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DOF: 07/12/2018
ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SITUACIÓN PATRIMONIAL, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
CONSIDERANDO
PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;
TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es competente para establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos;
QUINTO. El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
A partir de la reforma, el artículo 109, fracción III, párrafo tercero constitucional establece que, para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 constitucional.
Es así que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para establecer las disposiciones jurídicas que deban regir la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación (con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral); es decir para regular la materia adjetiva del régimen de responsabilidades de sus servidores públicos; lo cual debe vincularse con lo dispuesto en el artículo 100 constitucional, el cual faculta al Consejo a expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones;
SEXTO. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
SÉPTIMO. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de adecuar la normatividad legal que rige al Poder Judicial de la Federación, en materia de responsabilidades administrativas;
OCTAVO. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se distingue, para efectos de la determinación de responsabilidades administrativas, dos etapas procedimentales, atribuidas a diferentes autoridades; la autoridad investigadora, encargada de la investigación de faltas administrativas; y la autoridad substanciadora, la cual dirige y conduce el procedimiento de responsabilidad administrativa; además de la autoridad resolutora, encargada de imponer las sanciones administrativas correspondientes.
De conformidad con lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que la investigación y substanciación del procedimiento se lleven a cabo ante autoridades distintas.
Este nuevo paradigma fue adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal, con la creación de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, como órgano de investigación y, por ende, ajeno a la substanciación y resolución de los procedimientos. Ello mediante la expedición del Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y
NOVENO. Si bien es cierto el Consejo de la Judicatura Federal, está comprometido con la adopción del nuevo sistema desarrollado en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, no debe obviarse que dicho ordenamiento reconoce la competencia del Consejo para regirse por su normatividad aplicable, en específico, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos generales del Pleno, por lo que en su diseño normativo debe estarse a lo dispuesto por el ordenamiento legal orgánico, y, en su caso, adoptar
armónica y referencialmente disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Es así que se retoman aspectos como el previsto en el artículo 208, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece que al ordenarse el emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial se le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio.
Del mismo modo, el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que se le hará saber al presunto responsable en el emplazamiento para la celebración de la audiencia inicial, el derecho que tiene de no declarar contra de mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio.
Por tanto, corresponde a la autoridad substanciadora proveer al defensor de oficio al presunto responsable. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal se considera necesario que los probables responsables en los procedimientos de responsabilidad administrativa que se substancien conforme a lo previsto en este Acuerdo, cuenten con un defensor que determine el Instituto Federal de Defensoría Pública en su calidad de órgano auxiliar del Consejo.
Por lo anterior, se expide el siguiente
ACUERDO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los procedimientos para garantizar los principios que rigen el servicio público; para identificar, investigar, determinar y sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, observándose en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos; y, para regular el registro y seguimiento de la evolución de su situación patrimonial y las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Títulos Segundo y Tercero del Libro Primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, establece las disposiciones conforme a las cuales los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas y órganos auxiliares del Consejo con niveles del 2 al 10 del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de las plazas de carrera judicial, deberán al separarse de su empleo, cargo o comisión, rendir un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan; así como realizar la entrega a quienes los sustituyan en sus funciones de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones y de la documentación y archivos ordenados y clasificados, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por:
I.           Acuerdo: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas;
II.          Acuse de Recibo Electrónico: Constancia que acredita que un documento digital fue recibido por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación o por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, en el ámbito de sus respectivas competencias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la fecha y hora que se consignen en dicha constancia;
III.          Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico;
IV.         Áreas administrativas: Las unidades administrativas y los órganos auxiliares;
V.          Autoridad investigadora: La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
VI.         Autoridad resolutora: El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la Comisión de Disciplina; y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias;
VII.        Autoridad substanciadora: La Secretaría Ejecutiva de Disciplina, y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, ésta última por conducto de la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial, en el ámbito de sus respectivas competencias.
VIII.        Clave de acceso: Conjunto único de caracteres alfanuméricos asignados por el Sistema de Justicia en Línea al denunciante y denunciados, como medio de identificación para utilizar el Sistema, y asignarles los roles de consulta del expediente respectivo o envío electrónico de promociones relativas a las actuaciones dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa;
IX.         Comisión: Comisión de Disciplina;
X.          Comisiones: Las señaladas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;
XI.         Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;
XII.        Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII.        Contraloría: Contraloría del Poder Judicial de la Federación;
XIV.       Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, asignados de manera confidencial por el Sistema de Justicia en Línea a los usuarios, la cual permite validar la identificación de la persona a la que se le asignó una clave de acceso;
XV.        Defensor: Para efectos del artículo 139 de este Acuerdo el servidor Público que designe el Instituto Federal de Defensoría Pública;
XVI.       Dictamen conclusivo: El instrumento que emite la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas o la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, en el ámbito de sus respectivas competencias, en los casos en que no se adviertan elementos suficientes para demostrar la existencia de la falta administrativa y la presunta responsabilidad del servidor público o del particular;
XVII.      Dictamen electrónico: Dictamen que se elabora para denunciar el incumplimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial;
XVIII.      Dirección de Substanciación: Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial, adscrita a la Contraloría;
XIX.       Dirección de Correo Electrónico: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, señalado por el denunciante y denunciados en el procedimiento de responsabilidad administrativa;
XX.        Dirección de Correo Electrónico Institucional: Sistema de comunicación a través de redes informáticas, dentro del dominio definido y proporcionado por el Consejo a los servidores públicos;
XXI.       Documento Electrónico o Digital: Todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico;
XXII.      Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un procedimiento de responsabilidad administrativa, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico;
XXIII.      Firma Digital: Medio gráfico de identificación en el Sistema de Justicia en Línea, consistente en la digitalización de una firma autógrafa mediante un dispositivo electrónico, que es utilizada para reconocer a su autor y expresar su consentimiento;
XXIV.     Firma Electrónica: Conjunto de datos consignados en un mensaje electrónico adjuntados o lógicamente asociados que permita identificar a su autor mediante el Sistema de Justicia en Línea, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica
también permite actuar en el procedimiento de responsabilidad en línea;
XXV.      Informe de presunta responsabilidad administrativa: El instrumento que emite la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina o la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el que describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en este Acuerdo, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas;
XXVI.     Ley de Responsabilidades: Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XXVII.     Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
XXVIII.    Nexo de atribuibilidad. Elemento que permite establecer a una persona como autor o causante de los hechos, sin que esto suponga el acreditamiento de responsabilidad administrativa;
XXIX.     Órganos auxiliares: Los señalados en el artículo 88 de la Ley Orgánica;
XXX.      Órgano auxiliar instructor: Órgano jurisdiccional que actúa en auxilio del Consejo como instancia instructora en la investigación o, en su caso, substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa;
XXXI.     Órganos jurisdiccionales: Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.
             Las referencias que se hagan en este Acuerdo a los juzgados de Distrito o a sus titulares también se entenderán hechas a los jueces de Control, de Ejecución y tribunales de enjuiciamiento; y aquellas que se hagan a los tribunales Unitarios de Circuito o sus titulares, a los tribunales de Alzada;
XXXII.     Pleno: Pleno del Consejo;
XXXIII.    Poder Judicial de la Federación: A los órganos señalados en el artículo 94 de la Constitución, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
XXXIV.   Presidente: Consejero Presidente del Consejo;
XXXV.    Presunto responsable: Los servidores públicos cuyas conductas puedan constituir responsabilidad administrativa, en términos de la Ley de Responsabilidades, la Ley Orgánica y este Acuerdo, así como los particulares, ya sean personas físicas o morales, cuando la falta administrativa atribuida los vincule a alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, o a algún procedimiento jurisdiccional o administrativo del Consejo. Para efectos de este Acuerdo se consideran servidor público tanto las personas en activo como aquellas que hayan dejado de formar parte del Poder Judicial de la Federación;
XXXVI.   Procedimiento tradicional: El procedimiento de responsabilidad administrativa que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales;
XXXVII.   Procedimiento de responsabilidad en línea: Substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en todas sus etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea;
XXXVIII.  Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por la Contraloría y la Secretaría Ejecutiva de Disciplina a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento de responsabilidad administrativa que se substancie;
XXXIX.   Secretaría: Secretaría Ejecutiva de Disciplina;
XL.        Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
XLI.       Unidades administrativas: Las señaladas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y
XLII.       Unidad General: Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
CAPÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS GENERALES DE PREVENCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 
Artículo 3. Con el propósito de implementar los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la Contraloría será la responsable del diseño, promoción y evaluación del control interno, la administración y gestión de riesgos; el fomento de la cultura de integridad de los servidores públicos; el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos y bienes; así como el fortalecimiento de la observancia de la legalidad al interior del Consejo.
Artículo 4. La Contraloría deberá evaluar anualmente el avance y los resultados de las acciones implementadas conforme a lo previsto en el artículo anterior y proponer, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos de la Ley de Responsabilidades.
Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por el Pleno a propuesta del titular de la Contraloría, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades y los principios que rigen el servicio público.
El código de ética a que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos del Consejo, así como darle la máxima publicidad.
Artículo 6. Los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas podrán adoptar, de manera potestativa y conforme a sus atribuciones, medidas preventivas de carácter general a fin de procurar el adecuado funcionamiento de éstos.
Estas medidas estarán especialmente orientadas a prevenir y evitar conductas que puedan propiciar o generar actuaciones y prácticas irregulares en el desempeño del cargo de los servidores públicos.
Las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanciones administrativas y tampoco constituyen condición obligatoria ni prerrequisito para la imposición de éstas.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, Y
LA ENTREGA-RECEPCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN PRIMERA
CAUSAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 7. Son causa de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las infracciones establecidas en el artículo 101 de la Constitución y las previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica.
Artículo 8. Son faltas de particulares las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero, del Libro Primero de la Ley de Responsabilidades, siempre que se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 9. En caso de que los servidores públicos, sin haberlo solicitado, reciban de una persona de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a la Contraloría. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos, por conducto de la Contraloría.
Artículo 10. Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:
I. Durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la ley realicen cualquier acto para clasificarlos como no graves cuando lo sean;
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción; y,
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en la Ley de Responsabilidades.
Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables; la solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna.
Artículo 11. Las facultades del Consejo para imponer sanciones por causas de responsabilidad no graves prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las faltas, o a partir del momento en que hubieren cesado.
El plazo de prescripción de faltas graves de los servidores públicos o de faltas de particulares, será de siete años, contados en los mismos términos señalados en el párrafo anterior.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa y, como consecuencia de ello, se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se ordenó su inicio.
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto responsable, la caducidad de la instancia.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se considera causa justificada el hecho de que el servidor público se encuentre de vacaciones o gozando de una licencia para efectos del emplazamiento, por lo que no procederá la caducidad de la instancia.
Los plazos a los que se refiere este artículo se computarán en días naturales.
SECCIÓN SEGUNDA
SANCIONES
Artículo 12. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incurran en las causas de responsabilidad previstas en el artículo 7 de este Acuerdo, consistirán en:
I.           Apercibimiento privado o público;
II.          Amonestación privada o pública;
III.          Suspensión del empleo, cargo o comisión;
IV.         Sanción económica;
V.          Destitución del puesto; y
VI.         Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Artículo 13. La sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión se aplicará conforme a lo siguiente:
I.           De uno a treinta días naturales, al servidor público que incurra en una falta no grave; y
II.          De treinta a noventa días naturales, al servidor público que incurra en una falta grave.
Artículo 14. En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, a mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos.
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan.
La autoridad resolutora determinará el pago de una indemnización cuando, la falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Consejo.
En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.
Artículo 15. La sanción de inhabilitación se aplicará conforme a lo siguiente:
I.           De tres meses a un año: al servidor público que cometa una falta administrativa no grave;
II.          De uno a diez años: al servidor público que, con la comisión de la falta grave, cause daño o perjuicio u obtenga un beneficio o lucro, siempre que el monto de éstos no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
III.          De diez a veinte años: al servidor público que, con la comisión de la falta grave, ocasione daño o
perjuicio u obtenga un beneficio o lucro que exceda de la cantidad prevista en la fracción anterior; y
IV.         De uno a veinte años: al servidor público que cometa una falta grave, y no haya causado un daño patrimonial, para lo cual se atenderá a las circunstancias del caso.
Artículo 16. Las sanciones administrativas aplicables a particulares por la comisión de alguna falta administrativa consistirán en:
I.           Para personas físicas:
a)   Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b)   Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; y
c)   Indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Consejo o a la Hacienda Pública Federal; y
II.          Para personas morales:
a)   Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b)   Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;
c)   La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privarlos temporalmente de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves;
d)   Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave; y
e)   Indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Consejo o a la Hacienda Pública Federal.
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Responsabilidades.
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.
Podrán imponerse al particular una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y conforme a la gravedad de las faltas.
Se considerará como atenuante para la imposición de sanciones a personas morales el que los órganos de administración, representación, vigilancia o sus socios denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, o resarzan los daños que se hubieren causado.
Para la imposición de sanciones a las personas morales se considerará como agravante, el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o sus socios, conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas y no los denuncien.
Artículo 17. Para la imposición de sanciones por faltas de particulares se deberán considerar los elementos siguientes:
I.           El grado de participación del o los particulares en la falta;
II.          La reincidencia en la comisión de las faltas previstas en la Ley de Responsabilidades;
III.          La capacidad económica del particular;
 
IV.         El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la función judicial o de la actividad administrativa del Consejo; y
V.          El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la comisión de la falta.
La responsabilidad administrativa por la comisión de faltas se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor público.
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de faltas de particulares, con independencia de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.
En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere el presente Acuerdo, se valorará si cuentan con una política de integridad, en los términos establecidos en la Ley de Responsabilidades.
Artículo 18. Para la individualización e imposición de sanciones conforme a los criterios previstos en este Acuerdo, se tendrá a la vista el expediente personal del servidor público correspondiente o, de ser el caso, el historial que del particular de que se trate lleve la Contraloría.
Artículo 19. Para efectos de la imposición de sanciones, se considera reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.
Artículo 20. La Contraloría inscribirá en el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados, las sanciones impuestas por el Pleno, la Comisión y la Contraloría, derivadas de un procedimiento de responsabilidad administrativa, así como las resoluciones en las que por circunstancias particulares no pueda materializarse la ejecución de sanciones.
En el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados también se inscribirán las resoluciones remitidas por los órganos competentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, las cuales deberán atender a lo previsto en este Acuerdo.
Artículo 21. Para garantizar la correcta identificación del servidor público o particular sancionado y la determinación de la sanción impuesta, en el comunicado de aviso de inscripción que elabore el Pleno, la Comisión o la Contraloría, además de la resolución respectiva, se señalará, según corresponda, lo siguiente:
I.           Nombre completo de la persona sancionada;
II.          Número de expediente personal del servidor público o del historial del particular;
III.          Puesto, en su caso;
IV.         Adscripción, en su caso;
V.          Fecha de resolución y de notificación;
VI.         Número de expediente en el que se emite;
VII.        Autoridad resolutora;
VIII.        Irregularidad o conducta imputada;
IX.         Sanción impuesta;
X.          Monto de las sanciones de carácter económico; y
XI.         Duración de los efectos de la sanción impuesta y, en su caso, fecha de inicio y conclusión.
Artículo 22. La autoridad resolutora que imponga suspensión o inhabilitación, deberá acompañar a la resolución respectiva, copia certificada de la constancia de notificación efectuada al servidor público o al particular sancionado; señalando el periodo de ejecución aplicable a dichas sanciones, fecha de inicio y conclusión.
Artículo 23. En el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados serán inscritas las sanciones previstas en los artículos 12 y 16 de este Acuerdo.
Artículo 24. Las sanciones y los datos correspondientes a los servidores públicos y particulares sancionados deberán inscribirse en el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se reciba en la Contraloría la resolución que haya causado estado.
 
Artículo 25. La Contraloría someterá a consideración del Pleno las normas para la operación del Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados, así como las constancias que acrediten la inscripción, inexistencia y cumplimiento de las sanciones.
El interesado podrá obtener dichas constancias a través del sistema electrónico que al efecto establezca la Contraloría.
CAPÍTULO SEGUNDO
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
SECCIÓN PRIMERA
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Artículo 26. La declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos obligados deberá presentarse ante la Dirección de Registro Patrimonial, por vía electrónica, de conformidad con lo previsto en este Acuerdo.
Artículo 27. Sólo por causa debidamente justificada que será calificada por la Dirección de Registro Patrimonial, atendiendo al caso concreto, la declaración de situación patrimonial y de intereses podrá presentarse por escrito sólo para efectos de oportunidad, para lo cual deberán imprimirse los formatos disponibles en los portales del Consejo en Internet e Intranet.
Lo anterior, en el entendido que una vez que cese la causa que impidió la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses respectiva por medios electrónicos, el servidor público obligado deberá proceder a su presentación por dichos medios.
Artículo 28. Los servidores públicos que determine el titular de la Contraloría proporcionarán el asesoramiento y apoyo que soliciten los servidores públicos obligados para la debida requisición de los formatos autorizados.
Artículo 29. La Dirección de Registro Patrimonial, a través del sistema de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, generará un comprobante electrónico al recibir dichas declaraciones.
Para las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que se presenten por escrito en los términos señalados en el artículo 27 de este Acuerdo, se generará un acuse de recibo provisional mientras se presente la referida declaración vía electrónica y para valorar la justificación que se haya formulado.
Artículo 30. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse a través de medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual se emplearán medios de identificación electrónica.
La Contraloría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos y llevará el control de ellos.
Asimismo, la Contraloría someterá a la consideración del Pleno, los formatos mediante los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como los manuales e instructivos de apoyo.
Artículo 31. La Contraloría, a través de la Dirección de Registro Patrimonial, no admitirá ni reconocerá el envío de declaraciones por otros medios electrónicos diversos a los autorizados; y, emitirá un acuse de recibo electrónico que contendrá un código de validación que acreditará la recepción de la declaración de situación patrimonial y de intereses.
Artículo 32. Para los efectos del artículo anterior, se proporcionará a los servidores públicos obligados el código de identificación electrónica, conforme lo determine el Pleno a propuesta de la Contraloría.
Artículo 33. El uso de medios de identificación electrónica sujeta al servidor público a las siguientes condiciones:
I.           Reconocer como propia y auténtica la información que por medios electrónicos envíe a la Contraloría por conducto de la Dirección de Registro Patrimonial; y
II.          Utilizar dichos medios de identificación de forma personal, ya que su uso es responsabilidad exclusiva de su titular.
Artículo 34. Los servidores públicos tendrán la obligación de proporcionar copia de la declaración del impuesto sobre la renta del año que corresponda, si estuvieren obligados a presentarla conforme a la legislación fiscal, únicamente cuando sea solicitada expresamente por la Contraloría, para lo cual contarán con un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que reciban la solicitud.
Artículo 35. Las consultas técnicas relativas a la operación del sistema estarán a cargo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las correspondientes a la requisición del formato a cargo de la Dirección de Registro Patrimonial. Estas vigilarán e implementarán los programas, conexiones y, en general, las acciones que se requieran para el óptimo funcionamiento.
Artículo 36. La Contraloría instrumentará los sistemas informáticos que se requieran para llevar el registro patrimonial de los servidores públicos, su seguimiento y evaluación.
 
SECCIÓN SEGUNDA
SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 37. Están obligados a presentar ante la Contraloría declaración de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral.
Artículo 38. La Contraloría elaborará un padrón general de los servidores públicos que tienen obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses en los términos de este Acuerdo, y lo mantendrá actualizado mediante la información que le proporcione mensualmente la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo.
Artículo 39. La Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, proporcionará a la Contraloría la información necesaria para que cuente con los elementos suficientes para determinar qué servidores públicos están obligados a presentar las declaraciones de inicio, conclusión y de intereses. En dicho informe se precisará la fecha en que el servidor público respectivo inició sus labores o las concluyó.
SECCIÓN TERCERA
MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN Y PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN
Artículo 40. La declaración de situación patrimonial y de intereses se presentará bajo las modalidades de inicial, de modificación y de conclusión en el cargo.
Artículo 41. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos y términos:
I.           Declaración inicial: dentro de los sesenta días naturales siguientes al en que el servidor público tome posesión del cargo, con motivo del:
a)   Ingreso por primera vez; y
b)   Reingreso, cuando hayan transcurrido más de sesenta días naturales de la conclusión de su último cargo;
II.          Declaración de modificación patrimonial: durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial a que se refieren las fracciones I y III de este artículo; y
III.          Declaración de conclusión del cargo: dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión. Dicho plazo iniciará al día siguiente al que terminen los efectos del nombramiento otorgado.
En caso de que la conclusión del cargo sea con motivo de la imposición de una sanción a cualquier servidor público; o sea consecuencia de la resolución del Consejo de no ratificar a un magistrado de Circuito o juez de Distrito, el plazo para presentar la declaración corre a partir de la fecha en que inicien los efectos de la resolución en la que se impone la destitución del puesto o remoción, o bien cuando inicien los de aquella que se dicte en el procedimiento de ratificación, respectivamente, aun cuando se haya interpuesto recurso de revisión administrativa o de reconsideración, según sea el caso.
La presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrá realizarse las veinticuatro horas del día.
Cuando el último día del plazo sea inhábil la declaración podrá presentarse el día hábil siguiente.
El plazo y término previstos en las fracciones I y II de este artículo, no quedarán sin efectos a causa del nombramiento en otro cargo.
Artículo 42. Los servidores públicos señalados en el artículo 37 de este Acuerdo no estarán obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses en los siguientes casos:
I.           Inicial: cuando el nombramiento otorgado sea menor o igual a tres meses, excepto en el caso de que les sea otorgado otro nombramiento con el que excedan los tres meses en algún otro cargo, supuesto en el que estarán obligados a presentar la citada declaración;
II.          Inicial o Conclusión del cargo: si son nombrados en diversos cargos en el que hubiesen estado obligados a presentar la declaración correspondiente, o cuando el cargo cambie de nombre, siempre que el inicio del cargo sea dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del anterior; y
 
III.          Conclusión: en los siguientes supuestos:
a)   Cambien de adscripción y continúen en alguno de los cargos obligados;
b)   Se les haya otorgado licencia que no exceda de tres meses; y
c)   Se les haya otorgado licencia por motivos de salud que no exceda de un año.
El plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 42, fracción III, de este Acuerdo, para presentar la declaración patrimonial de conclusión, iniciará a partir de que inicie la licencia respectiva.
Cuando los servidores públicos mencionados se reincorporen al cargo en el que se les otorgó la licencia deberán presentar la declaración inicial.
En el supuesto de que algún servidor público sea suspendido por una investigación, un procedimiento de responsabilidad, o una sanción, no deberá presentar declaración de conclusión ni de inicio cuando se reincorpore a su cargo.
SECCIÓN CUARTA
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN
Artículo 43. En las declaraciones de inicio y conclusión del cargo, se manifestarán con precisión los ingresos mensuales, vehículos, bienes inmuebles, muebles, inversiones y gravámenes con la fecha y valor de adquisición que soporten el patrimonio del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos, sin importar que en otras declaraciones ya se haya hecho referencia a ello.
Para la declaración de conclusión se manifestarán además, los vehículos, bienes inmuebles y muebles que hubieren sido enajenados, así como las inversiones que se hayan cancelado o gravámenes que se hayan adquirido, entre la última declaración presentada y la de conclusión del cargo.
Artículo 44. En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.
Artículo 45. Entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, se computarán los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por mismos y por motivos ajenos al servidor público.
SECCIÓN QUINTA
ACLARACIONES
Artículo 46. La Contraloría, a través de la Dirección de Registro Patrimonial, recibirá en cualquier momento las aclaraciones a la declaración de situación patrimonial y de intereses formuladas por los servidores públicos obligados en los términos de este Capítulo, en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa por alguna irregularidad detectada en las declaraciones presentadas y en la forma que la Contraloría establezca para tal efecto.
Para el caso de que el servidor público presente la declaración de situación patrimonial y de intereses con posterioridad a la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, se le tendrá por omiso.
En caso de que la declaración de situación patrimonial y de intereses no contenga la información correspondiente, la Contraloría podrá solicitarla al servidor público mediante oficio, a fin de que la proporcione, para lo cual otorgará un plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento que formule, el que podrá prorrogarse por un periodo igual a petición por escrito del interesado. En caso de incumplimiento la Contraloría determinará lo conducente.
SECCIÓN SEXTA
REGISTRO
Artículo 47. La Contraloría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Consejo y de los órganos jurisdiccionales.
En su caso, cuando así lo estime derivado de las revisiones que lleve a cabo, emitirá y tramitará conforme este acuerdo el informe de presunta responsabilidad administrativa que corresponda.
 
Artículo 48. El titular de la Contraloría proporcionará a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la información necesaria para el funcionamiento del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal, que se almacenará en la Plataforma Digital Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades, observando las disposiciones en materia de transparencia, respecto a los servidores públicos señalados en el artículo 37 de este Acuerdo.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
La Contraloría expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones de inhabilitación y de no existencia de sanciones, que acrediten la situación específica de los servidores públicos que, en su caso, las requieran.
Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Contraloría.
CAPÍTULO TERCERO
ENTREGA-RECEPCIÓN DE RECURSOS, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
Artículo 49. Los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas con niveles del 2 al 10 del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de las plazas de carrera judicial, deberán al separarse de su empleo, cargo o comisión, rendir un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan; así como realizar la entrega a quienes los sustituyan en sus funciones de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones y de la documentación y archivos ordenados y clasificados conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 50. Corresponderá a los titulares de las áreas administrativas, determinar en sus respectivas áreas de competencia, los servidores públicos no mencionados en el artículo anterior que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos, bienes y valores públicos, quedarán sujetos a estas disposiciones, lo que se les deberá notificar por escrito.
Artículo 51. El informe de los asuntos a que se refiere el artículo 49 de este Acuerdo se formulará por escrito, e incluirá la descripción de los asuntos de la competencia del servidor público de que se trate y del estado que guardan al momento de la entrega; destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran atención especial y, en su caso, aquellos que sea necesario atender de manera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar. Este informe se integrará al acta de entrega-recepción.
Artículo 52. La entrega-recepción de los recursos prevista en el artículo 49 de este Acuerdo, se efectuará mediante acta administrativa que contendrá, entre otros elementos, los aspectos programático; presupuestal y financiero; así como lo relativo a los recursos humanos y materiales; asuntos en trámite y la situación que guardan; las observaciones de auditoría en proceso; y otros hechos que se considere conveniente consignar; así como la documentación soporte de la información proporcionada, en los términos del anexo de este Acuerdo.
Artículo 53. El servidor público saliente elaborará el acta de entrega-recepción, misma que se formalizará en la fecha en que el servidor público que lo sustituya en sus funciones tome posesión del empleo, cargo o comisión, previa designación de que sea objeto por la instancia competente.
La suscripción del acta de entrega-recepción por parte de los servidores públicos que se separen de su empleo, cargo o comisión, y de quienes los sustituyan no podrá delegarse.
Si a la fecha en que el servidor público se separe del empleo, cargo o comisión, no existe nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega-recepción se hará al servidor público que se designe para tal efecto.
Si por el volumen de los informes, reportes, recursos materiales y financieros, así como de los archivos, se imposibilita la entrega de los mismos en la fecha en que el servidor público que recibe toma posesión del empleo, se consignarán en el acta las fechas en que se inicia y finaliza la entrega, lo cual no podrá exceder de sesenta días naturales.
Artículo 54. Los documentos e información que se agreguen al acta de entrega-recepción, deberán circunscribirse a los aspectos más relevantes de la entrega, para dejar constancia de ellos.
Artículo 55. La Contraloría, a petición de las áreas administrativas, designará al o los representantes que fueren necesarios para dejar constancia de los hechos que se susciten con motivo de la entrega-recepción.
 
Artículo 56. La verificación de contenido del acta de entrega-recepción, deberá realizarse por el servidor público entrante o, en su caso, por el que haya sido designado como encargado para recibir administrativamente, en un término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción del despacho. Durante dicho plazo el servidor público saliente hará las aclaraciones y proporcionará la información adicional que le sea solicitada.
Artículo 57. Cuando el servidor público entrante detecte alguna inconsistencia en relación con el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma durante el término señalado en el artículo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de su superior inmediato y, en caso de que sea Consejero, deberá informarlo al Pleno. El servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones pertinentes, sin perjuicio de que, en su caso, se proceda de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
En el supuesto de que el servidor público entrante no procediera de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, será sujeto a la responsabilidad administrativa que corresponda.
En caso de que el servidor público entrante tenga la calidad de Consejero, su ponencia, con el auxilio de la Contraloría realizará la revisión al acta y anexos que haya suscrito el Consejero saliente y si se llegase a detectar cualquier inconsistencia, el Consejero entrante dará cuenta de ello al Pleno, exponiendo la naturaleza de dicha inconsistencia, para que tome la determinación que corresponda, a la cual, en su caso, dará seguimiento la Contraloría.
Artículo 58. La entrega del despacho y de los asuntos en trámite encomendados al servidor público saliente, no lo exime de las responsabilidades en que hubiera incurrido en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 59. Cualquier servidor público de los señalados en los artículos 49 y 50 de este Acuerdo que al separarse de su empleo, cargo o comisión, omita hacer la entrega a que se refiere este Capítulo, será requerido por la Contraloría, para que, en un plazo no mayor a treinta días naturales, siguientes a aquel en que se notifique el requerimiento, cumpla con esta obligación.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el servidor público entrante al tomar posesión o, en su caso, el encargado del despacho o el designado para la recepción, levantará acta circunstanciada con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos en trámite y los recursos asignados; lo anterior, se hará del conocimiento de la Contraloría, para efectos del aludido requerimiento y de que, en su caso, ésta promueva por o a través del área competente, las acciones que correspondan en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 60. El servidor público que proceda a la entrega del despacho y de los asuntos a su cargo, hará constar en el acta de entrega-recepción, la aceptación expresa de su renuncia o la causa o motivo de su separación en la titularidad del empleo, cargo o comisión.
Artículo 61. Los titulares de las áreas administrativas que tengan adscritas unidades administrativas, al separarse de su cargo, únicamente harán entrega de los recursos humanos, financieros y materiales que les hayan sido asignados directamente, ya que dichas unidades, serán responsables, cada una de ellas, respecto del control de sus recursos.
Artículo 62. Con independencia de la causa o motivo que origine la separación, el servidor público saliente no quedará relevado de las obligaciones a que se refieren las disposiciones de este Acuerdo y de las demás aplicables en materia de responsabilidades, entre ellas, la Ley Orgánica y la Ley de Responsabilidades.
Artículo 63. El acta de entrega-recepción deberá levantarse en cinco tantos, firmarse por los que en ella intervienen y por dos testigos de asistencia. Los anexos deberán ir foliados en todas sus fojas y rubricarse por los servidores públicos, tanto el saliente como el entrante, con la siguiente distribución:
I.           Acta y original de los anexos firmados de manera autógrafa: para la Secretaría Particular o Coordinación Administrativa del área administrativa, la que se encargará de su resguardo;
II.          Acta y copia de los anexos: para el servidor público que realiza la entrega y para el servidor público que recibe, así como para la Contraloría; y
III.          Acta sin anexos: para la Contraloría.
Artículo 64. La Contraloría vigilará, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este Capítulo.
 
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN PRIMERA
FORMALIDADES
Artículo 65. Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles; expresarán el lugar, fecha y hora en que se realizan y las personas que en ellas intervengan; y se redactarán en idioma español.
En el acta que se levante se asentará únicamente lo que sea necesario para hacer constar el desarrollo que haya tenido la diligencia.
Artículo 66. Los escritos que se presenten en lengua extranjera o indígena, se acompañarán de la traducción correspondiente.
En caso de que el escrito sea presentado utilizando lengua extranjera o indígena, y el promovente no comprenda o hable el idioma español y no cuente con intérprete, el Consejo ordenará de oficio la traducción, para salvaguardar sus derechos.
Artículo 67. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los procedimientos de responsabilidad, se considerarán como días inhábiles los establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.
Artículo 68. En las diligencias que practiquen los servidores públicos que deban tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa, éstos estarán acompañados de un secretario o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquellas acontezca.
Dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad substanciadora, o el servidor público que ésta designe, presidirá los actos en los que se reciban pruebas y aquellos en los que, en su caso, se desahoguen y se rindan declaraciones bajo protesta de decir verdad.
En la práctica o desahogo de las diligencias, podrá utilizarse, según el caso y a juicio del servidor público que las practique, cualquier medio electrónico o magnético. El medio utilizado y la reproducción deberán constar en el acta respectiva.
Artículo 69. El presunto responsable, el quejoso o denunciante, y los autorizados si los hubiere, tendrán acceso a los expedientes integrados con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez que se dicte el respectivo acuerdo inicial, salvo lo dispuesto en las disposiciones aplicables.
El servidor público que intervenga en la investigación o en el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como cualquier otro servidor público que con motivo del ejercicio de sus funciones tenga conocimiento del estado de estos asuntos, deberá guardar la reserva y confidencialidad de la información materia de éstos. Cuando indebidamente quebrante esta obligación será sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, o de ambos, según corresponda.
Artículo 70. En las actuaciones y promociones no se utilizarán abreviaturas ni se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido. En la misma forma se salvarán las palabras que se hayan entrerrenglonado. Todas las fechas y cantidades se escribirán con letra.
Durante el procedimiento las actuaciones serán autorizadas y se conservarán en los archivos respectivos.
Artículo 71. Inmediatamente después de que se asienten las actuaciones del día o se agreguen los documentos recibidos, el servidor público responsable del expediente, foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello de la oficina correspondiente en el fondo del cuaderno, de manera que abarque las dos caras.
El referido servidor público guardará con la seguridad debida, bajo su responsabilidad, los documentos originales u objetos que se presenten al procedimiento y se anexará copia autorizada de los documentos al expediente.
Las actuaciones deberán ser autorizadas inmediatamente por los servidores públicos a quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el acto.
Artículo 72. Las personas referidas en el artículo 69 de este Acuerdo, en el procedimiento de responsabilidad en el que intervengan, podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa, copia certificada de constancias o documentos que obren en autos.
 
SECCIÓN SEGUNDA
NOTIFICACIONES
Artículo 73. Las notificaciones se realizarán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que se dictan las resoluciones que las motiven, con excepción de la notificación de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, la cual se realizará dentro de las setenta y dos horas siguientes a su emisión.
Artículo 74. En los procedimientos de responsabilidad administrativa, las notificaciones se harán por conducto de la Comisión, la autoridad substanciadora o a través del órgano auxiliar instructor.
Artículo 75. En las investigaciones, las notificaciones se harán por conducto de la Unidad General o a través del órgano auxiliar instructor que al efecto se comisione.
En las investigaciones a servidores públicos adscritos a la Unidad General, las notificaciones se realizarán por conducto de la Secretaría o del órgano auxiliar instructor que se comisione.
Artículo 76. El presunto responsable podrá autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o diferimiento, pedir que se dicte resolución y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.
Artículo 77. En los procedimientos de responsabilidad administrativa ningún presunto responsable podrá ser representado por servidor público del Poder Judicial de la Federación, salvo que tenga licencia para cumplir comisiones sindicales en el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 78. En caso de que la parte que deba ser notificada haya autorizado a varias personas, bastará notificar a cualquiera de ellas.
Artículo 79. Las notificaciones podrán hacerse personalmente, por lista, oficio, mensajería, telegrama o medio electrónico, como el fax o correo electrónico; en cualquiera de esos casos deberá agregarse la constancia respectiva en el expediente.
Artículo 80. Las notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que se realicen.
Los servidores públicos deberán informar cualquier cambio de domicilio, presentando el comprobante respectivo, de conformidad con el artículo 24, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
La Dirección General de Recursos Humanos deberá actualizar el expediente personal, en caso de que el servidor público aviso de un cambio de domicilio.
Artículo 81. La notificación personal del emplazamiento al presunto responsable, tratándose de un servidor público, se hará en el órgano jurisdiccional o área administrativa en que se encuentre adscrito; salvo que haya dejado de laborar en el Poder Judicial de la Federación o no esté en servicio activo por licencia, supuestos en los cuales la notificación se practicará en el último domicilio señalado por el servidor público, que conste en su expediente personal en la Dirección General de Recursos Humanos.
En el supuesto en que el presunto responsable sea un particular, el emplazamiento se realizará en el domicilio registrado en el historial que se lleve en la Contraloría o en el expediente administrativo o jurisdiccional en el que el particular lo hubiere señalado. De no tenerse su domicilio o se ignore donde se encuentra el particular presunto responsable, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación, ante la autoridad substanciadora que la motive. Se fijará, además, en la oficina de la autoridad substanciadora, el mismo aviso, por el mismo tiempo. Si, transcurrido el plazo no comparece por o por persona que lo represente, se seguirá el procedimiento en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por lista, las cuales deberán contener, en síntesis, la determinación que ha de notificarse.
El quejoso, denunciante y el presunto responsable, según sea el caso, designarán, en su primera actuación, un domicilio para oír y recibir notificaciones.
 
Se notificará por lista conforme a lo previsto en el artículo 88 de este Acuerdo, aun cuando deban ser personales:
I.           El emplazamiento, en caso de que el servidor público presunto responsable no sea encontrado en el último domicilio que conste en su expediente personal en la Dirección General de Recursos Humanos, y de ser así, además, el resto de las notificaciones; y
II.          Las notificaciones posteriores al emplazamiento, cuando por cualquier circunstancia las personas a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, no realicen la designación, cambien de domicilio sin dar aviso, o señalen uno falso.
Artículo 82. Las notificaciones personales se realizarán directamente al interesado, su representante o a cualquier persona mayor de edad que aquel autorice para tal efecto, en el domicilio correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
La notificación personal también podrá llevarse a cabo por cualquier medio electrónico o a través de mensajería autorizada, debiéndose recabar constancia que demuestre que el interesado quedó debidamente notificado.
Cuando la notificación deba realizarse en el domicilio particular, el notificador estará obligado a cerciorarse, por cualquier medio, que la persona a notificar vive ahí y, después de ello, practicará la diligencia entregándole copia autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos.
En caso de que el destinatario se niegue a recibir la notificación, ésta se fijará en la puerta de entrada o en lugar visible del domicilio, se asentará razón de ello y previa autorización se notificará por lista.
Artículo 83. En caso de que el interesado no se encuentre en el domicilio se le dejará con cualquier persona que allí resida un citatorio que contendrá:
I.           Denominación del órgano que dictó el acuerdo o resolución que se pretende notificar;
II.          Datos del expediente en el que se dictó;
III.          Extracto del acuerdo o resolución que se notifica;
IV.         Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y
V.          El señalamiento de la hora en la que, dentro del día siguiente, deberá esperar la notificación.
Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra se asentará la razón correspondiente. En estos casos, previa autorización, se notificará por instructivo y lista.
Artículo 84. Si se desconoce el domicilio del presunto responsable que debe ser notificado personalmente, por no corresponder al que se tiene registrado en su expediente o historial, se dará cuenta a la autoridad substanciadora o a la Unidad General, según sea el caso, para que dicten las medidas que estimen pertinentes, con el propósito de que se investigue su domicilio.
Artículo 85. La primera notificación se llevará a cabo de forma personal, así como todas aquellas en que así se determine, con las excepciones previstas en el artículo 81 de este Acuerdo.
Artículo 86. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de responsabilidad administrativa se hará personalmente, y se entregará al servidor público o particular, que corresponda; copia certificada de la resolución respectiva.
Artículo 87. Durante la audiencia podrán realizarse notificaciones personales de manera verbal, lo que se hará constar en el acta respectiva.
Artículo 88. Las notificaciones por lista se practicarán fijando en lugar visible de las oficinas de la autoridad investigadora o de la autoridad substanciadora, según corresponda, la lista relativa a los asuntos acordados, donde únicamente se señalarán el número del expediente y un extracto del acuerdo o resolución que deba notificarse, y se asentará constancia de ese hecho en los expedientes respectivos.
En los asuntos en que se designe un órgano auxiliar instructor la lista deberá fijarse únicamente en sus estrados.
La notificación se tendrá por realizada al tercer día en que se fije la lista.
Artículo 89. En las notificaciones por oficio, mensajería, telegrama y medios electrónicos se precisará la denominación del órgano que dictó el acuerdo que se notifica, los datos del expediente en el cual se dictó y el extracto o transcripción del acuerdo que se notifica.
Artículo 90. Las notificaciones a las personas morales oficiales se realizarán por oficio.
 
Artículo 91. Las notificaciones por fax o correo electrónico podrán realizarse si la persona manifiesta expresamente su voluntad para que se le notifique por ese medio y proporciona el número telefónico o la dirección de correo electrónico, sin perjuicio de que, si no se recibe confirmación de recepción en el término de las veinticuatro horas siguientes, se le notificará personalmente.
Artículo 92. Las notificaciones por mensajería se realizarán a través de alguna empresa especializada que proporcione un acuse con el que se acredite que la comunicación relativa fue recibida por el destinatario o, en su caso, en el que se asiente la razón por la que ésta no pudo ser entregada.
SECCIÓN TERCERA
CITACIONES
Artículo 93. Toda persona está obligada a presentarse ante el Consejo o el órgano auxiliar instructor competente, cuando sea citada de manera fundada y motivada, a menos que no pueda hacerlo por causa debidamente justificada.
Artículo 94. Las citaciones se realizarán por cédula, las cuales serán notificadas personalmente o a través de otro medio comprendido en las Secciones anteriores, con excepción de la notificación por lista.
Artículo 95. La cédula deberá contener:
I.           Denominación del órgano ante el que debe presentarse el citado;
II.          Nombre, apellido y domicilio del citado;
III.          Día, hora y lugar en que debe comparecer;
IV.         Objeto de la citación;
V.          Medio de apremio que, en su caso, se empleará si no comparece; y
VI.         Firma del servidor público que ordena la citación.
Artículo 96. Tratándose de servidores públicos, el Consejo o el órgano auxiliar instructor podrán ordenar que la citación se realice por conducto del superior jerárquico respectivo.
SECCIÓN CUARTA
NULIDAD
Artículo 97. Las notificaciones que no se realicen de conformidad con lo previsto en este Capítulo serán nulas. Los interesados podrán solicitar dicha nulidad, antes de dictarse la resolución en el expediente que motivó la notificación, a fin de reponer el procedimiento.
Este incidente no suspenderá el procedimiento, se tramitará en una sola audiencia en la que se recibirán pruebas, se oirán alegatos y se dictará resolución.
Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano.
SECCIÓN QUINTA
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 98. En cualquier etapa de la investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa, el Pleno o la Comisión, según corresponda; para preservar la materia de éstos o evitar que se pierdan, oculten, destruyan o alteren los elementos relacionados con los hechos investigados, y proteger, en su caso, la seguridad de las víctimas y testigos, podrán dictar medidas cautelares, debidamente fundadas y motivadas, las cuales no prejuzgarán sobre la responsabilidad que se imputa, lo que se hará constar expresamente en la determinación, y cesarán cuando así se resuelva.
Artículo 99. El Pleno, en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento de responsabilidad administrativa, a solicitud de la autoridad investigadora o substanciadora, según corresponda, o en los supuestos establecidos en el artículo 81, fracciones X y XI de la Ley Orgánica, podrá determinar fundada y motivadamente, como medida cautelar, la suspensión temporal de magistrados de Circuito, jueces de Distrito y titulares de secretarías ejecutivas y de los órganos auxiliares del Consejo, hasta por seis meses, plazo que podrá prorrogarse previa justificación, en cuyo caso estarán imposibilitados para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión diverso en el Poder Judicial de la Federación hasta en tanto se resuelve lo conducente.
La Comisión, en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento de responsabilidad administrativa, a solicitud de la autoridad investigadora o substanciadora, según corresponda, podrá determinar fundada y motivadamente, como medida cautelar, la suspensión temporal en su cargo de los servidores públicos no comprendidos en el párrafo anterior, hasta por seis meses, plazo que podrá prorrogarse previa justificación, en cuyo caso estarán imposibilitados para ocupar un cargo, empleo o comisión diverso en el Poder Judicial de la Federación hasta en tanto se resuelve lo conducente.
 
Artículo 100. La resolución que determine la suspensión temporal de un servidor público se notificará personalmente por conducto del servidor público que al efecto se designe y surtirá efectos desde ese momento.
Artículo 101. En caso de que se determine la suspensión como medida cautelar, el servidor público sujeto a la misma recibirá una cantidad por concepto de asistencia vital, salvo que se determine su improcedencia por lo relevante y notorio de la gravedad de la conducta que se le imputa.
El concepto de asistencia vital consistirá en garantizar que se otorgue al servidor público que haya sido suspendido, el treinta y tres por ciento del total de las percepciones relativas al sueldo base y la compensación garantizada que por razón de su cargo le deberían corresponder, mientras dure la medida cautelar.
El total de las percepciones no incluye aquellas cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al ejercicio efectivo del servicio público o funciones inherentes al cargo.
Artículo 102. En cualquier supuesto se deberá salvaguardar el derecho a la salud y cubrir los riesgos de muerte o invalidez total y permanente del servidor público suspendido, por lo que el Consejo adoptará las medidas necesarias para que continúe gozando de los servicios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le corresponden como derechohabiente, así como del seguro de gastos médicos mayores, para lo cual en ambos casos se deberá cubrir en la parte proporcional que corresponda.
Asimismo, el Consejo deberá seguir cubriendo la parte que corresponda relativa a la suma básica del seguro de vida o invalidez total y permanente.
Artículo 103. El monto asignado se informará a la Dirección General de Recursos Humanos, a fin de que proceda como corresponda, así como a la Dirección General de Programación y Presupuesto, con el objeto de que