se propiciará la
desarticulación de organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza
económica de sus actividades mediante la destrucción de los elementos que les
permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano.
1.5 Confianza en las instituciones públicas
La corrupción y la ineficacia
de las instituciones generan impunidad y lesionan la credibilidad y la
confianza ciudadana en el gobierno. Toda actuación de la autoridad fuera del
orden legal lesiona los derechos ciudadanos, ya sea por el abuso en el
ejercicio del poder público, o bien, por la omisión en la aplicación de la ley.
México necesita que sus
ciudadanos confíen plenamente en el sistema jurídico y en el desempeño de las
instituciones de justicia y de gobierno. Ello es fundamental para reforzar la
alianza entre el gobierno y la sociedad en la lucha contra la impunidad y la
corrupción.
OBJETIVO 9
Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas,
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia.
ESTRATEGIA 9.1
Impulsar la vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas en
todos los ámbitos de la actividad nacional.
El marco jurídico vigente debe
mejorarse a efecto de permitir el desarrollo de la sociedad, por la vía del
respeto, la armonía y la productividad. Adicionalmente urge su transformación
como punto de partida para recuperar la confianza social, ya que la ciudadanía
sólo cambiará su percepción si advierte que las leyes se modernizan en su
favor.
Para alcanzar este objetivo, el
Gobierno Federal impulsará las reformas necesarias para dar certeza, claridad
y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan ante las
instancias de
ESTRATEGIA 9.2
Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos que reciben
los ciudadanos.
Al ser éste el nivel más
directo de interacción entre ciudadanos y gobierno, debe ser el que brinde
resultados más claros en materia de transparencia. Se identificarán los
trámites en los que más frecuentemente se dan sobornos o se paga por la ayuda
de un intermediario, y se implementarán mecanismos de monitoreo y asesoría a
los ciudadanos para que todas las personas reciban servicios de calidad sin
distinción alguna y sin espacio para la corrupción. Sólo de esta forma podrá
recuperarse verdaderamente la confianza ciudadana en la acción gubernamental.
ESTRATEGIA 9.3
Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y difundir de
manera oportuna la información pública gubernamental.
La expedición de
El compromiso es no sólo
responder a las solicitudes de acceso a la información. Es necesario también
emprender acciones para dar a conocer aquélla que sea de interés general,
mediante campañas de difusión y divulgación, que sean ajenas a intereses
personales o partidistas.
ESTRATEGIA 9.4
Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética
profesional de los servidores públicos.
Se fortalecerá la
profesionalización de los servidores públicos para que además de los conocimientos
y la ética necesarios, tengan un claro compromiso institucional de servicio que
garantice la atención adecuada de los ciudadanos.
Se promoverá el valor del
servicio público como una función que antepone los intereses de la comunidad a
los intereses particulares y personales. Se trabajará en el mejoramiento del
diseño curricular de la función pública, para garantizar que ingresen a ésta
únicamente aquellos candidatos que, además de las competencias profesionales,
demuestren su probidad y guíen sus acciones estrictamente en el marco de la
legalidad.
ESTRATEGIA 9.5
Reforzar los procesos y mecanismos necesarios para que, sin excepción, los
servidores públicos cumplan la ley.
Existe plena conciencia de que
algunos servidores públicos aprovechan su función para buscar beneficios
indebidos. Las prácticas del nepotismo, “amiguismo” y “compadrazgo” permiten
mantener en el servicio público a personas que carecen del perfil necesario
para desempeñar los cargos que les son asignados. Se procederá con equidad y
con toda firmeza, para impedir estas prácticas a través de la consolidación
del servicio de carrera, de mejorar los procesos de selección de servidores
públicos de confianza y de la construcción de acuerdos con los organismos
gremiales de los trabajadores sindicalizados.
ESTRATEGIA 9.6
Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de
cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los
recursos federales.
Crear los mecanismos y
propiciar las reformas legales necesarias para que tanto las administraciones
estatales como las municipales estén obligadas a explicar puntualmente cómo
invierten los recursos que reciben por parte de
OBJETIVO 10
Combatir a la corrupción de forma frontal.
ESTRATEGIA 10.1
Promover una cultura anti-corrupción.
El Gobierno Federal
implementará todos los programas, estrategias y acciones necesarias, coordinándose
con las instancias internacionales y nacionales, públicas, privadas y sociales
que quieran apoyar la campaña en favor de la honestidad en el servicio
público. Es imperativo que la transparencia se vuelva parte integrante de la
cultura cívica, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y
comportamientos de empresarios, sociedad civil, partidos políticos,
organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general.
La cultura de la transparencia
debe fomentarse desde la familia y en el ámbito educativo para impulsar la
formación de una ética en los niños y jóvenes.
ESTRATEGIA 10.2
Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en
comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social.
Uno de los beneficios de la
transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades
responsables de la sanción de las malas prácticas de los servidores públicos
efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o delictiva, de manera que la
ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la
corrupción.
Por disposición de la ley, no
todas las sanciones incluyen la destitución del servidor público, por lo cual
los empleados sancionados pueden seguir laborando en ocasiones protegidos por
el propio marco jurídico o sus organismos gremiales. Se ampliará la difusión de
las sanciones administrativas y penales que las autoridades competentes
impongan a los malos servidores públicos, como ejercicio de rendición de
cuentas y estrategia disuasoria de nuevas conductas ilícitas.
ESTRATEGIA 10.3
Reducir los trámites burocráticos con la finalidad de abatir la discrecionalidad.
Según Transparencia Mexicana, en
su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005-2006, los hogares
mexicanos que declararon haber pagado sobornos o “mordidas”, gastaron en
promedio 177 pesos cada uno, lo que implica poco más de 19 mil millones de
pesos anuales en pérdidas para las familias, por lo que es innegable la
necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas para
inhibir actos de corrupción y mejorar los servicios públicos.
Los procedimientos
administrativos, que incluyen multitud de trámites a realizar por los
particulares, son confusos y en ocasiones los ciudadanos tienen que realizarlos
en oficinas diversas y alejadas unas de otras. Esto implica altos costos para
el interesado, motivo por el cual se propicia la corrupción y la
improductividad, por la pérdida de miles de horas hombre.
La existencia de procedimientos
complejos abre espacio para intermediarios que simplifican los procesos a
cambio de una remuneración económica. Es por esto que se ampliarán los programas
de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la administración
pública, procurando que los cambios tengan un impacto directo en el combate a
la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción.
ESTRATEGIA 10.4
Consolidar el esquema de trabajo de los órganos internos de control para
disminuir los riesgos de corrupción y opacidad en el sector público.
Los órganos de inspección,
verificación y control no han consolidado los objetivos anti-corrupción que se
les han asignado, ya que no han desarrollado de manera suficiente su capacidad
para prevenir conductas irregulares y orientar a los servidores públicos para
reducir las faltas por ignorancia. Ciertamente, los citados órganos no tienen,
en ocasiones, los recursos suficientes para el eficaz desempeño de su función. Por
ello se deben buscar las mejores prácticas para un óptimo aprovechamiento de
los recursos y expandir su actividad a los aspectos sustantivos de la
operación de las dependencias y entidades de la administración.
Al mismo tiempo, debe
consolidarse un sistema preventivo de actos de corrupción en los propios
órganos de control, situación previsible si se considera la relevancia de sus
funciones y su presencia en todos los ámbitos del quehacer gubernamental. De
esta forma, deberá instrumentarse un procedimiento riguroso de rotación de los
titulares de las áreas correspondientes.
ESTRATEGIA 10.5
Fortalecer los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción.
El costo de la corrupción
existente en el país es muy alto, tanto en términos económicos como en el daño
que causa a los valores y principios éticos de las personas y las instituciones.
Es correcta la apreciación ciudadana respecto de la corrupción que subsiste en
una proporción significativa de la actividad pública y privada.
Lo anterior se entiende si se
advierte que los mecanismos e instancias de control existentes no están
orientados a detectar específicamente prácticas de corrupción, y se abocan
primordialmente a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad. Los
mecanismos que permitirían controlar y mejorar sistemáticamente los procesos
de trabajo y organizacionales para transparentar y hacer eficiente la
prestación de los servicios públicos son deficientes, además de que subsiste
el enfoque correctivo, lo que sigue ocasionando grandes pérdidas de recursos.
El Gobierno Federal no sólo
continuará con mayor rigor los sistemas preventivos y correctivos que han
mostrado su eficiencia, sino que se ampliarán las estrategias y acciones para
abatir los índices de corrupción y generalizar el apego a la legalidad en el
ejercicio del servicio público. Asimismo, propiciará la colaboración de la ciudadanía
para evitar y, en su caso, sancionar las conductas ilegales.
ESTRATEGIA 10.6 Crear
y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que
incurran en prácticas ilícitas.
Aun cuando la participación
ciudadana se ha incrementado por medio de mecanismos como los sistemas de
quejas y denuncias, éstos han sido insuficientes y limitados para atender
debidamente los intereses de la población.
Se facilitará a la ciudadanía
la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y
electrónicos, e incluso de forma anónima, otorgándole seguridad y, en su caso, protección
personal a los testigos que permitan la sanción de servidores públicos
corruptos.
Las facilidades que el Gobierno
Federal dará a la ciudadanía para la formulación de quejas, denuncias e
inconformidades, también incluirán estímulos materiales y reconocimientos
cuando se aporten las pruebas suficientes para la sanción de los responsables.
1.6 Cultura de la legalidad
El Estado de Derecho de un país
se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la
legalidad en la sociedad. El respeto a la ley es un valor que se debe fomentar
en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia
social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Si la idea
del Estado de Derecho no se traduce en un sistema normativo de cuya aplicación
se deriven beneficios o costos tangibles, es difícil que la propia cultura de
la legalidad llegue a permear en la conciencia de las personas y de las
comunidades.
Para los ciudadanos, la cultura
de la legalidad significa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones
que la ley les impone para garantizar la convivencia social y, por otra parte,
que el ejercicio de sus derechos se realice en apego a las disposiciones
legales.
Además, la cultura de la
legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las autoridades
el cumplimiento puntual de la ley; esto es, denunciar las irregularidades,
abusos y actos ilícitos.
OBJETIVO 11
Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.
ESTRATEGIA 11.1
Reforzar el diseño e impartición de programas educativos para la población,
orientados a reforzar la cultura cívica, el apego a la legalidad y el
conocimiento del derecho.
La frecuencia y gravedad de las
violaciones a la ley han minado los valores de responsabilidad social y civismo
entre la ciudadanía.
Lo más lamentable es que este
abandono del principio de apego a la ley, afecta la conciencia de niños y
jóvenes acerca de los valores esenciales de la convivencia humana, lo cual pone
en riesgo la esperanza de una real vigencia del Estado de Derecho en los años
por venir.
Por eso, se emprenderán
acciones decididas para recuperar y fortalecer la enseñanza del civismo, la
historia nacional y el derecho en la educación de la niñez y la juventud.
Asimismo, se convocará a las familias, las organizaciones civiles, laborales,
gremiales y religiosas, los partidos políticos, y especialmente a los medios de
comunicación, a emprender y respaldar una campaña permanente de revalorización
de la cultura de la legalidad, de la que el Gobierno de
ESTRATEGIA 11.2
Promover una mayor profesionalización de los abogados.
Se estima que cualquier
proyecto de mejora sustantiva y procesal del actual orden jurídico debe pasar
forzosamente por la mejora en la educación y ética de los profesionales del
derecho, tanto al servicio de los particulares como del gobierno. Por lo tanto,
se adoptarán estándares que permitan la profesionalización de los abogados,
como la colegiación obligatoria y el seguimiento de códigos de ética y de conducta,
entre otros.
Un gobierno que pretende
garantizar una irrestricta aplicación de la ley necesita de profesionales del
derecho con la mejor formación posible y con un estricto apego a códigos de
conducta ética. Se determinarán estándares mínimos para la selección y
capacitación de los abogados que integran
1.7. Derechos humanos
México participa en el objetivo
universal de difundir y proteger el pleno goce de los derechos humanos. Por eso
ha promovido la creación de organismos que se encargan de velar por ellos,
tanto en el orden federal como en los estados de
Asegurar el respeto a los
derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución
en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea
posible prevenir su violación.
Ello requiere, en consecuencia,
tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares
internacionales en la materia.
OBJETIVO 12
Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su
promoción y defensa.
ESTRATEGIA 12.1 Actualizar
el marco normativo para responder a las demandas y necesidades de una sociedad
cada vez más preocupada por el respeto a los derechos fundamentales de los
individuos.
El Gobierno de
ESTRATEGIA 12.2
Establecer un programa en
Se debe asegurar el respeto a
los derechos humanos en toda
Se identificarán las
violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de los servidores
públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las recomendaciones, con
el fin de priorizar las acciones de las dependencias en este sentido.
ESTRATEGIA 12.3
Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus
derechos humanos.
Modificar el enfoque de las
políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, superando la
visión que pretende únicamente restituir el goce de los mismos, para privilegiar
un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. Esta nueva orientación
resulta particularmente importante en el caso de miembros de grupos
vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los
enfermos y cualquier otro grupo social que, por sus características, se
encuentre expuesto a la violación de sus derechos humanos.
ESTRATEGIA 12.4
Promover campañas para difundir el alcance de los derechos humanos, de manera
que todos los ciudadanos los conozcan y exijan su respeto.
Realizar campañas informativas
que den a conocer los derechos fundamentales y prevengan a la población acerca
de los actos que constituyen una violación a los mismos, así como los
mecanismos y órganos existentes para su denuncia y sanción.
Estas campañas harán hincapié
en la no discriminación, el respeto y la aceptación de la diversidad, así como
la tolerancia y la pluralidad.
Seguridad nacional
Diagnóstico
Salvaguardar la integridad del
territorio y preservar la soberanía de la nación es objetivo y obligación
irrenunciable del Estado mexicano. La larga lucha por erigirnos en una nación
libre, en una nación de derecho no puede entenderse sin las Fuerzas Armadas.
México ha depositado en las
instituciones militares la enorme responsabilidad y el gran privilegio de ser
garantes de la seguridad, de la soberanía nacional y de la protección de los
intereses de la nación. Los retos que hoy enfrenta el país son grandes y
exigen la entrega de quienes tienen el honor y la gran responsabilidad de servir
al pueblo de México.
Las Fuerzas Armadas representan
una de las instituciones más admiradas y respetadas por los ciudadanos. Son
también una fuerza para la estabilidad y el progreso de México. Defienden y
salvaguardan los valores supremos de la patria: la paz, la unidad, la
justicia, la seguridad, la libertad y la soberanía. En mediciones sistemáticas
sobre confianza en las instituciones, las Fuerzas Armadas han sido calificadas
muy positivamente de manera permanente7.
La credibilidad que se ha
ganado se refleja en el respaldo ciudadano a su intervención en la lucha
contra el narcotráfico. Casi el 90% de la población está de acuerdo en que el
ejército tome parte en esta batalla8. Actualmente, la economía de los cárteles se
ha visto afectada por los cambios estructurales en el mercado internacional de
las drogas, lo que explica, en parte, el reciente aumento de la violencia
relacionada con el narcotráfico. Dada esta coyuntura, recuperar la normalidad
en el respeto a la ley y la convivencia social ordenada, requiere que el Estado
emplee los recursos con los que cuenta para combatir al narcotráfico, y la
participación de las Fuerzas Armadas es uno de los más valiosos.
Sin embargo, la confianza
ciudadana necesita resultados claros para consolidarse. Estas instituciones
deben responder, dentro del marco de sus facultades, a su compromiso como
garantes de la seguridad nacional, defensa del territorio y, en materia de
combate al narcotráfico, con pleno apego a los derechos humanos.
Una condición fundamental en la
política de seguridad nacional consiste en garantizar el orden y la legalidad
de los flujos migratorios, comerciales o de cualquier tipo, en los más de
Las tendencias a nivel global
en las últimas décadas indican un creciente dinamismo en el desplazamiento de
bienes, servicios y personas a lo largo de la geografía del orbe, y por la
aparición de nuevas tendencias sociales que representan presión para las
franjas fronterizas de México. Esto ha propiciado que estas zonas se conviertan
en un escenario de transgresiones a la ley, y en un amplio campo de acción para
el crimen organizado nacional e internacional.
En la frontera sur, los flujos
migratorios indocumentados son una constante, lo que representa un mercado de
ganancias enorme para los traficantes de personas. Durante el año 2006 se
aseguraron a más de 182 mil extranjeros sin documentación en todo el país, de
los cuales el 62% se localizó en los estados de Chiapas y Tabasco9.
Asimismo, existe en la región la presencia de pandillas delictivas juveniles y
cárteles del narcotráfico que, aprovechando la extensión y porosidad de la
frontera, generan violencia e inseguridad.
A los problemas de traficantes
de personas, en la frontera norte se agregan con intensidad las organizaciones
criminales del narcotráfico y el contrabando de armas. La mayor parte de las
armas que circulan en el país de manera ilegal ingresan por la frontera con
Estados Unidos.
Entre 2001 y 2006, en la
seguridad de la frontera norte se emplearon más de 1,900 miembros del ejército
al año, mientras más de 1,700 se ubicaron en la frontera sur anualmente.
Desafortunadamente, esto no ha sido suficiente para evitar que los límites
territoriales se vean violados por el contrabando y el narcotráfico.
1.8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio
Garantizar la integridad del
territorio nacional es fundamental para el progreso de México. Las fronteras,
mares y costas del país no deben ser una ruta para la acción de los criminales.
No se debe permitir que el territorio nacional sea utilizado para consumar
acciones que atentan contra la vida, la salud, la integridad física y el
patrimonio de los mexicanos.
Por otro lado, la conformación
geológica del territorio y las condiciones climáticas de las distintas
regiones, así como los fenómenos naturales como terremotos, tormentas,
ciclones, inundaciones e incendios forestales representan un riesgo permanente
a la seguridad de la población. Se trabajará para minimizar la vulnerabilidad
de la población ante estos fenómenos.
OBJETIVO 13
Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el
patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.
ESTRATEGIA 13.1
Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante la actualización,
el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin de garantizar el
resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las fronteras terrestres
y marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.
Como ya se ha hecho desde el
principio de este gobierno, se brindará apoyo a las Fuerzas Armadas para
disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de
capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de
sus misiones. La solvencia económica del crimen organizado le permite acceder
al mercado negro de armas y a la compra de información, entre otras cosas. Hoy
la tarea es impedir que las Fuerzas del Estado sean rebasadas en este aspecto.
ESTRATEGIA 13.2 En el
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, fortalecer la concurrencia de
las Fuerzas Armadas y de los gobiernos estatales y municipales en la preparación,
ejecución y conducción de los planes de auxilio correspondientes.
En corresponsabilidad con los
gobiernos locales, el Gobierno Federal seguirá dando prioridad a los programas
del Sistema Nacional de Protección Civil, como el Plan DN-III y el Plan
Marina, entre otros, para acudir con la mayor celeridad a los lugares azotados
por las fuerzas de la naturaleza. Se revisarán cuidadosamente los
procedimientos para asignar los recursos del FONDEN a las autoridades
correspondientes y la entrega de apoyos a la población con la agilidad que esta
materia requiere. Se trata de una esfera en la que se debe acabar con
cualquier forma de burocratismo que obstaculice la ayuda a la que por ley
tienen derecho los ciudadanos afectados por estos fenómenos. De forma complementaria,
se mejorará el registro y la divulgación oportuna de información sobre los fenómenos
meteorológicos, con el fin de alertar a la población y evitar la pérdida de
vidas humanas.
1.9. Seguridad fronteriza
Se atenderá especialmente el
reordenamiento de las fronteras para hacer de estas regiones lugares más
prósperos y más seguros. Las fronteras deben ser puertas para el desarrollo,
no para la delincuencia.
La situación en la frontera sur
requiere especial atención, ya que el menor desarrollo económico en esa región
crea situaciones proclives a la comisión de actos ilícitos. Se buscará que
esta zona sea un ejemplo de cumplimiento de la ley, al tiempo que se respeten
íntegramente los derechos humanos de todos.
OBJETIVO 14
Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el
respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de
los migrantes.
ESTRATEGIA 14.1
Integrar unidades mixtas de policía compuestas por
La problemática de las
fronteras en materia de seguridad requiere de la acción coordinada de los
diferentes cuerpos policíacos que operan en la zona, para tener una cobertura
más amplia de vigilancia y mayor capacidad de respuesta, y eliminar
duplicidades. Las estrategias de seguridad fronteriza se deben enfocar a la
protección de los migrantes y de la población de estas zonas, que está expuesta
a grupos de contrabandistas y traficantes de personas y de drogas.
ESTRATEGIA 14.2 Crear
canales para el intercambio de información y de estrategias en materia de
seguridad fronteriza.
Con los países vecinos del
norte y del sur se trabajará conjuntamente para afinar mecanismos de
intercambio de información que permitan controlar adecuadamente el tránsito de
personas entre un país y otro, para proteger los derechos de los migrantes y,
al mismo tiempo, para cerrar el paso a la delincuencia y el terrorismo
internacionales.
1.10. Cooperación internacional
La seguridad, la lucha contra
el terrorismo y la delincuencia organizada son temas que adquieren cada vez
más relevancia en la agenda de los países. México mantendrá su disposición a
la cooperación con otros países para el impulso a la seguridad, privilegiando
en todo momento el respeto al derecho internacional, la libre determinación de
los pueblos y la soberanía de los estados.
OBJETIVO 15
Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos
nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.
ESTRATEGIA 15.1
Promover la cooperación internacional para hacer frente a la delincuencia
organizada, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la
igualdad jurídica de los estados.
La seguridad de las naciones es
vulnerada por el constante tráfico de armas, drogas y personas, así como por
quienes expresan mediante la violencia sus desacuerdos ideológicos. Siendo la
seguridad un valor que debe ser procurado sin descanso, el Estado mexicano
privilegiará la colaboración con otras naciones en esta materia.
ESTRATEGIA 15.2
Promover esfuerzos de colaboración e intercambio de información para combatir
al tráfico y consumo de drogas con los países que tienen una alta demanda de
estupefacientes.
Por mucho tiempo, la lucha
internacional contra el narcotráfico ha privilegiado la represión de su
producción y transporte, con un enfoque dirigido principalmente a los países
donde se producen las drogas. La creciente vitalidad de las organizaciones
internacionales de narcotraficantes y su arrojo para enfrentar incluso al
poder de los Estados ponen en evidencia que la estrategia ha sido
insuficiente. Hace falta intensificar el combate contra el tráfico y consumo de
drogas en los países que tienen más demanda. La ubicación fronteriza de México
con el mercado más grande de drogas ilícitas del mundo incrementa el valor
estratégico del territorio para el crimen organizado. Al tiempo que México
reitera su compromiso de seguir cumpliendo la parte que le corresponde, impulsará
el fortalecimiento al combate del tráfico de estupefacientes mediante la
participación responsable de los países involucrados en toda la cadena, desde
la producción hasta el consumo. El intercambio de información será parte
esencial de este esquema de cooperación.
ESTRATEGIA 15.3
Establecer acuerdos de colaboración en materia de combate al tráfico de armas
con los países de origen.
La delincuencia organizada se
distingue por tener a su alcance equipo y armamento sofisticados para llevar a
cabo sus fines. De ahí la importancia de trabajar, en el marco del derecho
internacional, en el establecimiento de mecanismos de cooperación para
controlar la producción, circulación y venta de armas en los países fabricantes.
En cuanto a la responsabilidad
de México, se debe integrar un padrón confiable y actualizado de armas de
fuego en el país, disminuir el número de artefactos provenientes del contrabando
y retirarlos de circulación. Esto implica transparentar el registro de armas
del gobierno y crear una normatividad que comprometa a las autoridades
estatales a facilitar la inspección de armamento. Asimismo, se requiere la
coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que la población entregue
armas provenientes del mercado negro e instrumentar un programa permanente
para la destrucción inmediata de equipo decomisado.
ESTRATEGIA 15.4
Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y el
tráfico de personas.
El traslado ilegal de personas
a través de las fronteras, la contratación no reglamentada, la prostitución, la
pederastia y la pornografía infantil han dado lugar a modernas versiones de la
esclavitud y la deshumanización, a partir de las cuales grupos de delincuentes
ponen en peligro la seguridad y la integridad de los seres humanos. La
convicción de los ciudadanos por el respeto a los derechos y libertades de las
personas impulsa a nuestra política exterior a seguir abriendo espacios de
colaboración entre las naciones para compartir esfuerzos en este sentido.
ESTRATEGIA 15.5
Establecer programas en coordinación con otros países para atender el problema
de las pandillas delictivas trasnacionales.
El crecimiento de las pandillas
delictivas en zonas fronterizas, como el caso de los llamados “maras”, debe
atenderse mediante acciones de inteligencia, en coordinación con las
autoridades de la región centroamericana. Se creará un registro de los
integrantes de estas organizaciones que hayan estado en prisión, y se
implementarán políticas públicas preventivas en centros educativos y
comunidades para evitar que surjan más adeptos o imitadores de estos grupos.
ESTRATEGIA 15.6
Promover la armonización entre la legislación nacional y los tratados internacionales
firmados por México, de manera que puedan ser aplicados eficazmente para el
combate a la delincuencia organizada.
El acatamiento del derecho
internacional es el instrumento por excelencia para procurar la convivencia
armónica de las naciones y la unión de esfuerzos para superar desafíos comunes.
Por eso México seguirá inscribiendo su lucha contra el narcotráfico, la
corrupción y el crimen organizado en el marco de los tratados internacionales.
El Gobierno Federal pondrá especial empeño en alinear la legislación nacional a
los tratados internacionales de que México es parte, para contribuir con mayor
eficacia en la lucha contra los transgresores del derecho y del orden.
ESTRATEGIA 15.7
Fortalecer los mecanismos en materia de extradición, a fin de eliminar lagunas
jurídicas y espacios de impunidad para quienes infrinjan la ley.
El territorio nacional no será
un refugio para quienes delinquen en otros países, ni se tolerará que quienes
son perseguidos por la justicia mexicana se escondan en el extranjero. El
recurso legal de la extradición será aplicado para asegurar que la justicia se
aplique, sin importar las fronteras entre países.
Seguridad pública
Diagnóstico
El primer deber del Estado, e
incluso la justificación misma que el Estado tiene para reservarse el monopolio
de la fuerza, es salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
La ley y las instituciones no
pueden quedar rebasadas por el fenómeno delictivo. Es deber del Gobierno
Federal actuar eficazmente y sin titubeos para brindar la seguridad que
demandan los mexicanos.
Durante muchos años, la falta
de seguridad ha minado, hasta un punto verdaderamente preocupante, la calidad
de vida de los mexicanos y la capacidad de desarrollo del país.
En la última década, el mercado
de la seguridad privada creció aproximadamente un 400%11. La inseguridad ha hecho que prolifere la contratación de servicios
privados de protección en industrias, hotelería, comercios, escuelas, centros
hospitalarios y transporte de mercancías y valores.
Se mejorará sustancialmente la
calidad de la seguridad pública iniciando con la modernización y
fortalecimiento de los cuerpos policiales.
Aunque cada vez se aplican más
los procesos de control de confianza en los cuerpos policiales, aún no es una
práctica generalizada en el país y no hay criterios homogéneos en la selección,
el ingreso la promoción y la permanencia de los policías.
Pese a que existen sistemas de
profesionalización diseñados con estrategias específicas para combatir la
corrupción, depurar y dignificar a las corporaciones policiales, las encuestas
aplicadas a los ciudadanos indican que el 81% de los encuestados considera que
en la policía existe corrupción12.
En México existen alrededor de
350 mil elementos de policía que forman parte de 1,661 corporaciones en los
tres órdenes de gobierno. El 89.3% de los cuerpos policiales preventivos a
nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los que
tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación
representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional.
Con la creación de
Los esfuerzos en materia de capacitación han sido dispersos. Esto
refleja la falta de una política integral de profesionalización de los cuerpos
policiales y la heterogeneidad de criterios en la aplicación del proceso de su
formación. Un factor que inhibe el servicio de carrera es el sistema de
salarios y de compensaciones, que muestra una alta varianza en los distintos
estados del país
En cuanto a la tecnología disponible en estas instituciones, debemos
mencionar que la red nacional de telecomunicaciones no opera de manera integral
por carencias de interconexión y porque no existe un proceso de uniformidad
tecnológica que haga compatibles las distintas plataformas que soportan a las
diversas bases de datos de las corporaciones policiales de los tres niveles de
gobierno. Esto se traduce en incapacidad para consultar, investigar, analizar
y producir información y conocimiento útil a la función policial.
En consecuencia, la tecnología que es vital para el trabajo policial no
ha sido explotada adecuada o suficientemente, y por lo tanto el trabajo
conjunto se dificulta por la carencia de información confiable y oportuna.
En materia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, es
necesario que la concurrencia de facultades constitucionales en lo que se
refiere a la seguridad pública deje de mirarse con recelo, temiendo por el
respeto de las soberanías estatales y de las autonomías municipales, pues sólo
la actuación conjunta potenciará las capacidades del Estado para prevenir y
combatir el delito.
1.11 Prevención del delito
La política preventiva es parte sustancial del combate contra el
crimen. Por esto es necesario dar impulso a programas y acciones integrales a
nivel nacional, regional, estatal, municipal y delegacional, a fin de evitar
que haya más mexicanos que se conviertan en delincuentes, que sufran violación
a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de
drogas.
La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas
que puedan llevar a un joven a delinquir. En la medida en que se vayan abriendo
mejores y más eficaces oportunidades para la educación, la capacitación y el
empleo, y se extiendan entre la población los valores de respeto a la legalidad
y el derecho, habrá de ser menos frecuente la tentación de buscar beneficios
económicos fuera de la ley, o de procurar la justicia por propia mano.
OBJETIVO 16
Fomentar un mayor nivel de desarrollo y
mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las
comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce
de sus derechos y libertades.
El riesgo de integrarse a una pandilla o de caer en la delincuencia es
agravado por un entorno de violencia, desintegración familiar, criminalidad y
falta de oportunidades de desarrollo. La vinculación entre la política social y
las estrategias en materia de seguridad es una herramienta fundamental en la
prevención del delito. Los programas que implementan
ESTRATEGIA 16.1 Fortalecer la cultura de legalidad y el
combate al narcotráfico y al narcomenudeo a través del fortalecimiento del
tejido social.
Es necesaria la participación de la sociedad en su conjunto, para
defender la integridad familiar amenazada por el crimen y las adicciones. En
materia de adicciones, se intensificarán las acciones en el sistema educativo
para generar conciencia mediante el conocimiento de los efectos perniciosos de las
drogas en la salud física y mental de quienes las consumen. Se emprenderán
también campañas de difusión para la población en general en el mismo sentido.
Se mejorarán las oportunidades de rehabilitación para quienes deciden alejarse
de las adicciones, y se brindará información oportuna a las familias y
comunidades para que sepan cómo ayudar a un adicto a superar su condición.
ESTRATEGIA 16.2 Establecer mecanismos de coordinación con la
sociedad civil para rescatar los espacios públicos y garantizar que sean
espacios para los ciudadanos.
Se redoblarán esfuerzos para la detección anticipada de grupos proclives
al delito y se llevarán a cabo programas educativos y medidas de prevención
entre la población. Todo ello se hará para inhibir la formación de pandillas
que se dediquen a delinquir y a invadir los espacios públicos.
Los espacios públicos deben ser para los ciudadanos y no para los
delincuentes. Los criminales deben ser aprehendidos y consignados para que
haya tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas, en
los centros de trabajo y en donde viven las familias. De esta manera, se
fomenta también la convivencia comunitaria, que ayuda a crear redes y generar
capital social.
ESTRATEGIA 16.3 Reforzar la seguridad y la cultura de
prevención en las escuelas, con la participación de maestros, padres de familia
y la comunidad, a fin de lograr escuelas seguras sin la amenaza de las drogas,
priorizando las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo.
Esta estrategia tendrá la
operación de los Consejos Escolares de Participación Social como el órgano
estratégico articulador de la acción de profesores, alumnos y padres de
familia. A través de talleres sobre prevención del delito, se capacitará a las
maestras y a los maestros, así como a los padres de familia para que tengan los
conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar el problema de las adicciones.
Se empezará por las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo.
Adicionalmente, se van a
distribuir materiales de capacitación y de información, para que la sociedad
en su conjunto participe en la construcción de un entorno seguro en la
escuela. Las acciones se vincularán a la difusión educativa sobre la
centralidad de los valores humanos, la ética, el diálogo, la tolerancia y la
honestidad; con todo ello se fomentará la cultura de la legalidad, de la
denuncia y de la participación social.
ESTRATEGIA 16.4
Fortalecer las capacidades de las dependencias responsables de la aplicación
de
El tráfico ilegal de armas es
una actividad delictiva que se ha incrementado. La vinculación que tiene con
el narcotráfico, las actividades con recursos de procedencia ilícita y la
corrupción, entre otros delitos, demanda la aplicación de medidas conjuntas,
coherentes, objetivas e integrales para hacerle frente, y garantizar a la
sociedad un entorno que les dé tranquilidad.
Para ello, se modernizarán y
mejorarán los procedimientos en la aplicación de
1.12 Cuerpos policíacos
La falta de resultados
contundentes y el fenómeno de la corrupción han arrojado como saldo la
desconfianza y el descrédito ciudadano en los policías, ministerios públicos,
peritos y autoridades del sistema de justicia penal.
Actualmente, a pesar de la existencia
de más de mil corporaciones de policía en todo el país, incluidas las
federales, estatales y municipales, la falta de coordinación y unidad de
mando, así como las asimetrías en sus salarios, requisitos de ingreso,
procedimientos de reclutamiento y selección, hacen que la sociedad no pueda
tener confianza en la efectividad de la actuación policíaca y que,
simultáneamente, la delincuencia encuentre espacios sociales propicios de
acción.
Aunque entre las más de 1,600
corporaciones de policía que funcionan en el país sin duda existen numerosos
oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la
ciudadanía, la eficacia de la policía se ha visto minada por la corrupción, la
insuficiente preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la
delincuencia organizada, así como por la dispersión de esfuerzos y los recursos
limitados de que disponen las corporaciones para cumplir su importante labor.
El propósito es que todas las policías en México cumplan con estándares unificados
que las hagan confiables a los ojos de la ciudadanía.
OBJETIVO 17
Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca
éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos
humanos.
ESTRATEGIA 17.1
Establecer un mando único policial que abra y mantenga un canal de información
eficiente, y que facilite la coordinación y colaboración entre todas las
corporaciones de policía del país.
La coordinación insuficiente
entre los cuerpos de policía federales, estatales y municipales es aprovechada
por los delincuentes para escapar de la acción de la justicia, movilizándose
por el territorio nacional. Por ello se constituirá una coordinación central
de todas las policías del país, con funciones de autoridad, para conformar un
frente único contra la delincuencia.
ESTRATEGIA 17.2 Modernizar
y homologar los sistemas de administración y supervisión del personal de los
cuerpos policíacos.
Se definirán criterios
homogéneos para la administración del personal policiaco en las diferentes
etapas de su desarrollo profesional, para lo cual se propone la creación de un
Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Con ello se regulará el ingreso,
selección, permanencia, profesionalización, promoción, remoción, separación,
sanción y reconocimiento de sus miembros. Se pondrá especial atención en el
perfil de quienes ingresan a los cuerpos de policía, para detectar a quienes
carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente y valores éticos. Es
necesario, sobre todo, para impedir la infiltración de delincuentes y el
reclutamiento de elementos viciados que por su comportamiento hayan sido
expulsados de otras corporaciones.
ESTRATEGIA 17.3 Desarrollar
sistemas efectivos de formación y entrenamiento del personal de la policía.
La sociedad necesita contar con
policías altamente capacitados para enfrentar con éxito a la delincuencia. El
combate eficaz al crimen exige un trabajo minucioso y detallado de policías,
investigadores y peritos. Cada acción de la delincuencia debe ser combatida de
manera profesional y especializada, desde la prevención hasta la disuasión,
sometimiento y confinamiento de los criminales, mirando siempre por el respeto
a los derechos humanos.
A partir de programas piloto y
en coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno, se
buscará uniformar las distintas capacitaciones que hoy reciben los policías
mexicanos en labores de resguardo, vigilancia, periciales y de inteligencia
para todas las corporaciones.
ESTRATEGIA 17.4
Promover la revalorización social del trabajo de los cuerpos de seguridad
pública.
El desprestigio de los cuerpos
policíacos impide la colaboración con la sociedad y dificulta la formación de
una identidad institucional que los fortalezca. Con base en resultados, los
ciudadanos deben sentir que no se encuentran solos ante la delincuencia, que
las instituciones y el gobierno están, precisamente, para respaldarlos; que los
policías, los marinos y los soldados cumplen eficazmente con el deber de
protegerlos.
A través de la depuración y
profesionalización de los cuerpos policíacos se avanzará en el combate a la
corrupción y en la construcción de un proyecto de vida y desarrollo profesional
que dignifique su labor ante la sociedad.
ESTRATEGIA 17.5 Dotar
a los cuerpos policíacos con mejor equipo y con una plataforma tecnológica
actualizada.
Se destinarán mayores recursos
para el equipamiento y capacitación de las policías y para desarrollar la
infraestructura necesaria para realizar sus labores. Asimismo, se fortalecerán
las relaciones de cooperación técnica e intercambio de información con otros
países y organismos internacionales en cuanto a capacitación de la policía
investigadora y servidores públicos, así como en técnicas y tecnología
utilizada para la investigación de delitos. Esto con el propósito de adaptar y
aplicar los modelos más útiles.
1.13. Participación ciudadana
El principio del combate al
delito es la detección temprana de la criminalidad por parte de la sociedad.
Se impulsará la participación
ciudadana como el fundamento para consolidar una verdadera cultura de
legalidad que impacte positivamente en la prevención del delito.
OBJETIVO 18
Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del
delito.
ESTRATEGIA 18.1
Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.
Entre los instrumentos
primordiales que tiene la ciudadanía para contribuir en el combate a la
delincuencia están el rechazo social a la ilegalidad y, de manera más directa,
la presentación de denuncias. Los esfuerzos realizados para proteger los
derechos de las víctimas y hacer más eficiente la procuración e impartición de
justicia, deben verse capitalizados en un incremento significativo en el
número de denuncias presentadas. Se promoverá la cultura de la denuncia y la
corresponsabilidad el compromiso ciudadano con las instituciones.
ESTRATEGIA 18.2 Crear
canales para la participación ciudadana en materia de prevención y combate del
delito.
Se dará un impulso renovado a
la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de políticas en
materia de seguridad y procuración de justicia. Se instrumentarán programas
que fortalezcan los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y propicien la
formación de nuevos lazos de colaboración entre la autoridad y la sociedad
civil; así como la participación de ésta en el diseño, planeación y supervisión
de políticas integrales y medidas concretas en materia de seguridad y
justicia, bajo criterios nacionales, estatales, regionales y comunitarios, que
además, estén alineados con las necesidades y demandas de la sociedad.
De manera paralela, se
promoverá la cultura de la denuncia, de manera que los esfuerzos realizados
para proteger los derechos de las víctimas y hacer más eficiente la
procuración e impartición de justicia, tengan como respuesta de los ciudadanos,
un incremento significativo en el número de denuncias presentadas.
ESTRATEGIA 18.3
Garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las instituciones y
cuerpos de seguridad pública y justicia.
Se evaluará la actuación y el desempeño
de la autoridad policial, con base en indicadores capaces de generar
condiciones de credibilidad y confianza en la sociedad civil, de manera que los
ciudadanos tengan parámetros claros para calificar los resultados obtenidos y
señalar las áreas donde no sean satisfactorios.
Eje 2.
Economía competitiva y generadora de empleos
La finalidad de la política
económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido
más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de
vida de todos los mexicanos. Mejorar las condiciones de vida y las
oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, es
un imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos y la marginación
impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación plena de
los ciudadanos en los ámbitos político, social, económico y cultural. Sin
oportunidades de empleo y de participación plena en la marcha económica del
país, no es posible alcanzar un desarrollo humano integral. La creación de
empleos favorece la estabilidad, la seguridad pública y la interacción social
respetuosa de los derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento
económico debe darse sin sacrificar los recursos naturales, respetando al medio
ambiente y sin comprometer el bienestar de generaciones futuras.
La estrategia integral
propuesta en este Plan, basada en cinco grandes objetivos y ejes de acción,
busca alcanzar un mejor desempeño económico. Cada eje de acción del Plan está
interrelacionado con el crecimiento y el empleo. El fortalecimiento del Estado
de Derecho y de la seguridad pública permitirá que los ciudadanos disfruten con
tranquilidad de los resultados de su esfuerzo. Una economía nacional más
competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de
empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar
económico. La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud es
necesaria para que todos los mexicanos puedan participar plenamente en las
actividades productivas. La estrategia de desarrollo económico cuidará el
acervo natural del país y con ello evitará comprometer el bienestar de
generaciones futuras. La estrategia de desarrollo requiere también de una
gobernabilidad democrática que permita la convivencia de todos, de forma que se
den resultados positivos para transformar la realidad económica del país.
Finalmente, una política exterior responsable permitirá al país aprovechar las
ventajas que brinda el entorno global para alcanzar mayores niveles de crecimiento
y bienestar.
Los problemas sociales,
políticos y económicos del país están íntimamente relacionados. Por ello, los
grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son
complementarios para contribuir a la superación de los retos en materia de
pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los ámbitos. De
progresar en todos los frentes, se podrá crear un círculo virtuoso: el mayor
crecimiento económico generará mejores oportunidades de empleo y mayor
desarrollo humano, mientras que los avances en el desarrollo social
incrementarán la productividad de las personas. Asimismo, la reducción de la
pobreza y la creación de oportunidades contribuirán a una mayor participación
y estabilidad política y social así como respeto por el medio ambiente. Por
ello, se utilizarán todos los instrumentos del Estado, avanzando simultáneamente
en los cinco ejes de acción definidos en este Plan, con el fin de promover un
crecimiento económico sostenido y más acelerado, una elevada creación de
empleos, y un desarrollo humano pleno para todos los mexicanos.
Diagnóstico
En los últimos años, el
crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir
los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. Ante esta situación
es necesario generar nuevas condiciones para lograr que el producto y el
empleo tengan un crecimiento mayor al observado durante las últimas dos
décadas. Como resultado de los esfuerzos para fortalecer la economía del país
esperamos lograr un crecimiento anual del PIB del 5% al final del sexenio.
En ausencia de cambios
importantes, el crecimiento de la economía mexicana será, en promedio, de
alrededor de 3.5 % por año, lo que implica un incremento per cápita cercano a
2.4%. De mantenerse esta situación, tomaría 30 años duplicar el nivel de
ingreso por habitante. Una comparación con países como Chile, China, Corea del
Sur y Singapur deja claro que se puede acelerar el crecimiento económico a
partir de la implementación de políticas públicas adecuadas. Al mismo tiempo,
la competencia internacional implica que se necesitan acciones decididas para
mantener la competitividad: la pasividad sólo llevaría a un mayor rezago. Las
estrategias delineadas en este Plan buscan un crecimiento del PIB per cápita
de por lo menos 20% de 2006 al 2012.
Para crecer a una tasa mayor,
el país necesita incrementar la inversión y la productividad. En México, el
crecimiento de la productividad durante los últimos 45 años ha sido la mitad
del observado en Chile y una cuarta parte del observado en Corea del Sur,
Irlanda y Singapur. Asimismo, la inversión en México ha sido sustancialmente
menor a la registrada en estos tres países durante el mismo lapso, y a la
experimentada en Chile en los últimos quince años, cuando ese país alcanzó un
mayor crecimiento.
El diagnóstico anterior indica
que, dada la prioridad de contar con una economía que se encuentre, en 2012,
entre las treinta más competitivas del mundo de acuerdo al Foro Económico
Mundial, con mayor crecimiento y capacidad para generar empleos, es imperativo
seguir una estrategia en tres vertientes:
• Inversión en capital físico: fomentar una mayor inversión física, para lo cual se requieren condiciones económicas más competitivas. Las políticas públicas serán conducentes a aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción en territorio nacional promover la inversión en infraestructura, y limitar el riesgo al que están sujetas las inversiones.
• Capacidades de las personas: la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud y educación y el combate a la marginación son los elementos que permitirán a más mexicanos contar con un trabajo redituable y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades productivas.
• Crecimiento elevado de la productividad: para alcanzar un mayor crecimiento de la productividad se requiere una mayor competencia económica y condiciones más favorables para la adopción y el desarrollo tecnológico. La competencia económica crea incentivos para la innovación por parte de las empresas, reduce los costos de los insumos y los productos finales, incrementa la competitividad de la economía y mejora la distribución del ingreso. Por su parte, la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías permite producir nuevos bienes y servicios, incursionar en mercados internacionales y desarrollar procesos más eficientes. Esto redituará en una mayor producción y en ingresos más elevados.
Inversión en capital físico
Al incrementar la inversión se
promoverá una mayor tasa de crecimiento económico y una creación de empleos
más dinámica. Para ello, se necesita que los proyectos sean más rentables, que
estén sujetos a menores riesgos, y que se disponga de recursos para realizarlos.
Es pertinente aclarar que, en la actualidad, la mayor restricción consiste en
que la rentabilidad de la inversión es insuficiente, debido en parte a factores
que elevan los costos de producción en el país. La situación es diferente a la
de hace seis años, cuando la ausencia de recursos era una limitante sustancial.
Hoy en día, si bien no todos cuentan con acceso adecuado al financiamiento, la
disponibilidad de recursos para la inversión se ha incrementado de manera
importante. Por ello, es imperativo proceder con acciones para contribuir a
elevar la rentabilidad de las inversiones y reducir el riesgo de los proyectos
productivos. También se debe continuar con la profundización del sistema
financiero, para que toda la población tenga acceso a los recursos que les
permitan participar en las actividades económicas.
Rentabilidad y riesgo de la inversión
La mejor forma de incrementar
la rentabilidad de la inversión en toda la economía es reduciendo los costos.
Ello hace a las empresas mexicanas más competitivas y asegura una mayor oferta
de bienes a menores precios, con lo que las familias mexicanas también se benefician.
A menor riesgo, menor es el retorno requerido por los inversionistas para
realizar un proyecto. Un riesgo más bajo contribuye positivamente al nivel de
inversión ya que, en un ambiente de competencia, un riesgo más bajo se traduce
en menores precios. Las estrategias orientadas a alcanzar una mayor
rentabilidad y reducir el riesgo de la inversión se instrumentarán con base en
los siguientes lineamientos:
• Fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, garantizando certidumbre legal y jurídica a las personas y a la propiedad. La incertidumbre legal y jurídica es un obstáculo importante para las actividades empresariales: abre la posibilidad de que se cambien las reglas del juego y pone en duda que se respeten la propiedad, los contratos y cualquier tipo de convenios. De igual forma, la ausencia de seguridad pública hace dudar a los individuos sobre la capacidad misma de disfrutar del producto de su esfuerzo. Por ello, las oportunidades de inversión existentes se podrán aprovechar plenamente con derechos de propiedad bien definidos y a través del respeto a los contratos, la certidumbre jurídica y la mejora de los niveles de seguridad.
• Mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas. La incertidumbre macroeconómica y financiera es otra fuente importante de riesgo. Fluctuaciones extremas de la producción, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio pueden poner en duda la viabilidad de cualquier proyecto. Al respecto, la vulnerabilidad que aún existe en las finanzas públicas derivada de la volatilidad de los ingresos petroleros implica que todavía existen acciones importantes por realizar en este ámbito.
• Promover la competencia. La competencia económica permite que se reduzcan los precios de los insumos y facilita que los consumidores tengan acceso a más bienes a menores costos, incrementando el bienestar material de las familias.
• Simplificación administrativa y regulatoria. Por un lado, es necesario reducir los costos de transacción a los que se enfrentan las personas para llevar a cabo todas sus actividades, incluyendo avances adicionales en la facilidad de abrir un negocio y en el registro de la propiedad. Por otro lado, la regulación gubernamental debe evolucionar para permitir mayor innovación, ingreso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevas actividades.
• Simplificación y estabilidad tributaria. Aunque las tasas de los impuestos directos en México se han reducido de forma importante, la complejidad para cumplir con las obligaciones fiscales colocan al país en seria desventaja con respecto a otras naciones. Asimismo, las modificaciones continuas en las disposiciones fiscales son una fuente importante de incertidumbre. Por tanto, es necesario establecer un régimen tributario competitivo, sencillo y estable.
• Fomentar la productividad en las relaciones laborales. Esto es clave para una mayor creación de empleos formales y para hacer frente a la creciente competencia mundial. De esta forma se generará una mayor demanda de trabajo en el sector formal de la economía, derivada de un crecimiento dinámico que se traduzca en mayores ingresos de los trabajadores.
• Promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor fundamental en la determinación de los costos de logística, así como para contar con una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para la producción. De ahí la necesidad de impulsar una mayor inversión pública y privada en el sector.
• Continuar con la apertura comercial así como reducir el costo y los trámites de las operaciones de comercio exterior. Esto permitirá la obtención de insumos a menores precios, así como un menor costo para los exportadores mexicanos.
• Asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la disponibilidad de recursos crediticios para la producción. Esto se logrará promoviendo mayor competencia en el sector, fortaleciendo el marco legal e impulsando una política activa de la banca de desarrollo.
• Facilitar el manejo de riesgo. Será necesario incentivar el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que permitan a las personas y empresas diversificar y reasignar sus riesgos.
• Transformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y, de esta forma, obtener menores costos de producción de insumos estratégicos.
• Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexicana. Para reducir la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones de la economía de los Estados Unidos, y asegurar un crecimiento más balanceado, es necesario continuar con políticas que contribuyan al crecimiento de la demanda interna, en particular de las pequeñas y medianas empresas, los sectores de vivienda, servicios, turismo y agropecuario y del consumo doméstico.
Disponibilidad de recursos
La disponibilidad agregada de
recursos no es la restricción inmediata más importante para la inversión.
Prueba de ello es que el ahorro interno se ha incrementado sustancialmente y
ha sustituido al ahorro externo en un contexto de niveles de riesgo país y
tasas de interés domésticas y externas ubicadas en mínimos históricos. Al
mismo tiempo que la inversión extranjera directa se ha mantenido en niveles
elevados, se ha dado un fenómeno de desendeudamiento neto con el exterior.
Finalmente, el ahorro financiero y el crédito al sector privado han mostrado
una recuperación importante en los últimos años. Sin embargo, es necesario
sostener el dinamismo de la inversión para asegurar que en el futuro existan
los recursos suficientes y que todos los sectores de la población y de la
actividad productiva cuenten con un acceso adecuado a los servicios
financieros. Por lo anterior, es necesario continuar mejorando las condiciones
de acceso y oferta de servicios financieros para las pequeñas y medianas
empresas, las familias de menores recursos, el sector agropecuario, y los
proyectos de infraestructura.
Mediante la aprobación por el
Congreso de
• Garantizar finanzas públicas sanas, ya que de no ser así se reducirían los recursos disponibles para la inversión de las empresas y el crédito a las familias, incluyendo el de vivienda.
• Contar con un sistema financiero profundo y eficiente, que otorgue un retorno apropiado a los ahorradores, atienda a los sectores que no cuentan con un acceso adecuado, y desarrolle nuevos productos y servicios. Elementos claves de la estrategia son la mayor competencia de los servicios financieros y el fortalecimiento de la banca de desarrollo.
En conclusión, la estrategia de
reducir costos y riesgo, así como incrementar la disponibilidad de recursos, es
fundamental para aumentar la viabilidad de los proyectos de inversión y el
crecimiento económico. Los efectos sobre el bienestar son dobles: el mayor
crecimiento se traduce en más empleos y mejores salarios, mientras que los menores
costos y una mayor competencia hacen que se reduzcan los precios para los
consumidores y se mejore la distribución del ingreso.
Capacidades de las personas
La ampliación de las
capacidades de los individuos contribuye directamente al crecimiento, al bienestar
y al desarrollo social. A su vez, promover la igualdad de oportunidades es un
imperativo social. Sólo así será posible lograr que más mexicanos tengan una
vida digna y satisfactoria. Por ello, el apoyo del Estado se centrará en
combatir directamente la pobreza y en facilitar que los individuos desarrollen
sus capacidades para que mejoren sus condiciones de vida mediante un esfuerzo
compartido. Para participar plenamente en las actividades productivas los
ciudadanos deben contar con un nivel mínimo de bienestar. Una educación de
calidad y equitativa facilita a los individuos que su esfuerzo se traduzca en
mayores ingresos y les permite una mayor libertad de elección. Sin lugar a
dudas, la salud es también una condición necesaria para una vida satisfactoria,
personal y profesionalmente.
El diagnóstico sobre los problemas
y limitantes existentes en la ampliación de capacidades, así como las políticas
a seguir para promover la igualdad de oportunidades se describen en mayor
detalle en la siguiente sección del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo,
es relevante enfatizar que las acciones para mejorar las condiciones sociales
son parte de una estrategia integral que permitirá a la economía mexicana
incrementar su competitividad y con ello llevar a una mayor creación de empleos
y oportunidades.
Crecimiento elevado de la productividad
El nivel de adopción y
desarrollo de tecnología depende, entre otros factores, de la rentabilidad de
los proyectos de inversión y del nivel educativo de las personas. Sólo tiene
sentido adquirir la maquinaria y equipo más avanzados si puede recuperarse la
inversión y ésta puede ser utilizada por individuos suficientemente
capacitados y flexibles. Asimismo, para desarrollar nuevas tecnologías es
necesario contar con científicos e ingenieros capaces de descubrir lo nunca
antes imaginado. La adquisición y desarrollo de la tecnología de punta permite
a las empresas mantener su competitividad tanto a nivel nacional como
internacional.
Además de las acciones
necesarias para lograr una mayor rentabilidad de la inversión e incrementar el
nivel de educación, es necesario seguir estrategias y líneas de política
específicas para promover el avance tecnológico. Las estrategias orientadas a
alcanzar un mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico se instrumentarán
con base en los siguientes lineamientos:
• Continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión extranjera directa. Aranceles más bajos permiten adquirir maquinaria y equipo avanzados a menores costos, mientras que la inversión extranjera directa transfiere al país aquellas tecnologías que no están a la venta. Dado que tomará tiempo alcanzar niveles de innovación propia comparables con los de los países más industrializados, la adopción de tecnologías avanzadas es un primer paso para cerrar esta brecha.
• Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un entorno propicio.
• Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial. Sólo así podrán plasmarse exitosamente los nuevos conocimientos en procesos productivos. Cabe notar que, en muchos países, el sector privado juega un papel tanto o más importante que el sector público en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas.
• Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. Para ello no basta el financiamiento público. Un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.
Economía y finanzas públicas
2.1 Política hacendaria para la competitividad
La sección anterior describe
las prioridades para incrementar la competitividad de la economía nacional,
detonar el crecimiento sostenido y la creación de empleos. A continuación se
describen con mayor detalle los objetivos y las estrategias a seguir para
lograr el fin último de la política económica: la promoción de un desarrollo
humano integral y sustentable.
Una política fiscal responsable
y eficiente, y el manejo adecuado de la deuda son componentes medulares de la
estrategia de desarrollo. Sólo así puede mantenerse la estabilidad y asegurarse
que los recursos públicos se obtengan de la manera más justa y eficiente
posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto social.
Aun cuando las finanzas
públicas se han manejado de forma prudente durante los últimos años, éstas
continúan enfrentando retos importantes. Por décadas, México ha registrado una
baja recaudación fiscal como proporción del producto interno bruto en
comparación con países con un grado de desarrollo similar, a pesar de que en algunos
periodos se han observado elevadas tasas impositivas.
Asimismo, los ingresos
petroleros constituyen parte importante de los ingresos presupuestarios
totales, lo cual implica que los ingresos del sector público están sujetos a un
elevado grado de incertidumbre. El empleo de fondos de estabilización permite
suavizar el gasto frente a fluctuaciones en los precios internacionales de los
hidrocarburos, pero es necesario complementar los mismos mediante fuentes más
estables de ingresos. Asimismo, el proceso de declinación del campo de
Cantarell representa un reto importante para las finanzas públicas y el sector
energético. Aun cuando se espera que el agotamiento de este importante
yacimiento sea compensado con el desarrollo de nuevos campos, es previsible que
los costos de extracción se incrementen, llevando a menores márgenes de la
explotación del hidrocarburo.
Por el lado del gasto público,
los requerimientos en los próximos años son considerables. Es necesario
incrementar los recursos destinados a mejorar los servicios de educación y
salud asociados a la transición demográfica y a la cambiante estructura de los
asentamientos humanos, al gasto social para el abatimiento de la pobreza y el
desarrollo de capacidades a la inversión pública, especialmente en
infraestructura, a la seguridad, la mejoría de los servicios públicos, la
protección al medio ambiente y para el apoyo a los fondos de pensiones de los
trabajadores.
Se requiere de un cambio
hacendario en todos los órdenes para hacer frente a la volatilidad en los
ingresos públicos, la reducida recaudación, las necesidades de erogaciones y el
objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, la cual es condición
necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.
Un primer paso para reforzar
las finanzas públicas es la reforma del sistema de pensiones de los
trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, la reforma asegura la solvencia
de las pensiones de los nuevos trabajadores, facilita el desarrollo de los
mercados financieros y la movilidad de los trabajadores entre el sector público
y privado. Sin embargo, los ahorros sustantivos derivados de esta primera
acción deben complementarse con una agenda integral de reforma de las finanzas
públicas.
OBJETIVO 1
Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que
promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
Para lograr una política fiscal
responsable y eficiente que promueva el desarrollo se implementarán cinco
estrategias:
ESTRATEGIA 1.1 Mejorar
la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago
de impuestos y reduciendo la evasión fiscal.
La recaudación tributaria se ve
dificultada por un padrón de contribuyentes aún incompleto e insuficientemente
actualizado. En el proceso se pueden destacar los siguientes factores:
elevados costos de cumplimiento para el contribuyente, tanto en tiempo como en
dinero; un marco legal complejo, que dificulta tanto el cumplimiento del
contribuyente como el control de la autoridad; información no integrada y
esquemas de fiscalización aún en desarrollo; y un comercio exterior muy dinámico
en que la globalización, la innovación tecnológica y la creciente diversidad de
productos representan mayor complejidad para el control aduanero.
Para facilitar el cumplimiento
voluntario, reducir la evasión a niveles similares a los de países
desarrollados, así como para limitar el contrabando y la informalidad, las
líneas de política serán las siguientes:
o Continuar con las mejoras en la operación tributaria en todos sus ámbitos, incluyendo en infraestructura, en procesos y en el personal.
o Impulsar modificaciones en el marco jurídico que faciliten el cumplimiento mediante reglas claras y permanentes y contribuyan al combate a la evasión, el contrabando y la informalidad eliminando canales de elusión y racionalizando los gastos fiscales.
o Estrechar los lazos de colaboración con los gobiernos locales, a fin de presentar un frente común a la informalidad, compartiendo información de registros y bases de datos, mejorando los esquemas de colaboración administrativa en todos los aspectos, y construyendo una cultura contributiva entre los ciudadanos que potencie el efecto de las diversas iniciativas de las autoridades fiscales.
ESTRATEGIA 1.2
Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la
competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos, así
como hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico
que tiene el país.
El sistema fiscal mexicano debe
cumplir con las siguientes características:
o La eficiencia económica, reduciendo en lo posible el costo que los impuestos tienen sobre el bienestar y las decisiones de las familias y la iniciativa privada.
o La simplificación de los impuestos, limitando los costos administrativos del sistema fiscal y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
o La flexibilidad del sistema, brindando la capacidad de ajustarse rápida y adecuadamente a cambios en las condiciones económicas.
o La transparencia, fomentando un diseño para la fácil y rápida identificación de las obligaciones fiscales, tanto para los contribuyentes como para las autoridades.
o La equidad, dando un mismo trato fiscal a personas físicas y morales que están en condiciones económicas semejantes.
Por ello, el objetivo de la
política tributaria del país será contar con los instrumentos más flexibles y
neutrales posibles, capaces de ajustarse a las necesidades de recursos con
efectividad y que respondan a condiciones de equidad y proporcionalidad.
En la actualidad, el sistema
tributario está lejos de contar con las características descritas
anteriormente. En varios impuestos existe un tratamiento especial a ciertos
sectores, y un gran número de exenciones. Asimismo, la complejidad en el pago
de los impuestos, derivada de las diferentes exenciones y tratamientos
especiales, dificulta a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones,
estimula la elusión y la evasión fiscal y eleva considerablemente los gastos de
la administración del sistema tributario.
Debido a lo anterior, es
necesario adoptar una política tributaria que facilite el cumplimiento,
promueva la equidad y la eficiencia, e incremente la competitividad del país.
Para ello, se seguirán estas líneas:
o Establecer tasas impositivas comparables a las que prevalecen en los países que compiten con México en los mercados internacionales, permitiendo una integración más exitosa de la economía mexicana a los mercados financieros y a los mercados de bienes y servicios globales.
o Simplificar el sistema tributario, facilitando el cumplimiento, reduciendo la capacidad de evasión y elusión fiscal, y llevando a mayor equidad.
o Desarrollar instrumentos tributarios para promover una mayor inversión productiva, sin distorsionar el costo del capital en el presente contexto de competitividad global.
o Privilegiar al gasto público, antes que al sistema tributario, como el instrumento para otorgar apoyo a diferentes grupos de la población y sectores económicos.
o Orientar el apoyo mediante instrumentos focalizados que permitan incidir directamente sobre el bienestar de la población con mayores necesidades a través de la dotación de educación, salud y atención a grupos vulnerables, así como enfocar las actividades de fomento en aquellos sectores altamente creadores de empleo.
ESTRATEGIA 1.3
Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público
para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para
destinar más recursos al desarrollo social y económico.
El Gobierno Federal buscará que
el uso eficiente de los recursos públicos incentive el desarrollo económico,
contribuya a mejorar la distribución del ingreso y genere mayores beneficios a
la sociedad. Por ello, la política de gasto público para el periodo 2007-2012
garantizará que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se
realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Ello permitirá destinar mayores
recursos al desarrollo social, inversión en infraestructura y seguridad
pública.
Para estar en posibilidad de
responder satisfactoriamente a esos retos, se adoptarán las siguientes líneas:
o Mejorar la calidad del
gasto público mediante un Presupuesto Basado en Resultados y un permanente
Sistema de Evaluación del Desempeño en toda
o Incrementar el gasto social y en infraestructura. El Sistema de Evaluación del Desempeño permitirá canalizar más recursos a los programas que brinden mayor bienestar social, contribuyan a la creación de empleos y al combate a la pobreza. Adicionalmente, se destinarán recursos para impulsar mayor inversión en infraestructura carretera, hidráulica, energética, turística, de educación y salud.
o Fortalecer la planeación, coordinación y asignación de recursos en proyectos de inversión de alta rentabilidad social y económica. Se establecerán mejores mecanismos para seleccionar y determinar prioridades en los proyectos de inversión en infraestructura, sectores económicos y regiones del país, impulsando criterios estrictos de rentabilidad socio-económica y maximizando el impacto de los proyectos en el desarrollo nacional.
o Reforzar la rendición de cuentas y la transparencia promoviendo que la cuenta pública y la correspondiente fiscalización se realice de forma más oportuna y con mayor eficiencia y eficacia. Asimismo, se adoptarán políticas de rendición de cuentas con un enfoque por resultados que contribuyan a transparentar la mejora en la provisión de bienes y servicios para la sociedad.
ESTRATEGIA 1.4 Restablecer
sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las
entidades federativas.
La naturaleza y conformación
del pacto fiscal en un sistema federalista es de fundamental importancia para
la estabilidad macroeconómica y para sentar las bases de un crecimiento equilibrado
que se traduzca en metas de desarrollo social para alcanzar una mejor calidad
de vida y combatir la pobreza y la marginación. Adicionalmente, en el pacto
fiscal entre órdenes de gobierno, se reflejan los valores y ejes rectores del
federalismo. Su adecuación debe surgir siempre, por su naturaleza, del consenso
y diálogo entre sus integrantes, reflejando las preferencias de los ciudadanos
y ajustándose a las realidades políticas, económicas y sociales del país,
tanto a nivel federal, estatal y municipal.
México debe entrar a una nueva
etapa de federalismo fiscal basada en una mayor corresponsabilidad entre los
tres órdenes de gobierno para la consecución de una política fiscal moderna,
responsable, de innovación en la provisión de servicios y de una mayor
rendición de cuentas. El objetivo es que el país cuente con unas nuevas bases
federalistas sólidas, que se fundamenten en la realidad nacional actual y
fortalezcan, así, el pacto federal.
Para que México cuente con un
federalismo fiscal asentado sobre bases más firmes se seguirán los siguientes
lineamientos:
o Redefinir el pacto fiscal en una labor conjunta con los estados y municipios, las instituciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y la sociedad en su conjunto. Un nuevo pacto fiscal debe ser responsable, preservando el equilibrio de las finanzas públicas federales y debe ser redistributivo, reconociendo que el desarrollo nacional será mayor conforme se reduzcan las grandes desigualdades regionales, locales e individuales.
o En cuanto a las transferencias federales, se propondrá que las participaciones federales se encuentren más asociadas a los incrementos recaudatorios de las entidades. Por el lado de las aportaciones federales, se sugerirá su relación con indicadores de necesidad en los sectores específicos de cada fondo de aportaciones, y con mejores resultados en los sectores apoyados.
o Se buscará transparentar la ejecución del gasto en los tres órdenes de gobierno, así como avanzar en la armonización de la contabilidad gubernamental de las haciendas públicas.
o Se planteará dotar de nuevas potestades tributarias a los gobiernos locales mediante un nuevo pacto fiscal federalista que reconozca su madurez institucional. Los estados y municipios deben contar con instrumentos fiscales flexibles para poder lograr incrementar sus ingresos propios, permitiéndoles ajustar sus ingresos a sus necesidades de gasto, decididas a su vez por las preferencias y demandas de sus ciudadanos y sus circunstancias locales.
ESTRATEGIA 1.5
Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la
estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo
de los mercados financieros.
La disciplina fiscal y una
administración responsable y cautelosa de la deuda pública han permitido la
mejora significativa en la situación financiera del sector público durante los
últimos años. Se han disminuido los pasivos del sector público como proporción
del PIB, mejorando la composición de la deuda a favor de fuentes internas de
financiamiento y desarrollando un mercado de deuda local de largo plazo. Esto
se ha traducido en una mayor estabilidad macroeconómica y financiera.
Sin embargo, se debe continuar
fortaleciendo la situación financiera del sector público, mejorando las
condiciones de financiamiento que éste enfrenta. Para desarrollar esta
estrategia, se adoptarán los siguientes lineamientos:
o Satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, al mismo tiempo que se asegura la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros nacionales.
o Administrar de forma eficiente y cuidadosa los pasivos públicos para asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera.
o En el ámbito interno, promover la liquidez y eficiencia de los mercados de deuda en pesos, limitando los riesgos de las finanzas públicas ante perturbaciones en los mercados nacionales e internacionales.
o Fomentar el desarrollo de nuevos productos que aumenten las posibilidades de acceso de la población al sistema financiero y con ello mejoren su bienestar.
o En lo que se refiere a la política de deuda externa, se promoverá una presencia regular en los mercados financieros internacionales que mantenga el acceso a los mismos y que garantice una diversificación adecuada de los pasivos públicos y mantenga el acceso a los mercados financieros internacionales. Esto permitirá contar con un vehículo eficiente para acceder al ahorro extranjero en condiciones competitivas y, a la vez, que la presencia del sector público en los mercados financieros globales pueda ser utilizada como referencia para las transacciones por parte del sector privado. La intención es que la deuda externa se mantenga como una valiosa fuente alterna de financiamiento y que México aproveche su buena reputación en los mercados internacionales de capital.
2.2 Sistema financiero eficiente
Una economía con un sistema
financiero eficiente cuenta con una mayor capacidad de crecimiento,1
ya que, entre otras cosas, facilita la canalización de recursos hacia proyectos
productivos. Más importante aun es el impacto que puede tener la inclusión de
todos los estratos de la población en el proceso de desarrollo económico,
permitiendo un ahorro bien remunerado, el acceso al crédito y la posibilidad de
enfrentar con éxito los diferentes riesgos.
En un sistema financiero
eficiente, el financiamiento se asigna a los mejores proyectos, sin importar
su tamaño. También abre la posibilidad de acceder a créditos para la educación,
lo que mejorará las capacidades e igualará las oportunidades de aquellos
individuos que se encuentran en condiciones económicas desfavorables. Un ejemplo
claro del impacto positivo que tiene el financiamiento sobre las condiciones de
vida de las familias es la mejora en el equipamiento de los hogares asociado
con la reciente recuperación del crédito en México.
Como resultado de la crisis
económica y financiera de finales de 1994, el Gobierno Federal se enfocó
principalmente a construir un marco de regulación prudencial que reestableciera
la operación y garantizara la solidez y solvencia del sistema financiero. Esta
visión, junto con el ambiente de estabilidad macroeconómica de los últimos
años, ha hecho posible que al día de hoy el sistema financiero mexicano se
ubique como una industria más sólida y solvente que opera bajo prácticas sanas.
Una vez alcanzada la solvencia
del sistema, en los últimos años el sistema financiero mexicano ha logrado
altas tasas de crecimiento. Por ejemplo, el crédito total al sector privado se
incrementó en 258,608 millones de pesos en los últimos doce meses.
Pese a lo anterior, el nivel de
intermediación financiera en México es bajo al compararlo con los niveles
alcanzados en otros países con un grado de desarrollo similar. Por ello, es
imprescindible continuar el proceso de modernización del sistema para alcanzar
niveles de intermediación adecuados. Esto es evidente en los segmentos de
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y a infraestructura,
los cuales se han mantenido relativamente estables en los últimos años.
La carencia de recursos en
estos sectores deteriora significativamente el desarrollo regional, ya que las
empresas pequeñas son la fuente primordial de empleo en las zonas más pobres y
la falta de infraestructura inhibe la inversión en zonas apartadas limitando su
crecimiento económico.
La falta de penetración del
sistema financiero también es patente por el gran número de familias que no
tienen acceso a este tipo de instrumentos, ya sea para depositar sus ahorros o
bien para obtener créditos o seguros. Hay que recordar que las familias de
menores ingresos son también las más vulnerables, debido a la fragilidad de
sus ingresos y a que éstos y su patrimonio suelen afectarse más por eventos
climáticos extremos. Contar con instrumentos financieros diseñados para las
necesidades de estos segmentos desatendidos de la población conlleva a mejoras
en el bienestar, la equidad e incluso el crecimiento económico.
OBJETIVO 2
Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.
Para lograr este objetivo se
desarrollarán cuatro estrategias generales:
ESTRATEGIA 2.1
Fortalecer la protección de los derechos de propiedad, el gobierno corporativo
y reducir los costos de transacción que encarecen e inhiben el desarrollo de
los mercados financieros.
Esta estrategia contribuirá a
proteger los ahorros de los mexicanos y a que un mayor número de personas y
empresas sean sujetos de crédito. La falta de certidumbre jurídica en la
recuperación de los financiamientos, ya sea por medio de créditos directos o
instrumentos financieros, genera resultados como una menor oferta de recursos
crediticios, mayores tasas de interés y racionamiento. Debe recordarse que la
mayor parte, cerca del 90 %, de los recursos con que se financian los préstamos
otorgados por las instituciones financieras son propiedad de los ahorradores
que les confiaron su administración y custodia. Asimismo, deben fortalecerse
los registros públicos de la propiedad con objeto de contar con un sistema de
garantías que funcione con certidumbre y eficiencia.
ESTRATEGIA 2.2 Promover
la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos
participantes, la promoción de una mayor diversidad de productos, vehículos y
servicios financieros, enfatizando la información y la transparencia como
medios para que los usuarios de la banca puedan tomar decisiones con toda la
información necesaria, así como la promoción de la educación financiera de los
segmentos de la población que han accedido más recientemente a los servicios
bancarios.
Los beneficios que se derivan
de un mercado competitivo son diversos: menores costos, mejores servicios y
mayor cobertura. Por ello, es necesario facilitar la entrada de nuevos
participantes, así como ampliar las operaciones de los existentes. Al contar
con mayor número y diversidad de instituciones se logrará facilitar a la
población el acceso a nuevos servicios y atender las necesidades de un mayor
universo de la población.
Asimismo, se requiere la
generación de nuevos instrumentos que contribuyan a canalizar los recursos
financieros a proyectos productivos a través del mercado de valores. Esto
permitirá democratizar el acceso a recursos financieros, incrementar la
rentabilidad de los portafolios y reducir el riesgo para todos los
inversionistas.
La educación financiera y la
transparencia en la información son componentes clave para promover la
competencia. Así, las personas pueden comparar diferentes productos y precios,
escogiendo aquellos que mejor reflejen sus necesidades bajo las mejores
condiciones. Lo anterior inducirá a los intermediarios financieros a ajustar
las condiciones de sus productos para competir por una base más exigente de
usuarios.
La competencia llevará a que
los intermediarios financieros busquen nuevas oportunidades de negocios, lo
cual se traducirá en una mayor atención a aquellas familias, regiones y
sectores de actividad que hoy en día cuentan con acceso limitado a los recursos
financieros.
Una mayor competencia también
permitirá que el costo de envío de remesas continúe reduciéndose y favorecerá
la introducción de instrumentos que faciliten su empleo para el financiamiento
del desarrollo de las regiones receptoras a través de inversión productiva.
ESTRATEGIA 2.3 Promover
una regulación que mantenga la solidez del sistema y evite nuevas crisis
financieras.
Al incrementarse el número de
participantes en el sector, resulta más importante contar con una regulación
que evite las crisis financieras y provea incentivos para la disciplina. Como
parte de esta estrategia se promoverá e impulsará el sano desarrollo del sector
financiero popular a través del fortalecimiento del marco regulatorio y
prudencial que lo rige, con objeto de que un sector cada vez más grande de la
población cuente con acceso a los servicios financieros.
ESTRATEGIA 2.4 Enfocar
las acciones de
Entre 2000 y 2006 se concluyó
el saneamiento financiero de los bancos de desarrollo, con un esfuerzo
encaminado a preservar el capital de las instituciones, a modernizar la
operación del Sistema Público de Fomento y a generar productos que cubrieran
las necesidades identificadas en ese momento. Asimismo, se crearon
instituciones nuevas que se han enfocado claramente en su población objetivo
como
Asimismo, se potenciarán los
flujos de crédito mediante la liberación de los recursos que hoy se canalizan
a población con acceso al mercado financiero. Esto se hará a través de esquemas
tales como la bursatilización y el financiamiento, mismo que impulsa la banca
de desarrollo a través de esquemas de seguros de crédito y garantías
financieras que operan con intermediarios financieros privados.
2.3 Sistema nacional de pensiones
En materia de pensiones y
seguridad social es necesario incrementar la cobertura y crear un sistema más
equitativo. Existen cerca de 3 millones de trabajadores afiliados a sistemas de
pensiones públicos de reparto --es decir, sistemas en los que los trabajadores
en activo financian con sus ingresos las pensiones de los trabajadores
retirados-- que no cuentan con portabilidad entre ellos ni con los sistemas de
pensiones basados en cuentas individuales. Como consecuencia, aquellos
trabajadores que cambian de empleador antes de cumplir con un cierto número de
años laborados pierden por completo sus beneficios pensionarios y de atención
médica. Un sistema de este tipo genera grandes inequidades, ya que trabajadores
con carreras laborales largas, pero en diferentes sistemas pensionarios, no son
sujetos de los beneficios y quedan completamente desprotegidos.
Para enfrentar estas carencias
se buscará consolidar un sistema nacional de pensiones. Este sistema se irá
construyendo mediante la incorporación de trabajadores independientes y la
transformación de los sistemas de reparto públicos en sistemas de cuentas
individuales con portabilidad entre los sistemas ya reformados. La reciente
reforma a
Junto con la reforma a
OBJETIVO 3
Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor
cobertura.
Para lograr este objetivo,
además de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE concluida en los
primeros meses de la presente Administración, la agenda se enfocará en dos
estrategias generales:
ESTRATEGIA 3.1
Reforzar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Un sistema de pensiones basado
en cuentas individuales da certidumbre y propiedad al trabajador respecto de
sus beneficios pensionarios. Al ligar la pensión a los recursos mantenidos en
la cuenta individual es fundamental que la inversión de éstos siempre esté orientada
hacia la obtención de mayor rendimiento, a la vez que se garantice su
seguridad. Para lograr esto, se continuará monitoreando al sistema para
garantizar que la reciente reforma cumpla con el cometido planteado de mejorar
la pensión que recibirán los trabajadores a su retiro. Al avanzar en esta
dirección resultará más atractivo para los trabajadores pertenecientes a otros
sistemas la transformación a un régimen de cuentas individuales que les dé el
derecho de mantener sus recursos ahorrados si deciden cambiar de trabajo. Lo
mismo aplicaría al incentivar la inscripción de trabajadores independientes al
sistema.
ESTRATEGIA 3.2 Contribuir
a la transformación de los sistemas pensionarios de reparto que existen en la
actualidad.
Los primeros pasos para la
construcción de un sistema nacional de pensiones consisten en hacer
compatibles los diversos sistemas públicos que coexisten actualmente y que no
reconocen la antigüedad de los trabajadores en sistemas diferentes al propio.
Esta estructura no sólo resulta injusta e inequitativa, sino que genera
fricciones muy importantes en el mercado laboral. Al ir transformando los
distintos planes de pensiones, incorporándolos al sistema hoy formado por el
ISSSTE y el IMSS, se dará una mayor movilidad laboral.
Al considerar el incremento que
se dará en el ahorro financiero por esta vía y la demanda por instrumentos
financieros que esto implica, resulta crucial el desarrollo de proyectos productivos
y de instrumentos financieros para lograr que estos recursos sean canalizados a
financiar proyectos prioritarios, tales como de infraestructura, de vivienda y
de PyMEs. De esta forma, las acciones mencionadas anteriormente en materia del
mercado de valores complementarán a las estrategias en materia de seguridad
social y sistemas de pensiones.
2.4 Promoción del empleo y la paz laboral
En un mundo globalizado, el
Estado debe promover las condiciones necesarias para la inclusión de un México
competitivo en el nuevo orden económico mundial. Por lo anterior, se debe generar
una economía cada vez más competitiva para atraer las inversiones que, en
consecuencia, se traducirán en empleos formales, dignos y con la previsión y
seguridad social requeridas.
En 2006, 19.2 millones de
personas laboraban en condiciones de informalidad. Durante este sexenio se
buscará promover condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo
de llegar en
Es preciso fomentar esquemas de
productividad y competitividad, así como modernizar las relaciones laborales
para hacer de éstas un vehículo eficaz y no un obstáculo para la instalación y
permanencia de nuevas industrias y negocios. De igual forma, se deben generar
las condiciones que faciliten el acceso de la población activa a los mercados
laborales.
Asimismo, es necesario
procurar, conjuntamente con el sector empresarial, la inclusión en el mercado
laboral de los grupos sociales vulnerables y mejorar sus condiciones de
trabajo.
Todo lo anterior sólo será
posible al preservar la paz laboral a partir de un adecuado equilibrio entre
los factores de la producción que, al tiempo de fomentar la transparencia y la
libertad sindical, asegure el pleno respeto de los derechos individuales y
colectivos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123 de
Es por ello que la política
laboral de esta Administración sustentará su actuación en la promoción, la
conciliación y la legalidad, como ejes rectores.
OBJETIVO 4
Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector
formal.
Para lograr este objetivo es
necesario implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 4.1
Promover las políticas de Estado que fomenten la productividad en las
relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de
atraer inversiones y generar empleos formales y de calidad.
La estrategia anterior se
encontrará sustentada en las siguientes líneas de política:
o A nivel nacional, se coordinarán todos los programas de apoyo al empleo y capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo y se facilitará la posibilidad de colocación en el mercado laboral de los participantes.
o Implementar programas que faciliten el ingreso de los trabajadores y sus familias a la sociedad de la información y del conocimiento, mediante esquemas de crédito y capacitación para el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.
o Crear un portal del empleo en el que, a través de internet, se reúna toda la información en el tema laboral para el uso de buscadores de empleo, empresas, gobiernos e investigadores. Será éste un instrumento permanente, único y virtual que facilitará el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo a nivel nacional para los sectores público y privado.
o Para la creación de empleos será esencial promover el diálogo entre los sectores laboral y empresarial, a fin de definir estrategias y líneas de acción que impulsen la generación de empleos y la productividad.
o Propiciar la transparencia en la información a fin de facilitar la libertad sindical a través de la publicación y actualización de los documentos de carácter público que obren en poder de las autoridades federales del trabajo.
ESTRATEGIA 4.2
Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a
través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado,
con capacitación, seguridad y salud.
La anterior estrategia se
sustentará en desarrollar políticas y adecuar la normatividad para la no
discriminación e igualdad de oportunidades de las personas, así como los
criterios, políticas y normas que sigue
Asimismo, se otorgará atención
prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas
focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de
grupos migratorios.
Finalmente, se establecerá como
una de las principales prioridades de la política laboral la prevención de
riesgos de trabajo, mediante la elaboración e instrumentación de una política
pública de seguridad y salud en el trabajo.
ESTRATEGIA 4.3
Incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal.
Esta estrategia se apoyará en
programas y acciones que incentiven a los empleadores a crear nuevos puestos de
trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral formal. El Programa
de Primer Empleo, que se puso en marcha al inicio de
ESTRATEGIA 4.4
Conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y
empresarial a través de la legalidad, la conciliación y el diálogo en las
revisiones contractuales, salariales y conflictos laborales.
Esto requiere fortalecer la
conciliación entre los sectores laboral y empresarial y procurar la tramitación
de las demandas laborales, con procedimientos más ágiles, transparentes y
expeditos.
ESTRATEGIA 4.5
Modernizar el marco normativo laboral para promover la productividad y
competitividad laboral, garantizando los derechos de los trabajadores.
Promover y vigilar el estricto
cumplimiento de la normatividad laboral e impulsar su actualización a fin de
promover la productividad en las relaciones laborales, la competitividad de la
economía en su conjunto, la oferta de empleo formal y con dignidad, y la
salvaguarda de los derechos fundamentales de los trabajadores, señaladamente
el de la contratación colectiva del trabajo, la autonomía y libertad sindical y
el derecho de huelga.
Productividad y competitividad
2.5 Promoción de la productividad y la competitividad
Una economía competitiva se
caracteriza por altas tasas de crecimiento económico y de creación de empleos
bien remunerados. Para que en los próximos años se incremente la competitividad
del país, es necesario generar condiciones que aseguren un clima de negocios
favorable y que permitan a los consumidores acceder a bienes y servicios bajo
condiciones de mayor equidad. Entre los principales factores que determinan la
competitividad se encuentran la productividad de la mano de obra, que depende
en buena medida de la tecnología empleada, la eficiencia de los mercados, del
marco regulatorio, así como de la disponibilidad de una infraestructura
moderna.
Como punto de partida, debe
señalarse que actualmente los costos para la operación de un negocio en el país
son muy elevados. Por ejemplo, el estudio El Costo de Hacer Negocios en México
2007, elaborado por el Banco Mundial, señala que se requiere en promedio 36
días y nueve trámites para abrir una empresa en el país, principalmente
notariales, de registro público y para la obtención de los permisos de los
gobiernos municipales. En promedio, los costos de apertura representan cerca de
20% del PIB per cápita, lo cual contrasta, por ejemplo, con niveles de entre el
10 y el 13% en Brasil. A esto se le deben sumar los costos derivados de las
deficiencias en la infraestructura logística y los costos elevados de diversos
insumos.
Elevados costos para realizar
transacciones, incertidumbres en los contratos y en los derechos de propiedad
física e intelectual, problemas de seguridad pública, e infraestructura insuficiente
son algunos de los elementos que perjudican a la competitividad en cualquier
contexto, pero que se vuelven aún más restrictivos en un entorno global en el
que otros países persiguen agendas activas de políticas públicas destinadas a
aliviar todas estas trabas para la actividad productiva. Por tanto, es
necesario adoptar acciones enérgicas en la materia para asegurar que se
aproveche el potencial del país en todos los ámbitos de la actividad económica.
OBJETIVO 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
La mejora regulatoria, el
combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia son
estrategias que contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye
a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos. Por ello, para
aumentar la productividad y competitividad de la economía, se implementarán
cinco estrategias:
ESTRATEGIA 5.1
Integrar una agenda nacional para la competitividad que involucre a los tres
Poderes de
ESTRATEGIA 5.2 Diseñar
agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto valor
agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la
reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor
remunerados.
Es importante que se establezca
una diferenciación de los programas del Gobierno Federal por regiones, además
de establecer clusters regionales (grupos de empresas agrupadas geográficamente
para alcanzar ventajas competitivas) y promover la integración de cadenas
productivas locales y regionales sin perder de vista a las cadenas de
consumidores.
Se deberá promover el
escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado como
son: automotriz, electrónica, autopartes, entre otras, y la reconversión de
industria básica como son: textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre
otros, además de diseñar agendas de trabajo para la competitividad sectorial.
ESTRATEGIA 5.3 Disminuir
los costos para la apertura y operación de los negocios a través de la mejora
regulatoria.
Mejorar la regulación y hacerla
más expedita mediante la ampliación de los Sistemas de Apertura Rápida de
Empresas (SARES) en los municipios del país, reduciendo trámites y agilizando
los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
ESTRATEGIA 5.4
Fomentar condiciones de competencia económica y libre concurrencia, así como
combatir a los monopolios.
A fin de generar las
condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y que los consumidores
tengan la facilidad de acceder a los bienes y servicios bajo condiciones de
equidad, es necesario llevar a cabo acciones encaminadas a eliminar
distorsiones en materia de competencia que permitan erradicar las prácticas
desleales, fomenten la normalización de productos y servicios y que generen una
cultura de consumo inteligente en donde los consumidores resulten los
principales beneficiados.
Asimismo, se debe contar con
una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de
los sectores, provocando un impacto positivo sobre el crecimiento económico y
el bienestar social, para lo cual es necesario impulsar una reforma regulatoria
en sus vertientes administrativa y legislativa.
ESTRATEGIA 5.5
Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e
innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía
nacional.
El desarrollo científico, la
adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales fuerzas
motrices del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades
modernas. Las empresas innovan para mantener su posición competitiva y para
evitar perder participación en el mercado a manos de otros competidores. En México,
el sector ciencia y tecnología está integrado por las instituciones del sector
público, las instituciones de educación superior que forman posgraduados y
realizan investigación, y las empresas que invierten en desarrollo tecnológico
e innovación.
Un indicador de referencia
internacional que mide el esfuerzo de un país en este sector es la inversión en
Investigación y Desarrollo Experimental (IDE)2 respecto al
PIB. En México, este indicador pasó de 0.37% en
Es importante tener presente
que continúa ampliándose la brecha de la inversión entre los países
desarrollados y los emergentes. El conjunto de países de
Para instrumentar esta
estrategia mediante el programa correspondiente es necesario adoptar las
siguientes líneas de política:
o Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo
que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada,
tecnología e innovación buscando generar condiciones para un desarrollo constante
y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente
esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de
investigación y el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor
impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también
contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de
investigación.
o Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y
aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es fundamental identificar
mecanismos de financiamiento adicionales, que además sean independientes de la
asignación directa de recursos fiscales que año con año hace el Ejecutivo
Federal y el Congreso de
o Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se
invertirán en la formación de recursos humanos de alta calidad (científicos y
tecnólogos), y en las tareas de investigación científica, innovación y
desarrollo tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas prioritarias
para el país con el objetivo de que tengan el mayor impacto social y económico
posible.
o Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas
y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio
de las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas
para potenciar la producción en las diferentes regiones del país.
o Mayor inversión en infraestructura científica, tecnológica y
de innovación. Para ello es necesario desarrollar las fuentes de financiamiento
mencionadas, así como desarrollar la agenda activa de mayor inversión en infraestructura
que se detalla más adelante.
De esta manera se dará impulso
al desarrollo tecnológico que México requiere para ser, en 2012, el líder de
América Latina en este rubro según el Foro Económico Mundial, por encima de
Chile, Costa Rica y Jamaica, que actualmente nos superan.
ESTRATEGIA 5.6
Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de la
economía mexicana.
Para elevar el potencial de
crecimiento de la economía mexicana y su productividad, es esencial continuar
con el proceso de apertura, como ha sido demostrado por las ventajas que han
derivado otros países de su inserción ordenada en la globalización. El comercio
internacional permite un mayor acceso para los productos mexicanos en otros
mercados, y favorece la entrada de bienes de capital e insumos en términos más
económicos. La inversión extranjera directa lleva a la generación de empleos y
permite una transferencia de tecnología de punta.
En materia de comercio
internacional, aún existen barreras que limitan el intercambio internacional
de bienes y servicios. Además, las disparidades en las disposiciones de los
distintos acuerdos comerciales del país y los trámites excesivos incrementan
los costos de transacción en las operaciones de comercio exterior y dificultan
la operación aduanera.
Por su parte, las
inconsistencias arancelarias limitan la inversión en diversos sectores al
propiciar, entre otros problemas, que los insumos para producir ciertas
mercancías se importen con un arancel más alto que el que se aplica al producto
final.
Con base en lo anterior, la
estrategia se implementará con base en los siguientes lineamientos:
o Fortalecer el proceso de integración de México en la economía
mundial mediante, entre otras medidas, el impulso al desarrollo de un sistema
de comercio multilateral más sólido que favorezca el mayor intercambio de bienes
y servicios a través de una participación más activa en el proceso de
negociación de
o Emprender un esfuerzo integral de mejora en los trámites y
procedimientos en materia de comercio exterior y reducir los costos de la
operación aduanera, así como corregir las incongruencias arancelarias.
o Mejorar el aprovechamiento de los tratados de libre comercio
que México ha suscrito mediante una mayor difusión de las oportunidades de
comercio e inversión. También se administrará y vigilará el cumplimiento de los
tratados y acuerdos comerciales en vigor, actualizándolos y profundizándolos
para mejorar su aprovechamiento.
o Promover la convergencia de los tratados de libre comercio,
así como de las agendas de competitividad y cooperación.
o Llevar las negociaciones de los Acuerdos de Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones para dar seguridad jurídica a las
inversiones de los países signatarios y así lograr una mayor captación de flujos
de inversión.
o Instrumentar políticas para promover la facilitación
comercial, el desarrollo de manufacturas y servicios de alto valor agregado.
o Promover reformas que detonen la atracción de inversiones,
mediante instrumentos modernos de promoción y regulación de la actividad
económica.
o Concentrar todos los esfuerzos del Gobierno Federal en materia
de promoción de exportaciones así como de atracción de inversión extranjera
directa con la finalidad de hacer más eficientes las operaciones en la materia.
2.6 Pequeñas y medianas empresas
A pesar de que se han
conseguido avances importantes es necesario continuar con una política
integral de apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMEs); con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer
las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.
Con base en información del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se estima
que las MIPyMEs constituyen el 99% del total de unidades económicas del país,
representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen a generar más del 70% de
los empleos en México. Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a las
MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad
del país y generar empleos.
Cabe notar que, si bien los
diferentes costos de hacer negocios afectan a todas las empresas, son
particularmente onerosos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras
que el mismo costo administrativo puede ser una proporción muy reducida de los
ingresos de una empresa de gran envergadura, puede implicar que una cantidad
elevada de las ventas de una pequeña empresa tenga que destinarse a cubrir
costos de transacción.
La dimensión misma de las
MIPyMEs lleva a que se presente una problemática similar con respecto a otros
de los aspectos productivos mencionados en este documento. Al contar con una
menor cantidad de colateral y tener un historial crediticio más limitado, es
más difícil el acceso a financiamiento para las empresas de menor tamaño.
Problemas en infraestructura pueden ser resueltos directa o indirectamente por
las empresas grandes mediante la reubicación territorial o la auto-provisión
de algunos bienes y servicios, lo cual es permitido por su escala. Las MIPyMEs
carecen de semejantes opciones. Asimismo, están sujetas a mayor riesgo, ya que
su ámbito de acción predominantemente local implica que tienen una mayor
sensibilidad a las condiciones en la región específica donde estén ubicadas.
Por tanto, si bien las
diferentes estrategias que se describen en este documento tienen como objeto
promover el crecimiento en todos los sectores y para todos los grupos
productivos, su impacto será mayor sobre las empresas de menor tamaño. Sin
embargo, dada la problemática particular del sector y su importancia en la
actividad económica agregada y en la generación de empleos es necesario adoptar
una agenda de política orientada especialmente al mismo.
OBJETIVO 6
Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPyMEs).
Las estrategias generales para
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, serán:
ESTRATEGIA 6.1
Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMEs e incrementar el desarrollo
de productos acorde con sus necesidades.
La atención de las MIPyMEs debe
centrar su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial
basada en cinco segmentos: El primero incluye a emprendedores, mujeres y
hombres que se encuentran en proceso de creación y desarrollo de una empresa;
el segundo está compuesto por las microempresas tradicionales; el tercer
segmento contempla a las pequeñas y medianas empresas; el cuarto incluye al
grupo de MIPyMEs que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la
generación de empleos respecto del promedio; y el quinto está conformado por
aquellas empresas establecidas en el país que, por su posición en el mercado,
vertebran las cadenas productivas. Estos segmentos recibirán atención del
Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento,
comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo
tecnológico.
Adicionalmente, se apoyará el
desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales, que generen empleos y
que permitan a los mexicanos tener un ingreso digno y mejores niveles de vida.
El incremento gradual en la
escala de operación es parte del proceso que le permitirá a las MIPyMEs
asegurar su rentabilidad y ser exitosas en su proceso de desarrollo. En muchas
ocasiones ello implicará incursionar en nuevos mercados, lo cual requiere de
una información suficiente sobre las condiciones y los precios en los mismos.
ESTRATEGIA 6.2 Consolidar
los esquemas de apoyo a las MIPyMEs en una sola instancia.
El apoyo a las MIPyMEs se ha
llevado a cabo con una gran diversidad de programas que ha derivado en una
dispersión de esfuerzos y recursos, así como en una multiplicidad de
estrategias diversas, no necesariamente compatibles entre sí. Esto hace
necesario revisar la oferta institucional y reestructurar los esquemas de
apoyos, estableciendo mecanismos de coordinación que permitan generar
sinergias y conduzcan a un mayor impacto de la política con menores costos de
operación. Para ello, el esquema de apoyo a las MIPyMEs se consolidará en una
sola instancia que coordine los programas de apoyo integral a estas empresas,
de acuerdo con su tamaño y potencial, que sea referente a nivel internacional
y que permita impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con
proyectos viables que favorezcan la generación de empleos. En este sentido, se
agilizará la entrega de los recursos para apoyar a las MIPyMEs.
ESTRATEGIA 6.3 Impulsar
el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los
insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando
cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la
producción de bienes que se comercian internacionalmente.
Con ello se busca seguir una
política integral de desarrollo de sectores que resultan estratégicos por su
contribución a la generación de valor agregado y el nivel de empleo formal
bien remunerado y, la promoción del desarrollo regional equilibrado.
ESTRATEGIA 6.4 Revisar
y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un
escalamiento de la producción hacia manufacturas y servicios de alto valor
agregado.
Para ello es clave complementar el apoyo directo con recursos financieros mediante un servicio conducente a mayor capacitación y habilidad administrativa, y programas de asesoría y consultoría que faciliten la expansión de las empresas, la adopción de nuevas prácticas de producción y de las tecnologías más avanzadas.
2.7 Sector Rural
El Sector Agropecuario y
Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque,
además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer
materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha
convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo
exportador. En éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los
avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes
en este sector, persiste aún esta condición en un segmento relevante de la
población rural.
El PIB agroalimentario aumentó
durante el periodo 2000-
En 2006, el comercio
agroalimentario y pesquero de México con el mundo alcanzó 29 mil millones de
dólares, cifra 2.5 veces superior a la registrada en 1994. Con ello, el
déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera pasó de 60.9% en
Aun así, el sector agropecuario
y pesquero, en lo general, continúa siendo el de menor productividad, ya que
éste representa sólo una cuarta parte de la del sector industrial y menos de
una quinta parte de la del sector servicios.
La pobreza rural, así como la
cantidad de familias que continúan ligadas a la producción primaria hace que
sea necesario continuar con apoyos al sector para que mejore su productividad
y promueva su sustentabilidad. Adicionalmente se presentan otros problemas como
la migración, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la
falta de incentivos económicos, para permanecer en sus comunidades de origen
provocan la pérdida de capital humano y social, debilitando el tejido social
en el campo.
El deterioro de suelos y aguas
que son utilizados en las actividades agropecuarias y pesqueras continúa. Cada
año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, las principales
cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica afecta
con los suelos fértiles. Al comparar el período 2000-2004, con respecto a
1990-1994, el total de tierras con potencial productivo registró una caída de
1.9 millones de hectáreas. El 67.7% de la superficie con potencial productivo
presenta algún grado de degradación (química, eólica, hídrica o física),
mientras que los mantos acuíferos muestran sobre-explotación o intrusión salina
(sobre todo noroeste, norte y centro) y la mayor parte de cuerpos de agua
superficiales reciben descargas residuales.
La compleja problemática descrita
implica que resolver la situación en la producción primaria requiere de medidas
estructurales importantes y de procesos que permitan focalizar los recursos que
llegan al campo.
Por otra parte, el potencial
pesquero de México no ha sido explotado de manera integral con responsabilidad
y visión. Además de contar con más de tres millones de km2
de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el
noveno lugar a nivel mundial. Esto le permite al país contar con un
significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los
volúmenes de pesca presentes en sus zonas marítimas.
Esta riqueza biológica de los
mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y generadora de empleos,
siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo los principios de
sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Además de la pesca, la acuacultura
y la maricultura son actividades que también demandan de un impulso ante su
desarrollo aún incipiente.
OBJETIVO 7
Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que
viven en las zonas rurales y costeras.
ESTRATEGIA 7.1 Converger
y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades de
acceso a servicios en medio rural y reduzcan la pobreza (Programa Especial
Concurrente).
Los recursos gubernamentales
destinados al desarrollo rural significan un esfuerzo sin precedente, por lo
que es necesario incrementar su eficacia para promover el desarrollo de la
sociedad rural. Para ello se deberá ordenar de manera más racional y eficiente
los diferentes programas de las dependencias con incidencia en el campo.
ESTRATEGIA 7.2 Promover
la diversificación de las actividades económicas en el medio rural.
Con una visión integral del
desarrollo de la sociedad rural es necesario fomentar la diversificación de
actividades económicas en el medio rural para el mejor aprovechamiento de los
recursos y promover actividades no agropecuarias que generen empleo, mayor
ingreso y un mejor nivel de vida de la población rural.
ESTRATEGIA 7.3
Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del
desarrollo nacional.
Mediante la suma de acciones
interinstitucionales se promoverán proyectos que detonen el desarrollo
económico y social de las comunidades rurales ubicadas en las zonas de alta y
muy alta marginación.
ESTRATEGIA 7.4 Favorecer
el relevo generacional en la tenencia de la tierra en la propiedad social.
A través del apoyo a jóvenes,
se busca su arraigo en su lugar de origen evitando la migración y ociosidad de
tierras, promoviendo la creación de empresas rurales que fomenten la
productividad, innovación y el desarrollo tecnológico que garanticen el relevo
pacífico de los titulares de derechos agrarios.
ESTRATEGIA 7.5 Garantizar
certeza jurídica.
Este tema es condición
necesaria para el desarrollo económico de las regiones.
ESTRATEGIA 7.6 Impulsar
la modernización integral del sector pesquero para hacerlo competitivo en el
mercado internacional.
ESTRATEGIA 7.7 Elaborar
el censo nacional agropecuario.
Actualizar la base de
información de los sectores agropecuario y pesquero para contar con elementos
que permitan tomar mejores decisiones.
OBJETIVO 8
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y
accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
ESTRATEGIA 8.1 Proteger
al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria.
Garantizar la aplicación de la
normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y
mejorarla permanentemente para mantener el reconocimiento a nuestros estatus
sanitario por parte de los mercados globales.
ESTRATEGIA 8.2 Promover
la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y la certidumbre de
mercados.
Se requiere garantizar el
abasto de alimentos sanos a través del fomento a la producción de cultivos y
productos básicos para la alimentación de los mexicanos y fortalecer su
comercialización mediante la promoción y ordenamiento de mercados.
OBJETIVO 9
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia
en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor
y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.
ESTRATEGIA 9.1 Mejorar
la productividad laboral a través de la organización, capacitación y asistencia
técnica.
Se deberá impulsar y coordinar
los procesos de participación, educación no formal, capacitación,
actualización, evaluación, acreditación y certificación, que aseguren la
integración de los productores a procesos productivos innovadores y a mejores
técnicas administrativas y comerciales de sus empresas.
ESTRATEGIA 9.2
Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del
sector rural.
Es necesario vincular los
resultados de investigación con el establecimiento de los programas de fomento
a la producción agropecuaria y pesquera. Asimismo, se requiere intensificar la
transferencia de la tecnología ya generada vinculándola con las asociaciones de
productores. La investigación rural adquiere cada vez más importancia
alrededor del mundo. Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Malasia son ejemplos
concretos de cómo la investigación rural funciona.
ESTRATEGIA 9.3 Promover
el acceso a insumos competitivos.
Ante la apertura comercial, se
requiere establecer un esquema de estímulos que permita a los productores
mexicanos adquirir insumos a precios competitivos a efecto de que no se
incrementen los costos de producción y estar en condiciones de competir en
calidad y precio con los productos del exterior.
ESTRATEGIA 9.4 Incrementar
acciones que den certidumbre a las actividades agropecuarias y la generación
de valor agregado.
La certidumbre se logra
mediante un marco jurídico que regule con transparencia y certeza las
relaciones sociales y las actividades productivas, y un sistema institucional
adecuado, que permita la actuación de los actores económicos y pueda regular y
ordenar los mercados. Es necesario promover la aplicación de proyectos de
inversión sustentables y que le den un valor agregado a la producción primaria,
a fin de que el productor retenga en su favor un mayor porcentaje del precio
pagado por el consumidor final.
ESTRATEGIA 9.5
Promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural.
Se requiere diseñar esquemas de
financiamiento diferenciados, tomando en consideración el nivel de desarrollo
y capitalización de los productores con plazos, tasas y tipos de garantía
preferenciales y flexibles.
ESTRATEGIA 9.6 Orientar
la producción a las demandas del mercado.
Dar prioridad a los proyectos
productivos orientados a satisfacer las necesidades y preferencias de los
consumidores nacionales y extranjeros, asimismo se requiere fortalecer la
oferta de los productos mexicanos mediante la promoción comercial de los
mismos.
ESTRATEGIA 9.7
Impulsar la generación de empresas rentables en el sector rural social.
Es primordial dentro del sector
rural, el impulso al desarrollo del talento emprendedor necesario en la
creación de agroempresas generadoras de empleo y bienestar.
ESTRATEGIA 9.8
Integración económico-productiva de las mujeres en el sector rural.
Es importante favorecer la
independencia y capacidad productiva de las mujeres en el campo.
ESTRATEGIA 9.9 Revisar
la política de producción agropecuaria para elaboración de bioenergéticos.
Aprovechar sustentablemente
nuestra rica biodiversidad cuidando que no se pierdan bosques y selvas en la
producción de bioenergéticos.
ESTRATEGIA 9.10
Continuar el PROCAMPO hasta el fin de la presente Administración, mejorando su
operación y eficiencia.
ESTRATEGIA 9.11 Dar
puntual seguimiento a los programas dirigidos a elevar la competitividad del
maíz, frijol, azúcar y leche, en el marco de la apertura comercial prevista en
el Tratado de Libre Comercio para América del Norte para el 2008.
OBJETIVO 10
Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
La preservación del medio
ambiente y la biodiversidad en los ecosistemas será un elemento transversal de
las políticas públicas. La reversión del deterioro de los ecosistemas
contribuirá a conciliar la sustentabilidad del medio ambiente con el
desarrollo económico.
ESTRATEGIA 10.1 Promover el ordenamiento ecológico general del territorio y mares.
Es necesario disminuir el
impacto ambiental en todas las actividades de la producción rural, así como la
prevención de impactos por fenómenos meteorológicos mediante inversión en
infraestructura y capacitación a la población.
ESTRATEGIA 10.2
Garantizar la bioseguridad y conservar la agrobiodiversidad.
Es imprescindible preservar la
variabilidad de organismos vivos de los ecosistemas terrestres y marinos para
asegurar la riqueza de la agrobiodiversidad existente en el país.
ESTRATEGIA 10.3 Lograr
un balance entre las actividades productivas rurales y marinas con la
protección del ambiente para conservar el agua y los suelos.
Es necesario lograr un balance
entre las actividades productivas y la protección al ambiente, para continuar
proporcionando bienes y servicios ambientales de manera continua y sostenible.
Los incentivos (jurídicos y económicos) que provea el gobierno estarán
alineados a la conservación del agua y los suelos.
OBJETIVO 11
Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones
concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y
promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.
ESTRATEGIA 11.1
Impulsar una agenda legislativa en un ambiente propicio para lograr consensos
con el Congreso de
La relación con el poder
legislativo es primordial para generar el marco regulatorio que propicie el
desarrollo de la sociedad rural.
ESTRATEGIA 11.2 Generar
un ambiente armónico de consulta y atención con los agentes e instituciones
vinculadas al sector.
Se requiere una mayor
participación de la sociedad rural en la planificación y toma de decisiones
relativas al desarrollo del sector rural. Propiciar la organización agraria
como base para el desarrollo del campo fortaleciendo su vida interna y
fomentando el desarrollo productivo que reactive a los ejidos, comunidades y
pequeña propiedad rural.
ESTRATEGIA 11.3
Cooperar con los gobiernos estatales para implementar las políticas enfocadas
al medio rural.
Crear un ambiente de cercanía y
cooperación con todos los gobiernos de los estados, que permita coordinar
mejor la implementación de políticas agropecuarias y pesqueras.
2.8 Turismo
El sector turismo tiene varias
características que lo convierten en una prioridad nacional dada su importancia
como factor de desarrollo y motor de crecimiento. Destacan, en primer lugar,
su elevada productividad y empleo bien remunerado; y en segundo, que en muchas
ocasiones se desenvuelve en regiones de menor desarrollo económico. Cabe notar
que la riqueza cultural y natural de México implica que existen amplias
oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente.
La mayor integración mundial,
aunado a la riqueza cultural y natural de nuestro país, implica que México hoy
en día se encuentra en una situación de enorme potencial para que el desarrollo
exitoso del sector turismo se vuelva en uno de los ejes de desarrollo del país.
El desarrollo acelerado a nivel mundial implica que la demanda por servicios
turísticos se incrementará de forma importante en los años venideros.
Finalmente, el incremento en la población pensionada en los países
industrializados implica una proporción cada vez mayor de individuos de
elevados recursos socioeconómicos con interés por realizar largos viajes a
destinos atractivos.
Sin embargo, al igual que en
otros ámbitos, el mismo fenómeno de globalización lleva a que el viajero, tanto
nacional como extranjero, tenga mayores opciones. Así como la tecnología de la
información facilita adquirir información y realizar la planeación de un viaje
en nuestro país, lo hace también para otros destinos. Los menores costos de
transportación aérea permiten a nuestros visitantes tradicionales tener acceso
a destinos más alejados. Ello implica que, al igual que en otros ámbitos de la
actividad económica, las oportunidades y retos que representa la integración
mundial debe resolverse mediante políticas públicas decididas.
El sector debe ser reconocido
como una pieza clave en el desarrollo económico del país. Asimismo, se debe
garantizar que el crecimiento del sector respete los entornos naturales,
culturales y sociales. Es justamente la riqueza de México en términos de una
cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, fauna y flora
endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo que atrae y diferencia a nuestro
país de otras naciones del mundo.
El papel del sector como
detonante del desarrollo local implica que el desarrollo de infraestructura y
de servicios debe incluir aquellos orientados a dotar de capacidades a la
población local. Sólo de esa forma puede consolidarse una mejoría en el
bienestar de las poblaciones locales que les permita ser participes plenos del
proceso de desarrollo.
OBJETIVO 12
Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a
la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio
de calidad internacional.
Para convertir a México en un
país líder en el sector turismo y aumentar en un 35% el número de visitantes
internacionales al año es necesario poner en marcha las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 12.1 Hacer
del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y
combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos.
Crear condiciones de certeza
jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así
como acciones para consolidar las existentes.
La política turística
considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos,
incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la
participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan
proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este
proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y
capacitación a MIPyMEs.
ESTRATEGIA 12.2
Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta
turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el
ordenamiento territorial integral.
Orientar los esfuerzos de la
política turística y de las actividades de las entidades públicas del gobierno
federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo
hacia la competitividad nacional e internacional de las empresas, productos, y
atractivos turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y
social y coordinación con el sector privado.
ESTRATEGIA 12.3
Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la
satisfacción y seguridad del turista.
Desarrollar programas de
promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad
fortaleciendo los programas de información, asistencia y seguridad al turista.
ESTRATEGIA 12.4
Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo.
Promover junto con el Poder
Legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del
marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que
garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos.
ESTRATEGIA 12.5
Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados.
La política turística nacional
promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos
competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y
potenciales, nacionales y extranjeros.
Se diseñarán programas de
mercadotecnia puntuales para cada segmento, consolidando los productos actuales
e impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y competitivos para nuevos
segmentos y nichos del mercado.
ESTRATEGIA 12.6 Asegurar
un desarrollo turístico integral.
El sector turístico requiere de
estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para
ello, es necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente
a las condiciones de vida de las poblaciones locales donde se ubique la
actividad.
2.9 Desarrollo regional integral
El desarrollo de México no
puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Hoy en día, las
desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y
localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en
los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido
en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia
regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a
todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá promoverse la
competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas
para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar
progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.
El esfuerzo debe ser
compartido, ya que el éxito de la estrategia de desarrollo regional requiere de
acciones por parte del gobierno federal, así como de los gobiernos de los
estados y los municipios, alentando la formación de espacios que favorezcan la
comunicación, la difusión, la innovación y las actividades productivas, creadoras
de trabajo y de calidad de vida. No sólo es clave la relación del Gobierno
Federal con los otros órdenes de gobierno, sino también la coordinación entre
ellos para permitir un desarrollo que beneficie a todos.
En síntesis, el buen desempeño
de las economías regionales dependerá, y éste es su desafío, de la buena marcha
de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de
gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera eficiente, en
establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en
todo el territorio nacional.
OBJETIVO 13
Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y
a nivel nacional.
Para lograr este objetivo se
requiere implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 13.1 Fomentar
mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de
gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y
dentro de
ESTRATEGIA 13.2
Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades
institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos humanos de
servidores públicos, lo que permita una mejor acción en todos los niveles de
gobierno.
ESTRATEGIA 13.3 Fomentar
la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las
regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con
alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.
ESTRATEGIA 13.4 Asegurar
que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan
tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e
internacionales y a las comunicaciones.
ESTRATEGIA 13.5
Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e
instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones
del país, aprovechando para ello la banca de desarrollo.
ESTRATEGIA 13.6 Considerar
la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el
diseño de programas y políticas públicas.
ESTRATEGIA 13.7
Promover el abaratamiento del costo de envío de remesas y desarrollar esquemas
innovadores, para que los recursos sean utilizados para la inversión productiva
en las regiones receptoras.
Cabe notar que la importancia
de los flujos de remesas radica no sólo en su magnitud sino también porque
frecuentemente llegan a las regiones de menor desarrollo económico.
Estos flujos de recursos,
además de contribuir a atender las necesidades inmediatas de los
beneficiarios, son una fuente potencial de financiamiento de la inversión en
esas regiones, que permita ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo
para las nuevas generaciones en sus lugares de origen.
Infraestructura para el desarrollo
La infraestructura es
fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de
productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en
beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un
componente esencial de la estrategia para la integración regional y el
desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de
la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y
generar un mayor número de empleos mejor remunerados.
Comparaciones internacionales
señalan que, por la calidad y competitividad de su infraestructura, México se
ubica actualmente entre el quinto y el séptimo lugar en América Latina. Dichas
comparaciones señalan que la infraestructura de México es 30 % menos competitiva
que la de Chile. Asimismo, los montos de inversión son relativamente bajos: la
inversión en infraestructura, excluyendo petróleo, como porcentaje del PIB en
México es de alrededor de 2 %, Chile invierte más del doble, mientras que China
destina un monto equivalente a 9 % del PIB para inversión en infraestructura.
El Banco Mundial estima que, tan solo para alcanzar la cobertura universal en
servicios básicos, atender el crecimiento de la demanda y dar un mantenimiento
adecuado a la infraestructura existente, México debe incrementar su inversión
entre 1.0 % y 1.25 % del PIB y que, para elevar la competitividad del país de
manera significativa, la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB
debe al menos duplicarse respecto a los niveles actuales.
El objetivo primordial del Plan
Nacional de Desarrollo en esta materia es incrementar la cobertura, calidad y
competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente
administración, México se ubique entre los treinta países líderes en
infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial. Sin
embargo, no basta con incrementar los montos de inversión. Es necesario también
establecer mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos y
que los proyectos se desarrollen en tiempo y forma. Esto implica revisar todas
las etapas de desarrollo de los proyectos de infraestructura, desde las de
planeación y evaluación hasta las de presupuestación, contratación y
ejecución, con el fin de lograr que los proyectos que se desarrollen sean los
de mayor rentabilidad social y económica, y que no se incurra en retrasos y
sobrecostos innecesarios.
Para ello, la estrategia que se
propone incluye las siguientes acciones:
• Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo.
• Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.
• Fortalecer las áreas de planeación de las dependencias y entidades gubernamentales, así como la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
• Asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de infraestructura.
• Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación, para asegurar la factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
• Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la ecología.
• Brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector.
• Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de infraestructura, incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.
• Dar un seguimiento eficaz al desarrollo de proyectos en todas sus etapas, para identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución.
• Promover una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en el desarrollo de proyectos de infraestructura, especialmente aquellos de impacto regional.
• Fortalecer la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
• Consolidar la capacidad instalada nacional en todos los ámbitos relacionados con la planeación, construcción, conservación y operación de los proyectos de infraestructura.
A continuación se abordan de
manera específica los diferentes tipos de infraestructura por sector de la
economía.
2.10 Telecomunicaciones y transportes
OBJETIVO 14
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y
servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional,
a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna
en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de
mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país,
de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas
comparativas con las que cuenta México.
El sector comunicaciones y
transportes ha sido muy dinámico durante la última década en México,
especialmente el de las telecomunicaciones, dinamismo que se ha derivado
principalmente de la aplicación de nuevas tecnologías y servicios, así como de
otros factores como la reducción de tarifas de la mayoría de dichos servicios.
Telecomunicaciones
Cabe notar que aún cuando se
dio un incremento significativo en los recursos invertidos en las
telecomunicaciones durante el periodo 1997-2001, se ha observado un menor dinamismo
a partir de entonces.
La inversión en infraestructura
telefónica y la apertura a la competencia del servicio de larga distancia y de
telefonía pública permitieron que durante el periodo de
En la última década, la
telefonía móvil ha tenido un gran desarrollo y un fuerte crecimiento durante
el periodo de
De igual manera, la densidad ha crecido de
Por otra parte, el acceso a la
tecnología de la información e Internet ha permitido, a los países que lo han
aprovechado de manera integral, acceso a fuentes de información, a nuevos
mercados, a la realización de operaciones de compra-venta y financieras y, en
general, a la reducción de los costos de transacción de tal forma que se han
traducido en ganancias significativas en productividad. México contaba en 2001
con más de siete millones de usuarios de Internet, mientras que al finalizar el
2006, se tenían más de 18 millones de usuarios. A pesar de que el número de
usuarios ha crecido a más del doble, es imperativo proceder con una agenda
activa que aumente el acceso a estos servicios.
Para aumentar el acceso a los
servicios de telecomunicaciones a un número cada vez mayor de mexicanos, se
implementarán las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 14.1
Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar
la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas
permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.
ESTRATEGIA 14.2 Promover
la adhesión de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para
el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten el uso de las tecnologías
de información y comunicación.
ESTRATEGIA 14.3
Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que
permita alcanzar una penetración superior al 60 % de la población,
consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar,
desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población.
ESTRATEGIA 14.4 Modernizar
el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el
uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la
información, los servicios y las transacciones electrónicas.
ESTRATEGIA 14.5 Proponer
esquemas de financiamiento y autosustentablidad para fomentar la aplicación y
desarrollo de proyectos en el uso de las tecnologías de la información y su
continuidad operativa.
ESTRATEGIA 14.6
Desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una
mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios
de telecomunicaciones.
Transportes
El transporte ha crecido a un
ritmo similar al de la economía en su conjunto. Durante los últimos años la
inversión ha aumentado, sin embargo no ha sido suficiente para aumentar y
modernizar la infraestructura de manera significativa.
A diferencia de las
telecomunicaciones, en materia de transporte la cobertura de los servicios es
parecida a la de otros países con grado de desarrollo similar. Sin embargo, las
diferencias con respecto a los países de
ESTRATEGIA 14.7
Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar
la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda
la población.
ESTRATEGIA 14.8 Abatir
el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los
usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación
del servicio de transporte.
ESTRATEGIA 14.9 Modernizar
la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo,
rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la
infraestructura de transporte.
ESTRATEGIA 14.10 Proponer
esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el
desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador
de oportunidades y empleos.
La implementación de estas
estrategias deberá contemplar las siguientes líneas de política:
o Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras.
o Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios.
o Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada. Con estos modelos de asociación público-privada, se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones físicas de las carreteras, así como generar un importante número de empleos directos e indirectos.
o Mejorar la prestación de los derechos de paso y los servicios de interconexión para explotar la red ferroviaria como un sistema “sin costuras”, de forma segura, eficiente y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio, en beneficio de los usuarios y de la economía nacional en su conjunto.
o Revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros y continuar impulsando proyectos de trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la infraestructura existente.
o Asimismo, se debe impulsar la modernización y el mantenimiento adecuado de las vías, el mejoramiento de las condiciones físicas de los patios, el incremento en la capacidad de carga de los puentes, la convivencia urbano-ferroviaria y la construcción de instalaciones para el transporte intermodal. Ello también requerirá reforzar y consolidar la normatividad en materia ferroviaria y continuar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, así como potenciar la convivencia urbano-ferroviaria.
o Ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada, a fin de hacer frente a la creciente demanda de operaciones y servicios, así como desarrollar nuevos proyectos aeroportuarios vinculados con el desarrollo regional, turístico y comercial de las diferentes regiones del país, para atender a diversas regiones que padecen de problemas de insuficiencia de estos servicios.
o Asimismo, en los siguientes años habrá que consolidar la reorganización del mercado de transporte aéreo, como resultado del ingreso al mercado de empresas de bajo costo y alta eficiencia, para alentar una competencia sana y abierta y generar un mejor servicio para los usuarios.
o En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo.
o Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.
o Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que permitan a México constituirse en una plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo.
2.11 Energía: electricidad e hidrocarburos
OBJETIVO 15
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de
los insumos energéticos que demandan los consumidores.
Sector de hidrocarburos
El sector de hidrocarburos
deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas
natural y los productos derivados que requiere el país, a precios
competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad
internacionales. Ello requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y
productividad en los distintos segmentos de la cadena productiva.
Uno de los retos más
importantes consiste en detener y revertir la evolución desfavorable de las
reservas de hidrocarburos. Al ritmo de producción actual, las reservas probadas
de petróleo crudo se agotarán en 9.3 años y las de gas natural en 9.7 años. El
campo Cantarell, que actualmente aporta más de 50% de la producción nacional
de petróleo crudo, ha iniciado su etapa de declinación. Por lo que toca a la
producción de gas natural, si bien la tendencia muestra un crecimiento en los
últimos años, dicho aumento no ha sido suficiente para abatir las importaciones
de este energético.
Aunado a esta situación,
Petróleos Mexicanos carece de la tecnología para desarrollar los recursos
prospectivos en aguas ultra profundas y enfrenta restricciones para la
explotación de campos en yacimientos fronterizos. De no tomar las medidas
requeridas para corregir lo anterior, se enfrentará un deterioro en las
finanzas de Petróleos Mexicanos y una disminución en la contribución del
sector de hidrocarburos a las finanzas públicas.
Por otro lado, la capacidad de
refinación en México se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 15
años.
Las importaciones de gasolina
han crecido significativamente y en 2006 casi cuatro de cada diez litros
consumidos en el país fueron suministrados por el exterior. Por su parte, en
petroquímica existe una industria desintegrada, con altos costos de producción
y baja competitividad, lo que genera montos insuficientes de inversión e
importaciones crecientes.
Finalmente, Petróleos Mexicanos
tiene áreas de oportunidad en materia de organización que le permitirían
operar con mayor eficiencia y mejorar la rendición de cuentas. También resulta
indispensable realizar acciones para elevar los estándares de seguridad y
reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera. En este sentido, es
necesario fomentar la introducción de las mejores prácticas de gobierno
corporativo y de mecanismos que permitan un mejor manejo y utilización de los
hidrocarburos, con seguridad y responsabilidad ambiental.
Las estrategias que se
desarrollarán para alcanzar los objetivos del sector, enfrentar los retos y
resolver sus problemáticas son las siguientes:
ESTRATEGIA 15.1
Fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración
óptima de los recursos, procurando equilibrar la extracción de hidrocarburos y
la incorporación de reservas, a fin de garantizar que las generaciones futuras
de mexicanos gocen de los beneficios de la riqueza del subsuelo nacional.
ESTRATEGIA 15.2 Fortalecer
la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la
capacidad de refinación, el incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro
y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos derivados y
gas.
ESTRATEGIA 15.3
Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de
infraestructura energética de alta tecnología, así como promover proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores soluciones a los
retos que enfrenta el sector.
ESTRATEGIA 15.4
Revisar el marco jurídico para hacer de éste un instrumento de desarrollo del
sector, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y promoviendo mejores condiciones
de competencia en aquellas áreas en las que, por sus características, se
incorpore inversión complementaria.
ESTRATEGIA 15.5
Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de
oportunidad de mejora operativa.
ESTRATEGIA 15.6
Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de
mitigación del impacto ambiental.
ESTRATEGIA 15.7
Modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de crudos
pesados.
Sector eléctrico
La energía eléctrica se ha
convertido en un elemento indispensable para prácticamente todas las
actividades de la vida moderna. Por ello, su suministro con la calidad
requerida y a precios competitivos, permitirá atraer mayores inversiones,
contribuyendo así a la generación de empleos en la economía.
En el sector eléctrico se
requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las
tarifas eléctricas, el cual tiene un importante impacto en las decisiones de
inversión y es un factor clave para la competitividad de la economía.
Actualmente el 64% de la electricidad generada se basa en la utilización de
hidrocarburos como fuente primaria. En los últimos años el costo de los
energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente,
lo que ha ejercido presiones sobre el costo de producción de la electricidad,
aumentando los cargos que enfrentan los consumidores.
Un segundo reto consiste en
mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. Para alcanzar niveles
de confiabilidad acordes con los estándares internacionales, se buscará el desarrollo
de la infraestructura necesaria.
Por otra parte, la expansión
reciente de centrales generadoras se basó principalmente en plantas de ciclo
combinado, que si bien ofrecen mayor eficiencia y menores costos de inversión y
plazos de construcción más cortos, han generado mayores importaciones de gas
natural, en un entorno de altos precios de este combustible.
En materia de transmisión y
transformación, aunque recientemente se enlazó el área noroeste al Sistema
Interconectado, resulta conveniente seguir propiciando el intercambio de
energía entre regiones.
Por su parte, en el segmento de
distribución, actualmente 97 de cada cien hogares cuenta con electricidad, lo
que coloca al país en niveles muy cercanos de cobertura a los indicadores que
tienen los países desarrollados. Sin embargo, más de 3 millones de habitantes
aún no cuentan con el servicio eléctrico y la mayor parte se ubica en
comunidades marginadas y de difícil acceso.
Dentro de las empresas
públicas, Luz y Fuerza del Centro presenta una circunstancia particular. En
materia financiera, sus pasivos laborales entre pensionados y trabajadores
activos son cercanos a los 80 mil millones de pesos, y los recursos transferidos
a Luz y Fuerza del Centro han sido crecientes en los últimos años.
Las transferencias a dicho
organismo programadas para el año 2007 ascienden aproximadamente a 31 mil
millones de pesos y se estima que, de continuar esta tendencia, las
transferencias para el año 2012, serán cercanas a los 57 mil millones de pesos.
Adicionalmente, las pérdidas de energía en Luz y Fuerza del Centro se ubican
en alrededor de 33 %, lo cual excede los estándares de la industria eléctrica a
nivel nacional e internacional. Esto significa que una tercera parte de la
energía disponible para venta, se pierde o no se cobra.
Para el sector eléctrico, se
proponen las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 15.8
Fomentar niveles tarifarios que cubran costos relacionados con una operación
eficiente de las empresas. Para ello, se requerirá mejorar la competitividad
del servicio eléctrico con un enfoque integral desde la planeación, la
inversión, la generación, la transmisión, la distribución y la atención al
cliente.
ESTRATEGIA 15.9 Desarrollar
la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía
eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, realizando inversiones que
permitan atender los requerimientos de demanda en los diversos segmentos e
impulsando el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen
servicio público.
ESTRATEGIA 15.10
Fortalecer a las empresas del sector, adoptando estándares y prácticas
operativas de la industria a nivel internacional en la industria, mejorando
procesos con la utilización de sistemas de calidad y de tecnología de punta, y
promoviendo un uso más eficiente de su gasto corriente y de inversión.
ESTRATEGIA 15.11
Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas utilizando
energías renovables en aquellos casos en que no sea técnica o económicamente
factible la conexión a la red.
ESTRATEGIA 15.12
Diversificar las fuentes primarias de generación.
Energías Renovables y Eficiencia Energética
Uno de los ejes centrales de
las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se
propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de
tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los
combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las
necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los
recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías
renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a
los biocombustibles.
En materia de ahorro de
energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de
equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no
sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles
fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan
los usuarios al consumo de energéticos.
ESTRATEGIA 15.13
Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de
manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor
eficiencia energética y ahorros a los consumidores.
ESTRATEGIA 15.14 Fomentar
el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles,
generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar
sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene
el país en la materia.
ESTRATEGIA 15.15
Intensificar los programas de ahorro de energía, incluyendo el aprovechamiento
de capacidades de cogeneración.
ESTRATEGIA 15.16 Aprovechar
las actividades de investigación del sector energético, fortaleciendo a los
institutos de investigación del sector, orientando sus programas, entre otros,
hacia el desarrollo de las fuentes renovables y eficiencia energética.
ESTRATEGIA 15.17 Fortalecer
las atribuciones de instituciones de regulación del sector.
2.12 Sector hidráulico
En los años venideros, México
enfrentará los problemas derivados del crecimiento de la demanda, y la
sobreexplotación y escasez del agua, los cuales, de no atenderse, pueden
imponer límites al desarrollo económico y al bienestar social del país.
Ante ello, se requiere impulsar
una agenda para utilizar el agua de manera eficiente, garantizando el
desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente.
De acuerdo con el Segundo
Conteo de Población y Vivienda, a octubre de 2005 se alcanzó una cobertura a
nivel nacional del servicio de agua potable de 89.2 por ciento. A diciembre de
2006, se estima que ésta llegó a 89.6 por ciento. Por otra parte, a octubre de
2005 se alcanzó una cobertura del servicio de alcantarillado a nivel nacional
de 85.6 por ciento. Para el año 2006, se estima que llegó a 86.1 por ciento.
La problemática del agua en
México se encuentra asociada a diferencias regionales que no sólo tienen que ver
con la dotación del recurso hídrico, sino también al crecimiento de la
población y la distribución territorial de las actividades económicas.
OBJETIVO 16
Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos
los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del
agua en cuencas y acuíferos.
Para lograr este objetivo, es
necesario implementar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA 16.1 Desarrollar,
en coordinación con las instituciones pertinentes, los incentivos e
instrumentos económicos que propicien la preservación de ríos, lagos,
humedales, cuencas, acuíferos y costas del país, adecuando las concesiones a
los volúmenes disponibles.
Dicha estrategia debe incluir
las siguientes líneas de política para su implementación:
o Hacer más eficiente la operación y manejo de los sistemas de presas del país y las superficies agrícolas.
o Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reutilización, así como el intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada.
o Diseñar esquemas de financiamiento mixto que permitan potenciar los escasos recursos públicos con los que se cuentan.
ESTRATEGIA 16.2 Impulsar
la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres
órdenes de gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua
potable y la prestación eficiente de los servicios de drenaje y alcantarillado,
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de
aquella que hoy carece de esos servicios.
ESTRATEGIA 16.3
Promover una mayor eficiencia en los organismos operadores de agua, con el fin
de evitar pérdidas y alentar el uso óptimo de la infraestructura hidráulica.
ESTRATEGIA 16.4 Llevar
a cabo las acciones necesarias para proteger a los centros de población y a
las actividades productivas de los efectos causados por fenómenos
hidrometeorológicos.
2.13 Construcción y Vivienda
Sector Construcción
Promover el desarrollo de los
sectores de construcción y vivienda es un elemento esencial de la estrategia
de la presente administración. Son sectores altamente generadores de empleos y
que tienen el potencial de constituirse en motores del crecimiento de la
demanda interna, reduciendo la sensibilidad ante fluctuaciones en la economía
internacional. La construcción mantiene una vinculación directa con el
desarrollo de una infraestructura moderna y eficiente y con la producción de
satisfactores para demandas sociales como la vivienda.
Sector Vivienda
La vivienda constituye la base
del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social.
Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a
las familias generar mayor riqueza, tanto para las generaciones actuales, como
para las futuras. Durante la presente administración, la política de vivienda
tendrá un sentido preponderantemente social y buscará, en todo momento,
ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda,
atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo
de vida. Además se buscará promover herramientas de política pública para
garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de construcción y de
vivienda, permitiendo un mayor acceso a fuentes de financiamiento formales.
Contar con una vivienda propia permite a los ciudadanos adquirir y heredar un
patrimonio a sus hijos.
La demanda habitacional tiene
su origen en el comportamiento demográfico de la población. Las tendencias
demográficas en un horizonte de 25 años (2005-2030) apuntan a que se integrará
un promedio de 650 mil hogares nuevos por año. Con este ritmo, la demanda de
vivienda alcanzará una cifra cercana a los 3.9 millones durante los seis años
de la presente administración que, sumados a las 2.1 millones de familias que
hoy requieren de habitación independiente, representa la necesidad de impulsar
la oferta de 6 millones de viviendas. Asimismo, en secciones anteriores de este
capítulo se han documentado los rezagos existentes en términos de desarrollo de
infraestructura.
A esta demanda se agregan
deficiencias e insuficiencias en la identificación del suelo apropiado para
desarrollo económico y desarrollo habitacional por su disponibilidad de
servicios e infraestructura, así como la necesidad de realizar mejoras o
ampliaciones a más de un millón de viviendas que lo requieren, y de hacer
frente al fenómeno de habitaciones que se extendieron sin disponer de
servicios como agua potable, drenaje o luz eléctrica.
A pesar de los avances y logros
que se han obtenido en años recientes, el sector de construcción y de vivienda
enfrenta una serie de retos para el futuro inmediato, por lo que la presente
administración tendrá un objetivo general y sus respectivas estrategias:
OBJETIVO 17
Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de
la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción
en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos
humanos.
ESTRATEGIA 17.1 Brindar
certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de
registros públicos de la propiedad, catastros municipales y rurales, y de la
obligatoriedad del registro público de inmueble.
La modernización y homologación
de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales y
rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades
inmuebles, son los instrumentos fundamentales para ofrecer la certidumbre
jurídica para las familias y para los proyectos de construcción. Ello permitirá
a las familias potenciar el valor de su patrimonio, garantizar su
heredabilidad o transmisión de dominio sin conflicto, y acceder a fuentes
formales de financiamiento en beneficio de su propia calidad de vida. En
términos de la construcción, la certidumbre jurídica es necesaria para poder emprender
proyectos más ambiciosos.
ESTRATEGIA 17.2 Ampliar
la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y
construcción.
La disponibilidad de
financiamiento para vivienda debe responder tanto a las diferentes necesidades,
preferencias y prioridades de la población, como a la evolución que presenten
las familias a lo largo de sus distintos ciclos. Para ello, es indispensable
promover una mayor movilidad del patrimonio que permita a los hogares aspirar a
mejorar el tamaño y características de su vivienda de acuerdo a su ingreso,
capacidad de pago y necesidades específicas en cada etapa de su vida.
Asimismo, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y
opciones de financiamiento que permitan a las empresas del sector conseguir los
recursos suficientes para sus proyectos, así como diversificar el riesgo
asociado a los mismos. El gobierno federal apoyará esta estrategia mediante el
otorgamiento de seis millones de créditos para la construcción, adquisición o
remodelación de vivienda.
ESTRATEGIA 17.3
Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para
la construcción de vivienda.
Para desarrollar esta
estrategia se requiere impulsar los mecanismos financieros para la creación de
reservas territoriales tanto con vocación económica como habitacional, en los
tres órdenes de gobierno, sujetos a disposiciones que garanticen el desarrollo
de proyectos de construcción y habitacionales en un entorno urbano ordenado,
con certidumbre jurídica, con infraestructura adecuada y servicios
sustentables.
ESTRATEGIA 17.4 Reaprovechamiento
de la infraestructura urbana y su equipamiento existente, reduciendo, por un
lado, presiones en las finanzas públicas de los estados y municipios y, por el
otro, el impacto que la ubicación de los proyectos de construcción y de
vivienda pudiese tener en la calidad y costo de vida de sus habitantes.
En el contexto de la
estrategia, se incrementará la participación recíproca de
ESTRATEGIA 17.5 Consolidar
el Sistema Nacional de Vivienda.
ESTRATEGIA 17.6 Generar
un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada, y asistir para el
desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivienda para arrendamiento.
Para ello, se requiere de una
mayor flexibilidad normativa para la sustitución y liquidación de hipotecas,
una simplificación procesal y administrativa, así como una reducción de los
costos de transacción asociados a la compra-venta y los traslados de dominio.
Un mercado de arrendamiento activo permitirá atender a un segmento de la
población que desea mantener flexibilidad de movimiento y que no desea
constituir su patrimonio por la vía de la propiedad de una vivienda.
ESTRATEGIA 17.7 Promover
el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar
vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas
de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos.
En este sentido, se estimulará
la ampliación de la oferta sin garantía hipotecaria y se impulsarán mecanismos
que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, de tal modo que se facilite a
las familias mexicanas de menores ingresos el acceso a recursos que les permitan
hacerse de una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.
Eje 3.
Igualdad de oportunidades
La finalidad de la política
social de esta Administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de
los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México
hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver a fondo las
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser
capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven
en la pobreza, es decir, casi la mitad de la población.
El desarrollo humano y el
bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de
los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de
igualdad de oportunidades.
El Plan busca que cada
mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde
creció o el ingreso de sus padres –y en especial aquel que se encuentra en
condiciones de pobreza– pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar
sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin
menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.
Reconoce también las particularidades tanto de la pobreza en las ciudades como
la pobreza en el área rural, ya que cada una requiere de mecanismos de
atención particulares.
El país tiene una enorme deuda
con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación;
atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política
social integral que, primero, articule los programas y acciones de gobierno
desde sus diferentes ámbitos de acción y, segundo, promueva la coordinación y
la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad.
Es claro que hay muchas necesidades
que deben atenderse en forma inmediata. Sin embargo, una política social que
sólo resuelva este tipo de necesidades, no sólo no es efectiva ni viable, sino
que no tienen efectos permanentes en el mediano y largo plazos. Se buscará
entonces dar oportunidades en forma equitativa y que éstas permitan resolver
las causas más profundas de la pobreza, para que el cambio en estas condiciones
perdure y se logre romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Para mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados, la política social debe estar en estrecha relación
con la política económica. Sólo una economía competitiva será capaz de generar
más empleos y oportunidades de mayores ingresos para un mucho mayor número de
mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en
salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas
podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los
beneficios que ésta les ofrece.
Es necesario llevar a las
comunidades más acciones en educación, en salud, en nutrición, en vivienda, así
como obras de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, incluso teléfono
para comunicar a las poblaciones distantes con las cabeceras municipales.
También es importante el apoyo
a proyectos productivos que generen empleo y que permitan un mejor nivel de
vida. Asimismo, es necesario invertir en infraestructura que permita atraer más
recursos y que genere oportunidades de trabajo digno para sus habitantes.
La propuesta de este Plan, al
articular cinco ejes de acción, supone que mejorar las condiciones de vida de
los más pobres, y en general de las comunidades, sólo puede lograrse con
acciones coordinadas y en todos los frentes, asimismo, que es necesario el
trabajo conjunto entre gobiernos estatales, municipales y el Gobierno Federal.
Los esfuerzos coordinados lograrán avances efectivos hacia el acceso universal
de los mexicanos a los servicios de salud, a una educación de calidad y a la
superación de la pobreza extrema.
El principal instrumento del
Gobierno de
Especial atención se dará a los
grupos vulnerables o con necesidades especiales. Al mismo tiempo se promoverán
acciones que propicien la equidad entre los mexicanos, entre otras, aquellas
que promuevan mayor igualdad entre mujeres y hombres.
Bajo la perspectiva de igualdad
de oportunidades, además de atender a la población en condiciones de pobreza,
se pondrán en marcha programas y acciones que permitan que cada mexicano amplíe
sus capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral.
La política social de esta
Administración tendrá los siguientes principios rectores:
• Focalizar los recursos en los programas que han demostrado ser más efectivos.
• Utilizar sistemas de evaluación y seguimiento que permitan monitorear y mejorar los programas en forma constante.
• Promover la coordinación de acciones entre las dependencias y organismos del Gobierno Federal, así como los distintos órdenes de gobierno.
• Priorizar acciones encaminadas a elevar las capacidades de las personas que permitan resolver el problema de la pobreza no sólo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, atacando las causas de esta problemática y no sólo sus efectos inmediatos.
• Desarrollar e implantar un padrón único de beneficiarios de todos los programas de apoyo social del Gobierno que permita una cobertura más eficiente de los beneficiarios.
• Vincular adecuadamente los programas para crear sinergias entre programas complementarios y evitar duplicidad de esfuerzos.
• Transparentar la asignación y el gasto de los recursos.
Lejos de un enfoque
asistencial, el énfasis de esta política social es brindar las condiciones para
que, de forma conjunta entre las personas y el sector público, los derechos de
los mexicanos plasmados en
Pobreza
3.1 Superación de la pobreza
La metodología del Gobierno
para medir la pobreza en México identifica tres tipos de pobreza, de acuerdo
con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios básicos y de
salud, la alimentación y la vivienda de la población1:
1. Pobreza alimentaria: es la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente aceptable.
2. Pobreza de capacidades: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.
3. Pobreza patrimonial: es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar.
En el año 2005, aproximadamente
18% de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza alimentaria y 47% de la
población en situación de pobreza patrimonial. El análisis de la evolución de
la pobreza nacional destaca tres hallazgos: primero, entre 1994 y 1996 se
presentó un incremento sin precedentes en la pobreza en México que deterioró
drásticamente los niveles de bienestar de la población. Segundo, entre 1996 y
2005 se observa una reducción importante de la pobreza. Cabe destacar que la
disminución más acelerada ocurrió durante el periodo de
Las familias mexicanas en
condición de pobreza padecen en mayor medida la carencia de otros satisfactores
de bienestar que quienes conforman hogares no pobres: muestran mayores
carencias en la dotación de servicios públicos en sus viviendas y su nivel
educativo es inferior al de la media nacional. De igual forma, es mayor el
tamaño de los hogares pobres y el número de niños menores de 12 años, como
consecuencia de que presenta una más elevada tasa de fecundidad.
El reducido crecimiento
económico del país se ha reflejado en una insuficiente creación de empleos
formales y en un crecimiento prácticamente nulo de los salarios reales. Lo
anterior ha impedido incrementar de forma sostenida los ingresos de las
familias, lo que ha repercutido de manera determinante en la persistencia e
intensidad de la pobreza en México. De no incrementarse los salarios reales y
el empleo en el país, que son los principales motores del ingreso de la
población, la pobreza no podrá reducirse de manera sustantiva en el mediano y
largo plazos.
Por otra parte, la desigual
distribución del ingreso tampoco ha mejorado durante los últimos años, y la
desigualdad en el acceso a oportunidades, ha sido un elemento persistente en la
historia de nuestro país.
La desigualdad en la
distribución del ingreso y en el acceso a oportunidades también se expresa a
nivel regional entre estados y municipios. Desde el punto de vista de la
distribución de la pobreza a nivel nacional, la entidad con mayor incidencia de
pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, donde el 47% de la población se
encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero con 42%, Oaxaca
con 38.1%, Tabasco con 28.5% y Veracruz con 28% Por el contrario, los estados
con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3%, Nuevo
León con 3.6%, Baja California Sur con 4.7%, el Distrito Federal con 5.4% y los
estados de Coahuila y Chihuahua con 8.6%.
La situación de la pobreza de
capacidades es prácticamente la misma que para la alimentaria. En primer lugar
se encuentra Chiapas con 55.9%, le sigue el estado de Guerrero que reporta
50.2% y Oaxaca con 46.9%. De acuerdo con estas estimaciones, los estados con
mayor pobreza de patrimonio son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y
68%, respectivamente.
Esta información permite
apreciar con claridad que el reducir la gran desigualdad que se observa entre
los estados de
A nivel municipal, la mayor
incidencia de pobreza se concentra en los municipios de los estados del sur y
sureste del país, tal como puede apreciarse en el siguiente mapa. También se
observa que los municipios con mayor pobreza, sobre todo pobreza alimentaria,
están localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. El reto de la
política pública en materia de desarrollo social es doble: por un lado, la
pobreza se concentra en zonas marginadas y, por el otro, el costo de llevar la
ayuda a esos lugares es muy alto.
La pobreza no sólo se concentra
en áreas rurales. México presenta dos extremos graves de alto costo social: una
excesiva concentración de cerca de 20 millones de habitantes en el Valle de
México y una enorme dispersión de 185,000 pequeñas localidades rurales, a las
que es extremadamente difícil dotar de infraestructura, equipamientos y servicios
adecuados.
En las ciudades mexicanas
reside la mayoría de la población nacional, más del 70% del total; pero
también en ellas se concentra el mayor número de mexicanos en condición de
pobreza: más de 30 millones de personas. En las ciudades, cerca de 90 mil
hogares se asientan cada año en lugares poco aptos para ser habitados y bajo
modalidades precarias; la urbanización en suelo poco apto cuesta dos o tres
veces más al municipio; los costos de edificación en esos lugares se
incrementan hasta un 50%.
La lejanía en que se han
construido los nuevos desarrollos habitacionales impone costos extraordinarios
a sus habitantes que los empobrecen severamente: la población urbana llega a
gastar hasta un 50% del ingreso familiar tan sólo en transporte. Alrededor de 3
millones que carecen del servicio de agua potable y más de 6 millones carecen
del servicio de drenaje; además, la mayoría de los núcleos urbanos no brinda
tratamiento alguno a las aguas residuales y dispone de los desechos a cielo
abierto; ocho de cada 10 ciudades con una población mayor de 50 mil habitantes
tienen una cobertura de pavimento inferior al 50% de su red vial.
Estas condiciones indican la
urgencia de una intervención concertada y coordinada del Gobierno Federal, así
como la coordinación de éste con los otros órdenes de gobierno para contribuir
a la reducción de la pobreza urbana.
Para afrontar el problema de la
pobreza, y en 2012 haber disminuido por lo menos un 30% la población en
pobreza alimentaria, se requiere romper el círculo vicioso de la desigualdad y
la exclusión de oportunidades para el desarrollo, que hace que la pobreza se
transmita entre generaciones. Se necesitan programas que promuevan la igualdad
de oportunidades para la alimentación, la educación, la salud, el desarrollo de
capacidades productivas, el acceso a servicios básicos, la adquisición de una
vivienda digna o el mejoramiento de la propia. Por otra parte, es preciso al
mismo tiempo, ampliar las oportunidades para que la población en situación de
pobreza desarrolle actividades productivas formales que les permitan aumentar
sus ingresos y elevar su calidad de vida. En concreto, el círculo vicioso puede
romperse con igualdad de oportunidades para el desarrollo humano, mejores
oportunidades de empleo y de ingreso laboral.
México ha logrado avances
importantes en la cobertura de servicios básicos de la población en general,
incluyendo a la población en pobreza alimentaria. Entre 1992 y 2005 se redujo
–en promedio– de 19 al 5 el porcentaje de niños entre 8 y 12 años que no asiste
a la escuela, se disminuyó de 21 al 4 el porcentaje de viviendas sin energía
eléctrica y se bajó de 51 al 14 el porcentaje de hogares sin baño, entre la
población en pobreza alimentaria.
El país ha registrado estos
avances en su conjunto, pero se advierte también que persisten grandes
desigualdades a nivel regional, pues coexisten municipios de alto desarrollo,
con municipios con elevados niveles de pobreza y marginación, lo cual
representa un reto importante para el país en los siguientes años.
Los hallazgos previos sugieren que si bien los esfuerzos de política social han mejorado la cobertura básica, incluso entre la población que vive en situación de pobreza, lo anterior no se ha traducido en el mediano plazo en incremento de los ingresos, que son la base para la reducción sostenida de la pobreza. El reto más importante es consolidar políticas públicas que continúen fortaleciendo el acceso a servicios básicos, especialmente en regiones de mayor pobreza, y a